La política científica nacional corre el riesgo de experimentar un grave retroceso, de aprobarse los amparos en revisión 416/2025 y 437/2025 –turnados a las ponencias de los ministros Arístides Rodrigo Guerrero y Yasmín Esquivel Mossa–, advierte el doctor en derechos fundamentales y libertades públicas por la Universidad de Castilla La Mancha, Isaac de Paz González. Ello, porque la Ley de Ciencia de AMLO dejó atrás el régimen de financiamiento a trasnacionales con dinero público, y estableció la obligación de que la investigación científica sea en beneficio del pueblo
En caso de que la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva a favor los amparos en revisión 416/2025 y 437/2025 –turnados a los ministros Arístides Rodrigo Guerrero y Yasmín Esquivel, respectivamente–, se abriría la puerta a un retroceso en la política científica nacional. Ello, porque se pondría en riesgo uno de los proyectos más relevantes en la materia: la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Ley HCTI), impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, advierte en entrevista Isaac de Paz González, doctor en derechos fundamentales y libertades públicas por la Universidad de Castilla-La Mancha.
Como se recordará, la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación –conocida como Ley de Ciencia de AMLO o Ley General HCTI– sustituyó el marco normativo de 2002 –aprobado durante el sexenio de Vicente Fox–, que establecía la obligación del entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) –ahora elevado a rango de Secretaría con un enfoque humanista– de financiar a instituciones privadas de manera amplia y sin criterios claramente delimitados, mediante becas, estímulos y apoyos económicos dirigidos a sus investigadores, incluidos proyectos que en los hechos simularon actividades de investigación y desarrollo tecnológico.
Dicho esquema de corte neoliberal fue cuestionado por el entonces titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, y por diversos científicos y especialistas en la materia, al considerar que la norma privilegió a universidades privadas con alta capacidad económica, en detrimento del fortalecimiento del sistema público de investigación y de las instituciones educativas financiadas con recursos públicos.
A la par, investigaciones de esta casa editorial documentaron el esquema en que miles de millones de pesos de las arcas del erario público fueron canalizados, en sexenios anteriores, a proyectos privados que al final beneficiaron a compañías trasnacionales como Kimberly Clark, Femsa, Monsanto, Bayer o BMW; las cuales, más que generar un beneficio a la sociedad, terminaron por lucrar con desarrollos científicos y tecnológicos, particularmente en sectores como la agroindustria, farmacéutica, energía y biotecnología.
En este contexto, la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó una reforma de fondo al marco legal en materia científica, que dio origen en 2023 a la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Ley General HCTI). Esta nueva legislación introdujo un enfoque de derechos humanos y soberanía científica, orientado a consolidar a las instituciones públicas de educación superior y a los centros públicos de investigación como ejes del desarrollo científico nacional, con énfasis en la incidencia social del conocimiento y la atención de problemas estructurales del país.
Con ello, el Conacyt se transformó en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), lo que representó –de acuerdo con especialistas– un hito en la política científica nacional, al incorporar el concepto de “humanismo mexicano” como un eje rector de la investigación científica y tecnología del Estado.
“Cambia la ley, cambia el enfoque hacia un enfoque de derechos humanos que tiene esta nueva ley, hacia una ruta científica, soberana, autónoma del país para fortalecer las instituciones públicas de investigación y educativas, sobre todo y particularmente las instituciones públicas. Ese fue uno de los cambios de fondo de la ley, un viraje hacia lo social, hacia el apoyo preponderantemente social”, señala el doctor Isaac de Paz a Contralínea.
Sin embargo, las nuevas disposiciones legales, entre ellas el artículo décimo transitorio del decreto de la Ley de Ciencia, generaron controversia, al ordenar a las autoridades competentes terminar anticipadamente convenios y contratos que se podrían oponer al nuevo marco legal, lo que derivó en la revisión de acuerdos previamente celebrados con investigadores e instituciones del sector privado.
Como respuesta al nuevo marco legal dio se presentó una serie de impugnaciones promovidas por investigadores adscritos a instituciones privadas, quienes recurrieron al juicio de amparo bajo el argumento de que la legislación del presidente López Obrador vulnera el “principio de igualdad”, y constituye una forma de “discriminación”.
No obstante, el doctor Isaac de Paz González advierte que una eventual resolución favorable de los amparos en revisión 416/2025 y 437/2025, actualmente en manos del ministro Arístides Rodrigo Guerrero y la ministra Yasmín Esquivel Mossa, podría representar el primer paso para revertir el viraje estructural impulsado por la Ley General HCTI, al invalidar los artículos 35 y 41 de dicha norma.
“Lo que sostienen estos amparos, al afirmar que existe ‘discriminación’ y una supuesta violación al ‘principio de igualdad es, a mi juicio, erróneo. Se trata de una contradicción con la propia Constitución, porque en realidad los estímulos económicos que se otorgan a las personas investigadoras en México son eso, son estímulos, no son derechos”, explica el investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, campus Tijuana.
Para el académico, uno de los errores centrales de ambos amparos es equipar los términos jurídicos de estímulos económicos con derechos constitucionales. A la par, explica que, a diferencia de los derechos –cuya característica esencial es la universalidad–, los estímulos científicos son instrumentos selectivos de política pública, a los que solo pueden acceder quienes cumplen requisitos específicos como son evaluaciones periódicas, adscripción institucional y el desempeño de labores docentes, administrativas y de investigación en beneficio social.
