Con base en investigaciones periodísticas de Contralínea que revelaron el fraude en el saneamiento al Río Nanchital, la Secretaría de la Función Pública inició una averiguación que, según su titular, Salvador Vega, le llevó a confirmar uno de los fraudes más cuantiosos en contra de Pemex; dictó multas e inhabilitaciones y dio a la indagatoria cauce penal; pero la dirección de la petrolera estaría protegiendo a los involucrados
Para funcionarios y contratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex), defraudar a la paraestatal sigue siendo un negocio redituable, aun cuando el ilícito sea investigado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y ésta sancione o inhabilite a los involucrados. Tal es el caso de las siete compañías y los siete funcionarios inhabilitados por el fraude en la remediación del Río Coatzacoalcos, calificado por el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casilla, como otro Pemexgate, aunque en monto superado: 1 mil 623 millones de pesos, de los cuales 1 mil 64 se pagaron ilegalmente, bajo la dirección general de Luis Ramírez Corzo, y Juan Bueno Torio en Pemex Refinación (PR).
La indagación de la SFP confirmó las investigaciones de Contralínea sobre el fraude maquinado por las compañías Saint Martín Construcciones (SMC), Garner Servicios Ambientales, Aquapress, Construcciones y Reparaciones del Sur, ADT Petroservicios, Grupo Preservare y Lico Ambiental, en el proceso para biorremediar el desastre ecológico provocado por la industria petrolera al verter más de 5 mil barriles de crudo en el Río Coatzacoalcos tras la ruptura de oleoducto Nuevo Teapa-Poza Rica, en el municipio de Nanchital, Veracruz, en diciembre de 2004.
La SFP comprobó que el fraude no es un hecho aislado, sino que fue ejecutado por una red de funcionarios de alto nivel de Pemex (jefes de departamento, superintendentes y subgerentes, varios de ellos inhabilitados), cuyos salarios van de los 44 mil a los 99 mil pesos.
De 558 millones 755 mil 469 pesos, que según la SFP debió pagar Pemex, se infló a 1 mil 623 millones 725 mil 81 pesos, es decir, un sobreprecio de 1 mil 64 millones 969 mil 629 pesos, cantidad de la que difiere la aseguradora de la paraestatal, GNP Charles Taylor Energy. Ésta sostiene que el costo real de los trabajos es de 293 millones 275 mil pesos, por lo que el quebranto asciende a 1 mil 330 millones de pesos, y le notificó a la petrolera que sólo cubrirá el costo real del accidente.
En consecuencia, la SFP ordenó a la paraestatal iniciar los juicios civil y mercantil para recuperar el pago en demasía, lo cual no se ha hecho. A través de su área de prensa, Pemex se negó a explicar a Contralínea la inmovilidad en el caso, que involucra por lo menos a un exfuncionario de su área jurídica, Jorge Humberto Castañeda Solís, representante legal de una de las compañías implicadas.
En las investigaciones realizadas por este semanario, diversas fuentes detallaron la supuesta implicación del exdirector de PR, Juan Bueno Torio, y su vinculación directa por lo menos con dos de las siete firmas: SMC y Aquapress. Algunos documentos prueban la reticencia de los supervisores a dar visto bueno a los trabajos de SMC y las peticiones de los directivos de dicha compañía para que destrabara los pagos. La firma obtuvo 450 millones de pesos, casi el 30 por ciento del monto defraudado.
Hasta ahora, la SFP ha fincado responsabilidades a los subalternos de Bueno Torio: José Fernando Algarra Muñoz, subgerente de Transporte por Ducto en la región Sureste; Jorge Manuel Fragoso Sarabia, superintendente general de Mantenimiento; Arturo Díaz Arzola, superintendente del Sector Minatitlán; Celedonio Hernández García, jefe del Departamento de Seguridad Industrial del Sector Minatitlán; Pedro Calzada Juárez, tecnólogo de Contratos, Obras y Servicios; Octavio Rodolfo Soto Castillo, de la Superintendencia de Transporte por Ducto Sureste; Jorge Federico Reyes Guerrero, superintendente del Sector Minatitlán. Y dos más, aún bajo investigación por su posible implicación: Luis Roberto García Blas y Enrique Colorado Acosta, ambos residentes de obra.
