El análisis de cuatro procesos de pacificación ­–España, Irlanda del Norte, Colombia y Brasil– es esencial para el reto que afrontará México. De sus fracasos se debe aprender la lección: impunidad, encubrimiento oficial, justicia a medias, omisión-complicidad judicial configuraron ambientes institucionales en donde los agentes del Estado se volvieron violadores masivos de derechos humanos

En las realidades que han enfrentado España, con la ETA; Irlanda del Norte, con el IRA; Colombia, con los cárteles de la droga y las guerrillas; y Brasil, con la violencia del crimen organizado en las favelas, se ha buscado erradicar la violencia armada, insurreccional o criminal para entrar en procesos de pacificación y reconciliación nacional. Las similitudes con el caso de México existen en más de una situación, y también las lecciones.

En los casos de Euzkadi e Irlanda del Norte, hay un gran factor que empata ambas experiencias y es el factor externo de poder que influye en forma determinante en el desarrollo de los procesos de conflictividad social exacerbada.

En ambos casos es relativo a un pasado colonial con fuerte presencia política, cultural, ideológica y económica: Inglaterra (y la corona británica) y el Estado español, ambos con una organización monárquica. Esto determina un centralismo político, mayor en el caso de la corona británica, y menor en la España contemporánea (por la autonomía regional constitucional otorgada), sin que el vínculo del pasado colonial haya desaparecido completamente.

Esto es una cualidad de ambos procesos, que en el caso de Colombia, Brasil y México se traduce, no en imbricación de tipo colonial, pero sí en un factor de hegemonía regional desde Estados Unidos con fuertes connotaciones militares y jurídicas, convertidas en instrumentos de cooperación y asistencia militar, de inteligencia, policial, económica, con tratados de extradición y de tipo fronterizo, con amplia influencia ideológica y cultural desde hace 1 siglo, por lo menos.

La presencia entonces de un poderoso factor externo de poder que condiciona en amplia medida el desarrollo del proceso interno de la conflictividad social, está presente en los cuatro casos. Es por lo tanto, una constante visible y palpable en ellos.

Las grandes represiones

En los cuatro casos podemos descubrir procesos represivos permanentes contra los retadores del Estado (patriotas-nacionalistas o izquierdistas insurrectos, y criminales organizados que, a pesar de ello, tienen derechos humanos; sin que la naturaleza social del reto sea el mismo), con episodios icónicos en cada caso.

Por ejemplo, el “domingo sangriento” en Irlanda del Norte [ocurrió el 30 de enero de 1972, en el contexto de la convocatoria a una manifestación que pugnaría por los derechos civiles y en contra del encarcelamiento de sospechosos de pertenecer al IRA, sin juicio de por medio. La marcha pacífica fue repelida por el Primer Batallón de Paracaidistas del Reino Unido. Catorce personas murieron y más de 30 resultaron heridas. Nota de Contralínea].

En España, la ejecución a manos de la Guardia Civil de Txabi Etxebarrieta, líder dirigente de ETA en 1968; así como el llamado “Proceso de Burgos”, en diciembre de 1970, cuando con 2 mil detenidos de ETA se celebró el juicio y dio como resultado seis condenados a muerte (incluyendo dos sacerdotes) que, finalmente, fueron ejecutados.

En Colombia, la acción militar de noviembre de 1985 contra el M-19 (organización guerrillera de tendencia socialdemócrata), durante la toma del Palacio de Justicia por un comando de 35 guerrilleros, concluyó con la aniquilación del comando, unos 53 civiles y algunos magistrados heridos. Ésta es considerada una verdadera masacre, ícono de la represión brutal en Colombia contra la izquierda armada.

Además, muchos casos icónicos contra las Fuerzas Armadas Revolucionari8as de Colombia (FARC). Especialmente graves fueron: el asalto al campamento guerrillero en la frontera con Ecuador (en Angostura), llamada “Operación Fénix”, que derivó en la muerte de 22 guerrilleros y del segundo comandante de ese movimiento, Édgar Devia o Saúl Reyes (en marzo de 2008).

