Necesidades de vivienda digna, aún rezagadas
La política de vivienda en México está enfocada en la compra-venta más que en la recuperación. Las más beneficiadas son las constructoras, no los compradores directos. El arquitecto e investigador, Guillermo Boils señala que se trata de “políticas de exclusión”. Necesarias, viviendas populares de mejor calidad y la incidencia del Estado: necesarias, 14 millones 840 mil acciones de mejoramiento y ampliación
Vivienda en México: nido de violencia intrafamiliar, rezago y reproducción de la pobreza
La mitad del parque habitacional del país, conformado por 35 millones de casas, requiere de acciones de recuperación o reemplazo, y sólo 18 millones de estos conjuntos habitacionales están habitados. Una vivienda de calidad no corresponde con su objetivo: permitir el desarrollo y bienestar de las personas, lo cual incide en la calidad de vida, explica investigador de la UNAM, “el concepto de intimidad es cuestionable”
Vivienda mexicana, sin calidad de vida
Aproximadamente 8 millones de mexicanos viven hacinados. Aunado a esto, la Comisión Nacional de Vivienda estima que 2 millones de hogares se caracterizan por ser viviendas redondas: espacios en los que no existe división entre cocina, comedor, sala y recámaras. Los rezagos en la materia son evidentes también en las más de 33 millones de personas sin acceso a agua potable al interior de sus casas, y en los casi 12 millones que tampoco cuentan con drenaje
Desconfianza, obstáculo de la sociedad civil
La desconfianza y opacidad son dos factores que impiden que las instituciones sin fines de lucro se articulen mejor para atender áreas básicas de educación, salud y vivienda en las que participan
Sociedad Civil juega papel de Estado
Instituciones educativas, grupos religiosos y sindicatos estarían solucionando necesidades básicas con recursos privados y a través de esquemas de trabajo remunerados o no remunerados que le competen al gobierno
Sociedad civil solventa responsabilidades del Estado
Al menos 40 mil 89 instituciones sin fines de lucro estarían solventando en México necesidades de educación, salud, cultura y bienestar social: más del 33 por ciento de los recursos que se destinan a esos rubros provienen del llamado tercer sector. Tan sólo en 2010, las principales aportaciones de la sociedad civil organizada ascendieron a más de 96 millones de pesos y tuvieron como fin sufragar responsabilidades del Estado