En lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se han recuperado 889 mil 512 mil hectáreas concesionadas en gobiernos neoliberales para minería. Ello equivale a casi toda la extensión territorial deQuerétaro, aseguró José Fernando Aboitiz Saro, jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, de la Secretaría de Economía.
Agregó que algunas de las 1 mil 126 concesiones mineras que el gobierno ha recuperó –principalmente en Coahuila, Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Durango y Jalisco– se devolvieron de manera voluntaria. Además, 713 de esas concesiones afectaban casi 250 mil hectáreas ubicadas en Áreas Naturales Protegidas.
“Uno de los objetivos prioritarios ha sido recuperar concesiones que no tienen exploración, o que no han pagado los derechos, o que tienen fines solamente especulativos”, indicó el secretario de Economía federal, Marcelo Ebrard Casaubón, durante la conferencia presidencial.
De acuerdo con el Prontuario Estadístico de la Minería, elaborado por Economía, en 2019 había 25 mil 414 concesiones mineras en México. Para 2022, tres años después del inicio de gobierno del expresidente López Obrador y su política de cero concesiones a la minería, disminuyeron a 24 mil 123.
Para 2024, cuando finalizó su sexenio, había 23 mil 231 concesiones mineras en México, extendidas en 13 millones 470 mil 174 hectáreas. Es decir, las hectáreas concesionadas a la minería en México equivalen al 6.85 por ciento de todo el territorio continental de la nación.
A su vez, las 1 mil 126 concesiones recuperadas representan apenas el 4.84 por ciento de las que había en 2024. Y, en cuanto a la superficie, las poco más de 889 mil hectáreas equivalieron al 6.6 por ciento de la superficie concesionada hace más de un año.
A pesar de ello, un artículo del Instituto de Geografía de la UNAM refirió que “la superficie impactada realmente por los emprendimientos mineros [en esos años …] representa únicamente 0.1 por ciento de la superficie continental de México”. Entrevistado por Contralínea en 2024, el doctor en geografía por la UNAM Isidro Téllez Ramírez señaló que la especulación en la minería provocó la entrega al por mayor de concesiones “independientemente del lugar donde las pidieran y el tamaño como lo pidieran”.
Esta mañana, Aboitiz Saro recordó, con base en la reformada Ley Minera de 2023, que una concesión es objeto de cancelación cuando el dueño del permiso se retrasa dos años en el pago, así como en la emisión de informes, estadísticas y obras. “Si no hay este tipo de informes, quiere decir que estos bienes están ociosos y que solo sirven para la especulación”.
Al respecto, especificó que aproximadamente el 90 por ciento de las concesiones canceladas pertenecían a “personas particulares” que esperaban a que creciera la mina para venderla a alguna empresa. Por su parte, las empresas Minera Autlán o Peñoles –de la familia Bailléres– son algunas “que han estado en esta disposición de colaborar con la autoridad en disminuir la especulación”. Y dijo que, en este año, el gobierno espera dar más noticias sobre cómo avanza el programa para reducir estas concesiones.
Según el Anuario Estadístico de la Minería Mexicana, a cierre de 2024 se identificaron 307 empresas que operaban en México, de las cuales 149 tenían capital nacional y 158 extranjero. De todas, la Secretaría de Economía halló 529 proyectos de explotación de minerales, de los cuales 180 ya producen, 228 apenas exploran, 24 desarrollan la mina y 97 todavía estaban en etapas operativas.
