El agua subterránea tiene un peso preponderante en la lucha contra el cambio climático, su movimiento y residencia en el subsuelo depende de la efectiva protección y restauración de otros componentes ambientales como el suelo, la vegetación, la topografía y el clima. Elaborar y ejecutar programas de conservación ambiental de los puntos de recarga (áreas de infiltración del agua pluvial hacía el subsuelo), del suelo (cuidar su calidad y salud), así como de las zonas de descarga natural (manantiales) son, entre otros, elementos clave para combatir el cambio climático y restaurar y garantizar el funcionamiento natural del agua subterránea dentro del ciclo hidrológico. Un aspecto crítico del agua subterránea es su distribución natural planetaria. Se estima que el 97 por ciento del agua continental físicamente accesible es subterránea, el resto son ríos, lagos y lagunas [1], que lamentablemente son cada día menos accesibles por su deterioro acelerado [2]. Si ésta constituye la principal fuente hídrica planetaria y es crucial para la seguridad hídrica, ¿por qué no se le ha considerado como un “actor” estratégico dentro del contexto de cambio climático que vivimos? En México, este tema, en ocasiones, pareciera deliberadamente descuidado. Es por ello que en este texto se comparten brevemente tres experiencias profesionales relacionadas con la educación ambiental en torno al agua subterránea como componente clave para contrarrestar los efectos negativos del cambio climático.
La gestión del agua subterránea, la cual ha sido poco dada a conocer a la opinión pública –incluso para los sectores interesados–, es un tema que carece de prestigio social y es frecuentemente soslayada en las legislaciones. En México, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), indica que más del 60 por ciento de los sistemas de agua potable urbanos dependen del agua subterránea [3], mientras que, en Estados Unidos, el 75 por ciento de sus condados dependen directamente de ésta. En Arabia Saudita, su dependencia es en casi del ciento por ciento.
Las evidencias sugieren que la extracción irracional del agua manifiesta sus efectos negativos en la aceleración de procesos erosivos y la subsidencia del suelo, el deterioro de la calidad del agua, la extinción de la biodiversidad continental y la transformación del paisaje, sin contar los efectos que alteran la paz social. Se advierte, incluso, que el aumento global de la temperatura se traduce en la alteración de los actuales patrones de lluvia (estacionales), los cuales alteran la tasa de recarga y el tiempo de residencia del agua en los acuíferos [4]. Lo anterior exige medidas urgentes para la protección ambiental del agua subterránea, pues sigue siendo un actor sin voz, ni representación social, pero sí estratégico para la vida compleja. Resta preguntarse, ¿de qué manera se debería explicar un tema que pareciera ser estrictamente técnico y no de lógica y conciencia social?
Ciertamente, aún no se han podido responder muchas incógnitas sobre el agua subterránea. Por ejemplo, en 2017 en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, UNAM, se organizó el Foro Internacional sobre la gestión del agua subterránea en América del Norte. En este foro, Alfonso Rivera, representando al Ministerio de Recursos Naturales de Canadá, recordó que en una reunión sostenida entre los directores de los Servicios Geológicos de México, Estados Unidos y Canadá, no había sido posible responder con evidencia cuál es el volumen de agua subterránea disponible en estos tres países y su relación con la seguridad hídrica trinacional. Tres meses atrás, fue laureado el multicitado hidrogeólogo canadiense John Cherry con el Stockholm Water Prize [5], quien ha descrito el funcionamiento sistémico del agua subterránea dentro del Ciclo Hidrológico, referente para la determinación de los volúmenes de agua en el subsuelo. Valdría la pena preguntarse si ha llegado el tiempo de dedicar mayores esfuerzos al estudio interdisciplinario, con visión de sistema, del agua subterránea, así como a la socialización de su importancia.
