Los retos y dificultades que afrontan quienes participan de la responsabilidad en las instancias de seguridad nacional en México se deben considerar al momento de articular políticas públicas y estrategias, en y con la apreciación de los diversos temas de la seguridad nacional y, de manera concreta, en el uso de la inteligencia para emprender los operativos de seguridad necesarios en una ruta crítica.
Esto requiere de la revisión y actualización de la Ley de Seguridad Nacional: eje de articulación de la propuesta de una política de seguridad nacional democrática, a partir de la elaboración de la Agenda Nacional de Riesgos y de la definición precisa y clara de conceptos como los de la seguridad interior y la seguridad pública.
Esto, porque la función de inteligencia es el punto de inflexión y de innovación para un gobierno eficaz, y está asociada de manera directa a lo estratégico. Así como el proyecto nacional, conforme a la Constitución, plantea las potenciales reformas constitucionales y legales en distintas materias, sobre todo en las funciones de seguridad pública, procuración de justicia y seguridad interior.
También se necesita profundizar en inteligencia a través de la Agenda Nacional de Riesgos –mediante un enfoque prospectivo y preventivo– en un marco de gobernabilidad democrática. Con ello, el gobierno atiende, en íntima conexión con la sociedad, el tema de la seguridad, con las políticas públicas de desarrollo social y de justicia, en una sola idea y con visión de Estado.
Actualmente, en el país se enfrenta a los líderes de las organizaciones del narcotráfico que escalan hasta el tercer nivel en la delincuencia, lo que ha generado una diáspora delictiva, una mayor actividad en acciones no necesariamente vinculadas de manera directa al narcotráfico.
Es por ello que en la elaboración y ejecución de políticas públicas –en este caso de seguridad–, lo relevante está en cómo generar una política de Estado, de carácter transversal en lo institucional, temático y operativo, que sirva al jefe del Ejecutivo federal para la gobernabilidad democrática y para apuntalar las líneas del desarrollo y la seguridad nacional.
Así, las características y el contenido de la Agenda Nacional de Riesgos demandan una perspectiva distinta, de perfil transversal, que interactúe entre los tópicos que atiende y las instituciones encargadas de asumir esas tareas. Rasgos estructurales distintivos, multidimensionalidad y multilateralidad, resonancia para la seguridad en un contexto de gobernabilidad democrática y de globalización.
Las policías preventivas pierden fuerza, mientras que hay mayor presencia de las Fuerzas Armadas. Resurgen policías comunitarias, legales o no, legítimas o no. Eso genera un círculo vicioso en el que las dificultades continúan, lo que pone en duda el buen resultado de la estrategia de seguridad. Y ésta, a pesar del control de la información, sigue observándose con posibilidades disfuncionales.
Profundizar en reducir-erradicar la corrupción y la impunidad, con un mayor uso de las funciones de inteligencia para encarar a la delincuencia organizada, es un aspecto que no debe ser minimizado: está en el centro de la atención y el combate a la delincuencia y a los diversos tráficos.
La combinación coadyuvará al redireccionamiento estratégico: reducir los índices de violencia que laceran a la sociedad. Determinante en el alcance político y social.
Con esta idea central, hay que trabajar en la integración teórico-práctica mediante una reingeniería de la acción gubernamental, que no implique necesariamente el cambio inmediato del gabinete, pero que sí logre reestructurar el gobierno, visualizando los aspectos internos y externos, operativos, regionales y estatales. Se trata de atender lo estratégico, del desarrollo y la seguridad.
La agenda de gobierno nutrida por la Agenda Nacional de Riesgos debe apuntalar el grado de efectividad mediante un mapeo, tablero de mando o de control de las acciones gubernamentales. Asimilar las virtudes del cuarto de mando y del tablero de control.
Considerar la relevancia estratégica del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) para la definición e instrumentación de la agenda de la institución presidencial, el monitoreo de las políticas públicas en esa materia, y la evaluación constante de sus resultados.
Usar diversos elementos para la gobernabilidad democrática, asociados a tareas de seguridad nacional: un gobierno que use la inteligencia, que se apoye en lo transversal, que tenga una dimensión integral, que elabore decisiones preventivas fundadas en una prospectiva, que sea eficiente en sus respuestas, para enfrentar demanda social, amenaza, riesgo o antagonismo a la seguridad nacional.
Los mecanismos que hay que fortalecer para su mejor funcionamiento en las instancias de coordinación, de ejecución, de planeación, de discusión y elaboración, de diseño, de todos los criterios y consideraciones que tienen que ver con los problemas de seguridad, justicia y delincuencia organizada; del mecanismo FODA.
Así, el CSN debe cumplir con la responsabilidad de ser una instancia del presidente, que monitorea y articula los eventos de relevancia estratégica para la sociedad, concatenados con lo global y mundial. No puede ser una instancia burocrática, sin alcance estratégico para la toma de decisiones.
Para ello, el Consejo de Seguridad Nacional requiere mayor capacidad, eficacia, eficiencia y efectividad, para responder a los eventos, sobre todo los urgentes. Esta estructura institucional debe articular a todas las instancias existentes y proponer acciones de seguridad nacional.
