Ciertos desarreglos y cortocircuitos en el gobierno de Jair Bolsonaro eran esperables; después de todo, el actual presidente fue a la disputa presidencial del año pasado sin un partido político, sin el respaldo de los vehículos de comunicación tradicionales y tampoco tenía el beneplácito manifiesto de los principales grupos de interés. Apostó a la instalación de una “ruptura política” que generara nuevos puntos de equilibrio de gobernabilidad, impulsando a que otros sujetos se aproximaran a la escena (o él mismo como expresión de ellos) como los militares, los evangélicos, los ultraneoliberales, y una masa más amorfa pero fiel para socorrerlo ante cualquier problema, integrada por youtubers, nuevos congresistas y figuras públicas destacadas alineadas con su discurso de derecha. Bolsonaro se arriesgó a imponer una nueva agenda con estos otros protagonistas, que le servirían para arrinconar especialmente a aquello que él mismo calificaba de “izquierda” o “comunismo”.
Pero en lo que va de estos meses de gobierno sus proyecciones no se cumplieron. El loteamiento del gabinete según aquellos intereses facciosos resultó, por ejemplo, en una sobrerrepresentación militar que consolidó un fenómeno subsidiario: la diferenciación entre “los militares” (bajo las indicaciones de “los generales”, con el círculo “haitiano” a la cabeza) y el propio Bolsonaro (o más bien, “la familia Bolsonaro”: él mismo y sus tres hijos). Se trata de una fricción en curso y que tuvo hace unas semanas un choque más frontal (vía redes sociales, que es el lenguaje prototípico de la actual gestión) entre Carlos Bolsonaro y el vicepresidente Hamilton Mourão. De esta tensión nodal se derivan otras, que corren en paralelo. Por ejemplo, en estos 4 meses el secretario general de la Presidencia y el ministro de Educación han sido renunciados por cortocircuitos internos, con “los militares” en el medio.
Estas internas en el gabinete se alimentan de otros desdoblamientos, como los enfrentamientos que algunos ministros tuvieron con representantes de los otros poderes públicos, como el caso de los ministros de Justicia (Sergio Moro) y de Economía (Paulo Guedes) con el presidente de la Cámara de Diputados (Rodrigo Maia); o el cruce entre varios miembros y voceros del Poder Ejecutivo con algunos integrantes de la Corte Suprema de Justicia –a propósito de la “censura” a la Revista Crusoé y el sitio O Antagonista dispuesta por la máxima instancia judicial– [1]. En el medio, ruidos institucionales al mayor: pedidos de juicio político de parlamentarios oficialistas al propio vicepresidente; circunstancias como la del “golden shower”, que marcaron una inflexión en la estima ciudadana a Bolsonaro –según lo verificado por las encuestas de opinión–; o bien la confirmación de interpretaciones extravagantes en materia de directrices estatales, como la conferencia de prensa del canciller tras la visita presidencial a Estados Unidos.
Brasil ha transcurrido unos meses de muy poca afirmación desde la gestión y ha caminado bastante a contramano del sistema político de las últimas décadas; ese “presidencialismo de coalición” –esto es, un intercambio coalicional de espacios ejecutivos para lograr los apoyos (partidarios) legislativos– tiene hoy transfigurada su dinámica: las dos principales propuestas gubernamentales de Bolsonaro (jubilatoria y antidelictiva) están en un impasse de tramitación y aprobación. Sucede que la descaracterización general del sistema político sucedida desde el juicio político a Dilma Rousseff en adelante ha sido de tal magnitud y profundidad que la fragilidad de los elementos que sobrevivieron hace que tengan muchas dificultades para componer una dinámica en común y alguna forma de mecánica política sostenida. Es en ese sentido que puede decirse que el golpe tuvo costos muy altos para la democracia brasileña: la arremetida contra Dilma, Lula, el Partido dos Trabalhadores y la izquierda en general, necesitó modificar la institucionalidad (securitaria, federal, administrativa, presupuestaria, punitiva, política, electoral, ambiental, cultural, etcétera) quedando para la atención tan sólo los aspectos más farsescos y fascistoides de la sociedad. Se trata de elementos que no logran sintetizar una autoridad presidencial estable; de allí los rumores que los mismos sectores de la clase dominante lanzan sobre el futuro mediato del presidente, y las dificultades que se observan para concluir el período.
Desde este punto de vista puede decirse que al Bolsonaro presidente le falta aquello que supuestamente lo distinguía como candidato: autoridad para imponerse en un contexto sociopolítico disperso. Dicha cuestión habilita un balance sobre el tipo de presidencialismo que su mandato expresa: un semipresidencialismo inestable, en tanto su autoridad presidencial está en continua tensión con facciones del propio Gabinete (que lo contradicen, que lo presionan, etcétera). No es el caso de un presidente rehén de un Congreso golpista como el caso de Dilma en tanto, como se afirmaba, ya no existe más aquél “presidencialismo de coalición”. Ahora el problema está en el mismo Poder Ejecutivo y las fricciones internas que animan las rispideces de afuera (medios de comunicación, fracciones de la burguesía interna, grupos millenials, etcétera). Es en esta coyuntura de ausencia de autoridad que (re)aparece Lula.
