El primer biofungicida de RNA en el mundo impulsado por las secretarías de Economía –a cargo de Marcelo Ebrard– y Salud –encabezada por David Kershenobich– “no es una innovación compatible con los estándares de derechos humanos”, alerta la bióloga Erica Hagman Aguilar. Ello, porque incumple con el mandato constitucional del principio precautorio, respecto de los riesgos a la salud pública y al medioambiente.
“En cuanto a esta tecnología, el estándar es: como no hay certeza científica, no hay consenso científico, y hay evidencia de peligro de daño grave o irreversible para el ambiente y la salud humana, el Estado está obligado a aplicar el principio precautorio en función de los costos.”
Acerca de dichos costos, la investigadora independiente indica que se refieren a los impactos en la salud pública y en la salud medioambiental, por lo que se requiere un estudio real, y no el que se basa en datos de la empresa privada que promueve esta tecnología bajo el amparo de instancias federales. Los costos reales, agrega, se deben comparar con la alternativa que es la agroecología, “y gana la agroecología. Hay múltiples y diversos ejemplos en México que lo demuestran”.
La también experta en temas de soberanía alimentaria, bioseguridad de los organismos genéticamente modificados (OGM) y control sanitario de plaguicidas expone a Contralínea que los impactos ambientales potenciales siempre conllevan “externalidades” económicas. Y critica que se trata de una tecnología privada desarrollada por una empresa extranjera, lo que genera mayor incertidumbre para la bioseguridad de México.
Al respecto, durante el anuncio oficial del pasado 12 de agosto, Ebrard y Kershenobich reconocieron que la empresa que desarrollará el biofungicida de RNA es la estadunidense Green Light Biosciences. Incluso, nombraron invitado principal a su fundador y director general Andrey Zarur.
También admitieron que ningún país en el orbe ha permitido el desarrollo de esta tecnología: “¿por qué hacemos este evento? Es el primer biofungicida de RNA en el mundo. Significa que cuando ustedes vean en los libros de historia o en las revistas de ciencia, cuál es el primer país del mundo que registra un biofungicida de RNA, va a aparecer México. Esto es suficientemente importante para reunirnos el día de hoy”, afirmó Ebrard al dar la bienvenida.
Y agregó: “somos, como ustedes saben, uno de los países con una de las más amplias diversidades del mundo, biológicamente hablando. De suerte que, además del mérito de llevar a cabo este proceso y de tener el primer biofungicida de RNA en el mundo, que ya le suyo es suficientemente importante, lo siguiente que debemos reconocer es que lo haya decidido su autor o promotor principal a realizarlo en México”.
Además de los secretarios de Economía y Salud, en ese acto oficial también estuvo presente el director de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Víctor Hugo Borja, institución que ya dio su aval. Este hecho llamó la atención de otros científicos consultados por Contralínea, porque la autorización se dio mucho más rápido que en Estados Unidos, lugar de origen de la empresa. Además, porque la propia Cofepris ha tardado años en analizar la viabilidad de bioinsumos para agricultura ciento por ciento mexicanos, que no implican riesgos para la bioseguridad.
Sobre esta aprobación fast track, la maestra Hagman la compara incluso con lo ocurrido en las décadas de 1990-2000, cuando el PRIAN aprobó la siembra experimental de organismos genéticamente modificados (conocidos popularmente como transgénicos).
Otros científicos agrupados en la Campaña Sin Maíz No Hay País alertaron a Contralínea que los riesgos del primer biofungicida de RNA en el mundo son mayúsculos, porque insectos y microorganismos benéficos para el medio ambiente, que comparten secuencias genéticas similares a las de la plaga que se busca controlar, podrían resultar afectados por la modificación del ARN.
Además, citaron que RAP-AL ha demostrado que hay un riesgo de degradar el ambiente; ello, porque a pesar de que el ARN se degrada con rapidez en el suelo y el agua, su persistencia varía según las condiciones climáticas o los métodos de encapsulamiento aplicados.
Aunado a lo anterior, dijeron que puede generarse resistencia de las plagas y patógenos, pues éstos pueden desarrollar mutaciones genéticas que vuelvan ineficaz el bloqueo del ARN. Algo que ya ocurre con pesticidas tradicionales.
Por su parte, la bióloga Erica Hagman Aguilar califica que el anuncio de Ebrard y Kershenobich sobre el primer biofungicida de RNA en el mundo “es el ABC del manual de propaganda de la agroindustria, prometiendo ahora sí solucionar problemáticas complejas con una ‘innovación’ de patente que sólo beneficia sus bolsillos y nos deja con problemas ambientales, sanitarios y alimentarios cada vez más complejos”.
Acusa que nada de lo que los expositores dijeron es de carácter científico, y que reprodujeron falacias: “no hay evidencia científica que demuestre la seguridad de los plaguicidas de ARNi [ARN de interferencia], no hay certeza ni consenso científico; lo que hay son estudios que demuestran que esas técnicas son imprecisas”.
Critica que la forma en como fue expuesto el tema es engañosa: “a nivel genético silencian un gen y eso suena bonito; pero como la técnica no es precisa, no saben si el ARNi le va a ‘atinar’ a ese gen. Incluso, aunque le dé, un sólo gen está vinculado con todo el ADN y eso, a su vez, impacta un gran conjunto de proteínas y va creciendo en un conjunto de procesos metabólicos; luego, a nivel del organismo; posteriormente, a nivel de la población de esa especie, y de ahí al ecosistema. Eso se llama epigenética, y está plenamente documentada”.
Por ello, la bióloga Erica Hagman alerta que “nos están usando como campo experimental para hacer crecer su negocio. Al mismo tiempo que promueven OGM de edición genética y plaguicidas biotecnológicos de ARN de interferencia, desmantelan el escalamiento de la agroecología y se curan en salud disque ‘defendiendo’ la soberanía alimentaria y ‘protegiendo’ el maíz nativo y la milpa”.
