A Ildefonso Guajardo los mexicanos le pagan cada día un monto equivalente a 58.3 salarios mínimos por sus servicios como secretario de Economía. Esto es que, por jornada laboral, percibe 4 mil 666 pesos netos sólo referentes a su sueldo y compensación garantizada, mientras que un obrero apenas obtiene 80 pesos, porque en ese monto está tasado el salario mínimo.

En otros casos, como el de los jornaleros y los campesinos, la situación es mucho peor, porque sus ingresos ascienden a 50 pesos diarios o menos en las zonas más pobres del país. La diferencia entre el sueldo del secretario y el del obrero es abismal (4 mil 586 pesos) y contribuye a las enormes desigualdades que se viven en el país.

El salario mínimo diario ni siquiera alcanza para comprar 1 kilo de carne de res, cuyo costo en supermercados asciende a 150 pesos. Menos aún para pagar la cuenta de alguno de los lujosos restaurantes en los que seguramente desayuna, come y cena el secretario.

Por eso resulta muy cómodo para él descartar la discusión de la mejora salarial, que se ha puesto en la mesa de debate nacional gracias a las presiones de Estados Unidos y Canadá en las rondas de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

En el colmo del cinismo, el funcionario señaló el pasado 6 de septiembre que el tema ya no se había discutido en la recién concluida segunda ronda porque nadie se había referido a éste: la única propuesta en el tema laboral es de Canadá y no se mete en el tema salarial, aseguró a la prensa.

Por supuesto, ni por equivocación lo planteó el funcionario federal y militante del Partido Revolucionario Institucional, quien se ha caracterizado por defender como “factor de competitividad” del país los salarios de hambre de las mayorías.

Por lo visto, para Ildefonso Guajardo el salario mínimo no resulta indigno ni es, por tanto, un tema en el que México vaya a ceder durante la renegociación. Mucho menos que se vaya a discutir como parte de la agenda política de los priístas de cara a las elecciones de 2018.

El asunto de política interna, como lo ha calificado el secretario Guajardo, ni siquiera es un tema en la agenda de Enrique Peña Nieto. El presidente no lo presume en su campaña mediática de las cosas buenas que cuentan y que quiere que sigan contando, porque para esa élite que encabeza no ha de ser importante.

Es indignante que, ni siquiera por la presión internacional, el gobierno federal atienda esta vieja exigencia de la clase trabajadora mexicana que en los últimos 20 años ha visto cómo se pulverizan sus derechos y cómo sustancialmente se merma su poder adquisitivo.

Tal como se lo han restregado los representantes estadunidenses y canadienses, la administración de Peña Nieto ofrece como principal “factor competitivo” de México la descarada explotación laboral, por no decir semiesclavitud de los mexicanos más necesitados a las trasnacionales “necesitadas” de mano de obra barata.

Es por eso que al secretario Guajardo ni siquiera se le ocurre defender a su pueblo, a los miles de trabajadores explotados, esclavizados en las fábricas y armadoras extranjeras. La falta de sensibilidad del funcionario quizá se deba a su acomodada vida que ha sido garantizada por pertenecer a la élite política.

Y es que el funcionario no sólo gana los 140 mil pesos netos mensuales, el erario también le paga dos primas vacacionales por el equivalente al 50 por ciento de 10 días de sueldo base tabular; una prima de antigüedad quinquenio que se otorga en razón de la antigüedad, por cada 5 años de servicios prestados hasta 25 años. En este caso el monto es de 100 y hasta 225 pesos.

Además un aguinaldo equivalente a 40 días de salario base. Y para mejorar su economía familiar, se le da una ayuda para despensa de 465 pesos. Ello a pesar de que el erario de la Secretaría le paga comidas y gastos de representación.

Por si esto no fuera indignante, el secretario –que no quiere que se le aumente ni un solo peso al salario mínimo– también goza de prestaciones como un seguro institucional, cuya suma asegurada básica equivalente a 40 meses de la percepción ordinaria bruta mensual; un seguro colectivo hasta por 25 mil pesos en relación a los años de servicio; uno de gastos médicos, con una suma asegurada básica de 74 a 333 salarios mínimos generales.

Desde su lujosa oficina y con un sueldo que supera por mucho el que perciben las mayorías de este país, Guajardo defiende el “factor competitivo” de México, basado en la terrible explotación de millones de personas.

Factor del que se han beneficiado empresarios nacionales y extranjeros y que ha posibilitado la permanencia del PRI en el poder, al igual que el periodo del Partido Acción Nacional que, durante su paso por la Presidencia, profundizó el problema.

Nancy Flores

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]

Contralínea 556 / del 11 al 17 de Septiembre de 2017