Gobierno mexicano podría ignorar críticas a sus estrategias fallidas: Amnistía Internacional

El Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por su sigla en inglés), en sus observaciones finales sobre México, determinó que las desapariciones se han generalizado en el país, e instó al gobierno a tomar medidas para prevenir las desapariciones y resolver los casos pendientes. El CED también emitió recomendaciones específicas al gobierno. Sorprendentemente, pocas horas después de que el CED publicó sus conclusiones y recomendaciones, el gobierno mexicano contestó a las conclusiones al decir que “no aportan elementos adicionales” para abordar el problema.

“El gobierno mexicano no parece dispuesto a reconocer la gravedad de la crisis, y su posición con relación a estas recomendaciones puede indicar que va a ignorar cualquier crítica a sus estrategias fallidas en materia de seguridad pública. Esta decisión es extremadamente alarmante en el frágil contexto de derechos humanos que enfrenta el país”, ha manifestado Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional está profundamente preocupada de que la declaración del gobierno implique un rechazo de las recomendaciones del CED. Con más de 23 mil casos no resueltos de desapariciones, muchos de ellos, casos de desapariciones forzadas cometidas por la policía y las fuerzas militares, las autoridades deberían aceptar asistencia especializada y constructiva proporcionada por los expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Las conclusiones finales del CED se incluyen en un documento resultado de una revisión a fondo del país durante su 8 periodo de sesiones. En su análisis de la situación, el Comité tuvo en cuenta toda la información relevante presentada por el propio gobierno y por otras partes interesadas, como las víctimas y organizaciones no gubernamentales que trabajan en este tema. La evaluación del Comité saluda avances, pero también incluye preocupaciones respecto a las medidas (o falta de ellas) hasta ahora ejecutadas por el gobierno.

El Comité recomienda prevenir los actos de intimidación y hostigamiento hacia los familiares de las personas desaparecidas así como hacia los defensores de derechos humanos que les asisten; la aprobación de una ley general sobre desaparición forzada que cumpla con los estándares internacionales en la materia; bases de datos de ADN de personas desaparecidas y un registro de las desapariciones en el que puedan ser identificados específicamente los casos que constituyen desaparición forzada; un registro confiable de los detenidos y garantías en la búsqueda inmediata de personas desaparecidas reportadas. Actualmente, todos estos aspectos enfrentan serias fallas que dificultan la investigación y perpetúan la impunidad casi total de estos crímenes.

Amnistía Internacional insta al gobierno mexicano a aceptar pública y oficialmente todas las recomendaciones formuladas por el CED, además de adoptar todas las medidas necesarias para aplicar estas recomendaciones plenamente. La fase de ejecución sólo puede tener éxito con la plena participación de las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan junto con ellos.

Amnistía Internacional saluda la petición del CED de visitar México para evaluar la situación. La organización insta a las autoridades mexicanas a resolver con prontitud a la solicitud para dar a los miembros del Comité todas las garantías necesarias para realizar con éxito su tarea.

Amnistía Internacional-México

 

 

 

 

Red TDT señala campaña difamatoria en Chihuahua contra defensores

Licenciado César Horacio Duarte Jáquez, gobernador de Chihuahua

Desde su fundación en 1988, la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, AC, junto con diversas organizaciones de la sociedad civil, hemos venido trabajando en conjunto de las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara a favor del respeto y defensa de sus derechos. Con ocasión de la construcción de un aeropuerto en la comunidad de Creel y la introducción de un gasoducto que atraviesa el territorio de algunas comunidades rarámuri, hemos sido nombrados asesores en ayuda para la defensa de sus derechos.

Como consecuencia del trabajo comprometido de diversas organizaciones de la sociedad civil en favor de las comunidades indígenas, en algunos medios de comunicación de Chihuahua han aparecido notas difamatorias en contra de esas organizaciones, y las autoridades gubernamentales, obligadas a proteger los derechos de las comunidades indígenas como lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 1 y los tratados internacionales, han guardado silencio a pesar de que conocen cuál ha sido la participación de esas organizaciones, siempre dentro de la ley y los derechos de los pueblos afectados.

