Contralínea, Proceso, el Diario de Yucatán, el Diario AM y Radio Bemba fueron los medios de comunicación a los que el gobierno federal, durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, así como gobiernos estatales y locales, vetaron de las pautas publicitarias, evidencia el informe El costo de la legitimidad: El uso de la publicidad oficial en las entidades federativas.

 

El documento –elaborado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación; y Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica– indica: “La ausencia de criterios claros para la asignación de la publicidad oficial permite un uso arbitrario y discrecional de la repartición de ésta. Esta práctica está reconocida como violatoria a la libertad de expresión. En la medida en que las presiones ocultas o indirectas ejercidas por funcionarios del gobierno tienen el propósito o efecto de interferir con la libertad e independencia de los medios, violan las normas internacionales de los derechos humanos”.

 

El apartado “Abusos” registra que el Diario AM, pese a ser el periódico con mayor circulación en Guanajuato –13 mil ejemplares diarios aproximadamente–, no recibe publicidad oficial del gobierno estatal. A partir de junio de 2007, “un conflicto entre el director del periódico y el [entonces] gobernador [Juan Manuel Oliva Martínez] desembocó en el retiro completo de la publicidad que el estado contrataba” al periódico.

 

La revista Contralínea “sufrió un retiro de publicidad oficial por parte de Petróleos Mexicanos [Pemex] después de una serie de investigación sobre contratos millonarios de la paraestatal”, muestra el análisis difundido el 10 de abril pasado. Por esta causa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoció la ausencia de criterios claros para la asignación de la publicidad oficial.

 

“La CNDH acreditó que, en su proceder, Pemex cumplió con lo dispuesto en los ‘Lineamientos generales para la orientación, autorización, coordinación, supervisión y evaluación de las estrategias, los programas y las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la administración pública federal para el ejercicio fiscal 2008’ y en la ‘Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del Sector Público’ [sic], sin embargo, estas disposiciones no definen procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios para la contratación de la publicidad oficial que puedan garantizar la igualdad de oportunidades entre los diversos medios que buscan contratarla. Lo anterior, deja abierta la posibilidad de incurrir en prácticas discrecionales que afectan no sólo al pluralismo informativo y al debate público, elementos ambos esenciales de una sociedad democrática, sino que también vulneran el derecho a la igualdad.

 

“Con fundamento en lo anterior, la CNDH acreditó violaciones a los derechos a la legalidad, a la igualdad, seguridad jurídica y a la libertad de expresión, en agravio de las y los periodistas de la revista Contralínea”, apunta el resultado del análisis de Fundar y Artículo 19.

 

Luego, con la mayor difusión en la Península de Yucatán, el Diario de Yucatán también fue excluido de las pautas publicitarias. Las organizaciones indican que en 2010 fue excluido “a causa de su posición crítica a la administración de la [entonces] gobernadora Ivonne Ortega”.

 

Asimismo se integra el caso de Radio Bemba, que pese a que se encuentra entre los primeros lugares de audiencia en Hermosillo, Sonora, la radio comunitaria fue suspendida del reparto de publicidad oficial que contrataba el gobierno local, a partir de 2009, relata el informe.

 

Otro medio que padeció el veto publicitario una vez iniciado el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa es el semanario Proceso, que sufrió una “disminución drástica de la publicidad oficial del gobierno federal destinada a sus páginas”. Por este motivo, la revista fundada por Julio Scherer García, presentó una queja ante la CNDH.

 

Bajo el expediente CNDH/5/2009/1845/Q, Proceso argumentó que el gobierno federal “viola los derechos fundamentales de la revista –entre ellos el de la libertad de expresión– al distribuir de manera inequitativa, arbitraria y sin transparencia la publicidad que sus organismos y dependencias pagan, con recursos del erario, en medios de comunicación nacionales y locales”.