“Los derechos son para todos y todas. Los estímulos económicos científicos no, estos sólo son para algunas personas que cumplimos con ciertas condiciones características, trabajos, nos evaluamos, estamos adscritos a una institución, hacemos un montón de actividades docentes, administrativas, de investigación. Entonces, ahí se confunde el proyecto, de ahí de esa idea errónea parte de que creer que los estímulos son derechos y por lo tanto, al ser un derecho dicen los proyectos, entonces los artículos de la nueva ley de ciencia, artículo 35 y 41, son contrarios al principio de igualdad. Y creo que eso es un gran error jurídico”, señala Isaac de Paz.
Desde esta confusión conceptual, añade, se construye el argumento de que los artículos 35 y 41 de la Ley General HCTI vulneran el principio de igualdad, lo que, a su juicio, constituye “un error jurídico de origen”. Ello, porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no obliga a que todos los apoyos públicos tengan un carácter universal.
Asimismo, De Paz advierte un segundo problema de fondo de ambos amparos: la omisión del diseño integral del sistema de financiamiento previsto en la ley, pues señala que los recursos públicos destinados a la investigación no tienen como objetivo sostener trayectorias individuales, sino responder a una estrategia orientada a fortalecer una ciencia nacional, soberana y con impacto social, capaz de atender problemas estructurales del país.
“El financiamiento a las personas investigadoras no se da nada más para que sigamos escribiendo libros o dando clases. Se da porque tiene una visión de fondo de reconducir la ciencia mexicana hacia una ciencia soberana, una ciencia nacional, una ciencia que particularmente sea de contexto social y que tenga incidencia social y resuelva problemas sociales”.
En ese marco, el investigador sostiene que el enfoque de las universidades privadas es sustancialmente distinto, debido a que operan bajo una lógica del mercado y, en última instancia, con fines de lucro. Y, si bien sus académicos no tienen prohibido desarrollar proyectos científicos, la legislación establece que los estímulos económicos que reciban deben ser cubiertos por sus propias instituciones, las cuales cuentan con mecanismos de financiamiento propios, derivados del cobro de colegiaturas y otros ingresos.
“En las universidades privadas su enfoque es distinto. Su enfoque es, la mayoría de ellas de lucro, son empresas, son negocios. Sus investigadores ciertamente pueden investigar este tema o aquel y eso no les está prohibido. Lo único que dice la ley, la Ley de Ciencia es que, bueno, a ellos sus estímulos económicos se los pague su patrón, la institución privada”.
Y ante la posibilidad de que la Suprema Corte pueda resolver a favor de ambos amparos, el investigador advirtió que los efectos podrían ir más allá del ámbito jurídico y tener un impacto en el desarrollo nacional del país. Ejemplo de ello, es el Plan México, una de las principales apuestas del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que busca impulsar la tecnología, la innovación y la investigación científica como ejes del desarrollo nacional.
De acuerdo con el doctor, uno de los objetivos del Plan México es romper con el modelo herederos en el periodo neoliberal, en el que el país fue reducir a un proveedor de mano de obra barata –incluida la mano de obra científica–, lo que derivó en una gran fuga de cerebros y en la dependencia tecnológica con el extranjero.
“Incluso la mano de obra científica se malbarató. Y la fuga de cerebros sigue vigente”, señala. En ese sentido, el especialista destaca que la Ley de Ciencia busca precisamente fijar las bases jurídicas para fortalecer las capacidades científicas nacionales, particularmente desde el sector público.
Ante este panorama, el doctor Isaac de Paz expresa su preocupación ante la posibilidad de que la nueva Suprema Corte busque reinstalar un esquema de financiamiento público para la ciencia privada con fines privados, cuando la legislación vigente apunta en una dirección opuesta.
Con ello, recuerda que la reforma impulsada durante el sexenio de López Obrador cuenta con un amplio respaldo democrático, por lo que la resolución a favor de estos amparos no sólo implicaría un retroceso en la política científica nacional, sino que podría debilitar la ruta trazada para fortalecer las capacidades científicas públicas y la soberanía tecnológica del país.
“Fue una ley ampliamente discutida. Por primera vez se convocó a toda la comunidad científica; recibimos invitaciones directas, hubo debates durante varios años, incluso presenciales en la Cámara de Diputados. Nadie puede decir lo contrario, si no participaron fue porque no tuvieron interés”.
De igual manera, el investigador subraya que la ley fija una ruta clara, es decir, fortalecer lo público, apostar por una ciencia humanista y nacional, y reducir la dependencia del extranjero en materia de conocimiento, tecnología e insumos estratégicos. Una tarea que, dice, difícilmente asumen las instituciones privadas, cuya vocación no es financiar investigación abierta ni convocatorias públicas.
“¿Quién conoce un proyecto de una gran institución privada que diga esta institución dio 2 millones de pesos o 500 mil pesos o 800 mil para estos proyectos y la lanzó así, la convocó para que participaramos toda la comunidad científica? Ninguna. No lo van a hacer. Se entiende, no es esa su vocación”, cuestiona.
Por lo anterior, el académico hace un llamado al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –en particular al ministro presidente Hugo Aguilar– a analizar el tema de manera integral y no de forma fragmentada. En ese sentido, cuestiona que exista una acción de inconstitucionalidad contra la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que lleva más de dos años sin resolverse, mientras se avanza en amparos individuales.
“Creo que debieran resolver en todo caso la acción de inconstitucionalidad para que todos esos amparos o se les dé la razón o se asiente la ley de manera ya muy firme y se diga, ‘esta ley es constitucional y no puede ser ya cuestionada vía amparo’. Creo que ahí unas cuestiones medio contradictorias en el mecanismo que está usando la Corte para resolver este tipo de amparos porque lo que se hace es que si se están cuestionando la ley por diversos flancos, resuelve todas las impugnaciones en bloque para que no estés perdiendo el tiempo con un amparo, con otro, con otro, con otro, que se resuelva ya y que se diga lo que se tenga que establecer”, apunta el doctor De Paz.
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