Los cambios a las leyes en materia de energía fueron un traje a la medida para las trasnacionales. El futuro es sombrío, pues lejos de bajar, los precios de la electricidad, la gasolina y el gas irán en aumento. A merced de las corporaciones extranjeras estará la economía de los millones de familias mexicanas. Incluso los cálculos más optimistas (a cargo del gobierno) muestran un crecimiento económico raquítico para los siguientes años: 0.3 puntos porcentuales del PIB en 2015, y de 1 punto hacia 2018. ¿Remataron el país para una expansión tan mediocre?
Segunda y última parte / Primera parte
¿Qué diferencia hay entre el conquistador que empuñando un mosquete vino a llevarse nuestro oro en el nombre del rey, y el ejecutivo de la trasnacional que armado con una presentación de McKinsey viene a buscar la cesión de la renta petrolera en favor de la Exxon, la Chevron o la Shell?
Javier Jiménez Espriú, La explotación petrolera y el capital privado, 2013
El problema fundamental de la contrarreforma energética peñista es que está basada en una colosal montaña de mentiras insostenibles, la cual se desvanecerá fantasmal y trágicamente en el tiempo. A medida que esto ocurra, como de hecho ya sucede prematuramente con el alza de los precios de la electricidad, el gas y las gasolinas, entre las sombras del engaño emergerá con brutal crueldad la luminosa realidad con sus onerosos costos económicos, sociopolíticos y en materia de seguridad nacional. Y, con ella, el creciente rencor de la población, cuyos eventuales efectos desestabilizadores tratarán de ser sofocados con el amedrentamiento y, en caso de ser necesario, con la represión selectiva o colectiva.
En su triunfal discurso emitido al momento de rubricar y promulgar la llamada Reforma Constitucional en Materia Energética, ante la elite política y los poderes fácticos –diputados, senadores, el gabinete legal y ampliado, gobernadores (con excepción de Arturo Núñez y Miguel Ángel Mancera), legisladores estatales, dirigentes de los partidos, capos de la estructura corporativa del Estado, los oligarcas–, alejado de la insolente chusma, Enrique Peña Nieto prometió todo lo que sabe que jamás cumplirá: la soberanía nacional y la seguridad energética; la propiedad nacional de los hidrocarburos, la renta petrolera y su distribución; el control estatal de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y su modernización; mayor inversión sin endeudar al país; desarrollo tecnológico energético, restitución de las reservas de hidrocarburos y protección ambiental; costos y precios más bajos de los energéticos y los alimentos; más crecimiento y empleos (www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/palabras-del-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-licenciado-enrique-pena-nieto-durante-la-promulgacion-de-la-reforma-constitucional-en-materia-energetica).
Esas y otras cosas prometió Enrique Peña.
Pese a saber que son mentiras irrealizables.
Una cosa es cierta, como dice Peña: “la energética es una de las reformas más trascendentes de las últimas 5 décadas, que ayudará a México a enfrentar con éxito los retos del siglo XXI”.
Pero es una verdad a medias. O una media mentira. O si se prefiere, una mentira que inútilmente trata de encubrir una decisión de graves implicaciones históricas para el destino de la nación.
La realidad ineludible es que los cambios constitucionales abren completamente las puertas al capital privado, nacional y extranjero, en la industria petrolera y eléctrica. Sólo se reserva al Estado la distribución del fluido eléctrico. Los 17 contratos de perforación o de riesgos concedidos por Miguel Alemán a empresas estadunidenses, los cuales, después, fueron cancelados por Adolfo López Mateos, quien modificó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para prohibirlos explícitamente, son un juego de niños comparados con las medidas peñistas. A Jesús Reyes Heroles, exdirector de Pemex (1964-1970), le correspondió formalizar la recuperación del dominio de la nación de los hidrocarburos.