También, el asesinato de familiares de los comandantes guerrilleros a manos de las fuerzas paramilitares (la fuerza paramilitar en Colombia, enemiga de la izquierda armada, fue considerada parte de la fuerza oficial beligerante y/o parte de los ejércitos privados de los cérteles de la cocaína), el 24 de abril de 2017 en pleno proceso de paz. Ya habían sido firmados los acuerdos (desde el 24 de noviembre de 2016), cuando fueron asesinados en Taraza-Antioquia dos adultos y un menor, familiares del comandante Guillermo León Osorio.

El crimen se dio a pesar de que los acuerdos establecían la obligación del Estado colombiano de formar una Comisión Independiente que investigara todos los hechos similares por parte de fuerzas paramilitares, y proveer la seguridad necesaria a exguerrilleros y sus familiares, ya que se produjeron múltiples casos de secuestros y asesinatos (familiares degollados).

Hay organismos especializados de la sociedad civil, como el Centro Nacional de Memoria Histórica, que documentan 728 masacres cometidas por los actores combatientes de distinta naturaleza social, en el periodo 1982-2013. Sin embargo, con una retrospectiva más amplia superaría el doble: las fuerzas paramilitares perpetraron 1 mil 166; 139, por parte de las fuerzas armadas oficiales (entre ambas, 1 mil 305 masacres), y a las FARC se le atribuyen 295 masacres. La región de Antioquia (al Noreste del país) ha sido el epicentro de la mayoría de ellas. Un conflicto muy prolongado y aterradoramente violento. No obstante, los procesos de construcción de la paz se han abierto paso, aún con grandes conflictos y problemas.

Finalmente, en el caso brasileño están las masacres que se llevaron a cabo en octubre de 1994 y mayo de 1995, en Nova Brasilia, una favela de Río de Janeiro, en donde la policía militar mató a 26 personas y algunos agentes violaron a tres adolescentes. Por estos crímenes relacionados con violencia policial contra población indefensa y por la impunidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos condenó al Estado brasileño.

Para la CIDH, ese Estado fue responsable, también, de violación del derecho a la garantía de independencia judicial y de imparcialidad en la investigación, la diligencia de los hechos en un plazo razonable, y del derecho a la protección judicial y a la integridad personal, relativas a las investigaciones de dichas masacres.

Investigaciones amañadas

Ante eventos de violación masiva de derechos humanos durante episodios de represión álgidos –como los antes enunciados– y ante la presión social nacional e internacional derivada de esos hechos, en esas cuatro problemáticas, los gobiernos recurrieron a “investigaciones judiciales amañadas” que pretendían validar una versión oficial de los hechos.

Así sucedió en el caso de la investigación del “domingo sangriento” en Irlanda del Norte: el gobierno británico exoneró de cualquier responsabilidad legal a quienes perpetraron la matanza, es decir a sus soldados. Después se realizó una investigación independiente, que los condenó por represión injustificada.

Otro ejemplo ocurrió en España: en el caso de las masacres de militantes vascos de la ETA, que conformaron una verdadera guerra sucia española, no hubo investigaciones oficiales propiamente. Un pequeño grupo de periodistas (Diario 16 y El Mundo) evidenciaron ante la sociedad española y la opinión pública internacional los casos más representativos.

Las investigaciones periodísticas descubrieron la guerra sucia del gobierno español, presidido por Felipe González entre 1983 y 1987. En ese periodo se implantó la Ley Antiterrorista. La guerra sucia involucró a Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), un caso de terrorismo de Estado: su objetivo era eliminar a ETA; contaba con una estructura de apoyo mediante agrupaciones parapoliciales y acciones armadas. Aunque decían combatir “el terrorismo”, realizaron acciones indiscriminadas que ocasionaron la muerte de ciudadanos franceses sin adscripción política conocida. Este grupo de perfil oficial sustituyó a otros dos similares: Batallón Vasco Español y Antiterrorismo ETA. Las investigaciones periodísticas le atribuyeron cerca de 30 asesinatos. Uno de sus “brazos activos” actuaba en suelo francés.