El 11 de noviembre de 2014 El Heraldo de Chihuahua difundió en la carátula del periódico y en las páginas 6A y 7A afirmaciones de diversos actores de la sociedad civil en donde se emiten afirmaciones inexactas e incluso acusaciones difamatorias en contra de nuestras organizaciones; además de dos artículos con declaraciones de Javier Ávila y de la organización Consultoría Técnica Comunitaria. El 27 de enero de este año, en El Mexicano, periódico de la Organización Editorial Mexicana, apareció otra nota en los mismos términos difamatorios en contra de Comisión, organización miembro de esta Red Nacional de Organismos de la Sociedad Civil Todos los derechos para Todas y Todos, AC, y de su presidente Javier Ávila Aguirre, al igual que en contra de otras organizaciones. En la nota aludida se informa que sería puesta una demanda penal en contra de las mencionadas organizaciones y algunas otras personas.

Los señalamientos difamatorios y la denuncia penal que se menciona en la nota del periódico ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas difamadas y la seguridad de los miembros de las organizaciones señaladas; al mismo tiempo que la denuncia criminaliza y abre la puerta para que se siga manipulando con falsedades la realidad y ensucia el trabajo y la lucha honesta que se ha llevado durante muchos años por parte de estas organizaciones y sus miembros.

En razón de que el Estado mexicano se ha comprometido a cumplir con las medidas cautelares dictadas a favor de Javier Ávila Aguirre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se le informará de estos hechos a esa Comisión ya que ponen en riesgo la integridad de Ávila.

Señor gobernador, tenemos conocimiento que usted ha sido informado a detalle de todo el proceso que se ha llevado adelante en el tema de la consulta a los pueblos indígenas y la doble problemática del aeropuerto de Creel y la instalación del gasoducto, asuntos que han propiciado dichas agresiones. También contamos con la información de que usted aclararía ante los medios de comunicación las inexactitudes y la falsedad de las afirmaciones en las notas periodísticas, lo que a la fecha no ha sucedido.

Por todo lo anterior y de acuerdo con sus responsabilidades le solicitamos:

-Aclare y puntualice en los medios de comunicación la verdad de los hechos y la verdadera participación tanto de las organizaciones de la sociedad civil como de Javier Ávila, de acuerdo con lo que usted mismo le ofreció a Javier Ávila.

-En el caso que haya sido presentada la denuncia penal, ésta sea retirada de forma inmediata.

Con copia para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y para las Brigadas Internacionales de Paz

Atentamente:

Maestro Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (conformada por 73 organizaciones en 21 estados de la República Mexicana)

 

 

 

Condenan el asesinato de la activista Norma Angélica Bruno

Ciudadano Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos

17 febrero de 2015

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) condena el artero asesinato de la activista Norma Angélica Bruno. La RNDDHM ha sido informada de la ejecución de la joven activista quien fue asesinada el pasado 13 de febrero de 2015 en Iguala, Guerrero.

Es de nuestro conocimiento que Norma Angélica era integrante del Comité Ciudadano Familiares de los Otros Desaparecidos, el cual se conformó por la ciudadanía de Iguala tras el hallazgo de fosas clandestinas y cadáveres en la región Norte de Guerrero.

La búsqueda en fosas por parte de la ciudadanía se dio en el marco de las investigaciones de los hechos ocurridos en esa ciudad el 26 y 27 de septiembre pasado, que dejó como resultado la ejecución extrajudicial de seis personas, entre ellas tres estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, y la desaparición forzada de 43 normalistas. La desaparición forzada de los estudiantes ha sido un detonante para la denuncia de la grave crisis de desaparición en México, la cual no ha sido adecuadamente reconocida y asumida por su gobierno, y que asciende a más de 23 mil personas desaparecidas forzadamente en el país.

De acuerdo con la información recibida, Norma Angélica Bruno se integró al Comité para realizar la búsqueda de su prima Ivett Melisa Flores Román, de 24 años de edad, desaparecida el 2 de marzo de 2013.

Norma Angélica Bruno fue asesinada a plena luz del día en el centro de Iguala, frente a sus hijas, y posteriormente despojada de su teléfono celular.

Es importante mencionar que el pasado 10 de enero de 2015, integrantes del Comité hicieron público que habían sido amenazados/as por el crimen organizado para dejar de buscar fosas, a pesar de ello y del contexto que prevalece en Guerrero, la Procuraduría General de la República (PGR) decidió dejar de acompañar a las y los familiares de personas desaparecidas, quienes ante la falta de resultados eficaces de las autoridades han tenido que asumir la búsqueda de al menos 380 víctimas de desaparición en Iguala.

