Los Programas para el Bienestar llegarán al cierre de 2026 a 42 millones 860 mil 296 derechohabientes, con una inversión de 1 billón de pesos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al presentar los avances de su administración en su Segundo Informe de Gobierno.

La primera mandataria destacó que detrás de estas cifras se encuentra una concepción distinta de la política social: que una pensión, un apoyo para el campo o una beca no sean entendidos como una concesión del gobierno, sino como parte de los derechos de la población. “Los Programas del Bienestar son una expresión de la convicción de que nadie construye una nación solo y de que tenemos la obligación de apoyar a quienes durante mucho tiempo fueron olvidados”.

Sostuvo que esta visión forma parte del humanismo mexicano y la economía moral, principios con los que, dijo, su gobierno busca transformar la manera de entender y ejercer el poder público, bajo la premisa de que la riqueza generada en el país debe traducirse en bienestar para la población.

“Una pensión para un adulto mayor, una beca para un estudiante o un apoyo para quien trabaja la tierra no son concesiones del poder, sino una forma de reconocer la dignidad y el esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos”.

La presidenta resumió esta concepción de la política social con una frase que colocó como uno de los ejes de su balance de gobierno: “haber convertido el amor en política pública, y la política pública en derechos que le pertenecen al pueblo de México”.

Entre quienes reciben estos apoyos se encuentran 13 millones 788 mil adultos mayores, que cuentan con una pensión de 6 mil 400 pesos bimestrales; 2 millones 873 mil mujeres de 60 a 64 años, beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, y 2 millones de personas con discapacidad, quienes reciben un apoyo permanente de 3 mil 300 pesos bimestrales.

A ellos se suman medio millón de jóvenes incorporados a Jóvenes Construyendo el Futuro, 300 mil niñas y niños de madres trabajadoras que reciben atención y cuidados, y cerca de 200 mil pescadores beneficiarios de Bienpesca.

Para la titular del Ejecutivo federal, el alcance de estos programas representa un cambio en el papel del Estado frente a las desigualdades. “Es una nueva manera de entender al Estado, no como espectador de las desigualdades, sino como instrumento de justicia”.

Salarios y derechos laborales

La política social presentada por la presidenta también está vinculada con el mercado laboral. Ante ello, la primera mandataria afirmó que, después de un periodo de 36 años de empobrecimiento y aumento de las desigualdades, desde 2019 las y los trabajadores viven una “primavera laboral”.

El salario mínimo mensual pasó de 2 mil 800 pesos en 2018 a 9 mil 582 pesos en 2026, un incremento de 154 por ciento en términos reales. En la frontera norte alcanza los 13 mil 409 pesos mensuales, mientras que el salario medio de la economía formal llegó a 20 mil 212 pesos, su nivel más alto registrado. En este contexto, la presidenta señaló que la pobreza laboral se encuentra en 2026 en su nivel más bajo desde 2005.

El cambio, agregó, también alcanza a sectores que anteriormente no contaban con las mismas garantías. Las personas trabajadoras de plataformas digitales ya tienen acceso al Seguro Social y al reparto de utilidades, mientras que el sello laboral para la exportación de productos agropecuarios comenzará a operar este septiembre con el propósito de garantizar seguridad social y salario para las y los jornaleros agrícolas. A ello se suma la reforma que establece una reducción paulatina de la jornada laboral hasta alcanzar 40 horas semanales en 2030.

De acuerdo con la presidenta, estas medidas parten de la premisa de que el crecimiento económico no garantiza por sí mismo que sus beneficios lleguen a todas las familias. “No podemos esperar que los beneficios del crecimiento lleguen por sí solos a todas las familias”.

Por ello, defendió la función rectora del Estado para planear e impulsar el desarrollo, garantizar derechos sociales, fortalecer una distribución justa de la riqueza y los sectores estratégicos, al mismo tiempo que se mantiene una economía de mercado.

El campo, entre bienestar y soberanía alimentaria

La presidenta destacó que los programas sociales también buscan fortalecer a quienes producen alimentos y avanzar hacia una mayor soberanía alimentaria. Actualmente, 1 millón 889 mil campesinos participan en Producción para el Bienestar; más de 2 millones 157 mil productores reciben Fertilizantes Gratuitos y 445 mil sembradores forman parte de Sembrando Vida.

El gobierno también apoya a productores de caña, cacao, miel y frijol. Para este año, la titular del Ejecutivo federal prevé un incremento de 300 mil toneladas en la producción de frijol y de 1 millón de toneladas en la de maíz, además de garantizar leche accesible para 7 millones de familias.

En este ámbito, destacó el acuerdo entre productores de semillas e insumos, agricultores y compradores para ordenar la comercialización del maíz blanco nacional.

El objetivo, explicó, es que los pequeños y medianos productores obtengan una ganancia justa que cubra sus costos de producción, al tiempo que se estabiliza el mercado de la tortilla y se fortalece la soberanía alimentaria.

Como parte de esta estrategia también se desarrolla El Maíz es la Raíz, programa que este año organiza a 600 mil campesinos en grupos de productores para mejorar las semillas mediante métodos tradicionales, aumentar la productividad, favorecer el autoconsumo y conservar la biodiversidad genética del maíz nativo. Además, a través de Cosechando Soberanía 25 mil productores y pescadores han accedido al Sistema de Créditos para el Campo.

Vivienda: de créditos impagables a reestructuración

En el ámbito de vivienda la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el Infonavit y el FOVISSSTE recuperaron su capacidad para construir viviendas y no limitarse al otorgamiento de créditos. Junto con la Comisión Nacional de Vivienda, ambas instituciones tienen como meta construir 1 millón 800 mil viviendas para familias con ingresos menores a 2.9 salarios mínimos.

Hasta ahora se han contratado 668 mil viviendas; de ellas, 278 mil están en construcción y 90 mil ya fueron asignadas. Además, se han entregado 779 mil créditos a familias, frente a una meta de 2.2 millones, mientras que 717 mil familias han recibido créditos y apoyos para mejoramiento de vivienda.

Pero uno de los puntos que la presidenta destacó con mayor énfasis fue la reestructuración de créditos considerados impagables con la que, aseguró, 5 millones de familias dejaron de estar atrapadas en deudas.

Para dimensionar la situación que se heredó de administraciones anteriores, Sheinbaum recurrió a un ejemplo: “Impresionante lo que sucedía en el pasado, la gente pedía crédito por 60 mil pesos, había pagado durante 20 años y su deuda había ascendido a un millón de pesos”.

De acuerdo con la presidenta, estos créditos fueron reestructurados y millones de familias pudieron finalmente terminar de pagar sus viviendas. De acuerdo con la presidenta, en materia de certeza jurídica, hasta ahora han sido regularizados 337 mil hogares, de una meta de 1.2 millones.

Con el conjunto de estas acciones, el Programa de Vivienda tiene como objetivo alcanzar a 12 millones de familias al finalizar el sexenio.

Los resultados presentados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo forman parte de una transformación que busca que el crecimiento económico y la acción del Estado se traduzcan en bienestar y mejores condiciones de vida para la población.

Bajo esta visión, afirmó, la política social no debe reducirse a la entrega de apoyos, sino convertirse en una herramienta para garantizar derechos y reconocer la dignidad, el trabajo y el esfuerzo de quienes durante años permanecieron al margen de las prioridades públicas. “La riqueza de México debe traducirse en bienestar para su pueblo”.

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