La justicia en México es lejana, distante y mira con desdén las necesidades más básicas de la gente; por ello, se debe crear una que sea equitativa, con sentido social y responsabilidad institucional, señaló Ana María Ibarra Olguín, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Este 30 de marzo, fecha que marcó el inicio de las campañas para la elección del Poder Judicial, la doctora en derecho Ibarra Olguín criticó que la justicia “ha servido a quienes tienen dinero y no a las personas pobres. Las cárceles están llenas de personas pobres; el derecho ha servido solo a aquellos que pueden pagar un buen abogado. Pero los jueces sí que pueden remediar esta desigualdad estructural”.

Aseveró que “los jueces podemos, con nuestros instrumentos, tratar de reducir esta brecha de desigualdad […] juzgando con empatía, colocándonos en el lugar del otro”, y subrayó que las personas que lleguen a la Suprema Corte “deben tener el valor de encausar este cambio”, y evitar caer en viejas prácticas.

Ante unas 400 personas, reunidas en el quiosco del parque Alameda del Sur, en Coyoacán, Ciudad de México, la candidata a ministra detalló lo que para ella es la justicia social, concepto ampliamente repetido durante su discurso: aquella que escucha de verdad a las víctimas, como mujeres que han sido violentadas, madres que buscan a sus hijos desaparecidos, personas indígenas, entre otros grupos vulnerables, enumeró.

“No queremos más una justicia de laboratorio, alejada de la realidad social”, sino personas juzgadoras que entiendan las necesidades más grandes del país, continuó la también magistrada presidenta –con licencia– del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la Ciudad de México.

Para lograr lo anterior, añadió, las personas juzgadoras federales deben comunicar con claridad, “con sentencias breves, con sentencias claras, sentencias que resuelvan, que lleguen al corazón de los problemas y que no se pierdan entre las trabas procesales”.

En su discurso abordó un tema específico: la necesidad de transformar el juicio de amparo “a un mecanismo accesible y sencillo” para todas las personas, pues “se ha convertido en un proceso altamente tecnificado, al que solo pueden acceder aquellos que pueden pagar un abogado”.

De tal manera –mencionó–, con la elección que se llevará a cabo el 1 de junio, “tendremos la oportunidad de remediar los errores del pasado: de actuar con responsabilidad institucional”. Y reiteró que las y los ministros que renueven la Corte “deben entender que debemos ir juntos con los otros dos poderes del Estado, en el avance de los derechos humanos […], que no debemos ser obstáculos para la transformación social, sino un botón de cambio y transformación; pero, sobre todo, el Poder Judicial debe entender que su función es pacificar conflictos, no crearlos ni prolongarlos”.

Por otra parte, Ana María Ibarra, oriunda de Torreón, Coahuila, afirmó tener una formación con “los más altos valores de la izquierda mexicana”, inculcados por sus padres.

Sobre esto, Rafael Palacios Alvarado, quien dirigió unas palabras antes del turno de la candidata, recordó cuando, de niña, Ibarra Olguín acompañaba a sus padres a la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, organización político-militar antiimperialista y anticapitalista, lo cual calificó como cimientos de la llamada cuarta transformación, movimiento con el cual, dijo, coinciden.

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