Un armado con fines de persecución política se convirtió en un grupo de extorsionadores desbocados, que dejó sus huellas en mensajes de WhatsApp, videos y documentos. Una causa fulminante desnuda la asociación ilícita entre operadores judiciales, agentes de inteligencia y periodistas de medios hegemónicos.
La causa de las fotocopias de los cuadernos en Argentina, un dispositivo mediático-judicial que desde hace más de un año acusaba a exfuncionarios kirchneristas y empresarios, se dio vuelta de forma inesperada. Diseñado para el acoso político de opositores, el equipo devino en un grupo de tareas que incursionó en el crimen común: la extorsión de sus víctimas para cobrarles grandes cantidades de dinero.
Así, el lawfare se salió de cauce y la desmesura de su alcance generó una represalia inesperada. Una de las víctimas acumuló pruebas contra el operador de la extorsión, presentó la denuncia judicial y abandonó el país. Las cámaras ocultas, audios y capturas de Whatsapp son demoledoras. Un allanamiento a la casa del acusado halló más evidencias: decenas de carpetas con datos de inteligencia de potenciales víctimas de coacción, a los que se les exigiría dinero o declaraciones en la causa como arrepentidos.
La causa desnuda los mecanismos del lawfare en América Latina, y los nexos entre operadores judiciales, agentes de inteligencia y periodistas de los medios hegemónicos. Ilustra, además, como un armado con fines de persecución política se puede convertir en un grupo de delincuentes comunes.
La figura del arrepentido es el corazón del lawfare. El expresidente Lula, centro de la vida política de Brasil, está preso por las “confesiones” de un arrepentido, nunca comprobadas con otras evidencias. Es también el caso del exvicepresidente de Ecuador Jorge Glass. Otras causas judiciales están sustentadas en simples acusaciones unilaterales, retroalimentadas por las usinas noticiosas, y con la venia del poder político, como los cargos contra el expresidente de Ecuador Rafael Correa, o las múltiples causas que la gobernación de Jujuy (Argentina) armó contra la luchadora social Milagro Sala.
En este contexto, en 2018 en Argentina explotó una megacausa judicial especialmente diseñada para su impacto mediático: los cuadernos del chofer Centeno. El relato sostenía que el chofer de un funcionario kirchnerista de segunda línea, durante una década había anotado en 10 cuadernos los recorridos que hacía su jefe recogiendo sobornos de grandes empresas y entregando lo recaudado en distintos circuitos del poder político.
La causa fue débil desde el principio: el chofer Centeno tiene antecedentes penales, fue denunciado por su propia esposa como extorsionador, y su credibilidad sería escasa para cualquier tribunal imparcial. Además, los cuadernos ya no existen: Centeno dijo haberlos quemado. De ellos solo quedaron unas fotocopias no peritables, que llegaron a manos de dos periodistas del diario La Nación, que impulsaron la denuncia.
Era fácil conjeturar que se trataba de fotocopias de cuadernos apócrifos. Sin embargo, se procedió de inmediato a ordenar decenas de detenciones y comparecencias, tanto de funcionarios aludidos como de grandes empresarios. Con un gran show mediático, los acusados eran citados y quedaban instantáneamente detenidos. O eran liberados en pocas horas, si “colaboraban” y “confesaban”.
“El criterio que manejan el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli en el expediente es que el que confiesa, se arrepiente y aporta algún dato que consideren relevante, sale en libertad. El que no habla, queda preso”, resumían Irina Hauser y Raúl Kollman en Página 12.
Todo el procedimiento era contrario a derecho. Judicialmente, el show no conducía a ninguna parte. Se generó un festival de arrepentidos y acusaciones cruzadas que no lograba establecer prueba material alguna sobre movimientos de fondos, pagos de coimas y otros ilícitos. La causa es un típico verosímil informativo: combina aspectos reales (la corrupción endémica y el pago de coimas de grandes empresas para obtener obras públicas) con pura literatura apócrifa y un proceso judicial orquestado para las cámaras.
Sin embargo, el aparato mediático intoxicó a los ciudadanos con la historia, y el caso conservaba cierta credibilidad. Para las audiencias desprevenidas el fiscal Stornelli aparecía como un adalid anticorrupción.
Todo se complicó cuando una de las presas escogidas, el empresario Pedro Echebest, le tendió cuidadosamente una trampa a Marcelo D`Alessio, públicamente presentado como director de la DEA y especialista en la lucha antinarcóticos. D`Alessio, invitado habitual a programas de TV y columnista del diario Clarin, persiguió durante semanas a Echebest con el argumento de que éste había sido incriminado en la causa de los cuadernos. En nombre del fiscal Stornelli, el falso abogado D`Alessio le pidió a Echebest una alta suma de dinero para dejarlo fuera de la causa.
Echebest fingió aceptar, entregó una parte del dinero y pidió tiempo. Durante semanas guardó evidencias del chantaje –audios, capturas de WhatsApp y filmaciones de los encuentros–, preparó cuidadosamente una denuncia bien documentada y salió del país para preservar su integridad.