En los GAL se integraban jóvenes de la extrema derecha española, expolicías españoles, “soplones” de la policía, veteranos militares y mafiosos de la ciudad de Marsella. En Francia asesinaron al dirigente de ETA Miguel Ángel Goikoetxea, en San Juan de Luz, el 28 de diciembre de 1983. Después fueron asesinados Javier Pérez Arenaza, cuñado de Domingo Iturbe Abasolo, el 23 de marzo de 1984, en Blarritz; el 15 de junio de ese año, támbien en Blarritz, el dirigente etarra Tomás Pérez Revilla; el 30 de marzo de 1985, Xavier Galdeano, cerresponsal del diario Egin en el País Vasco francés, en San Juan de Luz; el 25 de septiembre de 1985, en el bar Mon Bar de Bayona, los presuntos miembros de ETA José María Etxaniz, lñaki Astiazuinzarra, Agustín Irazustabarrena y Sabin Echaide. Una organización dedicada a “descabezar a ETA- militar”.

En el juicio celebrado en diciembre de 1985 contra acusados de pertenecer a los GAL –entre ellos, Fernández Aceña, Moraledo y Navascués–, Fernández confesó como testigo que todos los detenidos en marzo de 1984, excepto Navascués, formaban un comando de información de los GAL. Moraleda fue condenado a 29 años y 4 meses de prisión, Fernández Aceña a 29 años y 10 meses y Navascués fue absuelto por falta de pruebas.

El tema de la impunidad, el encubrimiento oficial, la justicia a medias o la omisión-complicidad judicial configuran un ambiente institucional en donde los agentes del Estado se vuelven perpetradores directos de ejecuciones y asesinatos extrajudiciales y, por lo tanto, violadores masivos de derechos humanos.

Este factor –presente en los cuatro casos– convierte estas circunstancias del contexto legal en otra constante, que un nuevo proceso pacificador debe abordar para asegurar que no vuelva a haber impunidad ante los crímenes de Estado, no sólo de los cometidos por la izquierda armada o las organizaciones criminales: impunidad para nadie.

En Brasil tuvo que llegar la sentencia judicial por crímenes de Estado ante la omisión del poder judicial nacional. Se estaba castigando a otros infractores, no a los agentes del Estado.

En el caso español, fueron condenados dos de tres acusados; pero, ¿quién fue responsable desde el Estado de crear los GAL para “descabezar” a ETA militar? La respuesta es fundamental. Por ello, la prensa española cuestionó al jefe de gobierno Felipe González y al conservadurismo vasco (se señaló, por ejemplo, a la Confederación de Empresarios de Vizcaya); e incluso a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (consultar La CIA en España, de Alfredo Grimaldos, quien sostiene que en aquel momento, la CIA tutelaba al Partido Socialista Obrero Español). Hasta allá no llegó la investigación y la impartición de la justicia española.

Por ello es altamente necesario que en los procesos de pacificación orientados a la reconciliación, y dentro de un modelo de justicia transicional, los gobiernos nacionales –como el de México– sean asesorados por organizaciones internacionales: la Corte Penal Internacional, Amnistía Internacional, la CIDH y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por ejemplo.

Negociaciones

Otra constante en los procesos analizados es la realización de conversaciones, encuentros u otras negociaciones, directos o mediante representantes, poco auténticos, o bien, con exclusiones sociales. De igual manera, el incumplimiento de los acuerdos, por varias razones: ausencia de un liderazgo suficiente, fragmentación de las posturas negociadoras, es decir, “negociaciones manipuladas” para concluir la violencia armada, que al ser ficticias o débiles, están seguidas de nuevos episodios de recrudecimiento de la violencia, que afectan mayormente a la población civil indefensa, incluyendo menores de edad.

Por ejemplo, en el proceso de pacificación vasco de Euzkadi –a mediados de 2003– las organizaciones patronales estuvieron tentadas a negociar avances en el Estatuto de Autonomía Vasco y llamar a una Mesa de Partidos Políticos sin ETA, presionando a esos efectos al gobierno vasco de José Ibarretxe. Ante esta maniobra, el secretario general de la central sindical vasca (ELA), José Elorrieta, condenó las políticas neoliberales que afectaban la planta laboral vasca impulsadas por el Partido Nacionalista Vasco; yplanteó también al seno del congreso laboral que los nuevos contenidos del Estatuto Autonómico (“postulados soberanistas” les llamó) debían incorporar “contenidos sociales” en las negociaciones de los contratos provinciales, lo que coincidió en tiempos políticos con la exigencia de ETA de abrir el diálogo sin exclusiones para la “normalización política de Euzkadi”.

