Los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas trabajaron en la Secretaría de Gobernación y formaron parte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) –órgano de espionaje político utilizado por los gobiernos del PRIAN– antes de montar empresas intermediarias que, mediante extorsiones a funcionarios del Instituto Federal Electoral (IFE) y ahora del Instituto Nacional Electoral (INE), obtenían contratos ilícitos para desviar recursos públicos.

Eran los empresarios consentidos proveedores del máximo órgano electoral desde que Lorenzo Córdova Vianello era el titular de ese Instituto. Se trata de un monopolio constituido con seis empresas proveedoras del INE que simulaban competir en licitaciones para ganar contratos sin tener maquinaria ni equipo para la elaboración de material electoral, explicó en la conferencia matutina la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez.

Las compañías que son investigadas por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, fraude, peculado y evasión fiscal, son: Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Corporativo ZEG, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora JVYL, las cuales obtuvieron más de 2 mil millones de pesos en contratos otorgados por 23 de los 32 organismos electorales locales entre los años de 2014 y 2023.

La secretaria Raquel Buenrostro explicó la trayectoria pública y empresarial de los hermanos Hernández Casillas, quienes empezaron a trabajar en 1983 en la Secretaría de Gobernación: primero en el Registro Nacional de Población y, después, José Alfredo Hernández Casillas pasa a ser el secretario particular del director general de Renapo, Juan Carlos Padilla Aguilar.

En 1989, al inicio del gobierno del priista Carlos Salinas de Gortari, los hermanos migran al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, en donde Padilla Aguilar asume la Secretaría General, segundo cargo en importancia del máximo órgano de seguridad nacional del país, y Alfredo Hernández Casillas es nombrado su secretario particular, mientras que su hermano Raymundo se incorpora al área de Investigaciones también del Cisen.

Actualmente, este exfuncionario de Gobernación y exsecretario general del Cisen, Juan Carlos Padilla Aguilar, forma parte del primer cuadro directivo del partido político de derecha Somos, en donde también participan exfuncionarios del INE, como Lorenzo Córdoba y Edmundo Jacobo, entre otros.

Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría Anticorrupción rastreó el origen de las seis empresas involucradas presuntas irregularidades en la obtención de contratos para la elaboración de material electoral, así como la información pública de sus propietarios, lo que permitió descubrir más datos públicos disponibles de cómo operaba desde hace 27 años el IFE y ahora INE.

En las indagatorias de la Secretaría Anticorrupción se documenta que cuando los hermanos Hernández Casillas entraron a operar en el Cisen, el director general de este órgano de seguridad era el priista Jorge Carrillo Olea, tras un decreto emitido por el presidente Carlos Salinas de Gortari y la Secretaría de Gobernación, cuyo titular era Fernando Gutiérrez Barrios, y esa dependencia concentraba todas las atribuciones en materia electoral.

Buenrostro destacó la trayectoria de Padilla Aguilar, a quien identifica como una figura importante para entender los vínculos entre los hermanos Hernández Casillas y las empresas que posteriormente se convirtieron en proveedoras electorales.

Después de su paso por el Cisen, Padilla Aguilar mudó su trabajo al Estado de México, en donde fue secretario de Obras de 1989 a 1993 y ocupó otros cargos. En 2017 regresa al gobierno federal durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong, como delegado regional en Aguascalientes, Colima, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Zacatecas.

En 2022 encabezó en el Estado de México el Frente Cívico Nacional, integrado, entre otros por Guadalupe Acosta Naranjo y Emilio Álvarez Icaza, ambos integrantes del partido Somos, en donde también hay otros exfuncionarios electorales: Marco Antonio Baños, representante suplente ante el INE; Edmundo Jacobo Molina, titular del Centro de Formación y Profesionalización Política, y Lorenzo Córdova, integrante del Consejo Consultivo Ciudadano.

Mientras Padilla Aguilar se trasladó al gobierno mexiquense, los hermanos Hernández Casillas se separan de la administración pública y comienzan a constituir empresas que sirvieran de fachada e intermediarias para la obtención ilícita de contratos en material electoral.

Por ejemplo, en 1999, mediante la empresa Cartonera Plástica -constituida desde 1988- participan como proveedores de material electoral en el Estado de México.

