En el caso de los agentes de la CIA en Chihuahua, la gobernadora panista Maru Campos ha pasado de la incongruencia al desatino mediático: tras la detención del exfiscal César Jáuregui –uno de sus aliados más cercanos y con quien construyó una relación política y personal a lo largo de más de una década–, incluso ventiló detalles parciales de una conversación privada que sostuvo con la presidenta Sheinbaum en septiembre pasado. Luego se supo que ahí mismo había delatado a su excolaborador, a quien señaló como único responsable del operativo. Este actuar errático de Campos afecta ya las aspiraciones del PAN en Chihuahua

Todo comenzó en abril último, cuando dos integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos participaron, junto a miembros de la fiscalía de la entidad norteña, en la revisión de un laboratorio clandestino destinado a la confección de narcóticos sintéticos.

De regreso en la noche por la Sierra Tarahumara, el vehículo se precipitó por un barranco, hecho que ocasionó la muerte a todos sus ocupantes, incluidos los norteamericanos, y abrió –al develar su presencia– un capítulo de tensión entre los gobiernos federal y chihuahuense.

La razón es clara: la Constitución de México y la Ley de Seguridad Nacional señalan que las entidades federativas se encuentran limitadas para asumir facultades reservadas a la Federación, así como para transferir potestades públicas a autoridades extranjeras.

El Gabinete de Seguridad informó por aquellos días que las instituciones miembros de este ente y la Secretaría de Relaciones Exteriores desconocían que los agentes estuvieran operando, o fueran a participar físicamente, en alguna acción operativa dentro de la nación.

Para más, ninguno de los dos extranjeros contaba con acreditación formal para involucrarse en acciones en campo, pues uno de ellos ingresó al país en calidad de visitante, sin permiso para actividades remuneradas, y el otro, con pasaporte diplomático.

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió entonces a Estados Unidos y a las administraciones locales, especialmente a la de Chihuahua, que la colaboración en seguridad debe darse en el marco de las leyes nacionales y con respeto a la soberanía.

Jáuregui, quien renunció al cargo tras el operativo, fue detenido el 17 de octubre en la entidad, sobre la base de una imputación en el fuero común por ejercicio ilegal del servicio público y coalición, y vinculado a proceso el jueves último solamente por el primer ilícito.

La autoridad judicial de Chihuahua no le impuso prisión preventiva, pero al concluir la audiencia, el exfuncionario fue aprehendido nuevamente, en esta ocasión por fuerzas federales, trasladado a esta capital e internado en el penal de El Altiplano.

Jáuregui habría incurrido “en hechos posiblemente constitutivos del delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional” al permitir que extranjeros intervinieran sin autorización en territorio nacional y en acciones que solo corresponden a fuerzas federales.

“Está plenamente establecido, incluso con información de la propia fiscalía estatal, que la participación en el operativo de estos extranjeros no tenía justificación alguna y tampoco la tenía la cadena de mando para autorizarlo”, resumió la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy.

La FGR confirmó que los extranjeros habían acudido en varias ocasiones a instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación, perteneciente a la fiscalía local, y señaló que el ente y su policía llevaron a cabo el operativo sin atribuciones y sin haber abierto antes una carpeta de investigación.

Encima de todo esto, Jáuregui habría ocultado información, pues tenía la obligación de comunicar a la Federación sobre el operativo y no lo hizo.

Desatino y tour mediático

“¿Cómo se presta un gobierno estatal a la violación de una ley –es tan claro como eso–, que a su vez vulnera la soberanía nacional?”, se preguntó Sheinbaum cuando se divulgó el caso, al referir que intentó comunicarse en un primer momento con María Eugenia Campos, y “no estaba en la oficina”.

Desde entonces, la gobernadora de Chihuahua comenzaba a dar señales de incongruencia y se atrincheraba en el “yo no supe, yo no vi” para esquivar cuestionamientos que emergieron desde legisladores, ciudadanos y medios de comunicación.

A juicio de analistas y representantes de partidos políticos, el colmo de su desatino llegó, sin embargo, tras la detención de Jáuregui, uno de sus aliados más cercanos y con quien construyó una relación política y personal a lo largo de más de una década.

