La explosión en Pajaritos no es aislada: cada año hay 600 emergencias vinculadas con químicos tóxicos. No obstante, de 135 sustancias identificadas como peligrosas, en el país sólo 43 están reguladas. Para expertos en el tema, México incumple el convenio internacional en la materia
Emilio Godoy/Inter Press Service
La explosión de una planta petroquímica en Veracruz, sureste de México, puso de relieve la necesidad de reforzar el monitoreo de sustancias peligrosas, fortalecer la inspección de esas instalaciones y actualizar las regulaciones.
El estallido el 20 de abril de la planta Clorados III, del Complejo Petroquímico de Pajaritos, en la ciudad portuaria de Coatzacoalcos, ocasionó la muerte de 32 personas y dejó 136 heridas.
“Un problema fundamental es el manejo de químicos tóxicos. Es un país con pocas regulaciones y la lista de sustancias reguladas y bajo supervisión es pequeña. Hay una falta de regulaciones y de inspecciones y revisiones”, dice a Inter Press Service (IPS) el director del programa de Tóxicos de la no gubernamental Greenpeace, Robin Perkins.
La planta, de la empresa mixta Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMC), produce 170 mil toneladas anuales de policloruro de vinilo (PVC), que genera dioxinas y furanos y para cuya destrucción operan dos incineradores.
Esos compuestos, provenientes de la combustión del cloruro de etilo, son nocivos para la salud humana y el ambiente, según ha determinado la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El cloruro de vinilo, considerado altamente cancerígeno, se encuentra en forma de gas y líquido, por lo que al inhalarlo o estar en contacto con la piel puede causar irritación, mareo, dolor de cabeza y sensación de desmayo, mientras que la exposición duradera puede ocasionar graves lesiones en la piel y alteración hepática.
Las dioxinas pueden provocar problemas de reproducción y desarrollo, afectar el sistema inmunitario e interferir con hormonas. Son compuestos que integran la lista de los peligrosos contaminantes ambientales persistentes y que pueden entrar a la biota (conjunto de organismos vivos en un área) y a la cadena alimenticia.
“Es importante que monitoreen este tipo de químicos, no solamente mediante muestras ambientales sino también en la biota, inclusive en población humana expuesta, como trabajadores o vecinos”, explica Fernando Díaz-Barriga, investigador de la Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología de la pública Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Para ello, puntualiza en diálogo con IPS, “habría que buscarlos en sedimentos y suelos”.
Desde hace 3 décadas, Díaz-Barriga estudia el impacto de estas sustancias sobre la salud humana y el ambiente, incluyendo el área de Pajaritos, y el resultado ha sido siempre el mismo: niveles altos de compuestos y elementos tóxicos.
Luego del desastre, uno de los peores en la historia de México por la posible emisión de dioxinas, expertos de Greenpeace tomaron cuatro muestras en agua, tierra y polvo en comunidades próximas al complejo para detectar contaminantes. El material es ahora analizado en la británica Universidad de Exeter y laboratorios independientes; sus resultados se conocerán en unas semanas.
Mientras, Díaz-Barriga recopiló 2 semanas antes de la explosión muestras de biota, suelo y sedimento en las inmediaciones del complejo de Pajaritos para identificar los contaminantes ambientales persistentes en el área, cercana al puerto sobre el Golfo de México y a la desembocadura de un río.
La empresa PVM surgió en 2013 de una alianza entre la firma privada Mexichem, con 54 por ciento de sus acciones y que opera la planta, y la estatal Petróleos Mexicanos, con 46 por ciento.
El accidente no es un suceso aislado de la realidad mexicana de los químicos nocivos. En Pajaritos se registraron al menos tres accidentes desde 1991, y en general las emergencias vinculadas con materiales peligrosos rondan los 600 incidentes anuales y al menos ocurre uno importante cada 12 meses, según el programa a favor de la justicia ambiental de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental.
Compromiso internacional
La explosión en la planta resaltó la trascendencia de que el país cumpla integralmente el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, rubricado en 2001 y vigente desde 2004.