Por caprichos de la historia, a los hijos de Reyes Heroles, Federico y el Chicago Boy Jesús, les ha tocado la tarea de destruir lo que su progenitor contribuyó a recuperar. El segundo, con la administración de la ruina deliberada de Pemex, como titular de Energía (1995-1997) y director de la paraestatal (2006-2009). Ahora, como cipayo o “asociado estratégico” de la compañía Morgan Stanley, asesora el saqueo. El otro justifica la demolición como ideólogo neoliberal.
Se cumple el ciclo: el padre crea, el hijo hereda, el nieto destruye.
La historia es repetida por el sonorense Manlio Fabio Beltrones, de otra manera. Él, como diputado, aseguró la lealtad de quienes votaron por la desnacionalización energética y el fin del régimen posrevolucionario, erigido por los sonorenses Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Ese Fabio a quien Mario Aburto, supuesto asesino de Luis Donaldo Colosio, acusa de estar presente cuando fue torturado. ¿Qué secretos guarda Beltrones al respecto? ¿Su silencio es su seguro de protección y de garantía para su carrera política? La credibilidad de uno y otro es la misma. La diferencia es que Beltrones cuenta con una oficial patente de corso.
Ante todo, la trascendencia de la reforma radica en el hecho de que culmina el proceso de desmantelamiento y reprivatización energética iniciado por Miguel de la Madrid en la petroquímica estatal (de los 70 productos considerados básicos y de producción exclusiva de Pemex, en 1986 suprimió 40 al convertirlos en secundarios y ceder su oferta a las empresas privadas; en 1989, Carlos Salinas de Gortari los redujo a 19; y, en 1992, a nueve; en 1996, Ernesto Zedillo decretó la venta de 61 plantas petroquímicas y abrió completamente el sector al capital privado, local y foráneo). Lo anterior amparado en las políticas ortodoxas de estabilización –que recortan el gasto público, castigan la inversión energética y amplían el saqueo fiscal de Pemex y la CFE– y de ajuste estructural –privatizaciones, reestructuración estatal, etcétera–, tendientes a sustituir el Estado intervencionista o “populista” por el Estado mínimo, cuya principal responsabilidad es garantizar el funcionamiento del “mercado libre” y la acumulación privada de capital, de acuerdo con los programas del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Consenso de Washington.
Con Felipe Calderón, el ímpetu reprivatizador y trasnacionalizador alcanzó niveles inconcebibles. El panista dividió las aguas territoriales en 239 bloques con el objeto de impulsar su exploración, explotación y licitación, bajo el esquema de “alianzas estratégicas con empresas privadas”, según el especialista Fabio Barbosa. Con el cambio a la ley energética de 2008, legalizó la concesión de bloques en el Golfo de México, cuya extensión media equivaldría a la extensión de estados como Tlaxcala o Colima, tal y como sucede con la Cuenca de Burgos (donde participan empresas como Repsol; Petrobras; Teikoku Oil; la mexicana D&S Petroleum, del Grupo Diavaz; la argentina Techint y su subsidiaria Tecpetrol; la mexicana Industrial Perforadora de Campeche) y Chicontepec, regenteada esta última región por Dowell Schlumberger, Weatherford, Chedroin Holding, Petrofac Facilities, ICA Flúor Daniel o Halliburton, en sustitución de Pemex, y cuyos resultados han sido fraudulentamente onerosos. Mientras sus servicios eran pagados, la paraestatal perdía unos 2.4 mil millones de pesos semestralmente hacia 2008, según Francisco Garaicochea, del Grupo de Ingenieros Pemex-Constitución de 1917. Además, se acumulan pasivos con impacto diferido en el registro del gasto (Pidiregas) por 1.2 billones de pesos ( “Reforma energética: se afianza la inversión privada”, Contralínea, http://contralinea.com.mx/2008/12/01/reforma-energetica-se-afianza-la-inversion-privada/).
