El gobierno federal inició una nueva etapa en la búsqueda de personas desaparecidas, con reformas legales, nuevas herramientas tecnológicas y una revisión integral de registros, informó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla.

Durante la conferencia presidencial, el funcionario explicó que esta actualización forma parte de la Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, en la que participan la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Comisión Nacional de Búsqueda, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Agencia de Transformación Digital.

El subsecretario reconoció que la desaparición de personas en México es una problemática “dolorosa” que representa una prioridad nacional, y señaló que requiere la atención coordinada de autoridades federales, estatales y de los tres poderes del Estado.

Detalló que este fenómeno puede entenderse en dos etapas históricas. La primera, durante la llamada “guerra sucia” (de la década de 1950 a la de 1990) cuando, dijo, la desaparición forzada fue utilizada por el Estado para reprimir a opositores políticos y movimientos sociales.

La segunda etapa, agregó, comenzó en 2006 con la llamada “guerra contra el narco”, periodo en el que las desapariciones están relacionadas principalmente con la delincuencia organizada.

El funcionario hizo una mención especial al caso Ayotzinapa, al señalar que la desaparición de los 43 estudiantes continúa en investigación y que más adelante se informarán avances específicos.

Sobre las acciones institucionales, recordó que en 2017, a partir de la exigencia de colectivos de familiares, se creó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que dio origen al Sistema Nacional de Búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda y fiscalías especializadas.

Sin embargo, el subsecretario reconoció que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas presentaba deficiencias, ya que permitía incorporar información sin una metodología clara ni controles suficientes, lo que afectaba la calidad y veracidad de los datos.

En este contexto, afirmó que con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se inició una nueva etapa basada en metodologías científicas y análisis de datos, que incluye una revisión integral del registro nacional.

El subsecretario destacó que, tras hallazgos recientes como el del rancho Izaguirre en 2025, se impulsaron reformas legales publicadas en julio de ese año para fortalecer la búsqueda de personas.

Entre las principales medidas, el funcionario enlistó la creación de la Alerta Nacional de Búsqueda, la obligación de abrir carpetas de investigación desde el primer reporte, la Base Nacional de Carpetas de Investigación y la Plataforma Única de Identidad.

Asimismo, mencionó el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses, la ampliación de capacidades de la Comisión Nacional de Búsqueda, y la obligación de que todas las entidades cuenten con fiscalías especializadas.

Finalmente, el subsecretario subrayó que estas acciones buscan garantizar la coordinación entre autoridades, mejorar los procesos de búsqueda y avanzar en el acceso a la verdad y la justicia para las familias de personas desaparecidas.

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