Ferrocarrileros jubilados continúan alimentado la burocracia sindical. Se trata de los únicos extrabajadores a los que, a pesar de ya no ser miembros en activo, se les descuentan “cuotas sindicales”. La cúpula que encabeza Víctor Flores se lleva más de 37 millones cada año por “representar” a los antiguos empleados de Ferrocarriles Nacionales de México. Mientras, el Fideicomiso Ferrronalesjub sólo cuenta con fondos para cubrir pensiones hasta junio de 2011

Isabel Argüello

En promedio, la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM) recibe al año 37.2 millones de pesos: 18 millones 669 mil 120 pesos por “cuotas sindicales” y 18 millones 570 mil 522 por “honorarios”. Tan sólo en los primeros siete meses de este año, el grupo que encabeza Víctor Flores absorbió 10 millones 832 mil pesos por concepto de “honorarios” del Comité de Gestoría y Enlace del Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6.

La figura fiduciaria, creada con dinero de los trabajadores ferrocarrileros, sólo tiene fondos para cubrir jubilaciones y pensiones hasta junio de 2011.

Juan José Calixto, jubilado en 1999 luego de 40 años de servicio y de incluso haber sido director jurídico del Sindicato, no estuvo de acuerdo con Víctor Flores en que los trabajadores siguieran de manera obligada aportando “cuotas sindicales”. Desde entonces, rompió con el líder sindical y ahora es abogado y representante de la Federación Nacional de Ferrocarrileros Jubilados. Asegura que su organización procura defender los derechos laborales que aún tiene este gremio.

El Padrón de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) registra 7 mil 200 trabajadores en servicio activo de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación (FNML). Sin embargo, el STFRM sigue descontando el 1 por ciento de sus percepciones a los 38 mil 894 pensionados y jubilados que reconoce.

Esto es posible gracias a que los extrabajadores están divididos y aislados. Para Ernesto Omaña, de la Coalición de Socios Ferrocarrileros Jubilados Integrantes del Fideicomiso 5012-6-Impulsadora de Derechos Nacionales e Internacionales, el mayor problema de los jubilados es la falta de representación y el nulo reconocimiento por parte de la STPS.

“La respuesta sindicalista respecto de los jubilados es negativa y perversa porque no tenemos su respaldo jurídico. En 1995, Víctor Flores no nos registró como socios, pero nos sigue cobrando mensualmente. Ese dinero es para él, además de lo que cobra como miembro del Comité Técnico que administra el Fideicomiso”, explica Víctor Vega, de 56 años, 27 de los cuales fue ferrocarrilero.

En promedio, cada jubilado recibe 4 mil pesos mensuales. Por lo tanto, la cuota sindical que cada extrabajador debe aportar de manera obligatoria es de 40 pesos. Así, los 38 mil 894 pensionados entregan, en conjunto, 1 millón 555 mil 760 pesos cada mes a las arcas del Sindicato que encabeza Víctor Flores desde hace 15 años. Se trata de casi 19 millones de pesos anuales.

El sonorense Enrique García trabajó 28 años en los trenes que iban de Mexicali, Baja California, a Benjamín Hill, Sonora. Lamenta que muchos ferrocarrileros hayan muerto sin una garantía del pago de sus pensiones y que el “Sindicato charro” siga afirmando que la cuota sindical se dirige al Fideicomiso, cuando en realidad “se va a los bolsillos de Víctor Flores”.

En lo que va de este año, los gastos por administración de la figura fiduciaria ascienden a 32 millones 578 mil 375 pesos. Por concepto de honorarios del Comité Nacional de Gestoría y Enlace del Fondo de Jubilaciones se destinan 10 millones 832 mil 822, y por honorarios de la Coordinación Ejecutiva, 21 millones 745 mil 553 pesos.

La cláusula vigésimo novena del convenio modificatorio del contrato del Fideicomiso, suscrito el 26 de septiembre de 2000, indica que el Comité de Gestoría y Enlace dará “seguimiento a la operación” del Fideicomiso. Sus integrantes son la cúpula sindical, como señala la propia página electrónica del STFRM: Víctor Félix Flores Morales, secretario nacional del Sindicato; José de Jesús Ortiz Rodríguez, encargado; Manuel Valles Muela, Carlos Calderón Otero y Valente Hernández León, comisionados; y Julio Ernesto Lorenzo Peregrina, apoderado legal. Estas seis personas han llevado a sus bolsillos 10 millones 832 mil 822 pesos tan sólo en los primeros siete meses del año por el “trabajo” de ser representantes ante el Fideicomiso.

Asimismo, de acuerdo con la cláusula vigésimo quinta del Convenio –del cual Contralínea posee copia–, a la Coordinación Ejecutiva del Fideicomiso le son otorgados poderes para pleitos y cobranzas, actos de administración y especiales, así como para abrir y manejar cuentas de cheques. Entre sus miembros, están José Alberto Lona Sánchez, coordinador; Pedro Espinoza Meza, asistente contable; y Marcelino Cobos Peralta, gerente de Atención a Jubilados. En conjunto, las percepciones de esta Coordinación ascendieron a 21 millones 745 mil 553 pesos de enero a julio de 2010.

Además, se deben sumar los sueldos y salarios por servicios profesionales de auditores y notarios, y del fiduciario (Nacional Financiera, Nafin). En total, se erogaron 756 mil 51 pesos por este concepto: 247 mil 680 para los auditores, 2 mil 395 para los notarios y 505 mil 976 pesos para Nafin.

