Ante la falta de procuración de justicia en el Distrito Federal, extrabajadores de Ruta 100 en compañía de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentarán su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego de esperar por más de 1 década a que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal resolviera, sin resultado alguno, la indagatoria por fraude genérico y asociación delictuosa, “se llega al límite de lo que se puede hacer en el ámbito nacional”, refiere el ombudsman capitalino Luis González Placencia

Tras dar por incumplida la recomendación 03/2011 dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), entonces a cargo del actual jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) dará acompañamiento a los extrabajadores de la extinta Ruta 100 para llevar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“A solicitud de las personas peticionarias de esta recomendación, la CDHDF, que con este acto llega al límite de lo que en el ámbito nacional se puede hacer, ha aceptado acompañarles en su intención de impulsar el caso ante instancias internacionales, ello con la finalidad de que se garantice el acceso a la justicia de las personas agraviadas”, dijo en conferencia de prensa Luis González Placencia, presidente de la CDHDF.

Durante 12 años la PGJDF ha tenido a su cargo la investigación FDF /C/520/01-07, radicada desde 2001 en la Unidad de Investigación C1 de la Fiscalía Central de Investigación para Delitos Financieros, por los delitos de fraude genérico y asociación delictuosa en contra de 43 inculpados: la antigua dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100 (Sutaur 100) y su grupo de asesores, por la presunta mala administración que se realizó en el Fideicomiso F/100-7 creado con recursos provenientes de la liquidación de los trabajadores para la creación de siete empresas de transporte de las cuales serían socios y con las cuales se generarían nuevas fuentes de empleo.

A la fecha, “la procuraduría capitalina no ha logrado consignar con éxito el caso ante el órgano jurisdiccional, debido a que no investigaron diligentemente y a que no atendieron de manera puntual las observaciones formuladas en dos ocasiones por la jueza que conoció de las consignaciones realizadas por el Ministerio Público”, señaló González Placencia.

El presidente de la Comisión dijo que a pesar de que en octubre de 2011 el Ministerio Público consignó el caso por tercera ocasión, la jueza 47 de lo penal nuevamente estimó que no se reunieron los requisitos indispensables para librar las órdenes de aprehensión solicitadas, resolución posteriormente confirmada por la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Agregó que la procuraduría capitalina continúa con la investigación de la indagatoria y no ha dado una resolución definitiva respecto de la responsabilidad en que pudieron haber incurrido los servidores públicos que han tenido a su cargo la investigación.

“No existe un mecanismo efectivo para evitar la repetición de los hechos […]. Al no dar cabal cumplimiento a los instrumentos recomendatorios, la PGJDF ha restringido el acceso a la justicia de las y los peticionarios perpetuando la violación a los derechos humanos de casi 7 mil personas y sus familias.”

Los 6 mil 977 afanadores, operadores, obreros y demás personal de la extinta Ruta 100 que aportaron dinero de su liquidación para conformar siete empresas, de las que supuestamente serían socios y dueños, hoy venden chicles y dulces para mantener a sus familias y muchas de las veces, sus enfermedades; otros han muerto resignados o en espera de justicia.

En su intento, han sido criminalizados por las autoridades capitalinas, tal como sucedió el 7 de mayo de 2012 cuando 70 extrabajadores realizaban una protesta pacífica frente al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal donde la Novena Sala de lo Penal resolvía si se procedía penalmente contra 43 inculpados. En el acto, 36 extrabajadores fueron detenidos.

Transcurridas algunas horas, 10 fueron liberados porque sobrepasaban los 60 años de edad. Cuatro días después, un juez declaró la formal prisión a 26 manifestantes. Los hechos son investigados por la Primera Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Los consignados salieron en libertad al empeñar todo lo que poseían: al carecer de empleo y vivienda propia, pidieron prestado para pagar los 40 mil pesos de fianza, vendieron pertenencias y dejaron en garantía los pocos bienes que poseen.

 

Los saldos de la lucha judicial

La lucha judicial de 12 años continúa sin ser resuelta. No obstante el retraso, dicha investigación a cargo del agente del Ministerio Público Guadalupe Carmona, dio cuenta de que en 2009 la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal (Setravi) autorizó la cesión de derechos de las empresas (que se conformaron con el dinero de la liquidación de los trabajadores) a favor de las sociedades cooperativas de responsabilidad limitada de capital variable: Autobuses Unidos Siglo Nuevo; Autotransportes Metropolitanos Nuevo Milenio; y Servicio Metropolitano de Transporte 17 de Marzo.

Las empresas cuentan entre sus socios al menos con seis de los 43 inculpados por la Fiscalía para Delitos Financieros de la Procuraduría General de Justicia de fraude genérico y asociación delictuosa: Gabino Camacho Barrera, Pedro Chávez Hernández, Rubén Guzmán Hernández, José Fernando García Guzmán, Eulalio Durán Morán y Horacio Morales de la Torre.

Aunque la Fiscalía avanzaba en las indagatorias, Carmona fue cesado de su cargo luego de que en ejercicio de sus atribuciones enviara a Martín Mejía Zayas, director general de Transporte de la Setravi, el oficio 404/100/114/2012-5.

El documento –que consta de cuatro fojas y del que Contralínea posee copia– solicita a la Setravi copias certificadas de los títulos de concesión de las empresas cedentes y cedatarias, actas constitutivas, información sobre el capital y socios de las empresas, además de aclaraciones y explicaciones que validen la cesión de derechos. Pues, de acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, la Setravi está obligada a recabar esa información antes de concretar el trámite.