Horacio Verbitsky, un periodista de larga trayectoria, fue el encargado de difundir el caso con pelos y señales en su blog “El Cohete a la Luna”: “Un director regional de la DEA y sobrino del Escribano de Macri pidió 5 mil dólares a un empresario para no detenerlo y dijo que era una práctica habitual del fiscal Stornelli, con quien colabora. En exclusiva, la filmación del primer pago, las fotos con Stornelli, las filmaciones en la fiscalía, los audios y mensajes grabados”, arranca el largo informe.
La denuncia de Echebest incluía el video donde se veía a D`Alessio recibiendo un primer pago de casi 15 mil dólares, en billetes cuya numeración se resguardó ante escribano público. Video de la entrega: https://youtu.be/jqPquzwCApg.
Todo se precipitó. El allanamiento de la justicia al domicilio de D`Alessio halló abundante documentación probatoria de un trabajo de equipo entre operadores judiciales y agentes de inteligencia para estudiar a fondo las potenciales víctimas. Más de 20 expedientes concentraban datos familiares, estado patrimonial, debilidades y secretos personales que permitían vulnerar psicológicamente a los personajes “target”. La reconstrucción del modus operandi del grupo permite inferir que en algunos casos se pedía dinero para evitar la incriminación en la causa. En otros, se exigía la participación como “arrepentidos” o declarando en contra de enemigos políticos.
Una de las últimas operaciones en las que D`Alessio se jacta ante su jefe Stornelli se refiere a la conversión en arrepentido de Gonzalo Brusa Duvat, que trabajo en PDVSA Argentina. Lo amenazaron con una causa judicial en el fuero penal económico, pero le dijeron que harían desaparecer ese expediente si aceptaba declarar como arrepentido ante Stornelli. Así lo hizo, y la inquisición mediática se encargó de amplificar el caso, salpicando de paso al presidente de Venezuela Nicolás Maduro.
En otros casos, los fines eran meramente recaudatorios, como el denunciado por Víctor Palomino Zitta el 23 de febrero, quien asegura que D`Alessio le pidió medio millón de dólares para mejorar su situación en una causa de contrabando. D’Alessio presionó para que entreguen medio millón de dólares que “serían repartidos entre la fiscal del caso, el juez Aguinsky, el estudio jurídico y Santoro (periodista del diario Clarín)”. Pero al mismo tiempo D’Alessio le exigió a Palomina Zitta que se convirtiera en arrepentido y declarara una serie de nombres. Así lo hizo, acusando a “gente que no conocía”, según reza la declaración ante el juzgado de Ramos Padilla. “Me sentía coaccionado ante el temor de quedar detenido y la presencia del periodista de tanto renombre”.
D`Alessio fue detenido el 15 de febrero, y el 25 del mismo mes el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, lo procesó como integrante de una asociación ilícita “dedicada a realizar operaciones de inteligencia y acciones psicológicas sobre varias personas que luego eran extorsionadas o coaccionadas, se las hacía entrar en pánico para que finalmente declararan de un determinado modo, se transformaran en arrepentidos o entregaran dinero”.
El magistrado demuestra en las 220 páginas de su resolución el vínculo estrecho entre el fiscal Carlos Stornelli y D’Alessio a través de numerosos mensajes y audios, una reunión de cuatro horas en Pinamar y escritos de puño y letra en cuadernos secuestrados en los allanamientos. Para Ramos Padilla, algunas de las operaciones de D`Alessio estaban en conocimiento de Stornelli, que se desvinculó de su colaborador pero cuya credibilidad se ve seriamente cuestionada.
El caso también salpica a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich -quien según D`Alessio le pagaba un sueldo de 200 mil pesos mensuales- y a otros numerosos personajes mencionados por el detenido. Entre ellos, dos excomisarios detenidos ayer.
El punto clave de todo el procesamiento del juez Ramos Padilla es que considera que existe “una comunión entre servicios de inteligencia y justicia que atentan contra el sistema democrático”. El grupo de tareas en torno a la dupla Stornelli-Bonadío utiliza extorsiones, coacciones, carpetazos, causas falsas, abogados truchos para exigirle plata a ciudadanos, pero más que eso para armar y dirigir causas judiciales.
Aparece como aberrante la promiscuidad entre servicios de inteligencia y el aparato judicial, con D`Alessia como gestor de por medio. También la cohabitación de periodistas emblemáticos del sistema: Daniel Santoro del Grupo Clarín y Eduardo Feinmam de la TV aparecen como contactos habituales de operaciones coordinadas vía WhatsApp.
Ahora, la administración colonial de Mauricio Macri intenta alejar el juez Ramos Padilla de la causa, y hacerla caer en alguna dependencia judicial adicta. Stornelli es un colaborador de larga data del presidente, un verdadero soldado de la mesa chica del poder. Lo defenderán hasta las últimas consecuencias.
Claudio Fabián Guevara/Telesur
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