En su obra, Corporate Water Strategies (2011) [6], William Sarni, hidrogeólogo estadunidense, advierte a las corporaciones que la falta de agua podría acentuarse por el cambio climático, situación que impactará en sus operaciones y cadenas de valor. Empleando el concepto “pico del agua”, Sarni explica que el agua barata está por acabarse, su extracción irracional ha promovido una merma considerable en los flujos subterráneos situados en la proximidad de la superficie continental (1-200 metros de profundidad), propiciando así nuevos patrones de extracción a mayor profundidad que generan un incremento directo en el gasto energético (bombeo), el cual generalmente, lo pagan los consumidores. A esto debe agregarse que la calidad del agua obtenida de mayores profundidades tiene más tiempo de residencia en los acuíferos (de cientos a miles de años) y salinidad (calidad diferente). En esta obra, Sarni explica la importancia crítica del agua subterránea a los empresarios, ¿pero de qué manera hablar de este tema a otros actores sociales, como los campesinos y los políticos?
En este sentido, en anteriores contribuciones [7] se explicó una visión sistémica del funcionamiento del agua subterránea con el resto de los componentes del ambiente y se fundamentó la imperiosa necesidad de insertarla en la política hídrica. Empero, una dimensión importante es la divulgación, que no necesariamente es entre profesionales, también los ciudadanos tienen un papel impostergable en las decisiones necesarias para conservar, proteger y democratizar el gobierno del agua.
En el sexenio pasado (2012-2018), 16 pueblos zapotecos de Valles Centrales de Oaxaca, aglutinados en la Coordinación de los Pueblos en Defensa del Agua (Copuda), padecían los estragos de un decreto presidencial de veda (1967) sobre el agua subterránea. Sus títulos de concesión vencidos no podían ser renovados por tal disposición. Peor aún, habían perdido el subsidio otorgado por la Secretaría Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y aplicado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para pagar una tarifa equivalente a centavos de peso por kilowatt consumido correspondiente al bombeo de agua. Esto último quedó de manifiesto en una reunión de concertación política entre el exsubsecretario de Derechos Humanos (Segob), Sader y CFE y Copuda en noviembre de 2018, en la que se pretendía resolver de un plumazo el problema.
En contraposición, la Copuda desarrolló por más de 2 sexenios una estrategia más inteligente, que consistió en la captación de agua pluvial y su posterior infiltración en el subsuelo. Una década más tarde, descubrieron que sus prácticas de conservación dieron como resultado el resurgimiento de manantiales y recuperación de agua en los pozos. La estrategia demostró una contribución eficaz a la lucha contra el cambio climático, logrando restaurar la salud ambiental del ecosistema.
En 2017, en talleres educativos se convenció a la Copuda sobre la necesidad de monitorear la cantidad y calidad del caudal extraído de agua, para evitar patrones de extracción poco sustentables que produjeran daños al funcionamiento del ciclo hidrológico que habían logrado restaurar en una década. Su miedo, comprensible sin duda, residía en que los resultados del monitoreo fueran utilizados por el gobierno federal como justificante para suspender sus derechos sobre el agua; aún así se logró crear conciencia plena sobre la necesidad de poseer una visión sistémica del agua subterránea en la lucha contra el cambio climático.
Otra experiencia más reciente se inscribe actualmente con los usuarios de riego chihuahuenses quienes en su estrategia política para evitar que el agua de las presas del río Conchos sobre las que tienen derechos previos, fuese trasvasada por la autoridad federal hacia el cauce del Río Bravo para así “pagar” el adeudo de agua a Estados Unidos. Los usuarios, cuestionaban acerca de la importancia del agua subterránea a la cuenca del Conchos. Responder su cuestionamiento implica producir evidencias que clarifiquen, entre otros, ¿cuántos manantiales dan lugar a la formación de los afluentes del Conchos? Los resultados, podrían indicar que se está ante un enfoque de gestión hídrica incorrecto, que equívocamente ha privilegiado el régimen de precipitación como el principal elemento de recarga del sistema de la cuenca. Entonces ¿es agua subterránea de origen lo que se gestiona en las presas? Seguramente.