ETA no había cometido acto violento alguno. A finales de 2003, el presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, Josep Lluis Carod Rovira, se entrevistó con la cúpula de ETA en la localidad francesa de Perpiñán. El encuentro se filtró desde una fuente del CNI al diario ABC, desatando un gran revuelo mediático.

Carod Rovira se vio obligado a dimitir de su cargo de Conseller en cap del gobierno tripartito Catalán, integrado por tres partidos, incluído el Socialista Catalán.

Para el 18 de febrero de 2004, ETA anunció una tregua por la que se comprometía a dejar de atentar en Cataluña; y el 21 de marzo de ese año, emplazó al diálogo en un comunicado dirigido al presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el cual afirmaba que la solución no estaba en manos de un agente, una persona o una organización.

Sin embargo, no se declaró la tregua. Ante la falta de respuesta del gobierno de Rodríguez Zapatero, ETA reanudó los ataques con bombas hacia la segunda mitad de 2004 (aunque no hubo víctimas mortales, sí hubo destrucción). Esto anuló los diálogos logrados y los postulados de construcción de la paz en que se habían posicionado actores fundamentales del conflicto violento planteado.

Para mayo de 2005, ante los ataques a su gobierno por sus declaraciones pacifistas, postuló clara y contundentemente en el parlamento que su intención política era terminar el conflicto armado con ETA mediante un final negociado. Un hecho fundamental entre todos los actores políticos fue llegar a un acuerdo de paz y someterlo a votación social en el país vasco.

En el caso de Irlanda del Norte, la elección de Gerry Adams, miembro de la cúpula del IRA, como presidente de la organización nacionalista y republicana del Sinn Féin conformó un avance sustancial en la unificación organizada de las posturas nacionalistas y republicanas católicas. El partido inició una politización del movimiento republicano, que lo llevó a un verdadero auge electoral. Tras ello, los gobiernos británico e irlandés firmaron en 1985 el Acuerdo Anglo-Irlandés, con el objetivo de afrontar el desafío electoral republicano y de optimizar la cooperación entre Reino Unido e Irlanda.

Ese acuerdo concedía a Dublín una mayor influencia en los asuntos de la región del Norte. El proceso llegó a un nuevo avance importante, cuando el IRA y los principales grupos terroristas unionistas decretaron el cese de la violencia hacia 1995. El avance era ya considerable; sin embargo, en las nuevas rondas negociadoras, el gobierno británico exigió el desarme completo de IRA como condición para integrarse a la mesa de negociaciones (1996). La organización Sinn Féin fue excluida de las conversaciones y, en protesta, el IRA rompió la tregua y reanudó la lucha armada contra el gobierno británico.

Al tiempo IRA se dividió: se formó el llamado “IRA Auténtico”, quien hizo estallar un coche bomba matando a 29 personas. La reacción del gobierno británico fue suspender la vigencia de las instituciones autonómicas para Irlanda del Norte que se habían ido conformando, en un largo proceso negociador.

Por su parte, en Colombia se experimentaron negociaciones fallidas desde hace casi 40 años: desde 1982, cuando se producen los primeros fracasos, pasando por el acuerdo entre César Gaviria y el Cártel de Medellín, de Pablo Escobar, en 1991; con los paramilitares de las AUC en 2005 con el presidente Álvaro Uribe; hasta 2016, cuando se firma la paz con las FARC).

En esos procesos de negociación hubo avances fragmentarios y oportunidades malogradas, tanto con las organizaciones criminales como con la izquierda armada. Las dos premisas han sido: dialogar y pacificar el país con los actores políticos de peso, y avanzar hacia una apertura democrática, incluyendo la parte socio-económica.

Probablemente uno de los procesos icónicos fue la firma de los Acuerdos de Corinto, entre la guerrilla colombiana Movimiento 19 de abril (M-19) y el gobierno de Belisario Betancur el 24 de agosto de 1984, en los cuales las partes firmantes se comprometieron a un cese bilateral del fuego y la búsqueda conjunta de una salida política al conflicto armado.

