Como progenitores, a Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, y por añadidura a sus parasitarios apologistas a sueldo o forzados por razones circunstanciales, no les queda más que alabar su iniciativa de reforma hacendaria. Aunque ésta sea un engendro más. Como generalmente sucede con esta clase de temas, se ha vuelto común prometer “la gran reforma fiscal integral” que requiere el país. Y, al cabo, terminan pariendo ratones. Como ocurre desde las fallidas reformas de 1961 y 1964, las cuales abortaron la rara posibilidad de corregir los defectos congénitos del sistema tributario mexicano; de fortalecer la estructura fiscal, basada en el principio de la equidad y progresividad del lado de los ingresos (que paguen más los grupos de mayores ingresos, de acuerdo con su capacidad económica) y la distribución del ingreso del lado del gasto, como forma de mejorar el bienestar social y la justicia; de afianzar la rectoría estatal y la política económica y fiscal como instrumentos del desarrollo y contracíclicos.
Rara, porque ese evento se presentó durante el gobierno de Adolfo López Mateos y su conservador responsable de las finanzas públicas, Antonio Ortiz Mena, artífice del mítico “milagro” mexicano –junto con Rodrigo Gómez, en el banco central– y gurú de los Chicago Boys que heredarán su puesto a partir de 1983, con el ascenso de los neoconservadores al poder y su proyecto neoliberal de nación.
En tierra de caciques monetaristas, Kaldor propuso una herejía: impulsar una política fiscal progresiva, al eliminar el anonimato de las acciones, las exenciones a las ganancias financieras, las industrias nuevas y los tratos preferenciales como a las escuelas privadas; revisar la conveniencia de dar más apoyos al capital (depreciación y amortización), pues disponían [y aún disponen] de numerosos beneficios fiscales; permitir solamente las deducciones al gasto destinado directamente a la generación del ingreso (regla de oro); un impuesto sobre la renta (ISR) global (agregar todas las fuentes del ingreso familiar), con una tasa mínima de 10 por ciento e intervalos de 5 puntos hasta llegar a una máxima de 40 por ciento en el ingreso personal, nivel último que también debería aplicarse a las empresas; acotar las deducciones; retener automáticamente los intereses y dividendos de los accionistas con una tasa máxima, por parte de las empresas, para evitar la evasión o la subestimación en las declaraciones; crear un impuesto anual sobre la riqueza neta (todo tipo de activos: la propiedad raíz, los bienes tangibles e intangibles, los valores de toda clase y los depósitos bancarios, las joyas y obras de arte que excedieran cierto valor), con el derecho de deducir sus pasivos, pues la idea era gravar el ingreso y los activos de capital netos de las personas físicas; una carga universal sobre las donaciones (a mayor riqueza, más alto sería el gravamen al heredero); y una tasa sobre el gasto personal para cerrar la última puerta a la evasión y la elusión.
Según Kaldor, la progresividad en el ISR y los impuestos a la riqueza, las ganancias del capital y las donaciones elevarían la recaudación de 6.5 por ciento del producto interno bruto (PIB), nivel registrado en 1959 a un conservador 11, porcentaje similar al de 2012, y hasta 20 por ciento, en caso de que se aplicara la totalidad o la mayoría de sus sugerencias.
Como era predecible, el ocurrente López Mateos (en 1960 calificó a su gobierno de “extrema izquierda” dentro de la Constitución) y Antonio Ortiz Mena desecharon las innovadoras y turbadoras propuestas de Kaldor (en la India provocaron motines y en Guyana incendios y la desestabilización del gobierno). Prefirieron la “moderada” continuidad conservadora, el anacronismo fiscal, la insuficiencia tributaria y la regresividad. Era la época de los estertores revolucionarios; la nacionalización de la industria eléctrica (1960); la furia pública oligárquica (“¿Por cuál camino, señor presidente? ¿Nos encaminamos, a través de un intervencionismo creciente, hacia el socialismo de Estado?”; Excélsior, 24 de noviembre de 1960); de la “concesión a los grupos de ingresos elevados”, como dijo Ortiz Mena; de la nueva “alianza conservadora” entre el Estado y la elite económica (N Hamilton, México: los límites de la autonomía del Estado); del abandono de la idea del ISR como pilar de los ingresos tributarios progresivos, en sustitución de los gravámenes indirectos dentro de una hacienda fuerte, y “la redistribución de la riqueza mediante medios pacíficos”, como supuso Alberto J Pani, responsable de Hacienda en los gobiernos de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Del pago de los costos del desarrollo desestabilizador y el subdesarrollo fiscal, corresponsables de la crisis fiscal del Estado de 1976 y 1981-1982.
