⇒ Parte II: Mayor inversión privada en Pemex
Con la apertura de la tercera ronda de licitación de contratos integrales, Pemex espera adjudicar seis contratos para la evaluación, desarrollo y producción de hidrocarburos en Chicontepec. Especialista declara que no se trata de una privatización, debido a que el Estado tiene el control de los procesos productivos al interior de la paraestatal
El 7 de marzo pasado se actualizaron las bases para una licitación que prevé seis contratos integrales en Chicontepec, Veracruz. Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció que se adjudicarán seis contratos a ejecutar hasta por 35 años en Amatitlán, Soledad, Humapa, Miquetla, Miahuapan y Pitepec.
Se trata de la tercera ronda de licitación para contratos integrales desde la reforma energética de 2008.
En Chicontepec las reservas totales que se encuentran en los 3.8 mil kilómetros cuadrados superan los 17 mil millones de barriles de petróleo, lo que representa un 40 por ciento de las reservas totales de México.
De los seis campos maduros en los que se planea que empresas privadas exploren y exploten hidrocarburos la superficie es de 953 kilómetros cuadrados. Su producción acumulada es de 53 millones 448 mil barriles de petróleo crudo equivalente; y sus reservas 3P se calculan en 3 mil 195 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.
El experto en control de la constitucionalidad Miguel Covián Andrade explica que inversión privada en Pemex no significa privatización. “La propuesta que se tiene desde la campaña electoral del presidente Enrique Peña Nieto es abrir la posibilidad de que se invierta en Pemex, que no es lo mismo a entregar el control de Pemex en los aspectos relacionados con todo el proceso en materia de hidrocarburos a la iniciativa privada”.
Agrega que no se ha planteado una venta de acciones para que particulares se conviertan en accionistas de Pemex, y que en la actualidad hay muchas áreas de la empresa en las que intervienen particulares, pero eso no significa que ya se tenga inversión privada.
“De lo que se trata es de permitir la participación del sector privado en ciertos aspectos para modernizarla, financiarla eficazmente y hacerla más productiva”.
El experto comenta que Pemex ha usado compañías privadas que aportan servicios de carácter técnico, esto es equivalente al pago de honorarios por servicios, como los que se hacen a los consultores que siempre ha tenido la petrolera. El hecho de que una empresa privada participe en la perforación o exploración no significa que el Estado haya perdido la capacidad de decisión en esa materia, no se violenta la Constitución.
En los seis contratos de la tercera ronda se especifica que el contratista tiene derecho a la remuneración sujeta a la entrega de producción a Pemex. Además, los pagos serán en efectivo, no en especie, y la remuneración reconoce los costos del contratista y la utilidad.
También señala que los hidrocarburos son propiedad de Pemex y las reservas, de la nación. Petróleos Mexicanos prevé que el contratista recuperará su inversión en un periodo no mayor a 10 años.
El abogado Juan de Dios Hernández Monge indica que la venta de los campos maduros de Chicontepec es absurda. “Se venden muy baratos y el capital extranjero los compra, ¿podríamos pensar acaso que el capital extranjero está invirtiendo miles de millones de dólares para perderlos? Por el contrario, saben que su inversión millonaria será redituable en cinco o 10 veces más con respecto a su inversión”.
La diputada perredista María del Socorro Ceseñas considera necesario debatir la pertinencia de los contratos y si éstos benefician al país; además, subraya que debe haber un control estricto en la administración de la paraestatal.
“Es necesario cortar de tajo la corrupción que ha existido en Petróleos Mexicanos, ya que han sido señalados algunos casos de malos manejos que han realizado el Consejo de Administración de Pemex y también el Sindicato [de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana]. A pesar de los altos rendimientos monetarios de la paraestatal, no ha habido un crecimiento de la economía mexicana debido al alto grado de corrupción en materia de administración”.
Infografía
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Fuente: Contralínea 326 / marzo 2013