El documento fue suscrito por una Comisión de Paz, Diálogo y Verificación, en representación del gobierno, y por los Comandantes del M-19. El 25 de agosto de 1984, tanto el M-19 como el presidente Betancur ordenaron el cese al fuego. El Acuerdo también fue firmado por el Ejército Popular de Liberación (EPL) en El Hobo, Huila.

Derivado de ello se dio el fin de varias acciones del M-19 y el EPL y el reintegro de varios combatientes a la vida civil. No obstante, sectores del ejército opuestos a los acuerdos atacaron a varios miembros y campamentos. Antes de la firma de los acuerdos, el líder del M-19, Iván Marino Ospina, y Carlos Pizarro, líder del Leongómez, fueron emboscados por la policía y el ejército cuando se dirigían a San Francisco y Corinto, Cauca, para reunirse con los miembros de la comisión de paz. Tras los ataques, en enero de 1985 se anunció rota la tregua y los acuerdos. Reapareció la violencia en las calles.

Tras acogerse a una amnistía y viajar a Cuba, Carlos Pizarro regresó a Colombia y tomó de nuevo las armas. Pizarro firmó un pacto de cese al fuego el 24 de agosto de 1984 en Corinto, departamento del Cauca. Los acuerdos de Corinto se desintegraron tras un atentado a Antonio Navarro Wolff, vocero del M-19.

Entonces, el conflicto entre el grupo guerrillero M-19 se recrudeció con el gobierno lo que conllevó a la toma del Palacio de Justicia el 7 de noviembre de 1985 y el asesinato de Óscar William Calvo de la guerrilla del EPL. Esta toma la atacó el gobierno y provocó una masacre, que incluyó casi a todos los guerrilleros del comando y más de 50 heridos, entre ellos varios ministros que eran rehenes.

Los actores en pugna tardaron más de 1 década para intentar superar este episodio. Entraron en acción las organizaciones criminales tratando de protagonizar algún acuerdo de paz negociada con el gobierno nacional, con quienes hubo acuerdos preliminares frustrados que sólo lograban recrudecer la violencia posterior con altos costos sociales.

Finalmente el proceso pacificador en las favelas brasileñas (en donde viven 1.5 millones de personas), mediante un nuevo modelo policial de cercanía o proximidad –al que también se le llama policía comunitaria– y que nació en 2008, fue una exitosa política pacificadora pasados los eventos deportivos que comprometían internacionalmente a Brasil (mundial de futbol en 2014 y los Juegos Olímpicos en 2016).

Pero las favelas vieron recrudecer la violencia;  y las antiguas UPP (Unidades de la Policía Pacificadora) fueron parte central de ésta: en el primer trimestre de 2017, se registraron 623 enfrentamientos en favelas ‘pacificadas’, siete por día. Incluso en las que rodean las ricas zonas urbanas de Ipanema, Copacabana o Leblon, como fue el caso del intenso tiroteo de 5 horas que se produjo durante un fin de semana, que dejó un muerto y tres heridos (15 de septiembre de 2017) en la favela Rocinha (Río de Janeiro).

Hubo más de 100 policías asesinados ese año. La pacificación estaba casi muerta ante la inoperancia de las UPP y la ofensiva delictiva contra ellas y contra sus adversarios criminales. ¿Qué sucedió? Extraordinaria pregunta para una investigación detallada que arroje luz sobre esta reversión social.

La más reciente balacera de horas de duración, del mismo tipo, ocurrió en la favela “Praca Seca”, en marzo de 2018, e incluso fue transmitida en tiempo real por televisión (TV Globo). Todo indica que el proceso pacificador ha sido revertido, el modelo agotó sus posibilidades, requiere cirugía mayor o un replanteamiento general con nuevos medios, instrumentos y actores, bajo una concepción reconfigurada que mantenga el objetivo estratégico.

Todas estas experiencias son esenciales para el próximo proceso de pacificación en México.

Jorge Retana Yarto/Primera de dos partes

[ANÁLISIS SOCIAL]