Peor aún, si las cuentas alegres de los beneficios esperados con la reforma hacendaria son de suyo cuestionables, ya que éstos se reflejan descoloridamente en el presupuesto y las metas económicas de 2014 y lo que resta del sexenio, en caso de que el gobierno se despeñe, no sería exagerado afirmar que dicha reforma murió antes de nacer y las finanzas públicas estarán condenadas a sobrevivir, con sucesivos remiendos, en la crónica indigencia. Su lápida será la devastación urbana y rural provocada por los fenómenos climatológicos, los costos de la reconstrucción de la infraestructura, sus secuelas destructivas en la producción –en especial la agropecuaria y pesquera– y los hogares. Ese cúmulo de factores redundará en una estanflación más profunda y extensa, en un mayor malestar social merced ante los gobiernos estatales y federal indolentes ante una tragedia que se pudo prevenir y atemperar sus efectos, e incapaz de instrumentar un programa contingente ordenado y eficaz durante y después del desastre. Todo gravitará peligrosamente sobre las cuentas estatales.
¿Realmente la reforma fortalecerá la capacidad financiera del Estado; contribuirá al diseño de un sistema más justo y equitativo al excluir el IVA en alimentos y medicinas y promover la progresividad en el pago de impuestos y eliminar o reducir los privilegios que gozan algunas personas, empresas o sectores económicos; se beneficiará el federalismo fiscal al incentivar la recaudación de impuestos locales y la coordinación del ejercicio del gasto; los cambios permitirán un mayor crecimiento económico; se reforzará a Petróleos Mexicanos (Pemex) al dotársele un régimen fiscal “más moderno y eficiente”; se apoyará el bienestar con la pensión universal y el seguro de desempleo?
Lo anterior no es más que un catálogo de buenos deseos, basado en razonamientos de dudoso sustento que no logran ocultar el desolado fondo.
Jesús Reyes-Heroles González, Chicago Boy y priísta-empanisado, o si se prefiere un “técnico” mercenario al mejor postor, y por tanto libre de toda sospecha, ofrece la respuesta: “se perdió la oportunidad para una reforma fiscal de fondo. La reforma que [se] necesita ha de ser fiscal, recaudatoria, equitativa, integral y gradual” y “la iniciativa” de Peña y el ventrílocuo de Aspe “no satisface esas características” (El Universal, 12 de septiembre de 2013; las cursivas son mías).
Así de sencillo. Si no es una propuesta de reforma de esas características, entonces, ¿qué es?
La reforma no es más que un conjunto de medidas cuyo objetivo principal es recaudatorio, morrallera. El histrión de Aspe puso a sus Chicago Boys a revisar con lupa cualquier concepto susceptible de ser gravado o desgravado con el único sentido programático de sacarle a la población la mayor cantidad de dinero posible. Después le dieron una manita de gato para barnizarla de “social”, “equitativa” y demás frivolidades, algunas de ellas francamente hilarantes. El engendro, empero, apenas otorgará unos cuantos pesos para ajustar y sobrellevar las cuentas públicas sin que se desfonden. A unos renglones les concederán unas monedas; a otros, les pasarán la tijera. Al déficit fiscal que no incluye la inversión de Pemex (1.5 por ciento del PIB en 2014, 1 en 2015 y 0.5 en 2016), asociado a la reprivatización de la industria y al pago de las corsarias trasnacionales, le pusieron la simpática etiqueta de “contracíciclas” (dizque keynesianas, pero que no expresa más que la ineficiencia de los Chicago Boys para obtener más recursos) para simular su angustia por sacar a la economía de su estanflación. Al balance equilibrado en 2017 y 2018 lo califican de “disciplina”.
