América Latina “es una prioridad estratégica para Estados Unidos”. Eso aseguró Kimberly Breier, subsecretaria de Estado para Asuntos Hemisféricos de ese país, en la Cumbre de la Concordia realizada en Bogotá a mediados de mayo (protagonizada por funcionarios, empresarios y miembros de fundaciones y organizaciones estadunidenses y diferentes países de América Latina). [1] En efecto, a pesar de que en campaña electoral Donald Trump desdeñara abiertamente a la región, en su gobierno ha hecho de América Latina un espacio “privilegiado” de su política exterior: se realizaron por lo menos 20 viajes de funcionarios estadunidenses de alto rango y se celebraron más de 30 reuniones entre funcionarios latinoamericanos y miembros del gobierno-sector privado de Estados Unidos, abarcando temas e intereses que van más allá del conflicto con Venezuela.
Breier especificó que esta prioridad de América Latina implica un compromiso más profundo de Estados Unidos, “una mayor inversión de empresas estadunidenses”. Declaró que su país sigue siendo el principal socio comercial de más de dos tercios de los países del hemisferio, con inversiones que superan los 1 mil millones de dólares. Pero lo que más interesa hoy al gobierno-sector privado de Estados Unidos es la inversión en infraestructura, rubro en disputa especialmente con China. Esto se hizo evidente cuando sentenció que “las empresas chinas deben actuar en igualdad de condiciones, observando las normas y respetando los estándares ambientales y laborales”.
La frase no es inocente. Por un lado supone, de algún modo, que las empresas de Estados Unidos en América Latina sí respetan estos estándares –afirmación que difiere de la trayectoria de las transnacionales estadunidenses en la región desde finales de la Segunda Guerra Mundial. [2] Por otro lado, las críticas del gobierno estadunidense coinciden con las denuncias de organismos internacionales, instituciones financieras internacionales y organizaciones no gubernamentales con respecto a la “poca transparencia”, los estándares “desconocidos” de la inversión china y el impacto ambiental (que no se ajustan del todo a las pautas de los organismos del capitalismo occidental).
Breier destacó el lanzamiento de la “Ley BUILD” en Estados Unidos para modernizar las capacidades estadunidenses de financiamiento del desarrollo, por medio de la cual estarían dispuestos a aportar hasta 60 mil millones de dólares mediante la Corporación Internacional de Financiamiento para el Desarrollo, organismo creado en 2018 y que une los presupuestos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés) y de la Corporación para Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC, por su sigla en inglés). Es dirigido por el Consejo de Seguridad Nacional y la Oficina de Administración y Presupuesto de la USAID. [3] Entre sus objetivos está posicionarse en aquellos países donde la presencia comercial y financiera de China ha adquirido mayor presencia, como Brasil, [4]Chile [5] y Perú. [6]
A su vez, el rubro clave para Estados Unidos en materia de inversión en infraestructura es el energético, proponiendo la iniciativa “América Crece”, para destinar capital privado al desarrollo de energía e infraestructura en la región.
En la misma semana en la que Breier se paseó por algunos países de América del Sur, Mark Green, administrador de la USAID, se ocupó de estrechar vínculos con Colombia, Ecuador y los países del Caribe (no sólo en el marco de la guerra contra Venezuela, sino como parte de una buscada expansión de Estados Unidos en las economías de la región). Claro que también asistió a la Reunión de la Concordia en Bogotá, junto con Breier. [7]
En Colombia, entre otros menesteres, Green anunció una expansión del Acuerdo Bilateral de Asistencia para Alcanzar los Objetivos de Desarrollo con Colombia (donde la USAID aportaría 160 millones de dólares). Pero la novedad fue el retorno de USAID a Ecuador, [8] donde ser firmaron acuerdos para el cuidado del medioambiente, asistencia ante desastres naturales, programas de desarrollo económico, etcétera. También reafirmaron el apoyo incondicional de la USAID para la lucha contra la corrupción, a favor de los derechos humanos, el fortalecimiento institucional y de la sociedad civil, repitiendo un esquema clásico de injerencia de esta institución en la definición de políticas en todos estos ámbitos. [9]
El otro destino clave de Green fue el Caribe, con la marca de “Caribe 2020”, definida como “una estrategia plurianual para incrementar la seguridad, prosperidad y bienestar de los pueblos estadunidenses y caribeños”. En efecto, la presencia económica, cultural (y política) de Estados Unidos en el Caribe es significativa: en 2016, sus alianzas comerciales con esa región le representaron un superávit comercial de 4 mil 600 millones, 14 millones de visitas turísticas estadunidenses y 11 mil 42 estudiantes caribeños cursando estudios en Estados Unidos. [10]
Pero también en el Caribe los focos están puestos en la inversión en energía. El gobierno estadunidense propone liderar las “reformas en el sector energético y los servicios públicos” para impulsar la inversión privada y las exportaciones estadunidenses de tecnología (es decir, expandir la economía de Estados Unidos). Uno de los argumentos para convencer sobre este rol que debe asumir el país, es que las exportaciones de gas natural y el uso de tecnologías energéticas renovables estadunidenses son “alternativas más limpias y económicas al uso de petróleo pesado y asimismo reducirá la dependencia en Venezuela” [11] –frase nada inocente, que expone con claridad la disputa geopolítica y geoeconómica en curso–.
