La administración de Lorenzo Córdova en el INE podría estar sujeta a la revisión extraordinaria que inició la Auditoría Superior de la Federación a las contrataciones del Instituto, tras la renuncia de Guadalupe Taddei. Ello porque, entre 2018 y 2023, los OPLES y el órgano autónomo firmaron contratos por más de 1 mil millones de pesos con las empresas ‘coyote’ ligadas a los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas. Aunque el ahora consejero del partido Somos ha declarado que su gestión fue supervisada en el pasado, esa fiscalización no tuvo por objetivo revisar en particular la forma en cómo las intermediarias llegaron a acaparar el mercado del material electoral, ni los presuntos sobornos asociados a ese esquema que data de 1999. Información del propio INE revela que, durante su presidencia, esas compañías –sin oficinas ni empleados– sí obtuvieron contratos; aunado a ello, desde 2014 y tras la reforma de Peña Nieto, el Instituto adquirió súper facultades no sólo para nombrar a los titulares de los OPLES –entre ellos, la propia Taddei, en Sonora–, sino para supervisarlos
Todos los contratos firmados entre autoridades electorales y las empresas: Formas Finas y Materiales, SA de CV; Cajas Graf, SA de CV; Comercializadora JVYL, SA de CV; Formas Finas Fernando Fernández, SA de CV; Corporativo Zeg, SA de CV; Cartonera Plástica, SA de CV; Cartón Plast, SA de CV; Litho Formas, SA de CV; Seriplast de México, SA de CV; así como sus antecedentes –Dicaplast, SA de CV; y Servicios, Asesoría y Materiales Electorales, SA de CV– estarán bajo la lupa de la Auditoría Superior de la Federación, por estar relacionadas de forma directa o indirecta con la red de presuntos intercambios de favores y sobornos de los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.
Esa fiscalización exhaustiva y de carácter extraordinario debería abarcar de la década de 1990 a 2026, ha sugerido la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo luego de que Contralínea le consultó acerca de los contratos que se firmaron en el pasado con esa misma red, en particular durante la administración de Lorenzo Córdova Vianello.
No obstante, fuentes consultadas por esta revista aseguran que, aunque la ASF ya desplegó auditores en los OPLES, estos sólo se están centrando en pedir información del periodo que coincide con la breve gestión de Guadalupe Taddei Zavala, sin considerar las administraciones de Córdova, Leonardo Valdés Zurita, Luis Carlos Ugalde y José Woldenberg.
En el caso del exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral y hoy consejero consultivo ciudadano del partido Somos, Lorenzo Córdova –quien ha estado muy activo en medios de comunicación y en sus redes sociales para deslindarse del caso–, no sólo sería corresponsable de la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo público local electoral de Sonora, en 2014; sino también de la supervisión de los OPLES.
Asimismo, existen al menos cuatro contratos que el INE mantuvo con esa red empresarial durante su gestión. Uno de ellos, por caso medio millón de pesos, es el identificado con el folio INE/ADQ-233/22 con Formas Finas Fernando Fernández, SA de CV, con vigencia de 13 de diciembre de 2022 al 31 de ese mismo mes. Este tuvo por objetivo adquirir materiales electorales consistentes en: etiquetas, sobres bolsas, etiquetas braile y marcadores.
Además, está el contrato INE/ADQ-0022/15 asignado a Cartonera Plástica en 2015, para la adquisición de bolsas y portagafetes para el Proceso Electoral 2014-2015. El monto original fue de 9 millones 834 mil 642.28 pesos, pero al final superó los 11 millones de pesos.
Y es que, aun cuando el procedimiento de contratación fue por medio licitación pública, con lo que se pretendía garantizar mejores condiciones tanto de costo como de calidad, el 8 de abril de ese año la Dirección Ejecutiva de Administración del INE firmó un convenio modificatorio por un monto adicional de 1 millón 440 mil 645.76 pesos. En cuanto a la vigencia, fue: del 15 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.
Otros dos contratos –INE/ADQ-0039/16 y INE/ADQ-0040/16– se asignaron sin licitación a favor de la empresa Formas Finas y Materiales, en 2016, para la “adquisición de cajas/empaques para el embalaje y transportación de las boletas electrónicas, y para sustitución de empaque de los equipos de votación electrónica”. El monto fue de 87 mil 719.20 pesos.
Negligencia en la supervisión de los OPLES
En 2014 y tras la reforma de Enrique Peña Nieto en materia electoral, el IFE no sólo se transformó en autoridad nacional (INE), sino que con ello adquirió súper facultades tanto para nombrar a los titulares de los OPLES –entre ellos, la propia Taddei, en Sonora–, como para supervisarlos. Esa reforma coincidió con la entrada de Lorenzo Córdova a la presidencia del organismo autónomo.