Lamentamos que a pesar de que el gobierno federal asumió el control de la seguridad y envió a la Gendarmería de la Policía Federal (PF) al estado de Guerrero, esto no ha garantizado mayor seguridad para las y los guerrerenses y continuamos registrando crímenes que afectan de manera directa a las mujeres; así como a las niñas y niños.

Ante ello, las 172 defensoras de derechos humanos que integramos la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México manifestamos nuestra preocupación e indignación por la violencia prevaleciente en el estado de Guerrero y que se tomen las medidas necesarias para que cesen los asesinatos de activistas y defensoras de derechos humanos en México, pues desde 2010 a la fecha la RNDDHM ha documentado 32 asesinatos de mujeres defensoras en México y la mayoría de ellos prevalecen en la impunidad.

Asimismo, como Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México exigimos al gobierno federal:

-El esclarecimiento de los hechos que derivaron en el asesinato de Norma Angélica Bruno y que sean atendidas todas las líneas de investigación, entre ellas su labor en la búsqueda de las personas desaparecidas, a fin de que el asesinato de la activista no quede impune.

-Garantías de seguridad y la debida reparación del daño para la familia de Norma Angélica Bruno, poniendo especial atención a las necesidades específicas de sus tres hijas.

-Garantías de seguridad para las y los integrantes del Comité Ciudadano Familiares de los Otros Desaparecidos.

-Garantías de seguridad para los normalistas de Ayotzinapa, padres y madres de los estudiantes desaparecidos; para las y los defensores que derechos humanos que acompañan el caso; así como para las y los periodistas que documentan la situación que priva en el estado de Guerrero.

-Acciones inmediatas y eficaces para que las familias de personas desaparecidas puedan tener certeza del paradero de sus familiares.

Como defensoras de derechos humanos hacemos un llamado al actuar de las autoridades poniendo como centro el interés y la seguridad de las y los ciudadanos, y estaremos atentas de las acciones que se realicen para que la familia de Norma Angélica Bruno acceda a la justicia.

Atentamente:

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, conformada por 172 defensoras de derechos humanos de 97 diversas organizaciones, ubicadas en 21 estados de la República Mexicana y el Distrito Federal

 

 

 

Liberan a Jorge Luis Zavala Solórzano tras más de 2 años en prisión

Jorge Luis Zavala –hijo de Martha Solórzano, reconocida defensora de derechos humanos de San Luis Río Colorado, Sonora– recupera su libertad tras 2 años y 4 meses de injusto encarcelamiento.

-Jorge Luis y Martha son uno de los casos que acompaña Propuesta Cívica, organización dedicada a la protección legal de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

El pasado 14 de febrero de 2015 fue liberado Jorge Luis Zavala Solórzano, hijo de la defensora de derechos humanos Martha Solórzano; quien tras ser condenado a 11 años 2 meses de prisión por homicidio en grado de tentativa, privación ilegal de la libertad y portación de arma de fuego sin licencia fue absuelto de todo cargo y puesto en libertad gracias a las acciones legales promovidas por el equipo de Propuesta Cívica y el acompañamiento de otras organizaciones de la sociedad civil.

Martha Solórzano es coordinadora de la Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad en la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, y es fundadora de Todos Unidos contra la Delincuencia Organizada, una pequeña organización que se encarga de denunciar, tanto pública como formalmente, abusos, enriquecimiento ilícito, robos, lesiones y torturas por parte de la policía municipal de esa ciudad.

El 9 de octubre de 2012, Jorge Luis fue acusado injustamente y torturado por policías que pertenecen a la Jefatura de Policía y Tránsito Municipal de San Luis Río Colorado, en Sonora, como represalia al activismo de su madre. Los policías municipales manifestaron falsamente que mediante un reporte ciudadano les fue informado que un hombre se encontraba armado y amenazando con dicha arma de fuego a diversas personas, por lo que acudieron al domicilio reportado, deteniendo a Jorge Luis Zavala, ya que supuestamente éste portaba un arma de fuego apuntando a dos personas y al momento de percatarse de la presencia de los policías, Jorge Luis apuntó con el arma a uno de ellos, accionando el gatillo sin que se disparara el arma de fuego.

