El gran disenso que planteó México a Estados Unidos en el caso Cienfuegos redefine la relación bilateral: los estadunidenses no son neutrales ante las acciones del gobierno mexicano. Por ello, tanto la detención del general como la resolución de la FGR de no ejercer acción penal en su contra deben leerse en el contexto de otras iniciativas, como la reforma a LSN para regular el actuar de los agentes extranjeros y la petición de rendir cuentas por el operativo Rápido y Furioso
La detención del general Salvador Cienfuegos en el aeropuerto de Los Ángeles, California, Estados Unidos, bajo cargos de narcotráfico y lavado de dinero, cimbró a la sociedad mexicana, al Ejército Mexicano y al gobierno de la 4T-4R. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo aceptó en principio igual que la inmensa mayoría de los mexicanos, y habló de una limpieza de colaboradores cercanos al acusado. Luego rectificó gradualmente su postura, de igual manera que muchos mexicanos, en la manera en que la información empezó a fluir y se realizaban análisis críticos al respecto. Cuando el general Cienfuegos fue liberado y regresó a México sin cargo penal alguno, estaba claro que el desafío para la Fiscalía General de la República (FGR) y para el propio gobierno actual era lograr la credibilidad, la legitimidad y la más estricta legalidad sobre el más grande reto que hasta el momento le había llegado al gobierno de la 4T-4R: probar o desechar los cargos desde una investigación propia.
Con la dañada que está nuestra justicia, en lo estructural y en la credibilidad social, resultó un tema mayúsculo: surgieron las incredulidades de mala y buena fe, con la premisa de que sólo encarcelando al general Cienfuegos –quien fuera secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña– podía tener credibilidad el manejo judicial y político del caso. Asimismo, el deseo de constatar la gran voluntad transformadora del gobierno actual, con una investigación pulcra, constitucional y manejada a la altura del reto. La FGR estaba entonces en una encrucijada.
Por otro lado, la crisis electoral en la sucesión presidencial, inicialmente, que luego evolucionó hacia una severa crisis judicial-electoral y política social, agravó la situación en Estados Unidos. El olfato político de los principales personajes del gobierno mexicano, empezando por el propio jefe del Ejecutivo, marcó que era el momento de liberarse de este enorme compromiso, si se tenían los elementos de investigación criminal suficientes.
El expediente que remitió el Departamento de Justicia estadunidense a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (trasladado a la FGR, analizado por sus investigadores durante dos meses y medio, más la comparecencia del general con su abogado en una diligencia formal y con las evidencias que ambos presentaron) llevó a la Fiscalía a concluir que no había elementos probatorios suficientes para ejercer acción penal vinculando a proceso al militar acusado.
Recordemos que en toda la concepción filosófica, política y policiaco-militar llamada “guerra contra las drogas” y, evidentemente, contra los “grupos del crimen organizado”, México fue rehén político de la geopolítica de dominio desde Estados Unidos a través de la concepción que da sustento a esta grave temática mundial, respaldada también en y desde la Organización de las Naciones Unidas, en donde las potencias occidentales impusieron su hegemonía (ideológica y cultural). Tratados bilaterales de cooperación en investigaciones criminales, en entrenamiento táctico militar, de doctrina militar, de disponibilidad de recursos financieros para contratar servicios especializados de provisión de equipos electrónicos, de entrenamiento informático, de inteligencia, etcétera, como fueron los 1 mil millones primero y luego 1 mil 500 millones de dólares puestos en la Iniciativa Mérida, con el altísimo costo social y político-institucional que ha tenido para México, con exiguos resultados en el más elemental análisis de costo-beneficio en los distintos campos involucrados, incluyendo el presupuestal en que se triplicaron los recursos para los cuerpos armados del Estado.
Hoy la corrupción institucionalizada en el conjunto de las instancias legales del Estado mexicano es inseparable de la tormenta de recursos financieros y de ingresos criminales multimillonarios que han fluido desde la actividad comercial ilícita y la acción corruptora y de captura institucional de las organizaciones del crimen transnacional hacia y con los altos funcionarios del Estado.
El gobierno de la 4T-4R ha puesto en funcionamiento, en su fase inicial aún, una nueva concepción filosófica, un nuevo paradigma, nueva estrategia y nuevas políticas públicas en despliegue para atacar el grave problema que enfrentamos. No hay espacio para un desglose de todo ello. La nueva base filosófica parte de la estructura social mexicana, sus instituciones políticas, su aparato de justicia, la ruptura del tejido social armónico, la forma de ejercer el poder político, la composición cultural-ideológica de las élites políticas que han asumido el poder desde hace 40 años, el proyecto trasnacional de estas élites para México, la subordinación estratégica de los gobiernos mexicanos a la prioridades geopolíticas de Estados Unidos en América Latica (para sólo hablar de esta región), sobre la visión filosófica y cultural en materia de legalización de drogas prohibidas, en todo lo cual las policías mexicanas y el Ejército Mexicano y la Marina han sido puntales permanentes. Y el resultado de todo este cambio es una ruptura con el alineamiento táctico y estratégico en materia de “la guerra contra las drogas” y la estrategia de “combate a las organizaciones criminales”.
Esta ruptura es amplia, compleja y extremadamente importante y significativa, es un diseño de mediano y largo plazo, repetimos, en despliegue aún. En este contexto debemos analizar el tema del general Salvador Cienfuegos: Genaro García Luna no es un tema tan trascedente como Cienfuegos. Antes de él sólo sigue en importancia el actual secretario de la Defensa Nacional, general de división Luis Cresencio Sandoval, quien tuvo mucha relación institucional con el general Cienfuegos durante el sexenio anterior, aunque no podría hablarse de ninguna manera de un grupo de interés con el actual secretario como se habla la de “la cofradía” dentro del Ejército.