En los informes anuales del propio INE existe una huella documental de la labor supervisora de los OPLES. Por ejemplo, en 2016 se publicó el Informe sobre la adjudicación de los documentos y materiales electorales de los OPL, así como la verificación de la supervisión de su producción en el proceso electoral 2015-2016, donde se revela que la autoridad nacional siempre tuvo conocimiento de esos contratos.
Ese informe detalla que la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto fue la encargada de supervisar las contrataciones de material electoral en el proceso de 2015. A través de la “Dirección de Estadística y Documentación Electoral (DEDE), aplicó una revisión exhaustiva de estos instrumentos, notificándole a los OPL a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales (UTVOPL), las observaciones pertinentes, las cuales una vez atendidas permitieron que la DEOE los validara, en cumplimiento de los Lineamientos para la impresión de documentos y producción de materiales electorales para los procesos electorales federales y locales, y para el voto de los mexicanos residentes en el Extranjero”.
Ahí mismo se detalla que las empresas del sector privado contratadas para la elaboración de documentos electorales por los OPLES fueron precisamente las que ahora son investigadas por probable corrupción: Lithoformas con los organismos electorales de Baja California, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz; Formas Inteligentes con las autoridades electorales de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.
En cuanto a materiales electorales, se anota que fueron adjudicados a: la empresa Seriplast de México, SA de CV (ocho OPL: Baja California, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz).
Agrega que el OPL de Chihuahua adjudicó la producción de sus materiales electorales a la empresa Formas Finas y Materiales, con excepción del líquido indeleble. El OPL de Tlaxcala adjudicó la producción de sus materiales electorales a la empresa Cajas Graph [sic], con excepción del líquido indeleble.
Otro documento que permite observar que la administración pasada en el INE siempre estuvo enterada de la participación de esas empresas en las elecciones locales, es el Informe final de los trabajos realizados por la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018- 2019, donde se da cuenta nuevamente de que esas empresas ahora investigadas por presunta corrupción estaban vinculadas con los OPLES.
Las cuentas pendientes de Córdova
Desde el 3 de abril de 2014 hasta el 3 de abril de 2023, el abogado y ahora abierto aliado de Claudio X González Guajardo presidió el INE. Durante su paso por esa institución dejó una estela de cuentas pendientes, además de incurrir en gastos superfluos con cargo al erario nacional.
El 4 de abril de 2024, el entonces titular del Órgano Interno de Control en el INE, Luis Osvaldo Peralta Rivera, denunció ante los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados que en la gestión del ahora investigador de la UNAM se enfrentaron resistencias para evitar gastos indebidos multimillonarios relacionados con la renta de automóviles. Además, acusó que Córdova Vianello mandó a hacer una “Memoria” de los 9 años de su administración, pero ésta nunca se entregó.
Al presentar el Informe anual del OIC, el contralor interno calificó como un asunto el caso de la renta multimillonaria de parque vehicular. Al respecto, detalló que en 2019, el OIC fiscalizó una licitación con contrato ya firmado para la renta de más de 1 mil vehículos por 3 años. El pago superaba los 1 mil 100 millones de pesos.
“Nosotros atendemos el asunto porque diferentes concursantes se inconformaron. Ellos presentaron tres inconformidades y se hicieron múltiples acusaciones”, entre ellas, “la asignación indebida de puntos a unas empresas que no los merecían, y quitarle puntos a otras empresas que tampoco lo merecían”. Además, dijo, se confirmó que en el proceso algunas empresas concursantes habían presentado documentos falsos.
Esto generó que el Órgano Interno de Control derribara la licitación y ordenara que se repusiera el procedimiento. No obstante, por segunda ocasión el Instituto incurrió en irregularidades: “en aquel entonces cambia el mecanismo de evaluación, y al cambiar el mecanismo de evaluación vuelve a violar la convocatoria”. Por ello, Peralta Rivera explicó que el entonces titular del Órgano Interno de Control volvió a echar abajo el fallo.
No obstante, el excontralor acusó que “diversos servidores públicos del propio Instituto [Nacional Electoral] pugnaron, incluso presentaron juicios ante los tribunales para atacar y derribar las decisiones del Órgano Interno de Control. Nosotros, sin suponer, pero sospechamos un interés bastante extraño. Se iniciaron los procedimientos correspondientes, y esos procedimientos están actualmente, uno en particular está actualmente, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y quizás se resuelva en un par de meses”.