El 10 de octubre de 2014, Jorge fue absuelto por el juez cuarto de Distrito en Baja California por el delito federal de portación de arma de fuego sin licencia, y posteriormente el Séptimo Tribunal Unitario confirmó la sentencia absolutoria el 12 de diciembre de 2014, ambos órganos judiciales no encontraron pruebas suficientes para concluir que Jorge Luis portaba consigo un arma.

Sin embargo, 1 año antes, la juez de Primera Instancia había determinado que Jorge Luis era responsable de los delitos de homicidio en grado de tentativa y privación ilegal de la libertad, condenándolo a 11 años y 2 meses de prisión. La defensa que representaba a Jorge Luis en ese momento interpuso el recurso de apelación el 15 de octubre de 2013, sin embargo, pasó más de 1 año sin que ésta se resolviera. Propuesta Cívica decidió formalmente tomar la defensa penal de Jorge Luis en noviembre de 2014, e interpuso juicio de amparo en contra del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Sonora por la dilación procesal injustificada. Cabe mencionar que, tanto Martha como su hijo, cuentan con medidas de protección por parte del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.

Como resultado del amparo interpuesto, y del apoyo de otras organizaciones como Amnistía Internacional y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre otras, Jorge Luis recuperó su libertad. Propuesta Cívica reafirma su compromiso de proteger el derecho a defender y promover los derechos humanos y hace público el caso legal de Jorge Luis, porque la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos en México es una práctica recurrente con profundas consecuencias para toda la sociedad.

Propuesta Cívica

 

 

 

Manifiestan preocupación por postura de Segob ante señalamientos de la ONU

A Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación:

Las organizaciones firmantes nos dirigimos a usted para manifestarle nuestra preocupación con relación al comunicado del 13 de febrero del corriente emitido por la Secretaría a su cargo, con relación a las observaciones finales del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por su sigla en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas emitidas luego de su primera evaluación de la situación en México.

Como es de su conocimiento, el pasado 13 de febrero, el CED, en un ejercicio objetivo, profundo, transparente y que tuvo en cuenta las observaciones de diversas partes (Estado, organismos públicos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil), emitió las observaciones finales en las que hace un recuento de los pendientes por ser cumplidos en materia de desapariciones: investigación, búsqueda, reparación, registros y legislación adecuados, protección de quienes denuncian las desapariciones, etcétera.

Ante tal situación, la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría a su cargo emitió, el mismo 13 de febrero, el boletín 133 cuyo tercer y último párrafo señala lo siguiente:

Las recomendaciones emitidas por el Comité no reflejan adecuadamente la información presentada por México ni aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos mencionados. Tal como lo acreditó ante el Comité, México tiene el firme compromiso de redoblar los esfuerzos dirigidos a transformar la forma en que se conciben, reconocen y aplican los principios que deben regular la prevención, investigación y búsqueda de personas desaparecidas, a fin de asegurar el cumplimiento de los fines que persigue la Convención”.

Las organizaciones que suscribimos esta carta queremos expresar nuestra más profunda preocupación y rechazo por las declaraciones emitidas. Quienes acompañamos a familiares de personas desaparecidas sabemos que las recomendaciones emitidas por el Comité están apegadas a la realidad: hasta el momento, no tenemos una base de datos consolidada y fiable sobre personas desaparecidas; la impunidad es la regla en las investigaciones; la búsqueda rápida y efectiva de las personas desaparecidas (nacionales y trasnacionales) es excepcional y, generalmente, se hace de manera tardía; no se otorgan reparaciones adecuadas; aún no tenemos una ley contra la desaparición forzada, etcétera.

Más aún, las manifestaciones de la Secretaría de Gobernación no sólo no toman en cuenta la realidad, sino que viene en un contexto de incumplimientos en el proceso ante el Comité. Como es sabido, el Estado mexicano presentó de manera tardía e incompleta tanto su informe inicial como las respuestas a la lista de cuestiones emitida por el CED. La tardanza en la presentación del informe y la ausencia de respuesta a los requerimientos del Comité fueron registradas en el último informe de actividades de este órgano. De igual forma, el Comité ha solicitado hacer una visita a México, solicitud a la que el Estado ha negado respuesta.

