Investigadores y especialistas en movimientos sociales perciben un creciente ruido social ante el endurecimiento del gobierno; al tiempo, advierten que se fortalece el fantasma del paramilitarismo

En pleno proceso electoral para renovar la Cámara de Diputados, la credencial de elector mantiene su carácter principal de carné de identidad; los índices de pobreza y desigualdad son más altos que en los 30 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), según su informe Crecimiento y desigualdad, y México ocupa el penúltimo lugar en ciencia y tecnología y el tercero en el cobro de altas tarifas telefónicas.

A su vez, el Banco Mundial anticipa que las familias pobres de México sufrirán más el efecto de las crisis financiera y económica mundiales; por añadidura, la represión a los movimientos sociales es resultado de compromisos en seguridad –militares y policiacos– que asumió el gobierno con el exterior. Todo ello “produce una situación de olla exprés”, advierte Ana Esther Ceceña, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Detrás de ese complejo escenario está el colapso de los cuatro pilares fundamentales del Estado mexicano y sus funciones: la seguridad, el gobierno, la justicia y la hacienda pública, explica a su vez el general brigadier en retiro Francisco Gallardo, quien observa focos rojos que darían cauce a movimientos sociales y que eventualmente tendrían el apoyo de grupos armados.

Cita, a manera de ejemplo, que el Observatorio Latinoamericano de Grupos Armados registra la existencia de 46 de estas organizaciones activas en el país, que ofrecen una “estructura de poder en crisis” frente al colapso de los pilares del Estado y de los partidos políticos.

El también doctor en administración pública asegura que, aunque Vicente Fox puso en marcha la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte y desde que Felipe Calderón abrazó el Plan Mérida, no existe un sistema de seguridad ni de defensa nacional, pues esas dos estrategias sólo “han permitido que la fuerza armada mexicana se subordine a los altos mandos del Pentágono”. El Ejército ya no es una institución de defensa nacional y del territorio, sino que asumió una política de seguridad lejana al interés mexicano, como el combate al terrorismo y el narcotráfico.

“En este país lo que hay es una corrupción de las instituciones de seguridad”. La actuación de la policía y de los militares no es apropiada, sentencia el que fuera el general brigadier más joven de su generación. Por esa razón no funciona la acción punitiva de la guerra contra las drogas, cuyo fracaso es notorio. Explica que esto se constató en marzo, cuando Thomas Shannon, subsecretario de Estado para asuntos hemisféricos de Estados Unidos, exhortó al Congreso de su país a renovar el apoyo financiero a México contra el narcotráfico.

La doctora Ceceña coincide al estimar que quienes definen el rumbo del país y las políticas son las agencias estadunidenses. Pregunta: “¿Quién está definiendo el modo del combate al narcotráfico aquí?” Y a modo de respuesta manifiesta que la manera de capacitar o de reordenar el funcionamiento de las policías y el uso del Ejército en la seguridad interna “es algo que está dispuesto fuera del país y que aquí simplemente se acata”.

Precisa que “tenemos un presidente, o un equipo gubernamental, que simplemente obedece las líneas que se le marcan”. Sostiene que la caracterización de que éste es un país de narcotraficantes también obedece a decisiones que se toman en Estados Unidos frente a esta situación. La investigadora advierte que se está llevando a la sociedad a un punto “de potencial estallamiento”.

Desde una visión humanista, la creciente militarización del país, la pobreza, la explotación, las desapariciones forzadas, la tortura sistemática en centros de detención clandestinos y prisiones mexicanas, así como la falta de seguridad social y laboral que se suman a la explotación de mujeres y niños son los eslabones que construyen las condiciones materiales para una rebelión popular, refiere Hassan Dalband, profesor del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Señala que, conforme a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “en este país hay 3 millones 300 mil niños que trabajan; eso no es compatible con la democracia, como tampoco lo es la pobreza”. Para Dalband, mientras persisten la pobreza, el analfabetismo y el subdesarrollo en México, se realizan elecciones sustentadas en concesiones económicas y en las que la clase dominante decide el resultado, de ahí que, si esto persiste, sí sería un factor determinante para detonar una crisis social.

