Los exconsejeros electorales José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés Zurita y Lorenzo Córdova pidieron a la Cámara de Diputados nombrar por consenso a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE). y plantearon revisar la integración de su Consejo General.
El llamado ocurre mientras se investiga presuntos actos de corrupción relacionados con contratos de materiales electorales y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) prepara una revisión de adquisiciones realizadas entre 2000 y 2025, periodo que abarca las gestiones de los expresidentes.
Durante una conferencia del Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD) los exconsejeros sostuvieron que el acuerdo entre las distintas fuerzas políticas es necesario para recuperar la confianza de la población en el organismo. También plantearon que la designación de la nueva presidenta debe contar con el respaldo de las distintas bancadas y propusieron la posibilidad de modificar la integración del Consejo General.
Dicho pronunciamiento fue respaldado en un documento por otros exintegrantes del Consejo General del INE y del Instituto Federal Electoral (IFE), entre ellos Ciro Murayama Rendón, Jacqueline Peschard Mariscal, María Marván Laborde, Benito Nacif Hernández, Arturo Sánchez Gutiérrez, Marco Antonio Baños y Claudia Zavala Pérez.
Woldenberg leyó el posicionamiento conjunto, mientras Ugalde participó a distancia, desde Boston, donde reside desde hace año y medio.
En el documento leído por Woldenberg, los exconsejeros reconocieron la gravedad de los señalamientos de corrupción contra altos directivos del INE y sus presuntos socios. Sostuvieron que los testimonios y las evidencias conocidos hasta ahora tocaron al organismo “en el centro de su función y de su razón de ser, la credibilidad y la confianza”.
Advirtieron que la situación se agrava porque el proceso electoral ya comenzó y consideraron urgente reconstruir la confianza para garantizar la legalidad y la legitimidad de los próximos comicios.
El posicionamiento se produjo después de la renuncia de Guadalupe Taddei hace varias semanas y de que el propio instituto presentara una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
En ese escenario, la consejera Blanca Cruz quedó al frente de la presidencia de manera provisional. Los exconsejeros pidieron que en la designación de la nueva titular prevalezcan “los criterios de conocimiento, capacidad, competencia y sobre todo confianza de todas las fuerzas políticas”. También propusieron revisar la integración del Consejo General.
La revisión de las contrataciones, sin embargo, no se limita a la administración más reciente. El 4 de noviembre, la ASF informó que revisará adquisiciones realizadas entre 2000 y 2025 para identificar posibles prácticas ilegales, concentración de proveedores y anomalías en el ejercicio de recursos públicos. Dicho periodo comprende las gestiones de Woldenberg, Ugalde y Valdés al frente del IFE, así como las de Córdova y Taddei en el INE.
La revisión incluye, por tanto, administraciones encabezadas por los cuatro exconsejeros que ahora llaman a recuperar la credibilidad del organismo; aunque esto no implica que la auditoría haya determinado irregularidades o responsabilidades en cada una de ellas.
Interinato o nueva presidencia
Al ser cuestionados sobre si convenía mantener la integración actual del Consejo General hasta la elección, los exconsejeros coincidieron en que la presidencia debe ocuparse de ello a la brevedad, aunque sustentaron sus posturas en argumentos distintos.
Valdés recurrió a un antecedente de octubre de 2010, cuando, a punto de comenzar el proceso presidencial de 2012, concluyó el periodo de tres consejeros electos en 2003 y la Cámara de Diputados no logró un acuerdo para nombrar a sus sustitutos.
El Consejo General, entonces integrado por nueve personas, inició el proceso electoral con seis integrantes, según relató, y dijo que el organismo funcionaba “más o menos bien”, hasta que una comisión extraparlamentaria eligió a Córdova, María Marván y Sergio García Ramírez. Esa vía, sin embargo, no fue parte de la propuesta que los exconsejeros presentaron ahora.
