Olivier De Schutter, relator especial del Derecho a la Alimentación de la ONU, advierte que 2010 será el escenario de una profunda crisis alimentaria en el mundo. Esto, derivado de los privilegios económicos y comerciales que otorgan las políticas públicas a la agroindustria, y que dejan de lado a los pequeños productores. Informes oficiales revelan cómo en México los subsidios de la Sagarpa son depositados en cuentas de trasnacionales como Bachoco, Cargill, Archer Daniels Midlan, Minsa, Maseca. Además, muestran la miseria extrema de más de 20 millones de campesinos

Iniciado 2010, el mundo se verá inmerso nuevamente en una crisis alimentaria. Ello, resultado del constante incremento en los precios de los productos, así como la disparidad en el otorgamiento de los subsidios entregados a las corporaciones del sector agropecuario, advierte el relator especial del Derecho a la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Olivier De Schutter.

México no será la excepción. Informes oficiales muestran una tendencia a concentrar los subsidios otorgados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en manos de trasnacionales, y en detrimento de los millones de campesinos.

En entrevista con Contralínea, el representante de la ONU critica el impacto que ha tenido la liberación de las políticas agropecuarias a través de la firma de tratados comerciales, ya que actualmente los países instrumentan políticas públicas que apoyan al sector agroexpotador y “dejan de proteger a los sectores menos competitivos; lo que incrementa la desigualdad”.

De Schutter explica que de las 1 mil 20 millones de personas que padecen “hambre crónica” en el mundo –la sexta parte de la población mundial–, más de la mitad son pequeños productores marginados de las políticas gubernamentales.

Los pobres de México

En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estimó, a finales de 2008, que la población en condiciones de pobreza alimentaria en el sector rural (es decir, que no tiene ingresos ni para comer) es de más de 27 millones de mexicanos.

Apenas el año pasado, la miseria de los campesinos acaparaba al 62.8 por ciento de la población que subsiste de la producción de alimentos, esto es, 12.2 millones de personas. Mientras, en 2006 era del 65.3 por ciento, 9.4 millones de campesinos. En apenas dos años de la administración de Felipe Calderón, la cifra se incrementó en 3 millones de personas, indica el Coneval.

“El aumento de la pobreza alimentaria durante el periodo 2006-2008 se debe, en gran medida, al adverso entorno nacional e internacional en materia económica, especialmente por el alza de precios de la canasta básica”, según el capítulo 2.8 “Sector rural” del Tercer informe de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

Del documento de la Presidencia también se desprende que otros 15 millones de campesinos se enfrentan a la pobreza de capacidades (incapacidad para cubrir el patrón de consumo básico de alimentación, salud y educación).

No obstante, Calderón Hinojosa arguye que su administración “contribuye a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza extrema, favoreciendo el desarrollo de las capacidades en educación, salud y nutrición de las familias beneficiarias”, a través del Programa Oportunidades.

A junio de 2009, reporta el informe presidencial, de los 27 millones 253 mil pobres alimentarios y de capacidades en zonas rurales reportados por el Coneval, Oportunidades atiende a 21 millones 239 mil personas que representan cerca de 80 por ciento del total de los más pobres y significan 4 mil 247 millones 900 familias.

Los “apoyos” destacados por el mandatario mexicano son: 210 pesos mensuales por familia “para mejorar la alimentación”, 120 pesos más (derivado del Apoyo Vivir Mejor) “para compensar la disminución del poder adquisitivo por causa del incremento internacional de los precios en alimentos”.

También menciona el apoyo al gasto en energéticos, de los que se entregan 55 pesos mensuales por familia. En tanto que para educación se dotan entre 140 y 890 pesos mensuales por becario.

Los ricos del campo

Contrario al apoyo mensual de poco más de 200 pesos por familia que ofrece a los más pobres el Programa Oportunidades, el padrón de beneficiarios del Programa de Atención a Problemas Estructurales de la Sagarpa entregó más de 4 mil 800 millones de pesos a las agroempresas, apenas el año pasado.

Los subsidios fueron “compensatorios” para la comercialización de maíz, trigo, sorgo, café y porcinos, y se canalizaron a través de las oficinas de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, órgano administrativo desconcentrado de la Sagarpa.

El informe, actualizado al 5 de septiembre de 2008, indica que se asignaron 4 mil 804 millones 558 mil 664 pesos mediante 4 mil 337 transferencias monetarias a empresas nacionales y trasnacionales. En la lista destacan: Bachoco, Cargill, Archer Daniels Midlan, Minsa y Molinera de México, entre otras. Esta última, afiliada al Grupo Maseca (Gruma, compañía dedicada procesar tecnológicamente el maíz), propiedad del empresario Roberto González Barrera.

“González Barrera, presidente del consejo de administración de Gruma, recibió de la revista londinense World Finance el premio World Finance 100, el cual reconoce a las 100 empresas globales que han alcanzado los más altos niveles de desempeño en sus campos de acción y que, con su liderazgo, han impulsado el desarrollo de su industria en el mundo”, dice una nota de la redacción del periódico La Jornada, fechada el 29 de septiembre pasado.