Previo a ello, entró en vigor una reforma política con la que el IFE adquirió total autonomía y dejan de presidirlo el priista Emilio Chuayffet, quien al mismo tiempo se desempeñaba como secretario de Gobernación.

En 2005, un contrato obtenido por los hermanos Hernández Casillas, provoca un escándalo en la entidad mexiquense que, de acuerdo con la secretaria Raquel Buenrostro, el hecho deriva en la renuncia de siete consejeros electorales, aunque las empresas de dichos hermanos continuaron recibiendo contratos. Entre 2012 y 2013, esto empresarios amplian su actividad mediante la constitución de más empresas fachada.

Esa red empresarial incrementa su presencia con más contratos electorales después de la reforma electoral de 2014, impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto. Dicha modificación otorgó al Consejo General del INE la facultad de designar a los consejeros de los 32 organismos electorales locales (Oples).

Como resultado de esas disposiciones, el 1 de octubre de 2014 el Consejo General nombra a Guadalupe Taddei como presidenta del organismo público local electoral de Sonora, con una votación de 10 a favor y uno en contra. Ello, a pesar de que “dos hombres y una mujer obtuvieron calificaciones superiores tanto en su examen como en su ensayo”.

De acuerdo con la presentación informativa que hizo Raquel Buenrostro, entre 2014 y 2023 se asignaron contratos por más de 2 mil millones de pesos a empresas vinculadas a los Hernández Casillas, quienes operaron en 23 de los 32 Oples.

Entre las principales compañías identificadas se encuentran Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Corporativo ZEG, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora JVYL. Esta misma red empresarial continuó obteniendo contratos durante 2024 y 2025, aunque su presencia se redujo a 15 de los 32 organismos electorales locales, con un monto de 646 millones de pesos.

De acuerdo con las cifras presentadas durante la conferencia presidencial, el monto más alto en contratos obtenidos por dos de las empresas de los hermanos Hernández Casillas, corresponde a 2021, con 908 millones de pesos, y 2024, con 582.4 millones de pesos. En otras participaciones donde fueron contratadas sus empresas, entre 2018 y 2016, el monto ascendió a 321.8 millones de pesos y 251.4 millones de pesos.

La secretaria Buenrostro aclaró que la información que hace pública corresponde a cifras que están disponible para todos en la Plataforma Nacional de Transparencia y el Compranet histórico, por lo que dichos contratos y montos podrían aumentar conforme avance la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Explicó que no todos los sujetos obligados publican la totalidad de sus contratos y llamó la atención sobre 2015, año electoral en el que los registros consultados muestran menos contratos.

“Estos números seguramente se van a mover con las investigaciones que está haciendo la Auditoría Superior de la Federación porque, como estamos usando fuentes abiertas, a veces no todos los sujetos obligados suben la información y no todos los contratos están arriba”, señaló. Añadió que los datos presentados constituyen un “piso” y que los montos seguramente se incrementarán.

En su intervención, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó al exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, pues durante su gestión al frente del máximo organismo electoral se otorgaron contratos que alcanzaron los 908 millones de pesos, la cantidad más alta asignada a las empresas de los hermanos Hernández Casillas, cifra que también podría verse incrementada conforme avancen las indagatorias.

El mismo Córdova Vianello reconoció que sí estuvo al tanto de las irregularidades con esos hermanos contratistas corruptos, pero dijo que a él no le tocaba investigarlos ni denunciarlos.

La jefa del Ejecutivo presentó un audio de una entrevista en la que el exconsejero presidente Códova Vianello reconoce la problemática que existía en la asignación de contratos; sin embargo, durante su gestión continuó la contratación de las mismas empresas.

“Hay un escándalo en los años 2000, en donde estaba involucrada una empresa que se llamaba Cartonera y que involucró a algunos funcionarios electorales locales del Estado de México, y si no me equivoco también en el estado de Guerrero. Eso provocó un escándalo, es cuando se empezó a señalar –estamos hablando hace más de 20 años– que en el mercado electoral […] había una especie de monopolio que implicaba algunas pocas empresas que prácticamente se repartían el mercado, eso es un problema que estaba ahí desde antes”, dijo el exconsejero Córdova.

