Opacidad, inviabilidad y falta de certidumbre en la operación de más de 2 mil 500 millones de pesos detectó la auditoría de “cumplimiento” aplicada al Fondo Pyme en la revisión de la Cuenta Pública 2009. El documento de fiscalización revela que entre los beneficiarios de esta falta de control se encuentran la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y el Centro de Estudios y Análisis de la Micro y Pequeña Empresa. México, sin políticas efectivas de apoyo a micro y pequeños empresarios
El expresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Marón Manzur, se encuentra al frente de un organismo que, a decir de la Auditoría Superior de la Federación, no sustenta su viabilidad ni es confiable ni transparente. Los recursos revisados por el máximo órgano de fiscalización ascienden a 2 mil 555 millones 728 mil 800 pesos.
De acuerdo con el dictamen de la auditoría de cumplimiento 09-0-10100-02-0335, del Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, el Fondo Pyme “no contiene los argumentos técnicos y financieros necesarios para determinar la viabilidad de los proyectos, no asegura la confiabilidad de la aprobación de los proyectos, y los informes trimestrales no contemplan el avance físico-financiero que permita medir la efectividad y cumplimiento de los objetivos de cada proyecto”, entre otras observaciones.
Vidal Llerenas Morales, integrante de la Comisión de Economía en la Cámara de Diputados por el Partido de la Revolución Democrática indica que el Fondo Pyme tiene varios problemas: “Es excesivamente burocrático y no hay un seguimiento puntual de cuánto tiempo viven económicamente las empresas”.
Opacidad en Pymes
En la fiscalización de la Cuenta Pública 2009, la Auditoría Superior constató que el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Promoción Empresarial “no se encuentra actualizado ya que aún contempla las funciones de la dirección que le antecedió (Dirección General de Acceso al Financiamiento y Promoción Empresarial), situación que limita las funciones y responsabilidades para el personal actuante, propicia la carencia de controles internos e inconsistencia en la operación de la entidad en su conjunto, y pone en riesgo la calidad, eficiencia y economía en los asuntos que competen a cada unidad administrativa”.
A ello se suma que en la fiscalización de los recursos la auditoría identificó tres proyectos, por un monto de 130 millones 204 mil 500 pesos, que no contaron con una cuenta bancaria específica y exclusiva para la administración y ejercicio de los apoyos otorgados para cada uno de ellos.
Los recursos fueron distribuidos a la Canacintra, mediante los proyectos FP2009-179, por 24 millones 750 mil pesos, y FP2009-196, por 60 millones de pesos. Asimismo, se dotó al Centro de Estudios y Análisis de la Micro y Pequeña Empresa de 45 millones 454 mil 500 pesos, mediante el folio FP2009-183.
Esto “evidencia la falta de revisión, control, supervisión, coordinación y validación de las direcciones generales de Promoción Empresarial y Capacitación e Innovación Tecnológica, ya que la entrega de los apoyos se efectuó sin haber cumplido con los requisitos que señalan las Reglas de Operación”, indica la Auditoría Superior.
Jorge Alberto Juraidini Rumilla, secretario de la Comisión de Economía en la Cámara de Diputados, dice que es preocupante el desarrollo de las Pymes en México. El legislador priísta señala que las pequeñas y medianas empresas mexicanas “no cuentan con los programas adecuados ni los mecanismos y reglas de operación que realmente generen opciones de desarrollo”.
La fiscalización
La filosofía del Fondo Pyme indica que éste fue creado con el objetivo de ser un instrumento de apoyo a las empresas de “menor tamaño y a los emprendedores con el propósito de promover el desarrollo económico nacional”.
Lo anterior, a través del otorgamiento de “apoyos de carácter temporal a programas y proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas”.
No obstante, cada año la Auditoría Superior ha realizado observaciones sobre la ineficacia en el manejo de los recursos, asignados por la Cámara de Diputados. Además, diversas investigaciones han demostrado que los beneficiarios de este proyecto panista han sido empresas trasnacionales y no las Pymes, como lo ordena su creación.
El 13 de abril pasado, Contralínea documentó la entrega de recursos del Fondo Pyme a distribuidores de las compañías trasnacionales General Motors, Ford, Volkswagen, Nissan, así como a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales.