Federico Ovalle Vaquera, secretario general de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos y diputado federal, asegura que el gasto rural tiene un “uso perverso” del que “trasnacionales y grupos poderosos, nuevos despachos, fundaciones, consultoras y uniones conformadas en los últimos nueve años se apoderan de más del 80 por ciento de los recursos asignados al agro nacional”.

Algunas organizaciones civiles privilegiadas, acusa el legislador por el Partido de la Revolución Democrática, no tienen que enfrentar “montañas” de requisitos y reglas de operación, como lo tienen que hacer las centrales agrarias del sector social, para tener acceso a los recursos presupuestales.

Riesgo: insuficiencia alimentaria

Olivier De Schutter, relator especial del Derecho a la Alimentación de la ONU, explica que uno de los errores del sistema neoliberal es que algunos países del mundo no fortalezcan su producción interna, por lo que se exponen a la volatilidad de los precios internacionales.

El representante del organismo internacional –con sede en Nueva York, Estados Unidos– explica que la elección de algunos países de promover la exportación de ciertos productos, a cambio de “ganar” rentas y monedas extranjeras, y así contar con recursos para importar los alimentos que necesitan para su población, tiene mucho sentido.

Hay un gran número de países, dice, que han exportado azúcar, café, té, plátano o algodón, etcétera, para después comprar arroz y trigo para su gente. “Ese modelo puede funcionar, el problema es la vulnerabilidad que sufren los precios de los productos, estipulados en los mercados internacionales”, critica.

Una evaluación de desempeño –elaborada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF)–, aplicada al Programa de Fomento Agrícola (a cargo de la Sagarpa), indica que México se ha convertido en un país dependiente de la importación de alimentos básicos hasta en un 42 por ciento.

La valoración más reciente del órgano fiscalizador muestra que la caída en la producción de alimentos del 61.9 por ciento en 2002 fue de la obtención de granos y oleaginosas, alimentos básicos en la canasta de los mexicanos, mientras que al cierre de 2006 las cifras bajaron al 59.4 por ciento (Contralínea 104).

Luego, a finales de 2007, subió el precio de la tortilla severamente, también prioritaria en la canasta básica de alimentos de los mexicanos. El incremento fue consecuencia de “la caída de la producción mundial de maíz durante los últimos años; el uso del grano se ha intensificado para producir biodiesel, en Estados Unidos y China se disparó el uso del maíz para producir etanol, en tanto que en México pasaba por una mayor especulación ante la situación internacional”, indica el periodista Jorge Zepeda Patterson en su página www.jorgezepeda.net.

Los escenarios de riesgo

—¿La dependencia alimentaria o la falta de soberanía alimentaria podrían significar un problema de seguridad nacional en cualquier país del mundo? –se le pregunta a Olivier De Schutter.

—El tema merece una discusión muy seria, primero debemos hablar de la necesidad de buscar la independencia en la producción de los biocombustibles. Luego, plantear la misma situación en los alimentos, pues la comida es un producto que depende mucho del precio del petróleo. Ya vimos que las reservas del petróleo van a llegar a la baja, en consecuencia, de un momento a otro la demanda superará la oferta y subirán los precios. No sabemos cuándo ni cuánto. Tal vez en abril del próximo año. Los países que han decidido vincular su soberanía alimentaria con la importación van a tener que asumir más y más este riesgo.

Y es que, explica, no se han atendido las causas del aumento de los precios en 2008, tampoco del fenómeno de la especulación; no se ha regulado la diversidad de la producción para los biocombustibles y diversificar la producción hacia los mercados.

Se ha cometido el “grave error”, critica, de enfocar el nivel de los precios de los productos en los mercados internacionales, cuando un pequeño agricultor no vende su producto en el mercado de comercio de Chicago, y un pequeño consumidor de Guadalajara o Chiapas no compra en el mercado de Valores de Chicago.

Oposición a transgénicos

La discusión sobre la aplicación de biotecnología y los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en alimentos es uno de los temas que también destaca el especialista en materia de derechos humanos. De Schutter dice que a nivel internacional se ha creído equivocadamente que es la solución para enfrentar la crisis alimentaria, “se ha centrando como si fuera la bola mágica para solucionar todos los problemas que vienen”.

No obstante, añade, el hambre crónica de una sexta parte de la población deriva de un “conflicto” entre la oferta y la demanda. “El problema no es que haya una baja producción de alimentos, sino que los ingresos de la población son muy bajos, mientras que en otros grupos pasa lo contrario. Siempre el grupo con más dinero tiene la posibilidad de pagar más por los alimentos, en consecuencia se quedan excluidos los que menos tienen”.

El relator especial de la ONU asegura que la discusión sobre la aplicación de biotecnología en la producción de alimentos debe analizarse desde la perspectiva de quienes realmente se beneficiarían de ella. Pregunta a quiénes se va a privilegiar y cuáles serían las ventajas para los pequeños productores, de los más pobres y marginados.

Explica que cuando se habla con los campesinos dicen que ellos necesitan mayores tecnologías para el manejo del agua, mejores vías de comunicación y capacitación técnica.