En un intento por negar versiones sobre un supuesto acuerdo con Sheinbaum –rechazado también por la presidenta– para “entregar” a Jáuregui a cambio de beneficios políticos, Campos no dudó en ventilar detalles de una conversación privada que sostuvieron ambas en septiembre.

Señaló que estas versiones buscaban generarle un costo político en Chihuahua y restar fuerza a su formación política, y acusó incluso a la actual presidenta del gobernante partido Morena, Ariadna Montiel, de vínculos con el narcotráfico, sin presentar prueba alguna.

Un día después, y tras el quiebre por la gobernadora del compromiso de reservarse lo dialogado el 19 de septiembre, Sheinbaum difundió la parte de la historia no develada por Campos: ella misma habría señalado a su exfiscal de permitir la presencia de agentes de la CIA en la operación de El Pinal.

“Me dijo: ‘no fui yo, fue mi exfiscal’. Pero no solo me dijo eso, me dijo que habían encontrado corrupción que había cometido el exfiscal. Me dijo que ‘el exfiscal tiene casinos’, que eso habían encontrado ellos”, contó la dignataria durante su conferencia de prensa el viernes último.

Sheinbaum le indicó entonces que procediera “como debe proceder cualquier ciudadano cuando encuentra actos que violan la ley” y sugirió un encuentro entre la gobernadora y la fiscal general, Ernestina Godoy, lo cual sucedió posteriormente.

Más tarde, en esa misma jornada, Godoy confirmó la reunión celebrada con Campos, quien responsabilizó a Jáuregui de la intervención de los agentes extranjeros y lo acusó de ser “una persona corrupta” con casinos y prestanombres, lo que abrió una nueva línea de investigación en la FGR.

¿De encubrimiento a traición?

“¿Y si tenía información sobre su fiscal corrupto, por qué la gobernadora Campos no lo denunció antes? Eso se llama encubrimiento”, señaló el diario La Jornada en su sección Rayuela, luego del relato de la jefa del Ejecutivo federal.

En entrevista concedida a Sin Embargo, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, fue más allá: “Ella no es solo traidora a la Patria, es traidora a sus amigos, traidora a sus correligionarios y ha traicionado la confianza de la Presidenta de la República cuando devela una conversación privada”.

Según el mismo medio de comunicación, las críticas contra Campos no solo provienen del oficialismo o de sectores simpatizantes con él, sino del propio Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua, donde emergen el descontento y los reproches tras las declaraciones de la gobernadora. Integrantes de la formación política la tachan de traidora luego de la detención de Jáuregui; consideran que le hace “un daño brutal al partido”, y la fustigan por las contradicciones en su discurso durante un “tour por medios de comunicación”.

Más allá de estas “deslealtades internas”, sobresalen otras ligadas al PAN a lo largo de su historia y vinculadas a su relación con Estados Unidos, de ahí que no sorprenda demasiado que haya sido en un estado panista donde se permitiera a agentes de la CIA participar en una operación.

Uno de los ejemplos más ilustrativos es el de Felipe Calderón, quien encabezó el país durante un sexenio (2006-2012) caracterizado por la cuestionada “guerra contra el narco” y una colaboración demasiado estrecha con agencias como la Administración estadounidense para el Control de Drogas.

En noviembre de 2024, otra de las muestras llegó por medio del entonces dirigente del PAN, Marko Cortés, quien pidió en el Senado tipificar la violencia del crimen organizado como narcoterrorismo, lo cual abriría las puertas a Washington para la actuación de sus agencias en este territorio.

Más recientemente, representantes de esa organización –aunque también del Partido Revolucionario Institucional– han viajado a Estados Unidos con el objetivo de desacreditar al gobierno y buscar respaldo foráneo –en ocasiones, coqueteando con una intervención– a favor de la causa opositora.

De momento, Jáuregui fue vinculado a proceso, otro paso en una querella que salpica desde antes a la gobernadora Campos y que parece aterrizar de la peor manera sobre las aspiraciones del PAN en Chihuahua, considerado uno de sus bastiones históricos, rumbo a las elecciones de 2027.