Ese tratado internacional estipula la desaparición de nueve plaguicidas organoclorados, dioxinas, furanos y bifenilos policlorados, componentes envueltos en el estallido en Coatzacoalcos.
Cada 2 años, la próxima en 2017, la Conferencia de las Partes evalúa la inclusión de nuevos contaminantes ambientales persistentes a sus listas.
En México, la Actualización del Plan Nacional de Implementación para Cumplir con el Convenio de Estocolmo, establecida en 2015 y que revisa el primer programa, de 2007, evidencia lo mucho que le queda al país para ponerse al día respecto a los materiales peligrosos.
La evaluación para modernizar el plan destaca la carencia de una red nacional de laboratorios para el análisis de los contaminantes ambientales persistentes, de un programa formal para su monitoreo o de un proyecto de estudios básicos para determinar la situación y tendencias de esos compuestos.
Otro problema es que no se estudian los nuevos contaminantes ambientales persistentes industriales que surgen, por lo cual los compromisos del Convenio se atienden parcialmente.
Ante ello, Greenpeace propone la ampliación de la lista de sustancias normadas, un registro de emisiones obligatorio y no voluntario y sanciones más estrictas si hay contaminación.
“Queremos que el gobierno monitoree para decirnos qué había y qué se liberó. Debe haber un monitoreo de corto, mediano y largo plazo, saber el impacto a trabajadores, bomberos y comunidades en los alrededores. Hablamos de un impacto a todo el ecosistema. Es casi imposible que no haya impacto ambiental”, demanda Perkins.
El 28 de abril la Procuraduría Ambiental suspendió la actividad de la planta Clorados III por un periodo indeterminado, impuso que la empresa retire y envíe a confinamiento seguro sustancias como ácido clorhídrico, etano y etileno y la obligó a realizar un estudio de impacto y un programa de remediación de los daños.
En 2013, el gubernamental Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes abarcó a 3 mil 523 establecimientos que reportaron 73 sustancias lanzadas al aire, agua, suelo o transferidas en residuos o descargas de agua.
Una procesadora de alimentos, una automotora, el complejo de Pajaritos, dos refinerías de petróleo, dos metalúrgicas, tres plantas de papel, siete instalaciones químicas, 10 tratadoras de desechos peligrosos y al menos 35 cementeras reportaron dioxinas y furanos.
De 135 sustancias identificadas como peligrosas por diversos organismos internacionales, 43 se incluyeron ya en 13 marcos jurídicos mexicanos.
“Lo difícil es establecer nuevas sustancias según la actualización del Convenio. La desgracia de Pajaritos nos dio la razón, el programa de monitoreo es relevante. El problema es de prioridad nacional”, plantea Díaz-Barriga.
“Pero la parte ambiental ha sido relegada, porque no es prioridad para el país, sólo cuando ocurren estos accidentes”, lamenta.
Dentro del Plan Nacional sobre el Convenio, México se plantea actualizar y modificar las regulaciones sobre características, procedimiento e identificación, clasificación de los residuos peligrosos.
También se propone ampliar los listados sobre estas sustancias y establecer normas más rigurosas sobre los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de partículas sólidas provenientes de instalaciones fijas.
Se trata de un proceso que tomará al menos 2 años.
El plan también establece la modificación a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, vigente desde 1988, con un apartado especial de los contaminantes ambientales persistentes y sustancias químicas.
Además se propone vigilar la presencia de plaguicidas y los otros contaminantes ambientales persistentes en alimentos, suelo, agua, aire y evaluar la eficacia de la aplicación de las medidas, así como un programa de rendición de cuentas de este tipo de contaminantes.
Entre 2018 y 2024, el país se ha propuesto contar con un programa de monitoreo de los contaminantes ambientales persistentes en la atmósfera y en la leche materna y la estimación económica de costos de estos contaminantes al ambiente y a la salud. (Editado por Estrella Gutiérrez)
Emilio Godoy/Inter Press Service
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: LÍNEA GLOBAL]
Contralínea 489 / del 23 al 28 de Mayo 2016