Las cuentas no dejan lugar a dudas. En 2014 apenas se juntarán 240 mil millones de pesos adicionales (354 mil millones de pesos menos 114.5 mil millones, que se perderán con la eliminación del impuesto empresarial a tasa única, IETU), 1.4 por ciento más del PIB. Aristóteles Núñez, del Servicio de Administración Tributaria, calcula que la evasión fiscal es de 2.6 por ciento del PIB, alrededor de 350 mil millones de pesos (El Universal, 20 de septiembre de 2013). Los ingresos tributarios pasarían de 10.1 por ciento del PIB a 11.5. El coeficiente medio de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) es de 26.3 y el de América Latina de 18.4 por ciento. Las peores recaudaciones latinoamericanas, después de México, son las de Guatemala, con 10.6 por ciento, y Haití, con 12.9 por ciento.
Los ingresos acumulados en 2014-2018 sumarán alrededor de 435 mil millones de pesos: el 2.9 por ciento del PIB. Pero éstos bajarán anualmente: a 0.6 por ciento del PIB en 2015 y a 0.3 por ciento en cada año de los que restan del sexenio. En 2015-2018, el promedio anual sería del orden de los 49 mil millones de pesos. Se espera que los ingresos petroleros pasen de 7.6 a 8.8 por ciento del PIB entre 2013 y 2018, es decir, seguirá el saqueo de la renta que será compartida con las corporaciones (¿cómo se beneficiará Pemex?). Los no petroleros, de 13.5 a 15.2 por ciento. Según la OCDE, los ingresos públicos promedio del organismo equivalen a 33.8 por ciento del PIB. En México a 18.8 y con la reforma subiría a 19.5. Con esa limitada recaudación total y adicional es obvio que tampoco se ampliará significativamente el gasto público programable. Sólo aumentará de 16.6 a 17.9 por ciento del PIB. El 77 por ciento se destinará al gasto corriente. El resto a la inversión pública y la amortización de Pidiregas (proyectos de infraestructura diferidos en el registro del gasto), de obras privadas de turbio origen.
¡Ése será el gran parto de los montes! El efecto de la iniciativa es ridículo. Lo es más porque la recaudación no dependerá exclusivamente de los ajustes. También estará subordinada a la recaudación adicional que pueda obtenerse por el ritmo de crecimiento estimado en 5.1 por ciento, en promedio anual sexenal (más consumo e inversiones, y lo que suceda con la economía estadunidense y sus importaciones). Y ese ritmo está asociado al destino de las reformas en las telecomunicaciones, energética, financiera y fiscal. El principal aporte será dado por la reprivatización energética. El fiscal será marginal. Sin lo anterior, la expansión estimada sería de 3.6 por ciento. Es decir, la mitad del crecimiento dependerá de las reprivatizaciones y la trasnacionalización neoliberales. ¿Qué garantiza el 5.1? Nada. En 1983-2012 se aplicaron las mismas recetas y el crecimiento medio anual fue de 2 por ciento.
Ni la tasa de 3.6 por ciento ni la de 5.1 servirán para generar más de 1 millón de empleos que se requerirán anualmente. En 1997 y 2000 el crecimiento real fue de 7 y 5.3 por ciento, y se crearon 712 mil y 796 mil plazas formales, respectivamente. La tasa media anual en 1997-2000 fue de 4.9 por ciento y el empleo medio de 704 mil. En 2013-2014 seguirá acumulándose el desempleo, la informalidad y el número de personas que desertarán de un mercado laboral que nada tiene para ellos. Al menos 300 mil cada año.
La supuesta equidad es cuestionable. El alza en la tasa marginal del ISR de 30 a 32 por ciento afectará a quienes ganan más de 500 mil pesos anuales, 41.7 mil mensuales, equivalentes a 22 veces el salario mínimo. De 50 millones de ocupados formales, quizá 1 millón, el 2 por ciento del total, percibe ese ingreso. Pero no se compara un académico de estudios superiores que obtiene esas remuneraciones con los de un ministro corto de justicia, que se despacha con la cuchara grande, o con un Carlos Slim, Ricardo Salinas o Emilio Azcárraga. Éstos y aquéllos, luego de las deducciones y la magia contable, prácticamente no pagan impuestos. La tasa marginal de 2 puntos más trata a los primeros como iguales a los burócratas de lujo y a la oligarquía global. ¿Cuánto representarían en impuestos esos dos puntos? 10 mil pesos más sobre la base de 501 mil pesos, menos las reducidas deducciones. Un buen contador hará una buena poda legal hasta reducirlos al mínimo.