A partir de esa experiencia, Valdés defendió que el Consejo General vuelva a contar con 11 integrantes. Argumentó que la presidencia no tiene voto de calidad y que, con un número par de integrantes “es muy difícil construir los consensos”.
Córdova coincidió en que los cargos pendientes deben cubrirse pronto, y calificó de “impropio e indeseable” que las dos instancias encargadas de las elecciones federales estén incompletas: al INE le falta la presidencia y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le faltan dos de sus siete magistraturas.
Sostuvo que ambas instituciones deben integrarse mediante acuerdos entre las fuerzas políticas, siguiendo la lógica de consenso que, dijo, ha estado “subyacente a la construcción de toda la institucionalidad democrática en los últimos 36 años”.
Ugalde planteó tres razones para actuar con rapidez: la primera, que prolongar la presidencia provisional extendería la crisis de confianza; la segunda, que el instituto todavía puede recuperarla, para lo cual citó una encuesta según la cual 59 por ciento de los mexicanos mantiene su confianza en el organismo, incluido 71 por ciento de quienes simpatizan con Morena; y la tercera, que la recuperación requiere una presidenta “que tenga la experiencia, el liderazgo, la inteligencia emocional y el respeto de las partes”.
Con esos argumentos, advirtió que aplazar la designación prolongaría “este proceso de agonía, de crisis, de degradación”. También señaló que la autonomía del INE no elimina la corresponsabilidad de la Cámara de Diputados, que participa en la supervisión del organismo mediante la ASF, nombra a la persona titular de su órgano interno de control y designa a los consejeros electorales. Los legisladores, afirmó, tienen dos opciones: nombrar en las próximas semanas a una presidenta con el perfil planteado u “omitir su responsabilidad y prolongar la agonía”.
Córdova: oligopolio sin corrupción
Al ser consultado sobre los señalamientos oficiales relacionados con las empresas proveedoras de materiales electorales y el tiempo que llevan operando, Córdova distinguió entre la concentración del mercado y la corrupción. Explicó que el mercado tuvo históricamente tendencias oligopólicas y sostuvo que combatirlas correspondía a las autoridades del Estado responsables de regular la competencia, no a las electorales.
A su juicio, “un mercado oligopólico no necesariamente genera corrupción”. Añadió que, durante los 26 años anteriores, no se había presentado un escándalo de estas dimensiones, no se había demostrado una colusión con proveedores como la que, según dijo, parece haber ocurrido en el caso actual y no había existido un conflicto de intereses similar. “Lo demás ha sido auditado y si se quiere volver a auditar que se vuelva a auditar”, afirmó.
La concentración de proveedores, no obstante, ya formaba parte de los antecedentes del propio instituto. Valdés explicó que las reformas electorales de 2007 y 2008 hicieron coincidir elecciones locales con federales, lo que elevó la demanda de materiales electorales. Ante las dificultades del mercado para responder a esas necesidades, dijo, el IFE decidió fortalecer a Talleres Gráficos de México. Valdés defendió esa decisión como una política “de Estado” y lamentó que terminara “por una intervención externa”.
Córdova añadió que el INE produjo materiales con esa dependencia en 2015 y 2018. Según su relato, en 2019 el titular del órgano interno de control sostuvo que las adquisiciones debían realizarse mediante licitaciones y, en septiembre de 2020, convenció a una mayoría de seis votos contra cinco para obligar a las áreas administrativas a contratar en el mercado, pese a la concentración de proveedores. Córdova votó en contra de esa decisión.
Semanas después, continuó, dos consejeras cambiaron su voto para que las boletas electorales siguieran produciéndose con Talleres Gráficos, por tratarse de un asunto de seguridad nacional.
Respecto a la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de dar prioridad a Talleres Gráficos de México en la producción de materiales electorales Lorenzo Córdova consideró que la medida puede ser positiva, siempre que la institución cuente con un consejo de administración respaldado por todas las fuerzas políticas y que su director sea ratificado por la Cámara de Diputados, en vez de ser designado por la Presidencia. De lo contrario, advirtió, el problema “solo cambiaría de lugar”.