Contratos de servicios múltiples; adjudicaciones directas; concesiones en la exploración y explotación de hidrocarburos en tierra y aguas nacionales hasta por un plazo de 20 años, tiempo suficiente para sobreexplotar los pozos y regresar campos vacíos; proyectos económica y financieramente cuestionables, con información manejada turbiamente… Todo con “vicios de inconstitucionalidad, porque Pemex implícitamente renuncia a los derechos que le da el marco jurídico en exploración y explotación de hidrocarburos y queda sólo como un operador”, como dijo Víctor Rodríguez, investigador de la UNAM, en 2003, cuando se otorgó el cuarto contrato de servicios múltiples en la Cuenca de Burgos (www.cronica.com.mx/notas/ 2003/98419.html).
La apertura desnacionalizadora alemanista se limitó a la emisión de los “leoninos” contratos de riesgo que “favorecían al interés nacional, no por ser de riesgo, sino porque las compañías recibían un beneficio excesivo, convirtiéndolas casi en concesionarias”, según Manuel Barquín, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Al final, los mismos priístas se encargaron de cerrar las puertas y reforzar los candados de la exclusividad energética estatal.
Enrique Peña Nieto tenía la opción de limpiar el estercolero del establo de Augías del sistema y restaurar el orden constitucional, en especial en materia de energía.
Al menos para tratar de higienizar la manera en que llegó a la Presidencia, calificada por algunos como un golpe de Estado “técnico”, al estilo de Carlos Salinas y Felipe Calderón.
Pero Peña prefirió seguir en el sendero abierto desde 1986 y acelerar el paso reprivatizador y desnacionalizador.
¿Al cabo no fue una de las razones por las cuales fue encaramado en la Presidencia por los grupos de poder, su base de legitimidad política?
La propuesta peñista original era mezquina: los contratos de riesgo compartido. Al menos eso dijeron. Pero después, aprobaron una espectacular venta de remate.
Como en los viejos tiempos del despotismo presidencial, el Congreso de la Unión se sometió a los dictados de Peña Nieto.
Pastoreados por el presidente de la República, el secretario de Hacienda (Luis Videgaray), los mozos de cuadra y bacín Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones, Jorge Luis Preciado, Luis Alberto Villarreal y los gobernadores arrearon a la manada de legisladores federales y estatales para que, en esquizofrénico tropel, aprobaran la ley energética.
La trascendencia está en la grosera manera en que se aprobó la reforma y en el tiempo requerido. Al grito de Fuenteovejuna, los congresistas violentaron las formas legislativas y cuanta norma legal se les puso enfrente. Sin preocuparse por la dignidad de la institución que representan y la suya propia –al cabo carecen de ella–, sin el menor respeto por sus votantes sancionaron, sin analizarlo, un cambio constitucional cuyo contenido desconocían. Las mayorías de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados apenas requirieron unas 20 horas cada una. Los votos favorables de los 17 estados que se necesitaban se alcanzaron en 83 horas. El Congreso de Nuevo León impuso marca en el envilecimiento: le bastaron 3 minutos para signarla. El más perezoso fue el de Baja California Sur, con 1 hora 30 minutos. Sólo fue rechazada en Tabasco y Guerrero.
Los popes cobraron el derecho de piso y sus exigencias fueron satisfechas expeditamente. La lealtad es rentable. Los involucrados, como Manlio, Gamboa, Preciado o Villarreal, aseguraron su reelección, su paso de una Cámara a otra, algún puesto de “elección popular” o en un gabinete. A algunos se les respetarán sus espacios de poder. Quizá a otros se les pagó su servicio. En Argentina, por ejemplo, la aprobación de la contrarreforma laboral neoliberal, en el gobierno de Fernando de la Rúa, fue comprada con sobornos millonarios. A otros se les solaparán sus fechorías, como a Carlos Romero Deschamps, el capo del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y senador priísta, cuya actuación se ajusta a las palabras de Joaquín Gamboa Pascoe, capo de la Confederación de Trabajadores de México: “A mí nunca me verán de huaraches”. Romero Deschamps prefirió sacrificar a su sindicato para evitar seguir los pasos de Elba Esther Gordillo, actualmente presa; postura que también compartió Víctor Fuentes, líder del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana.