Estados Unidos (y China) sabe que América Latina es un espacio clave para las inversiones en infraestructura, y que dicho sector es uno de los ejes de la disputa geopolítica en este hemisferio (por momentos invisible, otras veces más explícita). Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), entre 2012 y 2020 los países de la región deberían destinar el 6.2 por ciento del producto interno bruto (PIB) a infraestructura para cubrir diferentes tipos de necesidades. Sin embargo, la suma destinada es, a duras penas, del 3 por ciento. Los análisis de escenarios para inversiones privadas celebran que con la llegada de gobiernos de derecha, y el cambio en los marcos legales para inversión en infraestructura, mejoraría el escenario para atraer inversiones privadas en el rubro. [12]
Se proyecta que el gasto en infraestructura alcanzará en 2020, aproximadamente, los 176 mil millones de dólares, con un total de 1 mil 711 proyectos a gran escala, con un valor combinado de 829 mil millones de dólares [13] (incluyendo proyectos anunciados y a ejecutarse en Brasil, Chile, México y Perú). [14]
El sector al que se dirige la mayor inversión en infraestructura es el de electricidad y energía, con proyectos que implican aproximadamente 382 mil millones de dólares. [15] Debe recordarse que éste es, precisamente, el “nicho” en el que busca liderar Estados Unido, como se expuso más arriba.
En la última década, la mayor parte del capital privado para infraestructura en América Latina provino de los bancos. El principal capital fue puesto a disposición por el Banco Santander, como principal prestamista en proyectos de infraestructura en la región, contribuyendo con más de 12 mil millones de dólares entre 2013 y 2017. El principal accionista de Santander es BlackRock (ver recuadro). Otro inversor importante es BBVA (que cubrió préstamos por casi 2 mil millones de dólares entre 2013 y 2017), cuyo principal accionista es también BlackRock. [16]
Aunque distante al monto auspiciado por Santander, la presencia de bancos asiáticos también va en aumento (préstamos para inversión en infraestructura de 8 mil millones, entre 2013 y 2017. [17]
BlackRock es una empresa transnacional estadunidense dedicada a la administración de los fondos de inversión. Los activos de la empresa rondaron los 6.52 mil millones de dólares y tiene presencia en 30 países. Entre sus directivos encontramos a Laurence Fink, que forma parte del Council on Foreign Relations; Murry S Gerber, quien tiene conexiones con Halliburton y la United States Steel Company; Jessica Einhorn, con amplia trayectoria en el Estado y Organismos Internacionales: el Fondo Monetario Internacional (FMI), la USAID, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado. [18]
Por último, pero no menos importante, es que probablemente tanto el avance de Estados Unidos como el del capital chino en infraestructura se haya profundizado gracias a la debacle de translatinas como Odebrecht, que luego del “mega escándalo de corrupción” dejó inconclusos varios proyectos de infraestructura en numerosos países de la región, e incluso en Estados Unidos. En este escenario, parece clave indagar en los contratistas que quedaron a cargo de dichos proyectos.
La mayoría de las publicaciones especializadas y las notas de prensa sobre la inversión China en América Latina dejan entrever que ya es el principal inversor, que se está apropiando de los mercados y de los recursos, etcétera. Y es que el incremento de la presencia china en América Latina es un dato incontrastable. Sin embargo, en lo expuesto hasta aquí, vemos que Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de la gran mayoría de los países de América Latina, y ha tomado nota de la competencia china en inversión en infraestructura. Vale destacar que Estados Unidos tiene aceitados mecanismos institucionales y políticos, así como vínculos culturales, que le brindan ciertas ventajas comparativas en esta disputa por mercados y recursos. De este modo, así como se considera el interés de China en América Latina, es importante no desconocer que en este hemisferio predominan capitales e intereses “occidentales”, que vienen impulsando prácticas y dinámicas que contribuyeron a la primarización de las economías, a la adopción del patrón maquilador y la profundización de la dependencia política y económica.
Notas
[2] Petars, James y Veltmeyer, Henry (2007) Juicio a las multinacionales. Inversión extranjera e imperialismo. México: Lumen.
[5] http://www.sice.oas.org/ctyindex/CHL/DIRECON_01_03_2018_s.pdf
[8] https://actualidad.rt.com/actualidad/314928-usaid-regresar-ecuador-coopeeracion-internacional-eeuu.
[9] https://www.eluniverso.com/noticias/2019/05/15/nota/7331246/ocho-objetivos-tematicos-tiene-usaid-cooperacion-ecuador. Ejemplo sobre la incidencia de la USAID en la definición de políticas, ver: Tellería, Loretta y González, Reina (2015) Hegemonía territorial fallida. Estrategias de control y dominación de Estados Unidos en Bolivia: 1985-2012. La Paz, Bolivia: Centro de Investigaciones Sociales, Vicepresidencia del Estado, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.
[12] https://www.financierworldwide.com/latin-america-infrastructure-outlook-for-2018#.XOLrRchKjIU.
[13] https://www.apnews.com/Business%20Wire/8331b0e7f7e44b1b967ba3d145363002.
[14] El país con mayores inversiones en infraestructura es Brasil, con un total de 421 proyectos valuados en 241 mil millones de dólares. Le sigue Chile con 309 proyectos que implican 117 mil millones; Perú, con 230 proyectos que implican 83 mil millones y México con 209 proyectos que implican 98 mil millones (ibid).
[15] https://www.apnews.com/Business%20Wire/8331b0e7f7e44b1b967ba3d145363002.
[16] “Overview of infraestructura investment in Latin America”, Marsh y Mc Lennan- Inter American Development Bank, 2018.
[17] Ibid.
[18] http://ir.blackrock.com/board-of-directors.
Silvina Romano* y Aníbal García Fernández* /Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag)
*Doctora en ciencia política por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdova (Argentina) y posdoctora por el Centro de Estudios de América Latina de la Universidad Nacional Autónoma de México
*Maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México
[ANÁLISIS] [INTERNACIONAL]
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