El pronunciamiento mencionado nos parece irrespetuoso para las víctimas de desapariciones y sus familiares y no reconoce la gravedad ni dimensión de la situación de las desapariciones en México que, desde nuestra experiencia y de los números oficiales (aún incompletos), es una situación generalizada. También es un desacato a una instancia internacional a la que México se ha sometido y es un aviso sobre las dificultades que tendrá el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité.

Finalmente, consideramos que el pronunciamiento emitido desde el más alto nivel y por la Secretaría que tiene el mandato de coordinar a otras instituciones es un claro mensaje para diversas autoridades, que se pronunciarán o actuarán en el mismo sentido, dificultando los procesos de búsqueda, justicia, verdad y reparación de las víctimas. También se dificultará la adopción de medidas y políticas estructurales.

Por lo anterior, pedimos:

-Que usted se pronuncie públicamente sobre la importancia de las recomendaciones del Comité y exprese claramente su voluntad para cumplir con las mismas.

-Que convoque, a la brevedad, a las organizaciones de la sociedad civil y a otros actores involucrados, para avanzar el proceso de cumplimiento de las recomendaciones.

-Que se asegure que las políticas (interna –en lo que le corresponde– y externa) tengan su centralidad en el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones en esa materia.

-Que se garantice la seguridad de las personas que denuncian casos de desapariciones y haya justicia en los casos de asesinato y desaparición de familiares.

-Que en cualquier proceso relacionado con el cumplimiento de las recomendaciones del Comité (como la adopción de un marco legal adecuado, especialmente a partir de una ley general sobre desaparición forzada, y el avance en la justicia) se garantice la participación efectiva de familiares y organizaciones de la sociedad civil.

Sin otro particular, y en espera de su respuesta, le enviamos un saludo.

Atentamente:

Alternativas Pacíficas, AC; Abogadas Demócratas; Alianza Sierra Madre, AC; Asociación Sinaloense de Universitarias, AC; Asociadas por lo Justo; Casa del Migrante de Saltillo (Frontera con Justicia, AC); Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua, AC; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, AC; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, AC; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, AC; Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, AC; Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco, AC; Círculo de Estudios de Género, AC; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC; Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, AC; Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, AC; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC; Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha, AC; Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; Consultoría Técnica Comunitaria, AC; Ecos de Mirabal; El Barzón Chihuahua; Fátima, IBP; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México; Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Grupo de Mujeres en Gran Morelos, Chihuahua; Grupo Feminista 8 de Marzo; Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas; Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio; IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos, AC; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, AC; Jóvenes ante la Emergencia Nacional; Justicia para Nuestras Hijas; Kakúm Colectiva; Mujeres por México en Chihuahua, AC; Observa Ciudadan@; Servicios y Asesoría para la Paz, AC; Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva; Sí hay mujeres en Durango; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (conformada por 73 organizaciones en 21 estados y el Distrito Federal); Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez; Red por la Participación Ciudadana; Red por los Derechos de la Infancia en México.

 

 

 

Convocan a la I Jornada de Estudios Históricos del Anarquismo en México

Convocamos a los libertarios, obreros, investigadores autónomos, participantes en 1968, editores, historiadores, colectivos y organizaciones, bibliotecas anarquistas, estudiantes y académicos a reunirnos de manera horizontal en la I Jornada de Estudios Históricos del Anarquismo en México: Las décadas oscuras (1922-1975), que se realizará del 20 al 22 de abril del presente año en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, mediante la presentación de estudios, trabajos de investigación independiente, testimonios, historias de vida, compendios bibliográficos, análisis historiográficos, (re)lanzamientos de libros, ponencias, avances de investigación y exposiciones sobre archivos, hemerotecas y acervos importantes para el análisis de lo ocurrido en ese periodo.

Extendemos también la convocatoria a los medios libres, alternativos, independientes autónomos o como se llamen, para ayudarnos a documentar, grabar y registrar el audio de las participaciones y difundirlo en sus espacios, páginas y proyectos. Además hacemos una especial invitación a los presos políticos, anarquistas y de la Sexta, así como a sus familiares y a los comités de solidaridad, para informar sobres sus casos, situaciones jurídicas o compartir una carta, texto o audio de los compañeros presos.

Convocamos, pues, a todos los que puedan aportar algún granito de arena en esta historia colectiva para, de manera conjunta, crítica e integral, emprender los primeros pasos que nos permitan rescatar los aciertos, errores y experiencias del anarquismo que vivió y sobrevivió aquellas décadas oscuras.