En 2013, la organización Transparencia Internacional ubicó a México en el lugar 106 en su Índice de percepción de la corrupción, de un total de 177 naciones, lo que lo coloca como uno de los países más corruptos para el organismo.
¿Alguien recuerda que Peña, Videgaray, Pedro Joaquín Coldwell, Emilio Lozoya, Manlio Fabio y demás se rasgaban las vestiduras mientras decían que no se compartiría la renta petrolera ni se privatizarían las reservas, ni extracción de hidrocarburos, ni la producción?
¿Qué fue lo que se aprobó entonces?
Un menú irresistible para las corporaciones petroleras y eléctricas que tengan “apetito por el riesgo”, para usar las palabras de Videgaray, y deseen asistir al banquete que se les brindará en el Salón México: contratos de utilidad o de producción compartida, con el pago de un porcentaje en ambos conceptos; de licencia para las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, con la transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez que hayan sido extraídos del subsuelo (venta a boca de pozo); una combinación de los contratos señalados si el inversionista lo prefiere. Para guardar las formas civilizadas, en ciertos casos, algunas empresas podrán agregar en sus libros contables las reservas que encuentren con la leyenda de que son de la nación. Es decir, hasta que se las agoten, les cancelen los contratos por alguna razón o los saquen del país, como hizo Argentina con Repsol.
Si el menú no es suficientemente seductor, se añadieron un par de platos adicionales: el sometimiento de las controversias en los tribunales internacionales y la posibilidad de que las empresas que realicen actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos las puedan reportar para efectos contables y financieros, añadiéndole la mentira que los recursos son propiedad de la nación.
¿A cuánto ascenderán los porcentajes compartidos en la producción y la renta petrolera; cuántos bloques se darán a cada empresa, a qué precio se les venderá el crudo, dónde lo colocarán, en el mercado interno, el externo o en ambos; a qué tarifas comercializarán los petrolíferos y petroquímicos?
Las respuestas son un misterio explotable.
¿Son licencias o concesiones?
Para BP y Exxon Mobil, las licencias son similares a las concesiones. The Wall Street Journal considera que las primeras imitan a la segunda. Gabriel Lozano, de JP Morgan Chase, agrega que “la insistencia en llamar licencias en lugar de concesiones es en gran parte simbólica”. En la práctica habrá poca diferencia para las empresas extranjeras que emplearán métodos de contabilidad creativos para darle la vuelta a las restricciones mexicanas sobre registrar las reservas como activos (David Brooks, “Deliberada ambigüedad en la reforma energética, creen analistas internacionales”, www.jornada.unam.mx/ 2013/12/21/politica/007n1pol).
¿Quién pretende engañar a quién?, o ¿a quién (sociedad) quieren engañar?
Videgaray y el problema de óptica… De la mentira
El nuevo esquema energético implica, asimismo, un cambio en la distribución de la renta petrolera (la diferencia entre las utilidades y los costos operativos). Hasta el momento, ésta se divide en tres partes: una para Pemex (la diferencia entre la utilidad neta y los impuestos pagados), otra para el Estado (impuestos y derechos), y la sociedad (subsidios que implican precios relativamente bajos).