El caso de Cuervo Escalona
Al ser cuestionado sobre Juan Carlos Cuervo Escalona, Córdova recordó que ocupó cargos de responsabilidad en distintas etapas del IFE y del INE, pero negó que estuviera a cargo de las contrataciones o tuviera vínculos con proveedores. Sobre lo ocurrido después de 2023, dijo desconocer los detalles.
Añadió que, según entendía, Cuervo Escalona había regresado al instituto y estaba relacionado con proveedores, aunque afirmó que esas relaciones no se habían presentado durante su gestión. Córdova pidió sancionar a quien resulte responsable y rechazó “pretender construir historias del pasado”, al considerar que eso buscaría destruir una institución construida mediante consensos.
Los antecedentes disponibles ubican a Cuervo Escalona en la administración de Córdova, durante la cual fue director de Coordinación y Análisis. También se ha informado que tenía poderes legales de empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas y que es investigado por presuntas transferencias relacionadas con esos proveedores.
El punto de quiebre que Córdova ubicó en 2023
Al ser consultado sobre lo que podría ocurrir si llega a la presidencia del INE una persona afín al oficialismo, Córdova sostuvo que las democracias propician el consenso, mientras que los autoritarismos recurren al “régimen de la imposición”. Recordó que durante décadas las reglas y los árbitros electorales se definieron mediante acuerdos entre fuerzas políticas.
Como ejemplo citó 1994, cuando, en medio de la violencia, el levantamiento zapatista y el asesinato de Luis Donaldo Colosio, un acuerdo “por la paz y la democracia” permitió reformar la Constitución durante el proceso electoral y designar por consenso a los consejeros ciudadanos.
Córdova reconoció que en 2003 no hubo consenso generalizado para nombrar a las consejerías y que en 2007 sí se alcanzó un acuerdo. Sin embargo, identificó dos decisiones posteriores que, a su juicio, debilitaron los contrapesos y crearon condiciones para la corrupción.
La primera ocurrió en 2023, cuando se eligieron cuatro consejerías, incluida la presidencia. Córdova afirmó que entonces “se sacrificó el consenso por una tómbola amañada”, con una quinteta que, según su interpretación, incluía a personas afines a una fuerza política.
La segunda fue la decisión de otorgar a la presidencia del Consejo General la facultad de nombrar y remover a los titulares de las áreas ejecutivas sin consultar al pleno. Antes, explicó, esos funcionarios —responsables de áreas administrativas y de contrataciones— eran designados por mayoría calificada.
Córdova aclaró que no afirmaba que la falta de consenso hubiera causado la corrupción. Sin embargo, calificó esos cambios como “el punto de quiebre” y los describió como el momento en que se impuso una lógica “autoritaria” de decisiones unilaterales.
El nombramiento de 2003 al que aludió fue el de Luis Carlos Ugalde como presidente del IFE. Claudia Sheinbaum recordó, con base en el libro del propio exconsejero, que su llegada contó con el respaldo del PRI y la recomendación de Elba Esther Gordillo, pero no con el voto unánime de todas las fuerzas políticas. El antecedente muestra que las disputas por los acuerdos para integrar la autoridad electoral vienen de años atrás.
Woldenberg: la confianza no se decreta
Para sustentar su defensa del consenso, Woldenberg reconstruyó el origen del IFE. Tras las elecciones de 1988 y el conflicto postelectoral, dijo, el gobierno y las oposiciones entendieron que México no podía celebrar otra elección federal “con las mismas normas y con las mismas instituciones que habían hecho agua”. Por ello, explicó, se diseñaron mecanismos para dar certeza sobre el padrón, la organización de los comicios y el cómputo de los votos, de manera que los resultados dependieran de la ciudadanía y no de la institución electoral. “La confianza no puede ser decretada, es una construcción social”, afirmó.