¿Acaso no se dice que somos primermundistas? ¿Por qué entonces no aceptan que se les apliquen tasas efectivas como las que existen en la OCDE (42 por ciento), Estados Unidos (58 por ciento) o Chile (40 por ciento)?
Desde luego, lo que más les duele es la aplicación de otros gravámenes (10 por ciento a la distribución de dividendos y las ganancias especulativas, como en Argentina que se impuso una tasa de 15 por ciento), el acotamiento, reducción o eliminación en las deducciones personales y empresariales (inversión, operaciones relacionadas, donaciones, compra y renta de automóviles, en restaurantes, IVA en educación privada, la enajenación de casa habitación, interés de créditos hipotecarios, introducción temporal de mercancías importadas, homologación de dicha tasa en la zona fronteriza), o el cambio en los regímenes especiales y preferenciales (autotransporte, maquila, sociedades civiles) que, de paso, sacrificará a los pequeños contribuyentes, las cooperativas y a los productores agropecuarios tradicionales.
Pero, sobre todo, lo que más le duele a la oligarquía es la supuesta eliminación del régimen de consolidación fiscal que se ha convertido en un gran negocio para las grandes empresas y los grupos controladores, como Carso, Televisa, Tv Azteca, ya que les permite diferir el pago del ISR y compensar las pérdidas de algunas empresas contra las utilidades de las demás empresas del grupo, en aras de reducir la retribución global.
¿De qué se quejan si la iniciativa “establece un esquema de salida para estos grupos de sociedades”?: se les ofrecen “dos alternativas para el cálculo del impuesto diferido que se tenga al 31 de diciembre de 2013, así como un esquema de pago fraccionado en cinco ejercicios para el entero del impuesto diferido. Las empresas que aún se encuentren en el periodo obligatorio de 5 años de tributación en este régimen podrán seguir aplicando las disposiciones actuales de la consolidación fiscal y, una vez que concluya ese periodo, deberán calcular y enterar el impuesto diferido que tengan a esa fecha, a través del esquema fraccionado de pagos.”
Peña Nieto y Videgaray declaran triunfalmente ese fraude legalizado para la elusión en el pago de impuestos. Pero la senadora perredista Dolores Padierna dice que esa medida es un vil “engaño”, “una simulación”, y acusa al dúo dinámico de “mentirosos”, porque “dicho régimen no desaparece con la propuesta oficial”, sólo “cambia [el] nombre” a una excepción privilegiada que durante 40 años ha beneficiado a 422 grupos propiedad de la oligarquía mexicana, permitiéndoles evadir y eludir el pago de impuestos, cubrirlos con un ISR de 2 por ciento y no de 30 como se les aplica rigurosamente al resto de los contribuyentes.
El propio Videgaray se vio obligado a aceptar que “la reforma hacendaria no lo elimina”; lo hará “por etapas”. Para 2014, dijo Videgaray, “el gobierno sólo quiere tener información de quienes se benefician de ello, porque hoy no la tiene, para contar con un mayor control de los grupos corporativos”. ¿Entonces qué información tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y para qué sirve? ¿O Enrique Peña y Luis Videgaray son unos verdaderos sinvergüenzas?
Según Videgaray, el costo de la consolidación es de 10 mil millones de pesos. Pero para Padierna, el Servicio de Administración Tributaria ha calculado que esa práctica de los 422 grupos equivale a 850 mil millones (La Jornada, 19 de septiembre de 2013). En 2011, el entonces diputado del Partido del Trabajo y actualmente alegre neopriísta, Mario Di Costanzo, había estimado dicho monto (“Las grandes empresas eluden y ‘difieren impuestos’ a través del régimen de consolidación fiscal”; http://www.slideshare.net/juanjo79/empresas-evasoras-de-impuestos-2011). Es decir, 3.5 veces más de lo que se espera recaudar adicionalmente con el reformón.