Es cierto que ese esquema ha sufrido una redistribución sensible. Entre 2000 y 2013, las utilidades de Pemex se transformaron en pérdidas debido al voraz saqueo fiscal del Estado (los impuestos y derechos superaron el ciento por ciento de su rendimiento, en promedio), estimulado por la política tributaria regresiva (menos gravámenes a quienes ganan más). Ello explica los problemas financieros de la paraestatal y su endeudamiento (poco más de 787 mil millones de pesos en 2012, unos 60.5 mil millones de dólares, equivalentes al 39 por ciento de sus activos, es decir, 2 billones de pesos). Si a la deuda se suma la reserva para beneficios a los empleados (1.3 billones de pesos), éstos equivalen al 102 por ciento de los activos. En promedio, los ingresos petroleros aportaron el 33 por ciento del total de la recaudación presupuestaria del sector público. Asimismo, los subsidios a la sociedad se han reducido, lo que se refleja en el aumento de los precios de los energéticos (gas, gasolinas y otros derivados, además de la electricidad).
A partir de la reforma energética, las empresas privadas se sumarán al reparto de la renta, lo que implicará su redistribución.
Ahora, los ingresos de Pemex son inciertos, al igual que la cuantía de sus tributaciones. Las finanzas del gobierno federal, petrodependientes, “podrán verse afectadas”, según la empresa calificadora Moody’s Investors Service, sin embargo, los principales perdedores serán las mayorías por partida doble.
En agosto de 2013, Videgaray dijo: no “se destapará un hoyo para tapar otro”. No se aumentarán impuestos para compensar los efectos de la reforma energética en las finanzas públicas.
La población inició 2014 sepultada por nuevos y más impuestos.
También por precios de bienes y servicios públicos más altos, debido a la reducción de subsidios y la necesidad de que los precios sean “libres” para estimular a las corporaciones energéticas.
Y eso que Peña Nieto dijo que la reforma redundaría en menores precios.
Todo es relativo, según la óptica.
Mensualmente, como se inició 2014, se elevarán las tarifas de la electricidad, las gasolinas, el gas y otros derivados del petróleo debido a los menores subsidios y el impuesto “ecológico”. Alguien que paga 100 pesos por el servicio eléctrico, recibe, supuestamente, un subsidio de 400 pesos; si éste se elimina tendrá que pagar 500 pesos. ¿Cuándo? Cuando el príncipe y su caballerango Videgaray decidan. Por añadidura, los demás precios de la economía también subirán. El aumento en los costos de las empresas será trasladado a los consumidores, lo que reducirá aún más el poder de compra de los salarios. Hace poco se decía que el precio interno de los energéticos se ajustaba para igualarlos a los externos. El litro de la gasolina Magna local se vende a 12.32 pesos y el precio medio en Estados Unidos es de 11.48 pesos. El de la Premium interno es mayor en 21 centavos. El del diésel es de 12.73 pesos contra los 13.45 pesos de Estados Unidos. Con al alza mensual de 2014, 9 centavos a la gasolina Magna y 11 centavos para la Premium y diésel, más el impuesto “ecológico”, ese tipo de gasolinas serán más caras en México que en Estados Unidos (Noé Cruz, El Universal, 2 de enero de 2014), donde el precio se rige por la ley de la oferta y la demanda y el poder de los oligopolios. Aquí por la ley del déspota en turno.
Los altos precios también se deben a las ganancias obtenidas por las empresas que manipulan los precios de las importaciones de los energéticos –Repsol, por ejemplo, lo hace con el gas– y que generan electricidad, así como a la “inflación” de costos que aplican a las obras que realizan en sustitución de Pemex y la CFE. En el futuro, las tarifas dependerán de los nuevos participantes en el sector de hidrocarburos (el crudo, el gas, las gasolinas, los petrolíferos, los petroquímicos) y la electricidad.
Las trasnacionales serán las que recibirán la mayor parte de las jugosas ganancias. En la práctica, ellas impondrán los precios y sus condiciones a los consumidores, los Videgaray y los órganos reguladores de utilería que se crearon.
En una entrevista con el periodista Jenaro Villamil, la priísta Dulce María Sauri dijo: “el Estado no sólo es más pequeño sino más débil frente a los poderes fácticos que se imponen mediante la corrupción y el amedrentamiento. En este marco se realizan los cambios en materia energética […]. Esta reforma limita la capacidad del propio Estado para cumplir su cometido […]. Al abrir plenamente la puerta a los intereses trasnacionales en los hidrocarburos y eliminar las salvaguardas legales, el propio Estado mexicano se coloca en posición de alta vulnerabilidad.”
