Cada año se consuman más de 1 mil matrimonios forzados en el Reino Unido y se pactan a futuro decenas más. Según el gobierno británico, en 2017 se detectaron más de 1 mil 200 casos, de los que más del 30 por ciento tenían como víctimas a menores de 18 años

A finales de mayo, un tribunal de Birmingham, Reino Unido, condenó a 4 años y 6 meses en prisión a una mujer que obligó a su hija a contraer matrimonio en Pakistán.

El caso, que estremeció a esa ciudad y al resto del país, es el segundo de su tipo llevado ante una corte británica y el primero en el que el acusado es un familiar de la víctima.

La identidad de los implicados no fue divulgada por razones legales y para evitar mayores daños a la joven, pero la historia fue publicada por la prensa local e internacional.

Según reportes oficiales, en septiembre de 2016 la encausada, de 45 años, prometió a la joven de 17 llevarla a Pakistán para pasar unas vacaciones y comprar un celular nuevo, pero una vez allí la forzó a casarse con un hombre de 33.

De acuerdo con la fiscal Deborah Gould, la víctima –una muchacha vulnerable con dificultades para el aprendizaje– se negó, pero fue maltratada y manipulada sicológicamente por su madre, quien la agredió y amenazó con quemar su pasaporte.

El esposo era un sujeto con el que la mujer había llegado a un acuerdo cuando la niña tenía 13 años, durante otro viaje. La menor quedó embarazada y fue obligada a abortar cuando regresó al Reino Unido.

Lo sucedido fue denunciado después por el padre de la víctima, quien desconocía lo ocurrido por estar divorciado de la progenitora, y la joven pudo regresar a territorio británico con ayuda de las autoridades.

Al emitir la condena, el juez Patrick Thomas aseguró que la madre actuó en beneficio propio y trató con crueldad a la hija, sin importar que se sentía sola, asustada y retenida contra su voluntad.

Recientemente, el gobierno británico develó que durante 2017 fueron registrados de manera oficial alrededor de 1 mil 200 casos de matrimonio forzado, de los cuales, más del 30 por ciento tenían como víctimas a menores de 18 años.

Un estudio publicado por el Ministerio de Interior precisó que 930 mujeres fueron obligadas a casarse, lo cual representa el 77.8 por ciento del total; en tanto 256 hombres estuvieron en una situación similar.

Aunque la cantidad reportada el año pasado es menor que la de 2016 (1 mil 428), el documento señala que dicha cifra está muy por debajo de la real, pues en muchas ocasiones los agredidos no acuden a las autoridades.

Los informes elaborados por la unidad encargada de enfrentar ese flagelo parten de las denuncias o llamadas realizadas por trabajadores sociales, organizaciones no gubernamentales, personas de la comunidad, amigos, familiares o los propios perjudicados.

La mayoría de las veces (casi el 80 por ciento), el hecho es notificado por terceras personas, lo que se debe, entre otros aspectos, a la vulnerabilidad de los violentados, el temor a represalias por parte de sus agresores (parejas y parientes) y al rechazo y discriminación a nivel de sociedad.

Desde su creación en 2005, la Unidad de Matrimonios Forzados (FMU, por su sigla en inglés) atiende más de 1 mil casos anuales de ciudadanos de todas las edades que son sometidos a esa práctica y sufren coerción, violencia y amenazas.

Muchos de ellos son agredidos física y/o sicológicamente, presionados económicamente o de acuerdo con normas establecidas por religiones e ideologías.

En 2017, el 12 por ciento de los perjudicados eran personas con dificultades en el aprendizaje.

Según la FMU, la mayor parte de los reportes provienen de Londres, donde el año pasado se denunciaron 351 violaciones de ese tipo, un 10 por ciento más que en 2016.

Aunque esa entidad advierte que dicho fenómeno no es un problema de un país o cultura específica, las investigaciones señalan que en la mayor parte de los casos registrados en Reino Unido estuvieron implicadas personas provenientes de naciones como Pakistán (36.7 por ciento), Bangladesh (10.8), Somalia (7.6) e India (6.9).

En general, las autoridades británicas han lidiado con agresores y víctimas de 90 Estados de todos los continentes.

El año pasado, 120 uniones de ese tipo tuvieron lugar en Reino Unido, sin la implicación de ningún elemento extranjero.

Por tales razones, la FMU opera tanto en ese país como en el exterior, con la ayuda de los consulados y embajadas.

Aunque se recibe también el apoyo de organizaciones humanitarias, la complejidad del asunto impide tener una visión real del problema y brindar la ayuda requerida a todas las víctimas.

“El matrimonio forzado es un crimen escondido y los datos obtenidos pueden no reflejar toda la magnitud del fenómeno ni de los abusos cometidos”, advirtió la FMU en un comunicado.

Entre las víctimas se encuentran desde niños de 2 años, cuyos tutores acceden a un casamiento futuro, hasta ancianos que no pueden valerse por sí mismos, añade el texto.

Pese a no tratarse de una práctica nueva, muchas naciones carecen de estatutos que combatan efectivamente esos delitos y garanticen la protección y el respeto a los derechos de las víctimas.

En algunos países como Noruega, Austria, Bélgica y Dinamarca dicho fenómeno fue incluido en el código penal después de 2003.

En el Reino Unido la ley esquivó el procesamiento de familiares hasta 2012, cuando la administración del entonces primer ministro, David Cameron, consideró ese crimen como una forma de explotación y esclavitud e impulsó una normativa que establece penas de hasta 7 años en prisión para los culpables.

Sin embargo, según investigaciones realizadas, muy pocas denuncias terminan en condenas a los acusados debido a, entre otros factores, los temores de los agredidos, quienes en muchas ocasiones deciden retirar la demanda.

De acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), cada año cerca de 15 millones de niñas contraen matrimonio en todo el mundo sin haber cumplido 18, lo cual constituye una de las formas más generalizadas de abuso sexual y explotación a menores de edad.

Entre las causas de ese flagelo se encuentran la pobreza, la inseguridad, la falta de educación, las desigualdades y los estereotipos de género profundamente arraigados, explica esa entidad.

Los conflictos armados y las emergencias humanitarias son algunos de los factores agravantes, añade.

Además, señala que algunas de las consecuencias de ese fenómeno son la violación de los derechos fundamentales, la separación de la familia y de los amigos, la falta de libertad para relacionarse con las personas de la misma edad y la reducción de las oportunidades de recibir educación.

Debido a los abusos, la falta de conocimiento y de poder de decisión, las niñas se enfrentan a graves riesgos para su salud como los embarazos precoces, afectaciones en el sistema reproductivo y las enfermedades de transmisión sexual.

Por tratarse de un fenómeno en extremo complejo, la Unicef y otros organismos aconsejan la búsqueda de soluciones integrales que incluyan la colaboración de todos los sectores de la sociedad.

Según un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los marcos legales de más de un centenar de países autorizan el matrimonio de menores de 18 años, ya sea con el consentimiento paterno, conyugal o de los cuidadores, con autorización judicial o de conformidad con las prácticas culturales o las normas religiosas.

Dicha situación resulta en extremo preocupante y evidencia lo mucho que queda por hacer para combatir ese flagelo.

Glenda Arcia/Prensa Latina