Con una iniciativa de reformas a la Ley de Cultura Cívica, la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, propuso ampliar las alternativas para resolver determinados robos de bajo valor y daños materiales mediante la reparación y los procedimientos cívicos. La propuesta contempla condiciones específicas para cada conducta y mantiene la posibilidad de acudir al Ministerio Público. El modelo incluye audiencias públicas, agentes psicosociales restaurativos y espacios comunitarios de mediación; para fortalecer los juzgados, el gobierno capitalino anunció recursos a partir de 2027