Remata la señora Sauri: “En lenguaje llano: si las cosas no funcionan como se prevé, no habrá manera de revertir la situación. No hay red de seguridad que atempere o suavice una caída”.
¿Acaso los forjadores de la contrarreforma son tan ingenuos para saber que las cosas no funcionarán y que no cuentan con paracaídas ni red? Las telecomunicaciones, el sistema financiero, la minería, el comercio, son ejemplos de cómo funciona una economía controlada por los monopolios y los oligopolios y con la existencia de reguladores de comparsa.
¿Acaso las ambigüedades de las nuevas normas no fueron deliberadas para que florezca la “ley” del más fuerte en la salvaje jungla del “libre mercado” dominado por las depredadoras corporaciones?
¿Acaso la contrarreforma no fue un traje a la medida para las trasnacionales y la integración de México a el área geopolítica estadunidense y de los intereses de las elites que se preparan para obtener sus beneficios?
Al liquidar los monopolios de Pemex y la CFE, no sólo el futuro de esas empresas es oscuro. Ese panorama es, por añadidura, compartido por sus 97 mil 709 trabajadores. Al limitarse la actividad de la CFE a la transmisión y distribución del fluido, varios miles serán despedidos o jubilados prematuramente en condiciones desventajosas. Lo mismo ocurrirá con los 150.7 mil empleados de Pemex.
Adicionalmente, el efecto de la reforma energética en el crecimiento económico es pura fantasía.
El Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado el 16 de diciembre de 2013, estima que su efecto sobre el ritmo de crecimiento será de 0.3 puntos porcentuales del producto interno bruto en 2015, y de 1 punto hacia 2018. Es decir, el crecimiento pasaría de 3.8 a 4.1 por ciento, y de 3.5 a 4.5 por ciento. Una expansión tan mediocre para la magnitud de la reforma y los caudales de dólares que se dice llegarán (10 mil millones adicionales).
Con ello, sólo se crearían poco más de 100 mil empleos adicionales. En el mejor de los casos, las nuevas plazas laborales llegarán a unos 600-700 mil en 2015-2018. Y se necesitarán.
Mucho ruido, pocas nueces.
La verdadera trascendencia de la reforma radica en que no sólo acabó con la obra forjada por Lázaro Cárdenas, sino que nos regresa a la porfirista Ley de Petróleo de 1901, que le quitó “a la nación, y en consecuencia al gobierno, el dominio sobre los yacimientos petrolíferos”, según “convenía al inglés y deseaba el norteamericano”, bajo el argumento de que así podría sacarse “al país del estancamiento económico dando entrada a los capitales extranjeros” (Guadalupe Ríos, La industria petrolera y el imperio de las leyes, 1783-1938, www.azc.uam.mx/publicaciones/tye/tye16/art_hist_04.html).
Además, al eliminarse el carácter estratégico a los energéticos y su control exclusivo por parte del Estado, y al abrirse el sector a la participación privada, también se pierde la reserva que impedía la inversión de Estados Unidos y de Canadá dentro del marco del Tratado de Libre Comercio, contenida en el Capítulo Sexto. En esa perspectiva, a esos países tendrá que otorgárseles un trato nacional y de naciones más favorecidas.
Se integra y se subordina a México en la esfera energética, geopolítica y de seguridad nacional estadunidense, nación que no ha dudado en promover golpes de Estado e intervenir política y militarmente en los países en donde siente amenazados sus intereses.
La adopción del neocoloniaje neoliberal como política de sobrevivencia de las elites locales es una buena coartada para tratar de evitar que se revierta la reprivatización y la trasnacionalización energética.
*Economista
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