El pasado 9 de marzo, la SFP presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) denuncias penales contra las siete empresas y los funcionarios señalados, por delitos que según el Código Penal alcanzan de dos a 12 años de prisión. Corresponde a Pemex presentar también las denuncias penales, además requerir por la vía civil y mercantil la recuperación del monto quebrantado, lo que tampoco se ha hecho.
Contra la disposición de la SFP, Pemex permitió a algunas de las firmas inhabilitadas seguir concursando en licitaciones y se les incluyó en el padrón oficial de proveedores vigentes elaborado en mayo. Hasta hoy, cuatro empresas obtuvieron un amparo que les permite seguir recibiendo contratos del gobierno federal, lo que echa por tierra dos años de trabajo de la SFP, comprendidos en 20 tomos.
Los funcionarios que para la SFP están inhabilitados, en Pemex están en calidad de “comisionados”, conservan sus oficinas y las secretarias a su mando. A través de su área de prensa, la dirección de la paraestatal se negó a explicar a Contralínea el estatus de dichos funcionarios.
El caso Nanchital generó no sólo el millonario quebranto a Pemex, sino afectaciones ambientales y sociales irreparables, pues las compañías no biorremediaron la zona, sólo aplicaron “maquillaje verde”, según la organización ambientalista Greenpeace. Degradaron el hábitat de numerosas especies animales y vegetales, y afectaron a cientos de comuneros, campesinos y pescadores. El caso se denunció incluso ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, espejo de lo que hoy ocurre en el Golfo de México del lado texano, que tiene a la British Petroleum de rodillas, y aquí, a las compañías enriquecidas con el oro negro.
No obstante, en diciembre de 2004, ambos coincidieron que SMC se encargara de la mayoría de los trabajos de emergencia. El resultado: 317 millones 786 mil pesos defraudados a Pemex según la SFP. La contratación entre Pemex Refinación y SMC ejemplifica el modus operandi de las compañías para cobrar hasta 1 mil veces más de lo que en realidad Pemex debía pagarles.
El caso Saint Martín
El contrato original (número SDSE-OPU81-172/2004) estipulaba un pago de 20 millones de pesos y un plazo de ejecución de 120 días entre diciembre de 2004 y mayo de 2005. Pemex designó como residente de obra a Fernando Hess Moreno y SMC nombró a Amaury Abreu Ayala y a Rafael Rivera Báez.
El último informe de Hess, del 9 de marzo de 2005, contenía bitácoras del trabajo, reportes sobre los avances de la obra y el empleo de los recursos. El supervisor lo envió a la Unidad de Contratos de la Superintendencia General de Mantenimiento de PR en Minatitlán. Según el testimonio que los directivos del área contable de SMC dieron a Contralínea, cuando su director (y accionista mayoritario de la compañía) Juan de Dios Saint Martín Zepeda revisó la copia de los documentos, “ordenó recuperarlos a toda costa”. Su hermano Mariano Saint Martín se encargó de la misión obtuvo el informe de las oficinas de Pemex mediante un soborno.
A continuación, reunidos en el Hotel Brisa de Coatzacoalcos, el 4 de abril de 2005, los contadores de SMC (los mismos que dieron a Contralínea su testimonio) ayudaron a Juan de Dios Saint Martín a emitir documentos apócrifos que alteraban precios unitarios y estimaciones que en ninguno de los casos coincidía con los reportes reales de Hess Moreno.
Los hermanos Saint Martín escanearon y falsificaron facturas originales de las empresas que trasladaron los residuos, entre las que figuran Comercial de Fletes México, Transportes y Recolección de Residuos ACC y Multiservicios Nieto. Y fue este informe fabricado el que enviaron a las oficinas de Pemex.
Cuando en la Subdirección de Almacenamiento y Distribución de PR recibieron la documentación falseada, los supervisores de Pemex se negaron a avalarlos, lo que desató pugnas internas en la paraestatal porque, sin el visto bueno de los supervisores, el contrato no podía ser liquidado.
Así que Alejandro Saint Martín Zepeda, a la sazón representante legal de SMC, le envió una carta al director de PR, Juan Bueno Torio, exigiéndole saldar adeudos superiores a los 900 millones de pesos. En la misiva se quejaba que la reticencia de los supervisores para avalar sus trabajos obstaculizaba el pago y por ello le pedía al funcionario “conciliar” con ellos. Omiso a las razones por las cuales sus supervisores se negaban a avalar los trabajos y el pago que SMC exigía (entre estas razones, que los supervisores advertían el incremento irreal de los trabajos y costos), esa misma semana, Bueno Torio ordenó liquidarle a la compañía 450 millones de pesos.
