El programa de combate a la pobreza en el campo mexicano beneficia a los campesinos con mayores recursos, reduce la distribución de los subsidios y margina a los pequeños propietarios, revelan informes del BID, Banco Mundial y la Auditoría Superior de la Federación

Érika Ramírez / Rubén Darío Betancourt, fotos / enviados

San Juan Tlacotepec, Puebla. Extiende su mano y muestra un puñado de granos dorados a punto de la molienda. “Éste es nuestro sustento: el café”, dice Guillermo Berlín, habitante de este municipio.

Señala, con un dejo de nostalgia, la hojarasca que arrancó una ventisca el pasado diciembre: “Se llevó casi todo el café. Como ya estaba a punto de la cosecha, no resistió el mal tiempo”.

El lluvioso invierno minó los ingresos que pretendían alcanzar decenas de productores de la Sierra Negra. “Se nos cayeron las ventas”, dice el hombre. Cuando no le rinde el jornal, sale en busca de trabajo a la ciudad de México como albañil.

Poblada por más de 12 mil indígenas nahuas, en esta comunidad la gente tiene “difícilmente” acceso a la alimentación. Comercializa el poco café que siembra en tierras rentadas, se alimenta de la cosecha de la milpa (maíz, frijol, calabazas) y de las plantas silvestres que brotan entre las laderas.

Guillermo Berlín, actualmente regidor de Grupos Vulnerables, Juventud y Equidad de Género de este municipio, se encuentra en conflicto permanente con el presidente municipal, Gregorio Merino Mendoza, debido a la distribución “inequitativa” de los programas de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

“Aquí la gente se la pasa sufriendo. No hay apoyo del presidente, que distingue mucho a quien le entrega los programas. Las diferencias se hacen de acuerdo con el partido al que pertenezcan y, por supuesto, aquí domina la militancia priista; así que si se participa con el PRD (Partido de la Revolución Democrática) o con el PAN (Partido Acción Nacional), los apoyos no llegan”, dice en entrevista con Contralínea.

El mismo Guillermo Berlín se encuentra al margen de estos programas. Contrario a ello, el presidente municipal, Esteban Gorgonio Merino Mendoza, obtuvo en 2008 ?el mismo año que asumió el poder del ayuntamiento? 25 mil 520 pesos del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo), revelan los padrones de la Sagarpa.

Las listas, actualizadas hasta 2008, muestran que en el ayuntamiento se les distribuyeron 3 millones 809 mil pesos sólo a 917 personas –apenas el 7.12 por ciento de la población total.

A esta localidad, que mantiene un índice de desarrollo humano de 0.57070, también llegaron fiscalizadores de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y comprobaron que el Programa de Trabajo de la Estrategia 100 x 100, coordinado por la Sagarpa, es ineficaz y regresivo.

El Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008 revela que en los 27 municipios visitados por la ASF –muestra contemplada de un total de 125 municipios que comprende el programa–, “el número de beneficiarios, superficie y monto apoyado fue inferior en relación con el año anterior; la cobertura del Procampo disminuyó; los beneficiarios con un número igual o mayor a cinco hectáreas (Ha) representan una décima parte del total de productores apoyados y obtienen un tercio del monto total apoyado. Por tal motivo, se concluye que ese programa resulta regresivo”.

BID reprueba al Procampo

Informes de entidades financieras internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial coinciden con el máximo órgano de fiscalización y desaprueban el otorgamiento “diferenciado” de subsidios.

El Análisis cuantitativo de los efectos de transferencia al sector rural: Ingreso Objetivo, Procampo y Oportunidades, elaborado por el investigador George A Dyner para el BID, expone: “El Procampo tiene el objetivo apoyar el ingreso de las familias rurales, principalmente de autoconsumo. Sin embargo, sólo una cuarta parte de los recursos del programa llega a estas familias, el resto responde a productores no-rurales”.

Ante la falta de transparencia en la asignación de los subsidios, en San Sebastián Tlacotepec “quisiéramos que se investigara cómo se aplican esos recursos, pero para poder ir a la secretaría en Puebla, es necesario tener dinero: unos 600 pesos por persona, además del pago de alimentación y hospedaje. En total, podrían gastarse hasta 800 pesos en ir a solicitar información”, dice Guillermo Berlín.

Expuesto en julio de 2008, el reporte final del BID señala que el Procampo tampoco tiene un énfasis en los productores de autoconsumo y los recursos que se transfieren a esta población son menores que para otros grupos.

“Aquí, los que más se benefician con el programa son los terratenientes. Somos varios los que no tenemos terreno”, acusa el indígena nahua. El habitante de la sierra poblana explica que los dueños de la tierra en la cabecera municipal son apenas unos 50 “terratenientes”. En consecuencia, la gente vive y trabaja de esos terrenos, que tienen de 50 a 100 arrendatarios cada uno.

El BID, la principal fuente de financiamiento en América Latina y el Caribe, recalca que el programa operado por la Sagarpa es “altamente ineficiente” en el fomento productivo. “Una forma más eficiente de atender a este sector de la población es a través de un programa de crédito”.