La denuncia, precisó el excontralor, es por faltas graves y abuso de funciones. El contralor añadió que fue hasta la administración de la maestra Guadalupe Taddei que se está limpiando esta área del gasto. “Fue hasta esta administración que se logró optar por establecer un mecanismo híbrido. Siempre [en el OIC] estuvimos solicitando que no se rentaran, [sino] que se compraran los vehículos. Y sólo fue hasta esta gestión, precisamente casi hasta los últimos días de diciembre del año pasado, que se emite la convocatoria respectiva y se hace híbrido el mecanismo: comprar 513 vehículos y rentar otros 500. Si hubiéramos rentado los 513 vehículos, hubiésemos pagado 527 millones de pesos, pero como los compramos –y a pesar de cargar con el mantenimiento y la aseguranza por los siguientes 3años– estaríamos pagando 243 millones. Y nos quedamos como Instituto Nacional Electoral con nuestras 513 camionetas, y no tenemos que llegar a 30 meses o 36 meses más adelante y volver a rentar otras 513 camionetas, por lo que probablemente pudiera ser 527 millones, o quizá los 600 [millones de pesos].
En el asunto de la “Memoria” de la gestión de Lorenzo Córdova, el contralor Luis Osvaldo Peralta Rivera también consideró que se trata de un caso emblema de auditoría: se trata, dijo, de una contratación para que se elaborara una memoria institucional 2014-2023, y “tiene que ver con el ejercicio de la presidencia del Consejo General anterior”.
Al respecto, narró que antes de la salida de Córdova Vianello del INE –a quien no mencionó por su nombre para salvaguardar la presunción de inocencia–, “se subió a la Junta General Ejecutiva un proyecto así denominado: ‘Memoria de gestión institucional 2014-2023’. Agregó que éste tenía como finalidad que se hiciera un informe de toda la gestión, pero nunca se entregó.
“En lugar de entregarnos el informe para el que era el proyecto, con una inversión de más de 11 millones de pesos, lo que se hizo fue firmar tres contratos para que nos dieran asesoría. Bueno, para que les dieran asesoría a los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral, como si en las diferentes direcciones ejecutivas o unidades técnicas no hubiese el personal necesario y capacitado y que –además, sus cédulas de puesto así lo indican– tienen como función la realización de memorias e informes. Entonces, esto acusa una terrible duplicidad de funciones”.
De acuerdo con el Informe anual del OIC, se trata de la auditoría DADE/02/ES/2023. Del caso, se indica que “el 18 de mayo de 2022, con motivo del término de la gestión del exconsejero presidente del INE, la DEA [Dirección Ejecutiva de Administración] en la Sesión Extraordinaria de la JGE, presentó a consideración de ese órgano colegiado la aprobación del Proyecto Específico G162010 ‘Informe de Gestión y Rendición de Cuentas’. En dicha sesión el Titular del OIC se pronunció señalando que los recursos asignados a este proyecto no fueron considerados dentro del presupuesto del Instituto para el ejercicio presupuestal 2022, aprobado por la Cámara de Diputados, que existen otras necesidades institucionales más apremiantes, que no se presentó el fundamento legal que permita su autorización, que el proyecto debería ser realizado por el personal del Instituto que, de conformidad con la normatividad aplicable, se podría realizar con la plantilla adscrita a la Secretaría Ejecutiva, Dirección Ejecutiva de Administración o, en su caso, de la Dirección del Secretariado”.
Por ello, el OIC señala que el proyecto no tenía fundamento normativo; “sin embargo, a pesar del pronunciamiento de este órgano de fiscalización, la JGE aprobó el mencionado proyecto a cargo de la DEA, por un monto de 11 millones 614 mil 586 [pesos]”. La auditoría encontró que los contratos INE/049/2022, INE/055/2022 e INE/059/2022 tuvieron por objetivo brindar asesoría para la realización del informe, y no para su ejecución, lo que consideró irregular. Por ejemplo, el contrato 049 fue para “servicio de asesoría relativo a la elaboración del Informe de Rendición de Cuentas de la gestión administrativa del consejero presidente del ‘Instituto’ correspondiente al periodo 2014-2022”.
También, detectó pagos injustificados de los entregables, por un total de 4 millones 298 mil 748 pesos, en los tres contratos. Además, la auditoría acusa una “ejecución de recursos del contrato INE/059/2022 sin autorización (partidas restringidas)”. Al respecto, detalla que “se realizaron pagos por un monto 2 millones 147 mil 902 pesos del contrato INE/059/2022 sin contar con el acuerdo de autorización de la DEA, para ejercer recursos con cargo a la Partida 33104 ‘Otras asesorías para la operación de programas’, clasificada como ‘Restringida’”.
De acuerdo con datos del propio INE, dos contratos –INE/049/2022 y INE/059/2022– fueron asignados a la empresa Dinámica Empresarial Alabarda, SA de CV; mientras que el tercero –INE/055/2022– se asignó a Traust Accounting, S de RL de CV.