Sede: Auditorio Román Piña Chan, Escuela Nacional de Antropología e Historia, Distrito federal del 20 al 22 de abril de 2015

Mesas:

-Fondos documentales para la historia del Anarquismo

-Anarco-sindicalismo, lucha obrera y movimiento inquilinario

-Derrota, memoria y destino de los pelemistas

-El anarquismo internacional en la prensa mexicana

-El Exilio Español y la Confederación Nacional del Trabajo-Federación Anarquista Ibérica en México

-Editoriales y publicaciones durante las décadas perdidas

-Organizaciones anarquistas y la Federación Anarquista Mexicana

-El Anarquismo en 1968 y en los movimientos político-militares

Fecha límite de recepción de participaciones: 22 de marzo

La participaciones tendrán una duración máxima de 20 minutos

Publicación de programa: 25 de marzo

Informes y recepción de participaciones: [email protected]

-Formato de participación y convocatoria completa disponibles en https://edicioneslasocial.wordpress.com

 

 

 

Padres de víctimas de Sucumbíos, en pie de lucha

El 1 de marzo de este 2015 se cumplen 7 años de la masacre de Sucumbíos, del asesinato de nuestros hijos Verónica, Soren, Juan y Fernando y, de la injusta persecución contra Lucía Morett. A unos días de cumplirse esa fecha lanzamos una serie de artículos e imágenes que nos recuerdan lo ocurrido en Sucumbíos, que nos traen a la memoria quiénes eran nuestros hijos, pero también la lucha que hemos iniciado contra la impunidad y el olvido, por la memoria, la verdad y la justicia.

¿Qué pasó el 1 de marzo de 2008?

Transcurrían los primeros minutos de la madrugada del 1 de marzo de 2008, era un sábado, cuando el ambiente nocturno de la selva ecuatoriana rompió su susurro por el estruendo que causaba un bombardeo lanzado desde un avión que había partido de la base militar estadunidense de Manta, en las costas ecuatorianas. El odio belicista del expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, con apoyo militar y logístico de Estados Unidos, rompía las copas de los arboles destruyendo con 10 bombas de gran magnitud cuanta vida e ilusiones encontraban a su paso.

El objetivo era un campamento de la guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo que se había asentado en la región de Santa Rosa de Sucumbíos, territorio ecuatoriano. Ahí dormían, bajo las estrellas y las copas de altos arboles, alrededor de 30 personas, una de ellas el comandante de la guerrilla conocido como Raúl Reyes, tiempo después, meses quizá, es que supimos que él era encargado de la Comisión Internacional de ese grupo y que tenía a su cargo las labores diplomáticas y de contactos, él se encargaba de dar entrevistas con personalidades políticas y sociales de distintos lugares del mundo, trataba asuntos relacionados a la liberación de rehenes en poder de ellos y aceptaba dar entrevistas a periodistas para la atraer los ojos del mundo a Colombia y su conflicto interno, que en ese entonces cumplía más de 6 décadas de existencia.

Pero esa madrugada eso no importó para el Estado colombiano, o tal vez sí, quizá esos hayan sido los motivos para atacar con tanta furia el campamento, no le importó violar la soberanía nacional de un país vecino, no dudo en asesinar sin posibilidad alguna de rendición a quienes se encontraban en dicho lugar. Veinticinco personas perdieron la vida, unas fueron víctimas del efecto de las bombas, otras, por las ráfagas de metralleta lanzadas desde helicópteros colombianos, otras, por militares que llegaron a tierra y remataban a los heridos. Sólo tres jóvenes mujeres logran sobrevivir con graves heridas, dos de ellas de nacionalidad colombiana, la tercera, la estudiante mexicana Lucía Andrea Morett Álvarez.

La masacre de Sucumbíos es uno de los hechos más vergonzosos de la historia reciente de América Latina, pero para nosotros también uno de los más dolorosos porque ahí perdieron la vida, bajo las bombas de odio y guerra, nuestros hijos Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Soren Ulises Avilés Ángeles, Fernando Franco Delgado y Juan González del Castillo.

Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos

 

 

 

 Contralínea 425 / del 22 de Febrero al 28 de Febrero 2015