El calvario

Tras la declaratoria de quiebra de la paraestatal Ruta 100, el 8 de abril de 1995, 6 mil 977 trabajadores fueron conminados a ceder en las movilizaciones, aceptar su liquidación y aportar del 30 al ciento por ciento del dinero que les sería entregado como indemnización, cuyo fin era el de conformar las siete empresas de las que se les dijo, serían dueños.

 

Se trata de las sociedades anónimas de capital variable Servicios Analíticos Empresariales (después Corporativo de Transporte); Grupo Metropolitano de Transporte; Autotransportes Urbanos de Siglo Nuevo; Servicios Metropolitanos de Transporte 17 de Marzo; Transportes Urbanos Nuevo Milenio; Sistema de Transporte en Taxis y Talleres Industriales en Diésel.

Los trabajadores reunieron 147 millones 564 mil 71 pesos, que fueron depositados en el Fideicomiso de Administración e Inversión F/100-7, para constituir las empresas y explotar el servicio de transporte público de pasajeros.

Poco tiempo pasó para que se dieran cuenta de que habían sido defraudados, pues no recibieron las utilidades correspondientes e iniciaron acciones penales, que hasta la fecha no han prosperado.

Los exintegrantes de Sutaur 100 han exigido justicia a las autoridades por 12 años. Contrario a esta solicitud y a la restitución del daño, han visto vulnerados sus derechos y criminalizadas sus movilizaciones. Agotadas las instancias, continuarán, ahora en instancias internacionales, con la demanda del reembolso de más de 150 millones de pesos, la devolución de las siete empresas que se crearon con dinero de su liquidación, y una investigación exhaustiva que aclare por qué la Setravi, a cargo de Armando Quintero, autorizó la cesión de derechos de las concesiones de transporte público que ganaron en 1995.

Los 43 inculpados

De acuerdo con la factura de consignación de la Fiscalía Central de Investigación para Delitos Financieros de la PGJDF que se deriva de la averiguación previa  FDF/C/520/01-07 y las acumuladas FDF/C/182/02-03 y FDF/T/135/03-02, enviada por el agente del Ministerio Público Fernando Santillán Ostria al director de Consignaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, los 43 probables responsables supuestamente se habrían organizado para defraudar a 6 mil 977 trabajadores.

El documento oficial, fechado el 4 de octubre de 2011, “reitera el ejercicio de la acción penal sin detenido” y remite las actuaciones al Juzgado 47, a cargo de María del Carmen Patricia Mora Brito. No obstante las evidencias presentadas sobre la millonaria estafa, 48 días después, el 22 de noviembre, la jueza determinó negar las órdenes de aprehensión.

Entre los nombres que se asientan en el documento está el de Gabino Camacho Barrera, Ricardo Barco, Leonel Villafuerte Zavala y Jorge Mendoza Larraguível, antiguos dirigentes y asesores del extinto Sutaur 100 (Sindicato Único de Trabajadores de Ruta 100). También, el de Carlos Septién Michel, quien en 1996 fuera nombrado por Ixe Banco delegado fiduciario del fideicomiso y exdirector de Banco Azteca y Grupo Elektra.

Sin embargo, el Ministerio Público adscrito al Juzgado, Francisco Javier Roa, apeló la decisión. Posteriormente –con toca U/1610/11– el recurso de apelación recayó en la Novena Sala de lo Penal, a cargo de la magistrada Concepción Ornelas Clemente. Los agraviados buscaban que la Sala entrara al estudio, revirtiera la resolución de la jueza y girara las órdenes de aprehensión (Contralínea 270).

Una de las razones de la jueza para no entrar al estudio del caso y negar las órdenes de aprehensión fue que algunas fojas del expediente se encontraban “ilegibles”. A la fecha, la antigua dirigencia del Sutaur 100 y su grupo de asesores se mantienen impunes.

 

Mancera, reprobado por la CDHDF

Con una de las administraciones más señaladas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el doctor en derecho Miguel Ángel Mancera fue elegido para contender el 1 de julio por la jefatura de gobierno gracias a la “popularidad” de la que gozaba como titular de la Procuraduría General de Justicia capitalina.

Mancera Espinosa llegó a la Procuraduría en 2008 y durante su gestión, que duró hasta 2011, la CDHDF recibió 7 mil quejas y emitió 28 recomendaciones en contra de la dependencia.

Entre las recomendaciones figura la 4/2009 por el caso Casitas del Sur. Casa hogar operada por un grupo sectario de tintes religiosos (la Iglesia Cristiana Restaurada), que traficaba con los menores que la Procuraduría General de Justicia le encargaba. Hasta ahora no han concluido las investigaciones sobre los servidores públicos de dicha dependencia implicados en el asunto y 10 niños continúan en calidad de desaparecidos.

Otro caso es la recomendación emitida por el operativo de julio de 2009, en el que un grupo elite de la Procuraduría pretendía liberar a la empresaria secuestrada Yolanda Ceballos Coppel de una casa de seguridad ubicada al Sur de la ciudad. El operativo falló y murieron dos comandantes que fueron heridos por policías que participaban en la maniobra y que dispararon sin un objetivo fijo; la señora Coppel fue asesinada por uno de los secuestradores, que después se suicidó.

Y destaca también la 3/2012, emitida por la exhibición en medios de comunicación de presuntos delincuentes a los que finalmente no se les acreditó la comisión de algún delito. La recomendación involucra la detención sin orden judicial de Mariel Solís, egresada de la carrera de ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México, acusada de ser supuesta cómplice en el asesinato de un catedrático. Días después, la joven fue liberada por falta de pruebas y ante la presión que ejercieron familiares y medios de comunicación.

 

  

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 Fuente: Contralínea 349  / 25 de agosto de 2013