Uno de los empleados de los Saint Martín explicó a Contralínea la razón de la diligencia del funcionario para destrabar el pago: “Él (Juan Bueno Torio) apadrino el contrato de Nanchital a cambio de una jugosa comisión que pactó su primo Luis Torio Ramos, a quien Alejandro y Mariano Saint Martín presentaban como su asesor en las reuniones con los supervisores de Pemex.”
En las indagatorias periodísticas de este caso, Contralínea obtuvo documentos que develan cómo Rogelio Bravo Saint Martín, gerente de Servicios de Logística de SMC, le indicó a su primo Alejandro Saint Martín la manera de inflar los costos de su contrato en Nanchital, a partir de documentos de otros trabajos que la compañía hacía para Pemex en Ciudad Pemex y Comalcalco, fraude en el que se usaron también documentos avalados por funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Facsímiles de la contabilidad de SMC indican que, en Nanchital, la empresa sólo erogó 26 millones 679 mil 453 pesos, de modo que obtuvo una ganancia de 423 millones de pesos o, dicho de otro modo, de 2 mil por ciento, falseando las cifras de horas hombre y equipo utilizado.
Declararon por ejemplo que utilizaron 1 mil 460 obreros, cuando eran sólo 296, y que usaron diariamente 417 lanchas para recoger los desechos contaminados, cuando sólo usaron 49. La SFP determinó que sólo debían pagársele 132 millones 706 mil pesos. En noviembre de 2009, la inhabilitó para recibir contratos de gobierno durante cuatro años; pero en febrero pasado, SMC logró que un juez regional de Tabasco-Chiapas le otorgara un amparo provisional contra la SFP.
Así, la SFP detectó que las seis empresas utilizaron artilugios similares a los de SMC:
Todas las compañías utilizaron un valor de tasa de interés interbancaria de equilibrio mayor, que debió ser de 8.95 y lo cobraron en 9.015. Las compañías cobraron “gastos de licitación” cuando nunca existió licitación alguna, pues a cada una se le entregó el contrato por adjudicación directa. Bajo el concepto de “prima de fianza”, cobraron cantidades superiores a las que facturaron las afianzadoras. Inflaron también el cobro del “factor de riesgo de trabajo”, que estipula el Instituto Mexicano del Seguro Social. Manipularon también el cálculo de productividad horas-hombre por volumen remediado, cobrando por trabajos realizados en 800 días, cuando el contrato no rebasaba los 180 días de labores.
Creada en 2002, la compañía tiene como representante y apoderado legal a Jorge Humberto Castañeda Solís, empleado del jurídico de Pemex de 1998 a 2005. Aunque el giro de la empresa es la biorremediación, se le ha contratado para trabajos que deben hacer los administrativos de Pemex, como en febrero de 2007, cuando se le encargó digitalizar diversos documentos, por lo que recibió 169 mil pesos por una semana de trabajo.
Por sus trabajos en Nanchital, cobró 40 millones 896 mil 965 pesos. La SFP determinó que sólo le correspondían 18 millones 230 mil 388 pesos: defraudó a Pemex por 22 millones 666 mil 577 pesos.
Desde 2005, eran públicas las deficiencias de su trabajo en Nanchital, no obstante se le contrató para atender otro desastre: la fuga en el pozo Kab-121, provocada por el colapso de la plataforma Usumacinta en la Sonda de Campeche. A Garner se le pagaron 8 millones 843 mil 571 pesos por “recuperar hidrocarburos en el mar” con el apoyo de un barco, de marzo a abril de 2009, bajo el contrato 414104842, entregado por adjudicación directa.
Por su trabajo en Nanchital, cobró 259 millones 519 mil 249 pesos, pero le correspondían sólo 23 millones 997 mil 23 pesos; es decir, cobró 1 mil veces lo que le correspondía. Según la SFP, defraudó a Pemex por 235 millones 552 mil 249 pesos. El 10 de diciembre de 2009, la inhabilitó por un año seis meses para contratarse con el gobierno federal a partir del 19 de diciembre, pero los funcionarios de Pemex contravinieron la normatividad al permitirle concursar la licitación 18575062-027-09, convocada por PEP en enero pasado, para construir un gasoducto del tramo Batería Luna- Batería Pijije, así lo revelan las actas de dicha licitación que posee Contralínea.