En paralelo a la deconstrucción de la capacidad de Bolsonaro para regular la escena política fue reapareciendo la figura de Lula. Hay una secuencia de interpretaciones y novedades que lo volvieron a colocar en un lugar destacado. En un sentido más general, puede afirmarse que esas modificaciones alrededor de Lula son expresivas de una correlación de fuerzas que no se encuentra estática; todo lo contrario, se mueve –en su respaldo–. En función de su libertad e inocencia no sólo es claro y contundente el apoyo de los círculos jurídicos (nacionales e internacionales), o de los organismos internacionales, como la reocomendación hecha en su momento por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que Lula pudiera participar de las elecciones del año pasado; o lo dicho en su momento por la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre su condición de perseguido político. Las campañas internacionales por su libertad han generado todo tipo de simpatías y acompañamientos, como lo muestran los diferentes “Comités Lula Livre” fuera del Brasil.
Ahora bien, lo que cambió en estos meses –de gobierno Bolsonaro– es que cada vez más figuras del propio subsistema político-judicial comienzan a admitir lo fraudulento de los procesos investigativos en su contra y lo injusto de sus condenas. Si Gilmar Mendes, miembro de la Corte Suprema, en otros tiempos un ferviente antipetista [2] que no hizo nunca nada para que se detuviera el juicio político a Dilma o se rectificaran en su momento los procesos judiciales contra Lula, en un reportaje de febrero de este año admitió que “Lula no debería haber ido preso” [3] y hasta el mismo ministro de Economía de Bolsonaro, Paulo Guedes, hace unos días reconoció que “Lula no robó ni una migaja” [4] es porque cada vez queda más claro el sustantivo absurdo jurídico que significan las causas judiciales contra Lula. Y su intencionalidad política.
La expansión de esta opinión sobre Lula y su injusta condena es expresión de una correlación de fuerzas que también se va reacomodando; no es un simple epifenómeno social de interpretaciones, que lo es: también es la muestra de que las diversas presiones, las luchas por instalar su inocencia, por denunciar su persecución y por mostrar las arbitrariedades han, de algún modo, dado sus frutos. En este contexto hay que entender que la Quinta Sala del Superior Tribunal de Justicia (STJ, una tercera instancia en el sistema penal brasileño; quedando todavía una última revisión en el Supremo Tribunal Federal, STF) le redujo la pena de 12 años y 1 mes a 8 años y 10 meses en la causa del “tríplex de Guarujá”, proceso judicial emblemático de las arbitrariedades y abusos cometidos, sobre todo, durante el proceso de instrucción a cargo del entonces juez Sergio Moro. También, en menos de una semana, por una decisión del STF, se le permitió dar entrevistas desde la prisión, un absurdo jurídico que había sido mantenido de forma taxativa el año pasado, precisamente por el contexto electoral.
Es cierto que, como argumentan los abogados de Lula, si bien la condena fue reducida, la sentencia y el proceso fueron aceptados, lo que era un punto central en los pedidos de revisión. Sin embargo, en las justificaciones de la Sala Quinta del STJ se pone como detalle, para admitir la revisión, que no se observa la solvencia de las pruebas en tanto corresponden a actividades que no puede ser revistas por ese tribunal. Justamente las pruebas –o, más bien, ausencia de ellas– es lo que está en el foco de los cuestionamientos. Con la disminución de la condena y por progresión de la pena, Lula podría ir hacia un régimen semiabierto a partir de septiembre de este año (dependiendo de lo que suceda en las otras causas en las que es investigado). Habrá una última instancia para revisar el tema puntual de las pruebas: el STF.
Este mismo colegiado, seguramente antes, deberá definir acerca de la jurisprudencia en los que respecta a la permanencia (genérica) en libertad con sentencias de segunda instancia, camino por el cual Lula podría retomar su libertad, de modificarse el actual régimen. Si bien el año pasado los números le fueron desfavorables, este año hay otras contabilidades entre los miembros de la Corte Suprema. Además, ahora Lula tendrá más tiempo de figuración, lo que le permitirá exponer sus ideas, sus interpretaciones y contrabalancear con el discurso dominante, cada vez más desacreditado. Ahora Lula tendrá más posibilidades de aparecer y hacer circular su palabra por diferentes medios de comunicación, como quedó claro desde la semana pasada. Y ello modificará bastante el panorama político; a fin de cuentas, su imagen sigue muy presente en la memoria colectiva como el último presidente que, manteniendo la autoridad presidencial (algo fundamental para tratar de domesticar al capitalismo periférico brasileño), pudo imprimirle un direccionamiento al proceso político. Una referencia histórica que opaca bastante el grotesco escenario abierto en los últimos meses.
Notas
[2] Petista: relativo al Partido dos Trabalhadores (PT).
[4] https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2019/04/lula-nao-roubou-um-tostao-diz-paulo-guedes.
Amílcar Salas Oroño*/Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag)
*Doctor en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y maestro en ciencia política por la Universidad de São Paulo; investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la UBA
[ANÁLISIS] [INTERNACIONAL]
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