La presidenta Sheinbaum frenó la intención de la Conagua de concesionar cuerpos de agua a la industria minera para verter sus desechos tóxicos, se confirmó en una reunión a puerta cerrada entre las autoridades federales y la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados. Luego de que Contralínea reveló el riesgo de esa propuesta, la primera mandataria ordenó dar marcha atrás a la iniciativa para reformar el artículo 118 de la Ley de Aguas Nacionales, que le habría permitido a la Comisión Nacional del Agua otorgar concesiones a las mineras para contaminar mares, ríos, lagos, esteros, manantiales o aguas del subsuelo. Consultada al respecto por este semanario, el 28 de octubre la presidenta indicó que “es importante que quede la redacción como estaba, o similar a lo que estaba en la anterior ley”. Por sus actuales niveles de contaminación, el gobierno federal restaura seis cuencas prioritarias y cuerpos de agua continentales, entre ellos el Río Sonora, afectado por la minera Grupo México desde 2014
La intención de la Comisión Nacional del Agua de concesionar aguas nacionales –que incluyen desde los mares, ríos, lagos, esteros, manantiales hasta las aguas del subsuelo– a la industria minera ya se frustró. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ordenó, tanto a la Conagua como a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, solicitar a la Cámara de Diputados la modificación a la redacción del artículo 118 de la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, que habría permitido a las mineras desechar sus residuos altamente tóxicos en cuerpos de agua, lo que claramente contradice uno de los 100 compromisos de la primera mandataria, del que se derivó el Programa Nacional de Restauración Ambiental 2025-2030.
Por ello, las dos instancias gubernamentales buscaron una reunión urgente con los integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, para hacer un análisis técnico-jurídico de las reformas, derogaciones y adiciones a diversas disposiciones de la Ley General de Aguas Nacionales; y, en particular, para modificar la propuesta del artículo 118. Así se confirmó el pasado 27 de octubre, durante la sesión a puerta cerrada de los legisladores con el doctor José Alberto López Damián, representante de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, y el maestro Óscar Zavala Gamboa, subdirector General Jurídico de la Comisión Nacional del Agua.
Ese día, Zavala Gamboa confirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó a la Conagua frenar la reforma al artículo 118 de la Ley de Aguas Nacionales, que habría permitido otorgar concesiones a la industria minera para que viertan sus desechos tóxicos en aguas nacionales. Al respecto, el funcionario dijo textualmente a las diputadas y diputados: “sobre el tema minero, ya está la instrucción por parte de la presidenta: es un tema que se tiene que revisar”.
También dejó al descubierto que lo que se iba a retrogradar era un avance que se consiguió en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador: en 2023 se estableció la prohibición expresa de otorgar concesiones para que las mineras depositen sus desechos altamente tóxicos en afluentes. Ello, porque Óscar Jovanny Zavala declaró: “ese párrafo [de la prohibición de las concesiones a la industria minera] fue adicionado en 2023, no estaba así desde antes. Es un párrafo adicionado a la reforma del agua de uso minero en 2023, no viene de origen el párrafo, entonces ese es un punto que vale la pena precisar. Pero ya está la instrucción de la presidenta y se va a revisar para hacer esta circunstancia como lo pidió ella”.
El párrafo al que se refirió el subdirector jurídico de la Conagua corresponde al artículo 118 de la ley vigente, que establece: “la autoridad del agua tiene prohibido otorgar concesiones sobre cauces o vasos y sus zonas federales para la disposición final de residuos mineros o depósitos de aguas residuales de uso minero”.
Y es precisamente el que la institución que encabeza Efraín Morales buscó cambiar, en el contexto de la revisión integral al tema hídrico. La frustrada propuesta de la Comisión Nacional del Agua era que el artículo 118 ahora estableciera lo siguiente: “para el otorgamiento de concesiones sobre cauces o vasos y sus zonas federales, para la disposición final de residuos mineros depósitos de aguas residuales de uso minero, se deberán acreditar las medidas necesarias de protección a núcleos de población, zonas productivas, cuerpos de agua o ecosistemas”. Así, de facto, la Conagua tendría la facultad de concesionar las aguas nacionales a la industria.
Sheinbaum frenó a la Conagua y a las mineras
La decisión presidencial de dar marcha atrás a esa propuesta que elaboró la Conagua se dio inmediatamente después de que Contralínea le consultó a la primera mandataria –en su conferencia matutina del pasado 21 de octubre– si se podía revisar ese artículo en particular, para evitar que se contaminaran con desechos altamente tóxicos más cuerpos de agua, como ocurrió con el derrame del Grupo México en el Río Sonora, en 2014, que aún no se ha remediado y que sigue afectando la salud de las personas y del medio ambiente.
Al respecto, la primera mandataria respondió: “se tiene que revisar. Si así es la redacción, se tiene que revisar. El objetivo de la Ley Nacional de Aguas esencialmente es evitar la comercialización del agua, o la transmisión de una concesión de un privado a otro privado. Es el principal objetivo de esa ley, además de la actualización de algunos temas. Pero este artículo por supuesto debe revisarse porque no debe ser como está redactado”.