Una acusación, detención, procesamiento judicial y encarcelamiento por el resto de la vida del general Cienfuegos en Estados Unidos tendría una trascendencia geopolítica y estratégica muy grande y, a la vez, desastrosa para México y sus Fuerzas Armadas, su gobierno, y su proyecto de transformación en despliegue. Quedaríamos al nivel de Panamá, con el caso del general Manuel Antonio Noriega, sólo que sin invasión, por fortuna. Debemos también valorar el rol estratégico de México para Estados Unidos, de su territorio y autoridades en la lucha contra el tráfico de estupefacientes y la criminalidad trasnacional. Su emplazamiento territorial es para el país vecino fundamental, y ello representa un margen de maniobra táctica y también con sentido estratégico para el actual gobierno que es necesario concretar. Somos parte de su interés nacional, pero allí hacemos presente el interés propio, y ambos no son exactamente lo mismo en cualquier tema y en cualquier coyuntura.
Luego de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional que busca presionar normativamente a los organismos de inteligencia extranjeros que actúan en México para que compartan información de aspectos álgidos de su actividad, que creó también mucho malestar en estos organismos en Estados Unidos, tenemos que el rechazo y denuncia de la investigación de la DEA contra el general Cienfuegos, más la demanda de que se informe de manera integral sobre los términos de la operación Rápido y Furioso –sobre lo cual, por cierto, estamos esperando que se le haga justicia a México actuando judicialmente contra los responsables en Estados Unidos por el gran daño que causaron en México los 2 mil rifles de asalto adicionales en la vorágine de violencia criminal–, considero que en conjunto conforman una línea de ofensiva discreta, gradual, pero no menos real al accionar desparpajado y discrecional de los organismos de inteligencia estadunidenses en México, especialmente la DEA, avalado y estimulado por gobiernos priístas y panistas. Es entonces también una acción de ruptura con la política en la materia por parte de gobiernos anteriores al del presidente López Obrador.
Es correcto analizar el expediente enviado por el Departamento de Justicia e integrado por la DEA, ir al detalle, cuestionar y reflexionar y volver a cuestionar; pero si se piensa por un momento siquiera en que el gran disenso planteado por México con Estados Unidos –que recompone y redefine la relación bilateral en este territorio fundamental de la vinculación política– no permea hacia la acción de sus organismos de seguridad e inteligencia, y que los estadunidenses son neutrales ante la serie de inictivas y acciones del gobierno mexicano, y que no actúan con un sentido político más amplio, en suma, que no buscan “carambolas de tres bandas”, hay un error de análisis estratégico mayor. Si nos absorbe el análisis jurídico-criminal y perdemos de vista este gran tema, la parcialidad y las conclusiones limitadas son el resultado. Probablemente a esta dimensión del tema del general Salvador Cienfuegos se refirió el presidente López Obrador cuando dijo que no se permitirían “venganzas”.
Desde otra perspectiva, en política estratégica no cualquier momento para tomar una decisión y una acción relevante da lo mismo: éste era el momento para desligarse de Estados Unidos en este delicado y gravoso tema. De manera que los analistas que hablan de “fast track”, de “precipitación”, “sospechosa rapidez” por parte de la FGR están en la perspectiva jurídico-criminal, casi todos sin ser especialistas en ello, no en la perspectiva estratégica que un hombre de gran experiencia como el fiscal Gertz Manero entendió perfectamente bien, para no hablar ya del olfato político que caracteriza al presidente López Obrador. Por ello, solicitar la remoción del fiscal General de la República es ya un despropósito, es expresión de un bajo entendimiento de la situación, en donde el supuesto fundamental es que se da por sentado que la DEA comprobó los gravísimos cargos contra el general Cienfuegos, lo cual está en entredicho, como si la palabra de sus investigadores fuera del otro mundo, y no de representantes de un gobierno que tiene sus propias y muy legítimas instrucciones de trabajo y sus propios intereses nacionales. Ciertamente con un alto grado de especialización.
Hay partes en donde el expediente es grotesco en cuanto a gramática y sintaxis, no referido al dicho de los supuestos criminales sino del acusado. Hay que leer la versión que puso en línea Relaciones Exteriores sin testar. La enorme desconfianza hacia nuestras instituciones de justicia desborda casi cualquier otra circunstancia. ¿Sólo encarcelando al general Salvador Cienfuegos el gobierno de Andrés Manuel López Obrador habría tenido credibilidad? Pensar eso es otro error garrafal. Las implicaciones para el actual gobierno con sus principales aliados institucionales, las Fuerzas Armadas, en una decisión imprudente, en un procesamiento descuidado, sin claridad técnico-jurídica y sin mesura política, serían muy negativas e incalculables; probablemente bastó adentrase en el expediente integrado por la DEA para darse cuenta de su debilidad.
La FGR resolvió sobre las imputaciones hechas directamente al general Cienfuegos, no sobre el conjunto de hechos derivados de ello y contenidos en el documento de referencia, esto también se olvida y se impugna la resolución judicial a partir de que no se investigó todo lo posible, pero esas indagatorias, serían materia de otros expedientes, porque es verdad que también es evidente que hay otros casos y aspectos que investigar. De ello hablaremos en otra ocasión.
Jorge Retana Yarto*
*Licenciado en economía con especialidad en inteligencia para la seguridad nacional; maestro en administración pública; candidato a doctor en gerencia pública y política social. Tiene cuatro obras completas publicadas y más de 40 ensayos y artículos periodísticos; 20 años como docente de licenciatura y posgrado; exdirector de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional.
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