Después de la creación del IFE, añadió, las alternancias se volvieron habituales y los congresos comenzaron a reflejar la diversidad política del país. Para Woldenberg, la confianza se construyó mediante acuerdos entre las fuerzas políticas, por lo que pidió que la designación de la nueva presidenta siguiera las reglas legales y buscara el consenso de las bancadas.
Al ser consultado sobre cómo lograrlo con una mayoría legislativa que ha dejado de lado a la oposición, Woldenberg reconoció que esa descripción correspondía a la situación actual, pero sostuvo que las reglas electorales no son equivalentes a las de una ley ordinaria o un presupuesto. Las primeras, argumentó, regulan la convivencia y la competencia entre las fuerzas políticas y requieren una lógica distinta.
Citó las reformas de 1994, 1996, 2007 y 2014, aprobadas con el consenso de los partidos, y afirmó que quienes hoy gobiernan llegaron al poder por la vía electoral y “no tienen derecho a clausurar esa posibilidad a otras fuerzas políticas”.
Al respecto, Ugalde matizó que los firmantes no son ingenuos sobre la correlación política actual, pero advirtió que guiarse únicamente por el realismo conduciría a los “brazos caídos”. Su postura fue que, pese a las dificultades para alcanzar acuerdos, la Cámara debe asumir la responsabilidad de buscar una designación que genere confianza.
Sobre cuántos consejeros deberían dejar sus cargos, Woldenberg respondió que el objetivo es que el Consejo General cuente con la confianza de todas las bancadas. Eso, dijo, podría exigir modificar su composición, aunque la decisión correspondería a los coordinadores parlamentarios: “Todos, algunos, no sabemos”.
Valdés fue más allá y opinó, a título personal, que varios integrantes “por dignidad debieran separarse del cargo”, con el mismo fundamento jurídico que se utilizaría para reemplazar a la presidenta.
Al preguntarle cuál sería la base legal para sustituir a consejeros con periodos vigentes, Córdova respondió que “se llama Constitución” y argumentó que, si existe un acuerdo político amplio, las normas pueden modificarse, como ocurrió en 1994 y 2007.
Reconoció que el artículo 105 constitucional prohíbe modificar las normas electorales fundamentales una vez iniciado el proceso, pero recordó que en 2024 se incorporó una excepción a esa prohibición mientras estaba en marcha el proceso electoral judicial. Esa reforma fue criticada entonces por los propios exconsejeros como una imposición.
Córdova rechazó que el pronunciamiento sea una proclama opositora. “No estamos planteando quitarle poder a Morena. No estamos haciendo una convocatoria para que la oposición colonice el INE”, afirmó. Sostuvo que el oficialismo había colonizado al instituto y roto la confianza, y preguntó a quién conviene más que los resultados de 2027 sean creíbles. Respondió que al gobierno y a su partido, por ser la fuerza mayoritaria, y aseguró que todavía están “a tiempo” de “enmendar el camino”.
Otro de los temas que Woldenberg consideró prioritarios fue la sobrerrepresentación legislativa, que, dijo, “debería estar en los primeros lugares de la agenda nacional”.
Recordó que en 1996 el PRD defendió una representación proporcional estricta, mientras que el PRI argumentó que, sin una mayoría absoluta para alguna fuerza, la Cámara podría volverse ingobernable. El acuerdo fue establecer un límite de ocho puntos porcentuales entre la votación y la representación, aplicable a partidos y coaliciones por igual. Woldenberg pidió a consejeros y magistrados revisar los dictámenes de 1997, 2000 y 2003, que, según su interpretación, trataron a las coaliciones como partidos para aplicar ese criterio.
Al referirse a la distribución de diputaciones en 2024, sostuvo que la diferencia entre votos y escaños alcanzó 20 puntos y criticó que las autoridades electorales invocaran un acuerdo previo del Consejo General. “Ningún acuerdo del Consejo puede estar por encima de la Constitución”, afirmó.