El rezago internacional
El Reporte nacional sobre la situación competitiva de las Mipymes [micro, pequeñas y medianas empresas] en México, 2010, elaborado por la consultoría especializada en temas financieros y económicos Aregional, SA de CV, asegura que la política que lleva actualmente la Secretaría de Economía en torno al desarrollo y apoyo de las Pymes se encuentra rezagada a nivel internacional, pues el plan mexicano se adecua a políticas de la década de 1960 aplicadas en otros países.
La propuesta mexicana de integrar a Pymes con empresas “ancla” o “tractoras”, fomentar centros México Emprende en cámaras empresariales, dedicar recursos a microempresas o empresas sociales para aminorar los conflictos políticos o sociales, “está rezagada dentro del contexto internacional donde ya se ha avanzado en integración de redes de innovación en cadenas de valor tanto sectorial como espacial [regional] y los esquemas de garantías y financiamiento a [las] Pymes, se encuentran en su tercera o cuarta etapa de maduración, mientras que en México apenas se están estableciendo las bases para su potenciación”, indica el informe.
Asimismo, el documento muestra que la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de Pymes “aparece aislada de la política pública y no existen mecanismos legales ni de coordinación intersectorial que permitan ejecutar de manera ‘institucional’ las iniciativas de desarrollo de [las] Pymes aisladas de las decisiones políticas”.
La conceptualización de México Emprende como una instancia de atención integral para apoyar a las Pymes y a los emprendedores “no es suficiente para responder a la problemática de fomento de la actividad empresarial y generación de empleo, y si los resultados finales del sexenio son negativos, en cuanto a generación de nuevas empresas, desarrollo de las Pymes y creación de empleo, se dañará aún más la confianza y credibilidad de la sociedad en el gobierno en un tema clave para el futuro del país”.
Aregional indica que en México hace falta una política pública adecuada y decidida, de impulso empresarial, con servicios integrales de apoyo a las empresas. Además, “serios empeños de promoción de la cultura y de la educación empresarial, una atención específica a la problemática de acceso al financiamiento para [las] Pymes y emprendedores con proyectos viables, políticas fiscales y un marco legal que fomenten en vez de aniquilar el espíritu emprendedor, estrategias de estímulo a la investigación, al desarrollo tecnológico y a la innovación”.
Ante la falta de otros mecanismos de financiamiento para las Pymes, el diputado priísta Juraidini Rumilla dice que en la Comisión de Economía se “trata” de generar las condiciones viables para la creación de empresas, el ejercicio del negocio a través de “créditos blandos”. Todas las pequeñas y medianas empresas, comenta, particularmente las micro “difícilmente son sujetas de crédito por parte del sistema bancario, tienen pocos activos porque se están creando, los accesos a los recursos económicos no son fáciles para éstas”.
El legislador perredista Vidal Llerenas indica que si las Pymes pudieran exportar más se generarían más empleos, se distribuiría el ingreso y como consecuencia se fortalecería el mercado interno, vía el externo. “Es decepcionante que el gobierno, que podría tener a este programa como una bandera, haya sido tan poco creativo”.
El desempleo en picada
Felipe Calderón fue quien abanderó su campaña política hace un lustro como el presidente del empleo. Sin embargo, las cifras de su administración revelan pérdidas cada trimestre.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público indica en el documento Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública que durante el segundo trimestre de 2011 la tasa de desocupación fue de 5.24 por ciento de la población económicamente activa (PEA), mientras que en 2010 se ubicó en 5.2 por ciento. Las cifras oficiales muestran que el desempleo fue de 5.52 por ciento, mayor en 0.38 puntos porcentuales que el del trimestre anterior. En este mismo periodo el desempleo en las principales áreas urbanas fue de 5.94 por ciento de la PEA, comparado con 6.46 por ciento en el mismo periodo de 2010.
Juraidini Rumilla, secretario de la Comisión de Economía, asegura que en materia de empleo no podemos planear si no sabemos realmente cómo estamos. “Si no tenemos un diagnóstico real en materia de [las] Pymes y qué tipo de soluciones se van a generar. La bandera del empleo fracasó por éste y más programas, no cabe duda”.
Se solicitó entrevista con el subsecretario Miguel Marón Manzur, a través de la Dirección de Prensa de la Secretaría de Economía, a cargo de Joaquín Álvarez, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