Ante esta situación, la primera mandataria cuestionó: “¿Y por qué no hizo nada?”. Señaló que, aunque Lorenzo Córdova argumente que no era su responsabilidad, como presidente del INE tenía la facultad de revisar la actuación de los consejeros que él mismo nombró y establecer lineamientos si detectaba irregularidades en los organismos electorales locales, “tú tenías la capacidad de hacer la revisión, si sabías que había problemas con los organismos locales, ¿por qué no se definieron lineamientos?”, criticó.

Cuestionó además que las empresas contratistas fueran creadas por una persona que actualmente forma parte del partido político Somos, al que también pertenece Lorenzo Córdova, en referencia a Juan Carlos Padilla Aguilar.

Sheinbaum aseguró que las omisiones de los exconsejeros del INE permitieron que el esquema mediante el que operaban las empresas señaladas continuara reproduciéndose en la institución, “no pueden decir que ellos no tuvieron nada que ver, ellos constituyeron este esta mafia electoral que se reproducen entre ellos”.

Empresas simulaban competencia para obtener contratos electorales

Las empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas se ponían de acuerdo para simular competencia en las licitaciones públicas, como parte de una estrategia para simular el precio más bajo y ganar el contrato, aunque todas tenían los mismos beneficiarios. Después, dispersaban el dinero público entre otras compañías para ocultar quién recibía finalmente los recursos, explicó Raquel Buenrostro.

“Como ellos tienen conocimiento de todas las empresas, simulaban con los precios y se ponían de acuerdo quién iba a ganar con la oferta más baja”, precisó la secretaria.

La revisión de las empresas mediante el Sistema Integral de Gestión Registral permitió identificar que las empresas estaban relacionadas con los Hernández Casillas mediante socios, administradores únicos y representantes legales.

José Alfredo Hernández Casillas heredó en años recientes el control formal de algunas compañías a sus hijos Raymundo Hernández Velázquez y Tatiana Patricia Hernández Velázquez. Entre los nombres identificados figuran Fernando Edgardo Hermosilla Contreras, relacionado familiarmente con Christian Josué, Fernando Fernández Parra y Gerardo Fernández Parra.

De acuerdo con Buenrostro, Raymundo Hernández Casillas participa en cuatro empresas, mientras que Tatiana Patricia Hernández Velázquez, hija de José Alfredo, también aparece en cuatro de ellas.

La funcionaria federal señaló que las investigaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectaron que las compañías operaban como “empresas fachada”. Obtenían contratos con el INE y recibían los recursos públicos para transferirlos a otras empresas físicas y morales que los dispersarlos para dificultar su rastreo del beneficiario final.

En ese esquema, una compañía recibía el dinero y lo distribuía entre otras diez; éstas, a su vez, lo transferían a más sociedades. La multiplicación de operaciones buscaba ocultar la ruta de los recursos y a las personas que finalmente se beneficiaban, lo que es un claro delito de blanqueo de capitales.

Buenrostro indicó que las empresas no declaraban empleados ni acreditaban capacidad técnica para prestar los servicios contratados. Además, varias compartían domicilios y números telefónicos, características que, junto con la falta de personal, apuntan a que operaban como compañías fantasma.

En las rutas del dinero también se identificaron transferencias a personas de hasta 96 años o jóvenes de sólo 18 años. La funcionaria señaló que podrían tratarse de prestanombres o de casos de robo de identidad, aunque estas posibilidades deben ser investigadas.

El comportamiento de las operaciones, explicó, coincide con patrones de empresas utilizadas para el lavado de dinero y la emisión de facturas falsas. Añadió que el SAT ya había inhabilitado en años anteriores a algunas compañías del grupo por su presunta participación en esquemas de facturación simulada, mientras que la UIF mantiene investigaciones sobre sus movimientos financieros.

Sobre las responsabilidades institucionales, indicó que corresponde a la ASF y a la Contraloría Interna del INE investigar las posibles irregularidades en las contrataciones y determinar las sanciones administrativas. Si se acreditan posibles delitos, deberán presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República y deslindar responsabilidades para imponer las sanciones penales correspondientes.