En marzo, la compañía obtuvo una suspensión provisional dictada por la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el Juicio de Nulidad 6111/10-17-08-06, que le permite seguir recibiendo contratos de la petrolera.
Domiciliada en Coatzacoalcos, la compañía ni siquiera está registrada en el padrón de proveedores del gobierno federal. Tampoco tenía experiencia en la industria petrolera. Su giro es “comprar, vender, arrendar y subarrendar y permutar bienes urbanos”, es decir, nada relacionado con la industria petrolera y mucho menos con trabajos tan especializados como es la biorremediación. Extrañamente, en abril de 2005, obtuvo de la Semarnat un permiso para tratar suelos contaminados, vigente por cinco años.
Su imposibilidad de acreditar experiencia en la industria petrolera no le impidió tampoco obtener trabajos sumamente especializados, como la rehabilitación de una red contraincendios en el puerto de abastecimiento y almacenamiento de crudo, trabajo por el que se le pagó 33 millones 210 mil 612 pesos, bajo el contrato número 418234925. En octubre de 2005, se le contrató para “modificar” el trazo del poliducto Poza Rica-Cima-Azcapotzalco, por 35 millones 794 mil pesos.
En marzo de 2008, PR la contrató para “rehabilitar las anomalías” en los ductos de los sectores San Manuel y Carmito-Artesa del activo integral Macuspac, bajo el contrato 425028808, por 71 millones 819 mil pesos. El 22 de abril le encargó “sustituir y ordenar infraestructura de transporte de hidrocarburos” en el campo petrolero Sánchez Magallanes; como no concluyera los trabajos en la fecha pactada, se le aprobó una ampliación en monto y plazo de ejecución por 17 millones 270 mil 983 pesos.
El 29 de abril, la contrató para “sustituir y reordenar infraestructura de transporte de hidrocarburos” en los campos Basilio, San Ramón y Cinco Presidentes, por 78 millones 903 mil 358 pesos (contrato 425028821).
El origen de esta compañía es tan oscuro como su desempeño como contratista. En una semiderruida casita de dos pisos, ubicada en el número 34 de la calle Francisco Hernández Córdova, en la colonia Hernández Ochoa, en Coatzacoalcos, en marzo de 2003, Guadalupe Velásquez Jiménez y Jorge Daniel Salas Hernández, originarios de Salina Cruz, Oaxaca, domiciliaron la empresa que ingresó como contratista de PR bajo la dirección de Bueno Torio.
Sin acreditar solvencia técnica y económica, se le contrató para recuperar hidrocarburos, limpiar la zona y dar disposición final a la maleza tras la ruptura del oleoducto Nuevo Teapa-Venta de Carpio, a la altura del municipio Omealca, Veracruz (adjudicación directa SDSE-OPU83-102/2004), por 40 millones de pesos. Incumplió el trabajo, y lejos de penalizarla, los directivos de PR le autorizaron una prórroga de dos meses y un incremento de 7 millones 230 mil pesos.
El 15 de octubre de 2004, la contrataron para “remediación de suelo contaminado por hidrocarburos en el área circundante a la fosa de quema de la estación de bombeo Emilio Carranza”, en Vega de Alatorre, Veracruz. Catorce días después, le adjudicaron el contrato SDSE-SRO82-032/2004, por 329 mil 176 pesos, para que hiciera la “evaluación del área afectada por fuga en el KM 1+300”, del combustoleoducto que va de la refinería Antonio Dovalí a la Terminal Marítima de Salina Cruz; incumplió la fecha de ejecución de los trabajos.
Con el argumento de que contaba “con los recursos humanos y financieros suficientes, así como con la experiencia respaldada con trabajos ejecutados de la especialidad”, aquel diciembre de 2004 se le contrató para recuperar crudo y material contaminado, y limpiar la desembocadura del arroyo Tepeyac.
