La oposición “tiene tan poca credibilidad y está tan baja en las encuestas que ahora lo que buscan es desacreditar la elección del 2027”, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Agregó que las elecciones están garantizadas y pidió que también se investiguen las irregularidades del extinto Instituto Federal Electoral, que “tiene una mancha terrible” por el fraude electoral de 2006 así como al ahora Instituto Nacional Electoral que tiene otras manchas como la compra de votos en 2012.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, pidió que se revise el actuar histórico del INE-IFE, luego de ser consultada por la prensa sobre un cable de la Embajada de Estados Unidos difundido por WikiLeaks y publicado por La Jornada, relacionado con el proceso electoral de 2006.

Dicho documento señala que 18 días antes de la elección de 2006, el entonces consejero del IFE Arturo Sánchez Gutiérrez tuvo comunicación con diplomáticos de la Embajada estadunidense, ante quienes afirmó  que el organismo electoral podría abstenerse de anunciar el conteo rápido si Andrés Manuel López Obrador perdía por un margen de 3 por ciento o menos, tal y como ocurrió aquel 2 de julio.

La Embajada de Estados Unidos documentó por escrito que el consejero “claramente tiene poco aprecio” por el entonces candidato López Obrador. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó: “que se investigue también el fraude del 2006”.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal cuestionó que actores de oposición y exfuncionarios electorales presenten al antiguo Instituto Federal Electoral (IFE) –actual INE– como instituciones sin antecedentes de irregularidades, cuando “ese instituto tiene por lo menos una mancha terrible, que es el fraude electoral del 2006 y el INE tiene otras, como la compra de votos del 2012 donde nunca dijeron nada”.

Sheinbaum Pardo retomó las declaraciones recientes del expresidente Vicente Fox Quesada, quien reconoció que en 2006 intervino para impedir la llegada de López Obrador a la Presidencia. Consideró que esa entrevista debe analizarse junto con lo que el entonces presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde –que “ahora es el gran vocero de la defensa” del INE– relató en su propio libro sobre el proceso electoral de 2006.

La mandataria federal rechazó que quienes actualmente defienden al INE sean los principales representantes de la lucha por la democracia en México. “Si alguien ha luchado por la democracia, no han sido ellos con todo respeto”.

Asimismo, cuestionó a intelectuales y comentaristas como Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze, a quienes acusó de haber respaldado a distintos gobiernos, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto. “Ellos se fueron acomodando con todos los gobiernos […] ¿Quién luchó por la democracia siempre? El movimiento que hoy representa la transformación”.

La presidenta Sheinbaum Pardo también insistió en que las irregularidades denunciadas en las contrataciones de material electoral no comenzaron con la actual presidencia del INE, encabezada por Guadalupe Taddei, sino que tienen antecedentes desde 1999 y se extendieron a los organismos electorales de las 32 entidades del país a partir de la reforma electoral de Enrique Peña Nieto en 2013.

Explicó que antes de esa modificación los congresos estatales designaban a los consejeros de los organismos públicos locales electorales (OPLE). Sin embargo, la reforma impulsada durante el Pacto por México otorgó al Consejo General del INE la atribución de nombrar a los integrantes de esos órganos en todo el país.

En ese contexto, recordó que Guadalupe Taddei fue designada en 2014 como consejera del organismo electoral de Sonora por el Consejo General del INE, entonces presidido por Lorenzo Córdova Vianello y posteriormente, llegó a la presidencia del instituto mediante un proceso de insaculación en la Cámara de Diputados, luego de que los partidos políticos votaran por las quintetas de aspirantes.

La presidenta también retomó la investigación presentada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sobre un grupo de empresas que concentró contratos para proveer material electoral.

De acuerdo con la información expuesta por el gobierno federal, esas compañías recibieron más de 2 mil millones de pesos en adjudicaciones de organismos electorales desde 2014.

Sheinbaum subrayó que el origen de esa red empresarial se relaciona con un exfuncionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Juan Carlos Padilla Aguilar quien posteriormente ocupó cargos públicos en el Estado de México y aparece como integrante del partido de derecha Somos, al que también pertenece Lorenzo Córdova.

La mandataria sostuvo que el grupo de empresas habría construido un monopolio en la proveeduría electoral y cuestionó que las irregularidades no fueran investigadas durante las administraciones anteriores. Por ello, pidió revisar las contrataciones desde sus antecedentes y no limitar las indagatorias al periodo de Guadalupe Taddei.

“Que se investigue todo”, reiteró y precisó que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisar el uso de los recursos públicos y, en caso de encontrar elementos de posibles delitos, a la Fiscalía General de la República (FGR) intervenir. Añadió que ya existen denuncias presentadas, entre ellas las de consejeros electorales.

Indicó que la investigación sobre los contratos y la garantía de las elecciones de 2027 son asuntos distintos que deben atenderse de manera simultánea. “Están garantizadas las elecciones”, afirmó, al señalar que la responsabilidad recaerá en el actual Consejo General del INE y en la Cámara de Diputados, que deberá elegir a quien encabece el organismo cuando corresponda la renovación de su presidencia.