Woldenberg describió la diferencia como “del tamaño del océano Pacífico”: según las cifras que expuso, unas fuerzas políticas obtuvieron 74 por ciento de las diputaciones con 54 por ciento de los votos, mientras que el 46 por ciento restante de los sufragios se tradujo en apenas 24 o 26 por ciento de la representación. También lamentó que una fuerza de izquierda “haya olvidado su propia tradición”.
Córdova añadió que el límite establecido en 1996 buscaba impedir que una sola fuerza pudiera reformar la Constitución sin acuerdos. Al ser cuestionado sobre por qué pidió en 2024 modificar un criterio aplicado durante años, respondió que consideraba “equivocado” ese criterio y que quienes intentaron cambiarlo anteriormente perdieron las votaciones en el Consejo General. Añadió que, hasta 2024, su aplicación no había permitido que una sola fuerza alcanzara una mayoría calificada.
2006: las dudas sobre la elección y el papel del IFE
La conferencia abordó también la elección presidencial de 2006, luego del anuncio de una comisión especial en la Cámara de Diputados para investigar el presunto fraude electoral de ese año y de las declaraciones del expresidente Vicente Fox sobre su intervención a favor de Felipe Calderón.
Ugalde, quien presidía el IFE durante aquellos comicios, calificó los dichos de Fox como “erráticos”, “irresponsables” y “arrogantes”, y pidió que aclarara a qué se refería. Recordó que el IFE aprobó el 19 de febrero de 2006 un acuerdo de neutralidad para frenar las intervenciones del entonces presidente, en un ambiente político que, dijo, el desafuero de 2005 había vuelto “tóxico”.
Fox debe responder por sus declaraciones, sostuvo Ugalde, “pero el IFE debe responder por los suyos”. Por ello, propuso que la comisión analice por separado si hubo una alteración deliberada de la votación, cuáles fueron las condiciones de la competencia y qué prácticas, como la movilización y la compra del voto, pudieron influir en el proceso. También pidió examinar los hechos conforme al marco legal vigente en ese momento.
Ugalde cuestionó que el nombre de la comisión incluya la palabra fraude, pues consideró que anticipa una conclusión antes de investigar. Advirtió, además, que algunas de las prácticas que se discutieron en 2006 volvieron a presentarse en 2024.
Con la elección de 2027 en puerta, los exconsejeros también fueron consultados sobre la salida de integrantes del Servicio Profesional Electoral, vocales y mandos medios del instituto.
Woldenberg calificó el servicio civil de carrera como “una de las políticas más efectivas” del IFE y del INE. Explicó que se creó porque, anteriormente, buena parte de los funcionarios eran temporales y estaban contratados por la Secretaría de Gobernación. El objetivo era que su lealtad estuviera con la institución y que tuvieran posibilidades de desarrollo profesional dentro de ella.
Le preocupa que salgan decenas o incluso centenas de personas que operan cotidianamente las elecciones. Ese conocimiento, sostuvo, constituye “una de las piedras más preciosas de la institución”, por lo que su pérdida representa una “pérdida neta de capacidades”.
Valdés añadió que, a 199 días de la jornada electoral, contar con un Consejo General respaldado por las fuerzas políticas es una condición necesaria, pero no suficiente. También consideró necesario recomponer la colegialidad y nombrar directores ejecutivos y, probablemente, un secretario ejecutivo.
Para ilustrar la dimensión del trabajo que implica organizar una elección, recordó que en 1996, cuando Woldenberg lo invitó a formar parte de la Junta General Ejecutiva, él y sus colegas decían que “el proceso electoral es un jumbo jet que ya despegó” y que había que aterrizarlo bien. Valdés advirtió que el proceso actual es “monstruosamente mayor”, aunque entonces solo se renovaban diputaciones federales.