Tras esa conferencia, la Conagua y la Consejería Jurídica de la Presidencia recibieron la instrucción de corregir la propuesta. Tras la reunión del pasado lunes entre funcionarios de ambas instituciones y los legisladores, Contralínea volvió a preguntarle a la presidenta de la República –el pasado 28 de octubre– sobre este acuerdo con la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados para revisar la iniciativa de reforma al artículo 118 de la Ley de Aguas Nacionales: Sheinbaum Pardo respondió que “es importante que quede la redacción como estaba o similar a lo que estaba en la anterior ley”.
Y añadió que también se revisarán otros temas que se han planteado sobre estos cambios, en particular lo de las concesiones a ejidos. “Ha habido varias solicitudes, sobre todo, de ejidatarios, por el tema de la transmisión de la concesión en sucesión, digamos. Si un ejidatario fallece y deja a su hijo, a su hija, y tienen alguna concesión, que pueda ser mucho más rápido la expedición en este caso. Y algunos temas como este tipo que están revisando para poder modificar la Ley y que se apruebe”.
Como este semanario lo reveló el pasado 20 de octubre, desde la Conagua se estaba impulsando que los cambios legislativos le dotaran la facultad de otorgar concesiones a la industria extractiva para destinar sus residuos a los afluentes y cuerpos de agua, a pesar de ser reservorios prioritarios para la vida humana y animal.
A esto se suman los cuestionamientos de legisladores acerca del sobre-concesionamiento y la marginación hídrica, la garantía del derecho al agua de comunidades indígenas, la permisividad frente a grandes concesionarios y el riesgo de extinción de concesiones ejidales y de pequeños usuarios, que se plantearon durante la reunión del pasado 27 de octubre.
Dicha sesión de trabajo duró aproximadamente 4 horas. En ésta, el diputado Gabriel García Hernández –del grupo parlamentario de Morena– propuso que se realice un parlamento abierto ciudadano para enriquecer la iniciativa. El legislador también presentó un documento de la coordinadora nacional “Agua para Todos”, en el que se plantean ajustes para prevenir un riesgo de colapso hídrico en el país.
Remediación de ríos contaminados
El revés a esta intención de la Conagua de beneficiar ilegítimamente a la industria minera –con concesiones de aguas nacionales para verter sus desechos altamente tóxicos– es fundamental en el proceso de descontaminación de afluentes, y en la garantía a los derechos humanos a la salud, al medio ambiente sano y al agua limpia.
Y es que en México se han identificado más de 30 regiones de emergencia sanitaria y ambiental, donde se disparan los índices de muerte y enfermedades terminales, sobre todo en niños, niñas y adolescentes. A éstos también se les conoce como infiernos ambientales, pero en realidad son infiernos industriales: los residuos altamente tóxicos, materiales peligrosos, plaguicidas y otros contaminantes dañinos de origen industrial son los que envenenan masivamente a trabajadores y habitantes, y son causantes del envenenamiento de los cuerpos de agua, del aire y del suelo.
A estos infiernos ambientales se les asocia con altas tasas de mortandad y enfermedades: cánceres, insuficiencia renal, abortos espontáneos, malformaciones en bebés, presencia de tumoraciones (https://contralinea.com.mx/interno/semana/los-30-infiernos-industriales-en-mexico-causantes-de-cancer-y-muertes-masivas/ ). En esa categoría se encuentran regiones como las aledañas al Río Sonora y al Río Atoyac.
Ante esta realidad, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso el Programa Nacional de Restauración Ambiental 2025-2030, y claramente la propuesta de la Conagua era contraria a este objetivo. A lo largo del sexenio, dicho programa busca restaurar –a nivel federal– 78 ecosistemas; entre ellos, seis cuencas prioritarias y cuerpos de agua continentales altamente contaminados, que implican 1 millón 48 mil 957 hectáreas en total:
- Río Lerma-Santiago, ubicado en los estados de Guanajuato, Jalisco, México y Michoacán; el plan es su restauración ecológica, rehabilitación, reforestación, remediación y saneamiento, y está a cargo de la Conagua.
- Río Tula (en las entidades Hidalgo y México), restauración ecológica, rehabilitación, reforestación, remediación y saneamiento, a cargo de la Conagua.
- Presa Endhó y su área de influencia (en Hidalgo); rehabilitación, restauración productiva, reforestación, saneamiento y remediación, a cargo de la Semarnat.
- Presa El Zapotillo (en Jalisco); rehabilitación, restauración productiva, reforestación, saneamiento y remediación a cargo de la Semarnat.
- Río Alto Atoyac (en Tlaxcala y Puebla); restauración ecológica, rehabilitación, reforestación, remediación y saneamiento, a cargo de la Conagua.
- Río Sonora-Bacanuchi (en Sonora); restauración ecológica, rehabilitación, reforestación, remediación y saneamiento, a cargo de la Semarnat.