En diciembre de 2007, la revista Fortuna (número 59) documentó todas las irregularidades de Aquapress en la ejecución de su contrato en Nanchital, entre ellas, que sólo removió la tierra contaminada y le colocó lirio encima, y en la playa enterró 500 bolsas de polietileno con residuos de petróleo contaminado y lirio.
En San Lázaro, el diputado federal Elías Cárdenas Márquez, quien entonces presidía la segunda comisión especial de legisladores que indagaba el tráfico de influencias de los hermanos Bribiesca, denunció la “sospechosa” protección de Bueno Torio con dicha empresa. En entrevista (Fortuna 57), Cárdenas, abogado de profesión, acusó que había responsabilidad de dicho funcionario en el fraude de Aquapress: “Existe una responsabilidad solidaria de quien entonces dirigía un sector de nuestra principal industria, que es Pemex. Indudablemente, todos los actos que se cometieron durante su gestión le son en cierta manera imputables, porque si bien es cierto, y casi sería imposible que él hubiera firmado todos y cada uno de los contratos, en virtud de que se delegan, también es cierto que tiene la responsabilidad de los funcionarios que firmaron a su nombre, aunado a que ellos actuaron bajo sus órdenes.”
Ahondó que el desempeño de Juan Bueno Torio al frente de Refinación “fue sumamente irregular, y aunque sólo he analizado este contrato, seguramente en los cientos o miles que se firmaron bajo su dirección hay irregularidades. Juan Bueno Torio va a tener que demostrar que él no tuvo ninguna responsabilidad en el asunto de Aquapress, pero creo que no lo podrá demostrar, pues él es responsable de este fraude”.
Desde 2005, el Órgano Interno de Control en PR abrió una indagatoria contra Aquapress por el uso de documentos apócrifos, según el expediente 0289/2005, que derivó en su inhabilitación por un año seis meses, vigente del 28 de marzo de ese año al 28 de marzo de 2008. Ésta se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2007.
Sin embargo, la administración de José Antonio Ceballos Soberanis al frente de PR birló a la SFP: el 6 de julio de 2007, le adjudicó un contrato por 67 millones 939 mil 50 pesos para dar “mantenimiento” a ductos en Veracruz; en diciembre de 2008, la contrató para atender otra emergencia generada por la ruptura del combustoleoducto del puerto de Manzanil, por 86 millones 334 mil pesos (contrato GTD-SDP-AS-003/08).
La subsidiaria PEP la contrató para “restaurar” baterías en diversos campos, y PR le hizo adquisiciones que nada tienen que ver con su giro empresarial: le compró botiquines de primeros auxilios por 2 millones de pesos.
La firma fue creada en 2001 por el contador Francisco Colorado Cessa, empresario originario de Tuxpan, asiduo a las carreras de caballos y vinculado al gobernador Fidel Herrera Beltrán, con quien comparte sus cabalgatas. En octubre de 2005, Herrera le otorgó a su hermano Miguel Colorado Cessa la titularidad de la Notaría número 2 de Poza Rica.
Francisco Colorado es hoy uno de los empresarios más cercanos al candidato del Partido Revolucionario Institucional al gobierno de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, aunque en junio pasado su hermano Miguel contendió como abanderado del blanquiazul a las elecciones para diputado por el V Distrito de Poza Rica. Durante su campaña, la madrugada del martes 30 de junio, aparecieron en diversos puntos de la ciudad petrolera narcomantas que lo vinculaban con la delincuencia organizada.
El expediente 0034/2009 que la SFP abrió en contra de la empresa de Francisco Colorado por el contrato de Nanchital concluye que proporcionó “información falsa en la ejecución del contrato SDSE-OPU81-162/2004” y defraudó a Pemex por 177 millones 066 mil 083 pesos; la inhabilitó del 5 de enero de 2010 al 5 de enero de 2012, pero la compañía obtuvo un amparo por parte del Juzgado Décimo Sexto en Materia Administrativa en el Distrito Federal y la posterior suspensión a la disposición de la SFP (juicio de amparo I-5/2010), de manera que puede seguir obteniendo contratos petroleros.
De hecho, los más cuantiosos los obtuvo mientras estaba bajo investigación de la SFP: los derivados de las licitaciones 18575008-004-09, por 78 millones 162 mil 716 pesos; 18575008-023-08, por 69 millones 199 mil 994 pesos; 18575008-047-07, por 10 millones; 18575008-048-07, por 18 millones.