“También dicen que las semillas criollas son las más productivas para sus necesidades y las más estables. Entonces, ¿la pregunta no debería ser cómo producir más alimentos, sino cómo podemos mejorar la producción de alimentos para los sectores más vulnerables, para aumentar sus ingresos?”, comenta De Schutter.

Pese a la oposición de organizaciones sociales ante la siembra de maíz transgénico en México, la Sagarpa ha anunciado que de aprobarse los estudios necesarios, los OGM podrían comenzar a sembrarse este mismo año.

La investigadora Catherine Marrielle, coordinadora de programas del Grupo de Estudios Ambientales, advierte que entre los riesgos a largo plazo que existen con la siembra de transgénicos se encuentra la pérdida de semilla criolla –que es con la que actualmente trabajan los campesinos mexicanos–, y la pérdida de identidad, ya que México es centro de origen de producción de maíz. Además de que las patentes que producen empresas como Dow AgroScience, PHI de México y Monsanto Comercial obligan a los productores más pobres a pagar a las grandes corporaciones.

A través de un comunicado oficial, la Sagarpa ­–encabezada por Francisco Mayorga– informa que hasta el 28 de septiembre pasado ha recibido 31 solicitudes para obtener el permiso de siembra experimental de maíz genéticamente modificado en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco y Tamaulipas.

El director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Enrique Sánchez Cruz, dijo que “estas 31 solicitudes se encuentran en espera del dictamen vinculante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), cuyo proceso también deben cumplir.

Los sitios propuestos para realizar las siembras experimentales son: Valle del Yaqui, Huatabampo, San Ignacio, Río Muerto y Cajeme, Sonora; Los Mochis, Culiacán, Angostura, Navolato, Ahome y Guasave, Sinaloa; Cuauhtémoc, Delicias y Jiménez, Chihuahua; Valle Hermoso, Matamoros, Díaz Ordaz, Río Bravo, Tamaulipas, y Puerto Vallarta, Jalisco”.

Las empresas que presentaron sus solicitudes a la Sagarpa son: Dow AgroScience, PHI de México y Monsanto Comercial. “En caso de que las empresas cumplan con los requisitos legales y de sanidad vegetal, correspondientes a lo que marca la ley, se podrá autorizar la siembra experimental, siempre y cuando cuenten con el dictamen vinculante de la Semarnat”.

Respecto del atraso tecnológico en el sector agropecuario nacional, la evaluación de desempeño realizada por la ASF expone “que en 1996 la superficie con potencial de tecnificación era de 5 millones 77 mil 100 hectáreas, de las cuales en una década sólo se tecnificaron 936 mil 500 hectáreas, esto es el 18.4 por ciento de la superficie. Para atender las más de 4 millones de hectáreas pendientes, a un ritmo anual de 85 mil hectáreas, se requieren 48.6 años”.

Amenaza del cambio climático

Apenas en septiembre pasado, la agencia internacional de noticias Inter Press Service informaba que unas 54 mil familias guatemaltecas padecían de hambre como consecuencia de la falta de alimentos por sequías. Mientras, otras 400 mil personas se encontraban en riesgo.

La crisis alimentaria obligó al presidente de Guatemala, Álvaro Colom, a declarar el “Estado de Calamidad Pública, lo cual permitiría al gobierno comprar alimentos de emergencia y movilizar recursos sin los requisitos ordinarios de ley de licitaciones”.

La gravedad de la situación en Guatemala provocó la llegada al país del relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter, quien lamentó: “Siendo un país rico (en recursos naturales y producción de bienes), Guatemala tiene desigualdades muy marcadas, que generan pobreza, y hay hambre, que afecta sobre todo a los campesinos y pequeños productores agrícolas”.

Cambio climático

El relator de la ONU dice a Contralínea que el problema del cambio climático se ha convertido en una situación “muy preocupante”. Alerta que para 2080 habrá una baja en los niveles de producción del 3 al 4 por ciento sobre los niveles de producción registrados en 2000. Además, se registrará una mayor desertificación, erosión en los suelos e impredecibilidad sobre el clima.

Debido a que la crisis se incrementará en el futuro, sugiere: “Deberíamos enfocarnos en las formas de producción agropecuaria sustentables, que no contribuyen al cambio climático, sino que lo mitigan. Esto, con base en las tecnologías agroecológicas y no agroindustriales. El monocultivo es otro de los riesgos en el cambio climático, por lo que es necesario promover la diversidad de la producción en un mismo terreno”.

El “peligro” que significa la monoproducción, dice De Schutter, debería tener mayores capacidades de respuesta ante las contingencias (sequías, inundaciones, desastres, naturales, etcétera). Esto, a través de reservas estratégicas de alimentos para compartir con otros países.

En México, el panorama es poco alentador. “El deterioro excesivo del suelo provoca la desertificación, fenómeno asociado con la disminución de la capacidad productiva; sus principales causas son la deforestación en pendientes pronunciadas en suelos frágiles… además del arado excesivo de la tierra en sistemas de agricultura tecnificada, sobre todo en las zonas y distritos de riego. Los principales procesos de degradación son la erosión hídrica, eólica y química”, reconoce la Sagarpa ante el diagnóstico de la ASF.