El vocero del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, presentó una denuncia ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) en contra el Partido Acción Nacional (PAN) y Edson Saúl Andrade Lemus, joven contratado por la dirigencia blanquiazul por el “servicio de estrategia digital y gestión de redes” en la Ciudad de México, por más de 2 millones 106 mil pesos.
Lo anterior, bajo el argumento de que hubo un esquema de triangulación con gastos de propaganda encubierta, para influir en la convocatoria de la marcha de la llamada “generación Z”, realizada el pasado 15 de noviembre en la capital, y que derivó en actos de violencia en la explanada del Zócalo. Asimismo, el morenista señaló que hubo intervención ilegal de particulares, uso indebido de recursos públicos, aportaciones prohibidas y también actos contrarios a los principios de equidad, de legalidad y de autenticidad del sufragio.
“Estamos pidiéndole al INE que investigue a fondo, que audite al Partido Acción Nacional por haber incumplido obligaciones que están establecidas en el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos. Uno es la correcta aplicación del financiamiento público y, por supuesto, la prohibición de difundir propaganda que denigre a instituciones o que calumnie a personas”, declaró el legislador frente a representantes de medios de comunicación.
Arturo Ávila explicó que la propia presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, reconoció en un debate con un medio de comunicación que sí había un contrato celebrado con Andrade Lemus para financiar la actividad de al menos siete personas adicionales. Esto, a pesar de que el joven se había declarado “apartidista”.
“Lo que estamos también pidiendo es que se instaure un procedimiento de oficio en contra del Partido Acción Nacional, porque hay hechos públicos, hay hechos notorios y hay hechos verificables, que son, sin duda, lo que se necesita, en donde participó directamente este joven, Edson Saúl Andrade Lemus, bajo la apariencia de activistas ciudadanos independientes, ocultando su vínculo contractual y financiero con el Partido Acción Nacional”, indicó.
En este sentido, el legislador cuestionó los esquemas implementados por la dirigencia del partido blanquiazul en torno al manejo de recursos y la firma de contratos presuntamente irregulares. “¿Cuántos contratos hay de este tipo? ¿Con cuánta gente firman contratos para pagar otro tipo de cosas? ¿A dónde se va el recurso de los partidos políticos? ¿El Partido Acción Nacional está utilizando los recursos de las y los mexicanos para otro tipo de actividades que justifique con un contrato?”, planteó el Arturo Ávila.
Al ser consultado sobre la posibilidad de que el PAN pudiera perder su registro nacional como partido, debido al presunto proselitismo en contra de una facción política y de un gobierno, confirmó que tal escenario es jurídicamente posible, debido a la gravedad de la conducta y, sobre todo, al reconocimiento del contrato por la propia dirigente Gutiérrez Ureña.
“La naturaleza de este acto no la hemos visto jamás. Ha habido conductas que se denuncian ante este tipo de unidades que fiscalizan, pero en este caso estamos anexando la prueba confesional, en donde ella reconoce explícitamente, con la personalidad jurídica que tiene, que violaron las leyes electorales, que utilizan esquemas irregulares de pagos de otro tipo de conceptos, y fue en voz propia de la propia presidenta del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México”, puntualizó.
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