Semanas antes de que la SFP concluyera que ADT Petroservicios defraudó a Pemex en Nanchital, la paraestatal le adjudicó una de las licitaciones más importantes de ese año: la 18575051-045-08, por 1 mil 396 millones de pesos. Hoy la compañía se promueve como “Empresa Socialmente Responsable”.
En 2005, en voz de su coordinadora de la campaña de tóxicos Marisa Jacott, Greenpeace denunció que la biorremediación que Preservare y las otras compañías aplicaban en Nanchital era simple “maquillaje verde” al medio ambiente. Ello no inhibió a los directivos de Pemex a contratarle para emergencias similares. En noviembre de 2005, por ejemplo, se le encargó “recuperar” y “extraer” el hidrocarburo emulsionado y contaminado por la fuga de gasolina Magna Sin en el magnaducto conectado de la refinería Antonio Dovalí a la Terminal Marítima Salina Cruz (contrato SDSE-OPU82-005/2006); por 6 millones 270 mil pesos.
En el expediente 033/2009, la SFP concluyó que defraudó las arcas públicas por 69 millones 916 mil pesos, cobrados mediante documentos apócrifos. El 17 de diciembre de 2009, en el Diario Oficial de la Federación se publicó su inhabilitación por tres años, pero en marzo obtuvo un amparo promovido en la Segunda Sala Regional Metropolitana de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (expediente 5625/10-17-12-9).
Aunque la SFP la tenía bajo la lupa, la Semarnat, a través de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, le otorgó una autorización para el tratamiento de suelos contaminados, de marzo de 2009 a marzo de 2019.
La firma fue creada por el Grupo Saint Martín como una más de las compañías con las que en sus concursos con Pemex simulan competencia en las licitaciones públicas. Domiciliada en el número 325 de la colonia Florida en Villahermosa, como su director está Steve Santander Reyes, sobrino de Juan de Dios Saint Martín.
Desde 2005, Lico fue denunciada penalmente ante juzgados de Veracruz por sus trabajos en Nanchital, debido a que un norte que azotó la entidad dejó al descubierto tiraderos clandestinos donde confinó los hidrocarburos, lodos y lirio que supuestamente biorremediaría, trabajo por el que cobró 130 millones 64 mil 410 pesos.
Pese al escándalo, ventilado en medios de comunicación locales, a Lico le “llovieron” contratos para este tipo de emergencias como la que provocó el derrame de hidrocarburos por fuga en el oleoducto Cuanduacán-Dos Bocas, en el que se le pagaron 13 millones de pesos.
El sobrino de Juan de Dios Saint Martín se ha visto involucrado en sospechosas operaciones de manejo de efectivo. En febrero, demandó penalmente al alcalde de Benito Juárez, Quintana Roo, Gregorio Sánchez Martínez, Greg, por el supuesto incumplimiento en el pago de un préstamo de 10 millones de dólares en efectivo que, dice Steve Santander, le entregó en calidad de “préstamo” para su campaña a la alcaldía. El caso se sigue en la averiguación previa FDF/T/T3/01126/08-02, en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
En mayo pasado, el periodista Miguel Badillo publicó el expediente financiero que la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, integró en contra del fallido candidato de la alianza Todos por Quintana Roo (Partido de la Revolución Democrática-Partido del Trabajo-Convergencia), que incluye cuentas bancarias abiertas en seis instituciones financieras en México, con depósitos por cerca de 30 millones de pesos (Contralínea 184). Las autoridades federales acusan a Greg de lavado de dinero de los cárteles de los hermanos Beltrán Leyva y de Los Zetas; el contratista de Pemex, Steve Santabder, beneficiario del fraude en Nanchital, de no pagarle el cuantioso efectivo.
Ninguna de las compañías citadas accedió a hablar con Contralínea sobre la información aquí citada.
En la mira del Congreso
En mayo, el senador Carlos Sotelo García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, llevó un Punto de Acuerdo que plantea al Senadi citar a comparecer al titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan José Suárez Coppel, para explicar la respuesta de la petrolera frente a la investigación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el caso Nanchital, de manera que en los siguientes días el funcionario deberá rendir cuentas al Congreso y explicar por qué no se procedió penalmente contra las contratistas como le solicitara la SFP a Pemex antes de que éstas se ampararan.
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