El acceso a los servicios de salud sólo será para los trabajadores del sector formal, a quienes sus contratantes les esquilman ese derecho constitucional con la venia del gobierno. Es decir, el 60 por ciento de los ocupados informales, manifestación de la exclusión social neoliberal, ya sea porque el sistema no tiene espacio para ellos o porque los hombres de presa “ahorran” gastos, quedará fuera. Primero se “incentivará” a ese sector para que se “formalice” y, desde luego, pague sus impuestos. Luego se les masificará en un deteriorado, ineficiente y saturado sector público de salud, ya que las “reformas no crea[rá]n nuevos organismos de seguridad social, sino que se [incluirán] a más trabajadores en las instancias ya existentes…”. Hasta que revienten financieramente.
El seguro de desempleo es limitado. Sólo será para los desocupados que hayan laborado al menos 2 años antes en el mercado formal. Tendrá vigencia de 6 meses y sólo se podrá recurrir a otra vez al mismo 5 años después. El trabajador tendrá que prender veladoras para que la “flexibilidad” laboral no lo arroje antes a la calle. El apoyo será decreciente: el primer mes equivaldrá al 60 por ciento del promedio de las últimas 24 cotizaciones; el segundo al 50 y los cuatro restantes de 40 por ciento. Si es un desempleado que ganaba un salario mínimo, recibiría, según mis cálculos 1 mil 115 pesos, 929 y cuatro pagos de 743 pesos. Globalmente se le darían 5 mil pesos y que sobreviva como pueda. Los 10 mil millones que se destinarán al seguro podrían apoyar a alrededor de 896 mil personas.
El gobierno capitalino ofrece un seguro mensual por 1 mil 942 pesos hasta por medio año y, mientras el beneficiado busca empleo, recibe cursos de capacitación. En total ha beneficiado, al menos, a 240 mil personas.
La pensión universal para los adultos de 65 años será de 1 mil 92 pesos, siempre y cuando no reciban otro tipo de pensión y tengan un ingreso mensual igual o inferior a 15 salarios mínimos, es decir, 945 pesos. La pensión media del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado equivalen a 1 y 1.1 veces al salario mínimo, alrededor de 1 mil 894 y 2 mil 83 pesos. La otorgada por el Gobierno del Distrito Federal es de 934.95 pesos.
Es la homologación de los viejos en el abismo de la miseria. Estarán subalimentados, pero no morirán de inanición.
¿Por qué no se les paga esas cantidades a los privilegiados pensionados como José Ángel Gurría, Vicente Fox, los cortos de justicia o Felipe Calderón? Por 6 años, y no los casi 30 de cualquier mortal, Calderón recibe una pensión vitalicia por 215 mil pesos mensuales, además de disponer de 45 militares y 22 marinos para su seguridad personal y familiar.
Lo social no es muy social. No quedará indemne del pellizquito fiscal: se reducirán o se eliminarán las exenciones a aguinaldos, primas vacacionales, fondos de retiro, las cuotas de seguridad social del trabajador pagadas por los patrones, vales despensa que compensan la contención salarial y los pagos de miseria, pagos extras, entre otras baratijas.
En esa tesitura, los ingeniosos Peña-López de Santa Anna y Videgaray-Sierra y Rosso preparan nuestros devastadores Ingrid y Manuel tributarios para 2014, unos justificados por la salud pública y cuestiones ambientales, otros por simple disparate, todos para bolsearnos: IVA para alimentos y compra de mascotas (perros, gatos y demás), espectáculos públicos (salvo el teatro y el circo), chicles o goma de mascar, servicio de transporte público foráneo de pasajeros, enajenación de oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas u ornamentales, lingotes, congresos y convenciones, impuesto especial a bebidas saborizadas con azúcares (refrescos y demás) y energizantes; postergación en la reducción de impuestos a la cerveza y el alcohol; impuestos verdes a la emisión de dióxido de carbono y plaguicidas, a los gases natural, butano y propano, entre otros productos; la reducción en el ritmo de aumento del precio de las gasolinas será compensado por el gravamen verde.
Sólo los obtusos que se tragan las “bondades” de los gravámenes a los bienes nocivos para la salud y el ambiente, obviando el hecho de fondo: obtener dinero de donde sea.
Una reforma hacendaria hasta lo grotesco.
*Economista
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