El proceso electoral de 2018 ya es el más violento de la historia moderna de México. En éste han sido asesinados más de 130 candidatos y políticos, lo que pone en riesgo la gobernabilidad democrática. El “terrorismo electoral”, como lo califican expertos, inhibe la participación ciudadana

Una emboscada en los límites de San Vicente Coatlán y Ejutla de Crespo, Oaxaca, terminó con la vida de Emigdio López Avendaño, candidato en ese estado a una diputación local por el partido Movimiento Regeneración Nacional. El atentado sucedió a tan sólo 7 días de la jornada electoral y con éste se elevaba a 130 el número de políticos ejecutados en el contexto de las contiendas.

Las horas de terror y luto en las candidaturas iniciaron con el proceso electoral –el 8 de septiembre de 2017– y parecen no cesar. Días antes de la emboscada contra el morenista, en Michoacán dos candidatos fueron asesinados en menos de 24 horas.

Fue el 21 de junio cuando, en dos ataques distintos, Omar Gómez Lucatero, candidato independiente a la alcaldía de Aguililla, y Fernando Ángeles Juárez, candidato a alcalde en el municipio de Ocampo, perdieron la vida.

Hasta el pasado 25 de junio, la consultora Etellekt registró en todo el país 543 agresiones contra políticos, en el contexto del proceso electoral, de las cuales 130 fueron ejecuciones.

En estos meses, ninguna entidad federativa ha escapado a lo que el Comité Conciudadano para la Observación Electoral 2018 denominó terrorismo electoral, porque entre sus efectos más perversos está la inhibición de la participación ciudadana.

Las agresiones, según Etellekt, se han concentrado en 343 municipios. Las cifras más recientes de la consultora refieren que además de los asesinados, 179 políticos han sido amenazados y han sufrido diversas intimidaciones.

Reflejo de estos actos intimidatorios son las múltiples renuncias a las candidaturas. La exdiputada Rocío Nahle, del partido Morena, asegura a Contralínea que en Veracruz la violencia está desmedida.

“Del propio gobierno del estado salen amenazas y chantajes. Aún así seguimos trabajando y sigue el movimiento, pero sí hemos tenido renuncias de candidatos. El último fue un candidato a diputado local por Mizantla, que es un distrito donde tenemos una amplia posibilidad de ganar, pero se desistió. De manera inmediata subimos a otro compañero. Así hemos tenido eventualidades pero no nada más en Veracruz, también en otros estados”, asegura Nahle.

El politólogo y sociólogo Omar Elí Manríquez observa que “en nuestro sistema político mexicano hay una clara constante del uso de la violencia política y sí es un factor preocupante actualmente”.

Ello, apunta el doctorante por la Universidad Autónoma Metropolitana, por el número tan elevado de víctimas mortales de esa violencia política, que hasta hace unos días afectaba más a los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Acción Nacional.

De acuerdo con Etellekt, entre el 8 de septiembre de 2017 y el pasado 25 de junio también se registraron 63 agresiones físicas en el contexto de las contiendas electorales; 51 atentados contra familiares de políticos y candidatos; 47 agresiones con armas de fuego; 35 asaltos con violencia; 19 heridos con arma de fuego; y 19 secuestros.

Para la consultora, esta situación “anticipa un serio desafío de seguridad para la paz y gobernabilidad democrática en las regiones con mayor presencia de organizaciones delictivas y notorio debilitamiento institucional”.

La abogada Ana Saiz Valenzuela explica en entrevista que “el presupuesto básico de una elección libre es efectivamente que sea en un contexto libre de violencia. Ése es un presupuesto básico”.

Estudiosa de los procesos electorales e integrante del Comité Conciudadano para la Observación Electoral, agrega que la preocupación es “porque vemos asesinatos que sí están relacionados con el contexto general que vive el país, pero en particular nos preocupa que puedan inhibir la participación ciudadana, ya sea de funcionarios de casilla o de gente que participa políticamente”.

En ese sentido, enfatiza la alarma que causó en el Comité el asesinato del supervisor electoral Jorge Nájera García, el 20 de mayo pasado, en Tlapa, Guerrero.

 “No se trata de descontextualizar esta violencia [del proceso electoral] de la violencia general que se vive en el país, pero simplemente este tipo de actos violentos pues sí afecta directamente las campañas electorales. Lo vimos con la renuncia de candidatos”, indica la abogada.

Y es que en este clima que impide a los ciudadanos y políticos participar libremente y con garantías de seguridad, el pasado 13 de junio 10 candidatos del Partido de la Revolución Democrática a diferentes cargos presentaron su renuncia en el municipio de Cutzamala de Pizón, en Guerrero. El motivo, según dijeron, es por las amenazas de muerte que recibieron de parte de grupos criminales.