Ruido social y endurecimiento

Una especie de efervescencia espontánea ante el desencanto, ruido social e incluso irascibilidad, advierte en el clima político mexicano el maestro en ciencia política Pedro Isnardo de la Cruz. Estima que ése es el entorno que propiciaron los dos sexenios pasados y considera que ese sentir es el que buscó expresarse con los votos en blanco y anulado, así como con el abstencionismo en los comicios del 5 de julio.

Una vez rebasado el proceso electoral, el científico social vaticina un mayor endurecimiento en las políticas federales, en particular contra los jóvenes, aunque se extenderá contra todo ciudadano e incluso alcanzará a gobernantes como respuesta a lo que anticipa como la pérdida de la mayoría en el Congreso del Partido de Acción Nacional. A corto plazo, el panorama que describe este especialista en seguridad pública y sistema político crece en complejidad: al no conseguir la llamada cláusula de gobernabilidad –que supone la obtención del 42 por ciento de los votos–, se refrendará la imposibilidad del Ejecutivo para tener el control de la mayoría legislativa.

Esto significa que vendrá un acentuado descrédito del sector público, que se combinará con más desempleo y la masiva incapacidad de atraer capitales de inversión en áreas neurálgicas de la economía, por lo que sobrevendrá una parálisis mayor por la ausencia de inversiones.

En este sentido, Ana Esther Ceceña observa “una dinámica violenta en las calles y la desaparición del estado de derecho”, porque la sociedad no ve alternativas ni instancias a las cuales acudir para atender sus problemas y los tendrá que resolver “por su propia mano”, como en el caso de los linchamientos. Por esa razón, la democracia representativa en México es una utopía donde los partidos son aparatos por encima de la sociedad, pues no la representan, y en donde los funcionarios no rinden cuentas de sus ofrecimientos electorales, explica esta académica que se declara abstencionista.

El “fregadazo”

Al complicado contexto político y social se suman los efectos por la crisis económica. El doctor Arturo Bonilla, autor del libro El poder y la economía e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, advierte que vivimos “de prestado”, de tal manera que lo único que se puede hacer es decirle a la gente: “tienen que aguantar el fregadazo”, que el problema no ha acabado y viene con un acentuamiento mayor. Frente al deterioro del nivel de vida, el académico señala que en un futuro se evitará la caída de los salarios.

La crisis estadunidense también repercutirá en la baja de remesas con la que se sostiene la precaria economía popular, anticipa Ceceña, autora de las investigaciones Movimiento mundial de rebeldías y La guerra como razón del mundo que queremos transformar.

El hartazgo

“Somos un país de desempleados, de políticos ineptos, mezquinos y mediocres. En lo que a mí concierne, estoy en el sector que se cansó de esperar algo de los partidos; aunque existen brotes de eficiencia y compromiso, desafortunadamente son la excepción entre un despojo sistemático de nuestro derecho a creer que las cosas pueden cambiar y lo único que puede hacer uno es esperar hasta dónde aguantar; yo ya me cansé”, dice Sergio Aguayo Quezada.

Este promotor del voto nulo considera que cuando las sociedades son sometidas a una “presión tan brutal”, es imposible pronosticar si se desinfla la indignación actual o no. Y llama a hacer un recuento de daños postelectoral para ver “quién quedó y cómo quedó para ver si se traga la indignación tras observar cómo el Partido Verde, con una campaña mentirosa, falaz y vergonzosa se alza con centenares de millones de pesos que van a dilapidar en parrandas o discos de Acapulco los niños verdes”.

En su investigación sobre la transición, Aguayo documentó que los ciudadanos siempre han sido excluidos de la política en México: a las movilizaciones de los ferrocarrileros, de los médicos y de los estudiantes o indígenas en 1994, siguió una reforma electoral que fortaleció a los partidos políticos que se “sirvieron con la cuchara grande”, con enormes presupuestos y una fórmula para calcular las prerrogativas que ahora es motivo de oprobio.

