“Mientras nos haga falta un hijo en nuestro hogar, no podemos dejar la lucha, […] porque un hijo no se olvida, no se vende, no se compra ni con todo el dinero del mundo, ni con todo el oro del mundo. Una vida se respeta y eso es lo que nosotros queremos: la vida de nuestros hijos”, dice María de Jesús Cleatempa, madre de José Eduardo Bartolo Cleatempa, a 11 años de su desaparición forzada, junto a otros 42 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Con dolor, la madre de familia señala que, a más de una década de la desaparición de su hijo, “no hay verdad; no hay justicia”. A su lado, Joaquina García Velázquez, madre de Martín Getsemany Sánchez García, recuerda que las familias están en pie de lucha, en búsqueda de la verdad y de sus hijos.

Los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecieron forzadamente la noche del 26 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, Guerrero, cuando realizaban acciones de movilización para asistir a las protestas en conmemoración del 2 de octubre, mismas que se realizarían en la Ciudad de México en memoria de los estudiantes asesinados en 1968. Tras el crimen de lesa humanidad, el gobierno de Enrique Peña Nieto –entonces en funciones– maquinó la mal llamada “verdad histórica”, para ocultar el paradero de los jóvenes y desaparecer las pruebas del que ha sido considerado un crimen de Estado.

En entrevista con Contralínea, María de Jesús Cleatempa y Joaquina García Velázquez expresan su indignación ante lo que califican como la inacción de las autoridades por encontrar a sus hijos. En su impotencia, critican a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por ser –según su punto de vista– “indiferente, inhumana [e] insensible”, pues “no vemos el esclarecimiento del caso”.

El reclamo de las familias y la sociedad por dar con el paradero de los jóvenes sale a las calles este 26 de septiembre, en una marcha con destino al Zócalo capitalino. “Queremos una presidenta que en verdad quiera esclarecer el caso Ayotzinapa”, dice María de Jesús Cleatempa.

27 de septiembre: “ahí empezó nuestra lucha”

Como todos los días, el 27 de septiembre de 2014, Joaquina García Velázquez despertó a las 5 de la mañana. Encendió la televisión y enseguida vio imágenes de un enfrentamiento en las calles y carreteras guerrerenses. El noticiero alertaba de un enfrentamiento entre elementos de seguridad e integrantes del grupo criminal Los Rojos, supuestamente mezclados en los autobuses donde viajaban los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, quienes habían tomado los vehículos de la central camionera, en vísperas de los preparativos para acudir a la conmemoración del 2 de octubre y la represión estudiantil de 1968.

En ese momento, pensó en su hijo porque había acudido a esa actividad, y pidió a su hijo mayor que la llevara a la escuela, en Ayotzinapa. No obstante, al llegar a las 6:10 de la mañana sólo encontró el llanto de las madres que esperaban por sus hijos.

Se les informó que el hecho había ocurrido en Iguala, por lo que se trasladaron a la ciudad. Allí, se llenó de esperanza al saber de un grupo de jóvenes que estaban declarando ante las autoridades. Esperó a que saliera su hijo, pero no ocurrió. Buscó en más lugares, incluso en el 27 Batallón de Infantería, pero recibió negativas. “Ahí empezó nuestra lucha”, con marchas y bloqueos de carreteras.

Madres exigen justicia

“A nosotros nos están haciendo creer que ya no hay información sobre nuestros hijos”, señala María de Jesús Cleatempa, quien rechaza la idea, pues existen numerosas líneas de investigación, lugares y personas vinculadas a “quienes se llevaron a nuestros hijos; y hasta hoy no vemos que la presidenta quiera investigar”.

Insiste en que profundizar en el caso es indispensable para resolver el crimen de Estado cometido durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Las familias exigen romper lo que llaman “el pacto de silencio” dentro del Ejército. “Sabemos que el Ejército tiene toda la información y que es pieza clave para dar con el paradero de nuestros hijos, y que tenemos evidencias gracias a nuestros informes que tenemos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes [GIEI]”, señala.

Para las madres de familia, los avances oficiales son insuficientes. Temen que se repita la “simulación de justicia”, como la mal llamada “verdad histórica”. “Hasta el día de hoy, todo lo que los papás, las mamás, hemos dicho a la presidenta, ha quedado en el aire”, detalla Cleatempa. Lo anterior, en referencia principalmente a la falta de 800 folios o archivos militares, encontrados por los expertos desde 2023 a partir de filtraciones, que supuestamente se encuentran en el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) del Ejército. También urgen a que se entregue la información sobre el traslado de 17 estudiantes desde los separos municipales hacia las afuera de Iguala.

En este sentido, Joaquina García expresa su desconfianza hacia el nuevo fiscal especial, Mauricio Pazarán –sustituto de Rosendo Gómez–, y las nuevas líneas de investigación. Al respecto, considera que, aunque se usa nueva tecnología para los hallazgos, “nada más eso es: la pura tecnología, pero no vemos ningún avance. No tenemos esperanza de que algo avance; no tenemos nada con la nueva telefonía”. Incluso así, reconocen las detenciones que se han dado y que “parece que trabajan”.

En reiteradas ocasiones, María de Jesús Cleatempa refiere que, entre otras cosas, la única manera de que tendrían seguridad que el caso avance sería con el regreso del GIEI y las personas que lo conformaron. Así se lo hicieron saber a la presidenta en su última reunión, el 4 de septiembre. Al día siguiente, la primera mandataria mencionó que giró instrucciones a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para estudiar la posibilidad en Naciones Unidas de solicitar el ingreso de otra comisión independiente. Sin embargo, para las madres entrevistadas sólo es el GIEI anterior el que tiene su confianza, por haber trabajado mucho en sus líneas de investigación.

“Nosotras no nos podemos cansar”

A 11 años de la desaparición de sus hijos, las madres reconocen el cansancio que ha alcanzado a muchos de quienes las acompañan en el camino; sin embargo, para ellas la lucha sigue y sigue.

“No nos podemos cansar, porque somos madres, porque somos padres, porque nos falta un hijo en nuestro hogar. Quizás las personas que nos apoyan se cansan de tanto estar insistiendo e insistiendo […] nosotros, hemos dicho que no nos vamos a cansar, vamos a seguir en la perseverancia hasta llegar a la verdad, llegar a la justicia”.

Al ser consultada sobre la salida del representante legal del movimiento, Vidulfo Rosales, quien estuvo junto a las familias por casi 11 años, y que entró al equipo del ministro presidente de la nueva Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, María Cleatempa dice que respeta su decisión.

“Nosotros lo respetamos, porque él dijo que se fue por enfermedad. […] Nosotros no podemos obligar a que quiera trabajar con nosotros. Respetamos su punto de vista; si él se quiso ir [a trabajar] con el gobierno, pues nosotros no podemos hablar mal. […] Estuvo con nosotros, nos estuvo apoyando desde el inicio hasta casi 11 años. En mi punto de vista, quizás dejó la lucha por lo mismo: porque el gobierno no tiene la voluntad de esclarecer el caso de Ayotzinapa”.

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