Por ello, el Comité Conciudadano ha calificado como terrorismo electoral las agresiones encaminadas a incidir en la participación ciudadana en el proceso. Ello, tras observar que muchos atentados tienen como fin inhibir el voto y la participación ciudadana.

Otro grave indicador, señala Ana Saiz en entrevista, es el que se asesine a personas durante los mítines. “Precisamente para nosotros es un acto que le hemos llamado terrorismo electoral y nos preocupa mucho porque es una violencia dirigida, que busca inhibir la participación; y en una democracia ese tipo de actos son completamente inaceptables”.

La experta en temas electorales señala que las autoridades deberían aplicar la ley enérgicamente ante estos actos de violencia, de manera imparcial y sin miramientos, y, sin embargo, no lo están haciendo.

El objetivo principal del Comité es visibilizar y parar la violencia, asegura la abogada. “Sobre todo creemos que a quienes afecta es particularmente a las mujeres, porque tiene rasgos distintivos la violencia contra las mujeres”.

Ana Saiz indica que en este contexto violento, tristemente, lo más grave son los asesinatos; pero, advierte, todas las formas de violencia se van generalizando. “Lo podemos ver en los discursos, en el encono que hay en la opinión de la gente, que se vive desde las mesas en las casas, en las campañas, sí notamos esta virulencia en el discurso que nos preocupa muchísimo porque lo que queremos como ciudadanía es oír propuestas, no ataques”.

Para Ana Saiz es fundamental que desde las propias campañas se elimine el componente violento. “Desde el Comité también nos preocupa mucho este discurso en contra de los derechos humanos, cosas que claramente están prohibidas en México y en cualquier democracia, como los castigos inusuales e inhumanos, como la propuesta del candidato Bronco [Jaime Rodríguez] de mochar las manos, así como claramente el discurso de Mikel Arriola [candidato priísta a la jefatura de la Ciudad de México]”.

Este tipo de discurso va en contra de los derechos humanos, señala. Otra vertiente ha sido la que atenta contra la presunción de inocencia a la que tenemos derecho todas las personas en este país, indica.

Como ejemplo cita el caso de Nestora Salgado, atacada por la campaña del priísta José Antonio Meade. “Ella tiene sentencias a su favor, y éste es un tipo de discurso [el que llamaba a Salgado secuestradora] que se sale del estado de derecho democrático que nos rige y que tenemos en la Constitución”.

La abogada Ana Saiz dice que desde el Comité “urgimos a que pare la violencia, que las instituciones respondan con toda responsabilidad y con toda la fuerza del Estado ante ese tipo de actos violentos”.

La experta recuerda que la violencia fue un factor que sí logró inhibir la participación en las elecciones de 2017 en el Estado de México: en ciertos lugares la gente se abstuvo de votar por este tipo de actos que generan miedo.

Por ello, indica, “necesitamos un contexto de seguridad mínima para poder ejercer los derechos políticos de manera libre. La gente debe tener acceso a la información y expresar su opinión sin temor a este tipo de actos violentos. En una democracia es importantísimo tener ese contexto mínimo de libertad, y las instituciones del Estado nos lo deben garantizar”.

La abogada señala que la intervención de las autoridades electorales para frenar la violencia es muy importante: “el Instituto Nacional Electoral puede hacer ese tipo de llamados y sobre todo el Tribunal [Electoral del Poder Judicial de la Federación]”.

Éste, refiere, “tiene que hacer uso de su facultad como tribunal de pleno derecho y tratar de encausar y sancionar a quien se tenga que sancionar por los actos violentos y, obviamente, las otras instituciones del Estado, porque aquí entran también los ministerios públicos”.

Tanto el Tribunal como el INE tienen responsabilidad en este clima de terror. Y es que, a decir de Ana Saiz, en su competencia está aplicar la ley de manera imparcial y con todas las consecuencias, sin ningún miramiento, para mandar un mensaje que verdaderamente inhiba la violencia.

No obstante, el pasado 24 de junio el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, se limitó a condenar los actos violentos. “Este Instituto ha sido enfático cada vez que ha habido una noticia de esta naturaleza [un asesinato de algún candidato] en condenar la violencia, porque la violencia es la negación de la democracia; la democracia significa por definición la recreación de la pluralidad política, nuestras diferencias en paz; la némesis de la democracia es la violencia”.

Y agregó: “las elecciones se insertaron en ese contexto de violencia, y por supuesto que las elecciones pueden verse afectadas”. No obstante, en la práctica el INE no modificó en nada su omiso papel ante el terrorismo electoral.

Nancy Flores

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