Para el expresidente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos y exintegrante de la Coordinación Nacional de Alianza Cívica, la cantidad de dinero que se invierte en la defensa de los derechos ciudadanos es enorme y no se obtiene a cambio buenos resultados. Por esa razón, impulsará una reforma para lograr que la sociedad civil y sus organizaciones irrumpan y presionen a los partidos políticos y a los gobiernos “para que reconozcan que su primera función es servir a la sociedad y no hacer negocio”.

También la sensación de hartazgo y agotamiento por lo que llama “la conculcación de la política” es la que, en opinión de Ana Esther Ceceña, propicia que la sociedad busque un modo de protestar, de establecer soluciones y de participar en la toma de decisiones. Advierte que en México hay preocupación, la gente se organiza; está empezando a pensar en otras cosas y por ello vemos el resurgimiento de grupos armados en muchas partes del país.

Paramilitarismo

Sergio Sarmiento Silva, especialista en movimientos sociales y pueblos indígenas de la UNAM, señala que en México se percibe una gran desesperanza ante el futuro; existe un clima de inseguridad que no sólo proviene del narcotráfico, sino también de instituciones como el Ejército, cuyos elementos han violado los derechos humanos de las personas en varios lugares. Si ese clima y situación no mejoran y las instituciones no responden, la crispación aumentará y favorecerá el paramilitarismo.

Esta amenaza se concreta en Guerrero, donde se ataca a algunos activistas de derechos humanos. Ahí, las autoridades se han alejado de su compromiso con la sociedad e insisten en perseguir a esos defensores, criminalizando toda protesta social; “lo que es verdaderamente grave, pues se trata de poblaciones mayoritariamente indígenas”. Agrega que, mientras ocurre ese divorcio social, el Estado mexicano no atiende los asuntos de la guerrilla ni las expresiones violentas contra los civiles guerrerenses que provienen de grupos de narcotraficantes y de paramilitares.

“No sólo es preocupante el asunto de los narcotraficantes en esa entidad, pues hay regiones en las que otros grupos actúan por su propia cuenta”, subraya Sarmiento. Agrega que ese poder creciente se fortalece con la fácil adquisición de armas para estas organizaciones en todo el país. Dice que los recursos para pertrecharse provienen de la actividad de la mafia y del narcotráfico que operan en la Sierra de Guerrero o en pueblos en los que la división es fuerte. “Hace falta que se investigue de dónde proceden las armas, cómo fluyen hasta esos lugares y quiénes las transportan” con total impunidad.

Entretanto, el fantasma del paramilitarismo comienza a pavonearse por los poblados mexicanos, recorre las calles de las rancherías vacías de hombres que emigraron por falta de comida y también se monta en vehículos blindados con los que se transporta, impune, por todo el territorio nacional.

Sin líderes

Isnardo de la Cruz no descarta que existan movilizaciones de descontento que deriven en expresiones guerrilleras hacia finales de 2009, durante 2010 o 2011, pues ante la ausencia de un liderazgo que concite la confianza, otras expresiones de la izquierda se pueden unificar. “Es muy claro que, en esa medida, los focos rojos, los centros de vulnerabilidad del sistema institucional en el sistema político mexicano cada vez serán más críticos”.

Por su parte, Francisco Gallardo no cree que actualmente exista un líder en el país con el valor de encabezar un movimiento de esta índole, “porque tienen una visión patrimonialista: cuánto vales, te llego al precio y ahí muere”. El hombre que propuso un ombudsman militar para México y por ello purgó cárcel lanza un reto: falta una visión de Estado para convocar a esa acción y nadie lo hace. “Calderón no puede. ¿Cómo lo convoca? El Congreso no puede ¿Cómo, si los partidos políticos están corrompidos y además en las encuestas los legisladores están por abajo de la policía?” (NE)