Si bien el estado financiero del Fideicomiso apunta que tiene un circulante de 2 mil 519 millones 981 mil 925 pesos, desde 2001 arrastra un déficit que ahora es de 14 mil 19 millones 47 mil 380 pesos. Con esto, las pensiones y jubilaciones de los exferrocarrileros están en riesgo.

Jorge González, extrabajador de 82 años, atribuye la insuficiencia de fondos del Fideicomiso a un contrato de crédito, celebrado el 30 de diciembre de 1998, entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Nafin. Señala que, mediante este contrato, la fiduciaria transfirió 13 mil 500 millones de pesos a la SHCP, los cuales se pagarían en 30 años, con una tasa anual de interés del 6.5 por ciento.

Ante el déficit que presenta el Fideicomiso, en julio pasado la Cámara de Diputados aprobó el Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 se incluyera una partida para capitalizar el Fideicomiso ferrocarrilero.

El Decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado FNM y se abroga su ley orgánica, presentado el 4 de junio de 2001, en su artículo 4 indica que el gobierno garantizará el pago vitalicio de las pensiones otorgadas a los trabajadores jubilados y pensionados, en el caso de que el fondo sea insuficiente. No obstante, “depende de la disponibilidad de recursos”, aclara el diputado panista Enrique Torres Delgado.

El Fideicomiso “les garantizaba una pensión de manera permanente, que no es muy grande pero les ayuda a subsistir, y que ya no iba a existir para 2011”, dice el legislador federal. Reconoce que el de los ferrocarrileros “es un tema de justicia social, y por ello la partida presupuestal podría ser de 1 mil 600 millones de pesos”.

Un primer estudio contractual había calculado que las jubilaciones alcanzarían hasta 2032. Al respecto, el extrabajador Pedro Barajas manifiesta que resultaron individuos atípicos porque creían que se iban a morir como moscas. “Nos hemos mantenido aquí, con vida, salud y todavía con la mentalidad lúcida”. Las actividades de don Pedro, por 27 años, fueron de tipo administrativo.

Acerca del desfalco del Fideicomiso, el legislador perredista Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, considera que “el problema se llama Víctor Flores”.

“En realidad, ha surgido un problema porque se asegura que en ese Fideicomiso mete mano Víctor Flores y se lleva parte de ese dinero que está destinado a los trabajadores. Vamos a tener que pedir a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y a la de Hacienda y Crédito Público que se modifique el Fideicomiso para que no haya forma de desviar los recursos para ningún otro propósito.”

Enrique López, quien dedicó 30 años a esta rama del transporte, señala: “Estamos hartos del doble discurso de la empresa, el Sindicato y el gobierno federal, que siguen vendiendo la historia de México. Pedimos certidumbre en el pago de nuestras jubilaciones y pensiones. Sólo nos queda cascarear lo que caiga porque las compañías ya no contratan chatarra”.

Vidas entre vías y vagones

La Segunda Guerra Mundial y el “ruido estremecedor” de los talleres en Nonoalco no fueron impedimento para que don Jorge González, de complexión delgada y entonces de 16 años de edad, entrara a laborar a FNM.

Trabajó cinco décadas completas para esa institución. Cuando se jubiló, en junio de 1994, le informaron que no se le reconocía su puesto de confianza. Ganó un juicio laboral que duró seis años. Ese “golpe duro” le posibilita una vida cómoda, aunque está consciente de que la situación de sus compañeros es distinta.

En similares circunstancias se encuentra Edmundo Toledo. Con tristeza, recuerda que en 1999 perdió su fuente de trabajo. “Estábamos un poco viejos, pero todavía podíamos pertenecer a Ferrocarriles; a pesar de eso, decidieron privatizar la empresa”.

La liquidación de FNM fue un “error gubernamental”, pues “no se vale que, de la noche a la mañana, vendan el medio de transporte más importante del país: un legado que nos dejó la Revolución Mexicana. Tampoco le perdonamos al gobierno actual que sea cómplice de esa circunstancia”, añade Enrique García.

Pedro Montoro también cree que la privatización fue “inconcebible”, pues la dirigencia nacional entregó, “sin ningún tapujo”, la industria ferrocarrilera al extranjero.

“Hubo un contubernio entre el gobierno, Víctor Flores y todo ese ‘séquito’ de personajes dentro de la organización sindical. Ellos se han enriquecido a costa de nosotros y se han robado la infraestructura ferrocarrilera, como la línea México-Morelos-Guerrero”, considera Montoro.

Por su parte, Enrique Oropeza explica que hubo una campaña de desprestigio en contra de ellos, pues al pueblo se le dijo que eran “flojos” y que por eso se tenía que privatizar. Hecho comparable, según él, con lo que sucede actualmente con otros sindicalizados.

A Pedro Mendoza, después de 22 años de laborar para Ferrocarriles, lo jubilaron en 1994. Cuenta que el seguro social que reciben es insuficiente porque son adultos que “ya padecen muchas enfermedades”.

“Soy hipertenso, diabético y tengo un riñón mal. Así están todos los jubilados. Ésas son cuestiones del mismo trabajo porque no se nos daba el material o las herramientas para realizar nuestras labores. Mucha gente dice que no defendimos nuestro trabajo, pero lo hicimos hasta el final. Víctor Flores tenía el apoyo del gobierno para liquidarnos”, finaliza Pedro Mendoza.

Contralínea solicitó entrevista con el dirigente del STFRM, Víctor Flores; hasta el cierre de edición, no hubo respuesta.

Contralínea 209 / 21 de Noviembre de 2010