Como resultado de los talleres educativos de agua subterránea en Valles Centrales, en 2018, ocho diputados electos, nos convocaron a una reunión de trabajo en Oaxaca, que acabó convirtiéndose en un taller de divulgación sobre la necesidad de proteger el agua subterránea a través de nuevos esquemas de evaluación científica y la aplicación del principio de alerta temprana. Una diputada federal electa, Irma Juan Carlos, sentenció que, como profesional del sector forestal, había atestiguado que un manejo adecuado de los bosques contribuía a la conservación de los manantiales, única fuente de abastecimiento de cientos o miles de comunidades rurales no sólo de Oaxaca, sino del país, por lo que comprendía el peso estratégico del agua subterránea en la pendiente modernización del sector hídrico en México.
Un año más tarde, la Vicepresidencia del Senado, a cargo del Senador por Oaxaca Salomón Jara, manifestó su interés por el tema y promovió la celebración de tres foros sobre la gestión del agua subterránea (abril, septiembre y diciembre, 2019) con presencia ciudadana en los que se expresaron preocupaciones tales como la urgente actualización de la Norma 011-CONAGUA-2015, su relación directa con la política de derechos de agua y los conflictos derivados de una inadecuada gestión hídrica (se discutieron conflictos como Constellations Brands, el fracking y el injustificado cambio de “disponibilidad” de agua subterránea en el acuífero de Saltillo).
Aún queda mucho por hacer para modernizar el sector hídrico en México y poder cumplir con principios rectores como el Derecho Humano al Agua y la Seguridad Hídrica, pero también está aún pendiente la renovación del paradigma educativo referente al ciclo hidrológico. A pesar de que el agua subterránea constituye el 97 por ciento de las reservas físicamente accesibles, se le ha relegado del debate público y educativo lo que impide no solo un esquema educativo novedoso que facilite su estudio desde una visión sistémica e interdisciplinaria, sino también que los tomadores de decisión ejecuten políticas públicas que regulen, protejan y restauren el ciclo hidrológico ¿Qué falta para reconocer lo insostenible de una gestión fragmentada del agua?
La Copuda sentó un precedente en la defensa y conservación del agua subterránea como actor clave en la lucha contra el cambio climático; seguramente, otras comunidades podrán hacerlo también. No obstante, está aún pendiente crear una consciencia sobre la importancia del agua subterránea en los espacios urbanos. ¿Cuántos ciudadanos de pie están conscientes de la ubicación de los pozos que alimentan sus ciudades en México? Incluso, entre los propios especialistas en ocasiones no existe una claridad al tratar el tema y sólo queda interrogar: ¿De qué agua está hablando usted?
Notas
[1] Rivera, A. (2008), “Groundwater Sustainable Development in Canada. Emerging Issues”, en Geoscience Canada, Vol. 32, No. 2, pp.73-87. En: https://journals.lib.unb.ca/index.php/GC/article/view/11086/11745
[2] El Banco Mundial indica que en América Latina más del 70 por ciento de las aguas que regresan al ambiente, lo hacen sin tratamiento previo.
[3] Estadísticas del agua en México, 2018, Conagua.
[4] Carrillo-Rivera, J. J. & Cardona, A. (2008). “Groundwater flow system response in thick aquifer units: Theory and practice in Mexico”. Groundwater Flow Understanding: From Local to Regional Scale, 25.
[5] Groundwater expert, Dr John Cherry, wins 2020 Stockholm Water Prize
[6] Sarni, W. (2012). Corporate water strategies. Routledge.
[7] “¿Qué hacer con el agua subterránea?”, Nexos, 2015.
Gonzalo Hatch Kuri*, Joel Carrillo Rivera** y Carmen Carmona Lara***
*Profesor-Investigador del Colegio de Geografía, UNAM; SNI-C
**Investigador del Instituto de Geografía, UNAM; SNI-III
*** Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM; SNI-II
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