La institución financiera, que preside el colombiano Luis Alberto Moreno, advierte, en el Informe de consultoría servicios financieros rurales en México, que el Estado mexicano tiene una ausencia de servicios de ahorro en el sector agropecuario, baja penetración del sistema de pagos. Además de un sistema de financiamiento caro, poco eficiente y compuesto por una multiplicidad de fuentes.

Programas acaparados por ricos: Banco Mundial

Flora, una indígena nahua de 48 años, habita en lo alto de la cabecera municipal de San Sebastián Tlacotepec. Ella es madre de tres mujeres adolescentes, un joven de 20 años, y abuela de ocho nietos. Junto con su esposo, es el sostén de esas 12 personas.

¿Qué más puedo hacer? Pregunta en tono desesperado. Hace un par de años empezó un viacrucis que no puede concluir: la tramitación de las escrituras que la harán propietaria de la tierra donde duerme y de la que se alimenta toda su familia.

Supone que con los títulos de propiedad podría acceder a los “beneficios” del Procampo, para ayudarse “otro poquito”. Sin embargo, los papeles no llegan. La solicitud ha pasado de un abogado a otro. Una inversión aproximada de 6 mil pesos tampoco ha fructificado. Cada persona que le ha prometido solucionar “su problema” ha desaparecido, no han vuelto a la comunidad, “y eso que iban recomendados por las autoridades”.

Flora recibe 740 pesos bimestrales del Programa Oportunidades; pero en diciembre pasado el recurso llegó de apenas 120 pesos, sin saber el porqué del “ajuste”. Su esposo es jornalero en tierras tlaxcaltecas, donde gana 70 pesos diarios.

El Análisis del gasto público en el desarrollo agrícola y rural, elaborado por el Banco Mundial, indica que los programas relacionados con la tierra, que incluyen acceso a la tierra, regularización de los derechos sobre la tierra, apoyo legal y resolución de conflictos, absorben sólo el 0.6 por ciento del Programa Especial Concurrente, “en contraste con la importancia de los problemas de la tierra en México”.

Además, descubre que los principales subsidios del agro son acaparados por los estratos menos necesitados de la población rural. De los programas como Procampo, Ingreso Objetivo y de Desarrollo Rural (PDR) de Alianza, el decil de productores más pobres recibe de Ingreso Objetivo la décima parte de un 1 por ciento, y fracciones igualmente insignificantes de los otros programas.

En tanto, muestra el organismo financiero, en el otro extremo de la distribución, el decil de productores más ricos recibe los siguientes porcentajes de transferencias: 45 por ciento del Procampo, 55 por ciento del PDR de Alianza, 60 por ciento de los subsidios a energía e hidrológicos y 80 por ciento de Ingreso Objetivo.

Ineficacia del Procampo: ASF

La ASF fue otra de las entidades encargadas de revisar la efectividad del Procampo –diseñado para el combate de la pobreza en el campo mexicano–. El máximo organismo de fiscalización auditó 27 municipios, de los 125 que comprenden la Estrategia 100 x 100, diseñada para de elevar el nivel de vida de las familias que habitan en el campo. La muestra comprendió 87 millones 626 mil pesos. El resultado fue reprobatorio.

De la información que proporcionó Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria ?organismo descentralizado de la Sagarpa, encargado de la operación del Procampo?, se desprende que “el presupuesto de ese programa no establece estimaciones de gasto por cada una de las entidades federativas ni mucho menos a nivel de municipio, motivo por el cual no se efectuó el comparativo del presupuesto original con el ejercido”.

Sin embargo, la ASF detectó que entre 2007 y 2008 se redujo el número de beneficiarios casi al 10 por ciento; la reducción de la superficie apoyada, en un 12.8 por ciento, y el 12.7 por ciento del importe de los apoyos.

Las cifras oficiales muestran que, en 2007, las entidades federativas donde se ubican los 125 municipios de la Estrategia 100 x 100 (Chiapas, Durango, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Puebla y Veracruz) obtuvieron recursos por 4 mil 391 millones 431 mil 500 pesos; mientras que para el siguiente año se les destinaron 3 mil 834 millones 653 mil 700 pesos. La diferencia del presupuesto ejercido de un año a otro fue de 556 millones 777 mil 800 pesos.

El número de beneficiarios también se redujo en 136 mil 676 personas, cuando se pasó de 1 millón 396 mil 56 personas a 1 millón 259 mil 380 campesinos, de 2007 a 2008. En el mismo periodo de tiempo, la afectación en hectáreas que pudieron ser sembradas fue de 520 mil 814, al pasar de 4 millones 70 mil 7 Ha a 3 millones 549 mil 192 Ha.

El informe del organismo fiscalizador es contundente: “El objetivo de mejorar el nivel de vida de la población que habita en los municipios seleccionados no se cumplió, dado que por las disminuciones indicadas se deterioró el ingreso pecuniario recibido por la población objetivo. Este hecho se contrapone a lo que pretende la Estrategia 100 x 100 en su vertiente Productividad e Ingreso, la cual forma parte del Procampo, en lo relativo a mejorar el ingreso de la población mediante acciones que permitan elevar la productividad y aumentar las oportunidades de empleo”.