Requiere una estructura articuladora de la información de todas las dependencias públicas y de las oficinas en el exterior, que realice valoración programática, sistemática e integral, en tiempo y forma, de las decisiones y de los cursos de acción.
Así, en el ámbito de la coordinación de la inteligencia nacional, siguiendo el proceso de fusión de manera estratégica, se puede dar el paso a una nueva Agencia de Coordinación de Inteligencia, en donde se integren los datos fundamentales que nutren a la Agenda Nacional de Riesgos.
Coadyuvando a un análisis integrado y una mejor coordinación de las actuales instancias de inteligencia civil (CNI), inteligencia policiaca (SSP), inteligencia militar (Sedena), inteligencia naval (Semar), inteligencia económica-financiera (UIF), inteligencia judicial-ministerial (PGR), inteligencia exterior (SRE) Gobernación (Aduanas, Migración) necesarias para atender los problemas de interés para la seguridad y el desarrollo nacional.
Esta propuesta que responde al qué hacer en las dificultades actuales de la inteligencia y la seguridad nacional es un mecanismo sencillo y eficaz, de amplia repercusión, que sólo requiere la decisión y voluntad presidencial para su implementación y desarrollo.
Es un instrumento que puede devenir en articulador de los talentos militares y civiles, de los esfuerzos institucionales y facilitar las tareas presidenciales de gobierno, de análisis estratégico y de operación política y social.
En suma, el Consejo de Seguridad Nacional, como órgano articulador de las propuestas presidenciales, de la coordinación analítica y estratégica de los tópicos del desarrollo y la seguridad nacionales.
A partir del trabajo de inteligencia y la realización de operativos específicos, vía la nueva agencia-Mecanismo de Coordinación de Inteligencia, podría lograrse lo que se ha planteado desde que existía el Grupo Coordinador, previo a la toma de posesión de sus respectivas parcelas de gobierno.
Así podría articularse la fusión de inteligencia y de creación de una nueva agencia que articule la información gubernamental, que le dé sentido y dirección a la actividad de inteligencia y que coadyuve en las decisiones que tienen que ver con las operaciones. No sólo el diseño de cursos de acción posible, de establecimiento y orientación de objetivos relevantes, sino de retroalimentación en la operación cotidiana.
La perspectiva de la seguridad nacional, desde la óptica del gobierno de México, debe enfocarse en clave de seguridad pública, proceso en el cual se encuentran inmersas las instancias de seguridad nacional y las Fuerzas Armadas, una tarea en construcción, que conduce a la constitución de la Guardia Nacional.
Si bien las Fuerzas Armadas mantendrán el objetivo de salvaguardar la integridad territorial y preservar la soberanía nacional, con la atención a la seguridad y defensa nacionales, habrá de incluir a la seguridad interior y pública, considerando el respeto a la ley y los derechos humanos.
En suma, el nuevo gobierno busca la paz y no la guerra. Las Fuerzas Armadas se convertirán en instituciones de protección a los mexicanos, en todo tiempo y lugar.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, los objetivos estratégicos de seguridad nacional –tutelados por las Fuerzas Armadas, en coadyuvancia con secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y Gobernación– habrán de atender ocho aspectos fundamentales, en forma coordinada con otros poderes públicos y niveles de gobierno:
El aspecto preventivo configura un eje de atención sistemática en cada uno de los elementos anteriores, con el fin de observar riesgos y amenazas en materia de seguridad nacional. El trabajo de análisis de la información atenderá las acciones estratégicas, tácticas y operativas bajo la responsabilidad de las Fuerzas Armadas.
En cuanto al respeto a los derechos humanos, se debe evitar el uso de la fuerza de manera innecesaria. La protección de la vida y bienes de las personas, junto con las instalaciones estratégicas y las instituciones de la República y la democracia constituyen un activo para lograr los fines establecidos.
Es así como el gobierno de México entiende a la seguridad nacional, como una condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, busca construir una paz duradera y fructífera.
Por ello, el concepto de seguridad nacional debe ser entendido desde una perspectiva estratégica, porque intentará anticiparse a los riesgos y amenazas; amplia, porque buscará amparar a la totalidad del conjunto social; transversal, porque involucrará a las instituciones y sectores nacionales; e integral, porque estará supeditada a una sola doctrina y estrategia.
Es decir, se debe garantizar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado democrático, así como un desempeño de gobierno ético y transparente, así como fortalecer un modelo de seguridad con profundo sentido humano.
En esta ruta, el gobierno de México define como su visión de la seguridad nacional que al término de la administración se encuentren ya instaladas todas las capacidades institucionales, los instrumentos operativos, los sistemas de coordinación y los fundamentos de una doctrina y una estrategia únicas, destinadas a establecer y preservar las condiciones que garanticen la integridad territorial y la soberanía nacional.
Emilio Vizarretea Rosales*
*Especialista en inteligencia y seguridad nacional; doctor en teoría crítica por el Instituto de Estudios Críticos; posgraduado en administración pública y ciencias políticas, filosofía, derecho, relaciones internacionales y estudios estratégicos y de seguridad nacional; profesor-investigador en la UNAM; y maestro en seguridad nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina.
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