Los vínculos políticos de los firmantes
Sobre sus posibles aspiraciones políticas, José Woldenberg aclaró que los cuatro exconsejeros no comparten necesariamente los mismos planes a futuro. En su caso, descartó buscar un cargo público y bromeó: “A mí sí me pueden dar por muerto”. Añadió que haber formado parte del IFE o del INE no impide a nadie ejercer sus derechos políticos, ya sea mediante la militancia partidista o al margen de ella, ni decidir si participa en las elecciones.
Ugalde aseguró que desde 2007 se dedica a la academia, que nunca ha pertenecido a un partido político y que no lo hará. También pidió que se descarte la posibilidad de que busque una candidatura.
Valdés explicó que su participación en Somos México comenzó después de la reforma electoral que propuso en 2022 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Según su interpretación, la iniciativa buscaba desaparecer al INE y a los organismos electorales locales. Contó que el Frente Democrático Nacional lo invitó a trabajar en propuestas alternativas, un proceso que se vinculó con la llamada “marea rosa” y que más tarde dio paso a la formación de un nuevo partido político.
Valdés coordinó la comisión encargada de redactar sus documentos básicos y actualmente dirige un centro de estudios que prepara propuestas para la agenda legislativa de la organización. Forma parte de su dirección nacional, aunque afirmó que no aspira a un cargo y que está comprometido con un proyecto para “rescatar la institucionalidad democrática”.
Córdova reconoció que forma parte del consejo consultivo de esa organización, aunque aclaró que su participación es honoraria y que no tiene responsabilidades partidistas. Aceptó que el pronunciamiento tiene una “intencionalidad política”: defender la institucionalidad electoral y combatir las tendencias autoritarias. “Cualquier otra cosa es mera especulación”, añadió.
Al ser consultado sobre una posible candidatura, respondió que su única aspiración es “algún día poder haber reunido los méritos para poder ser candidato al premio Universidad Nacional”.
Sobre el riesgo de que militantes de Somos México lleguen a cargos del INE si se renueva el Consejo General, Córdova aseguró que la ley prohíbe a los militantes ocupar puestos en la Junta General Ejecutiva. Valdés, por su parte, respondió que el riesgo es “cero” porque el partido no cuenta actualmente con diputados, aunque afirmó que tendrá “muchísimos” después de septiembre del próximo año.
Votar, aunque haya dudas
Al hablar sobre el riesgo de abstención, Valdés señaló que en las elecciones presidenciales suele votar entre 60 y 65 por ciento del padrón, mientras que en las intermedias la participación ronda el 45 por ciento o incluso menos. Añadió que esta tendencia ya se observaba cuando la Comisión Federal Electoral organizaba los comicios.
Como ejemplos, recordó que en 1976, cuando solo hubo un candidato presidencial, votó el 72 por ciento del padrón. En 1988, durante la elección marcada por la llamada “caída del sistema”, la participación fue de 50 por ciento. Valdés advirtió que la percepción de que la autoridad electoral favorece a una fuerza política puede desanimar a los votantes y sostuvo que, ante las dudas sobre el organismo, es importante que más ciudadanos acudan a las urnas.
Por su parte, Córdova llamó a la ciudadanía a votar, independientemente de su postura frente al gobierno: “¿Estás contento o contenta del estado de cosas? Vota. No estás contento, vota”. Recordó que la democracia se conquistó mediante luchas sociales que incluso costaron vidas y sostuvo que defenderla también implica recurrir a la protesta dentro de los límites legales. Para subrayar la importancia del voto, mencionó los casos de Estados Unidos, Hungría y Polonia.
Los exconsejeros insistieron en que la Cámara de Diputados debe elegir por consenso a la nueva presidenta del INE y revisar la integración de su Consejo General. En paralelo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una revisión de las adquisiciones realizadas entre 2000 y 2025, periodo que comprende las gestiones de varios de los firmantes. Los resultados permitirán conocer si hubo irregularidades en las contrataciones y, de ser así, establecer las posibles responsabilidades.



















