Compañías extranjeras dedicadas a la exploración y explotación de metales preciosos en México pagan al gobierno federal entre 5 y 111 pesos cada semestre, por hectárea concesionada. La recaudación por este concepto alcanza poco más de los 500 millones de pesos por año. Iniciativas para reformar la Ley Federal de Derechos, que establece los montos de cobranza, permanecen en la congeladora de la Cámara de Diputados.

 

Las iniciativas de reforma congeladas en el Congreso de la Unión se refieren a los artículos 262 y 263, pues son los que, principalmente, marcan los montos que deben de aportar los concesionarios de las minas mexicanas, así como sus obligaciones. El primero de éstos obliga a pagar los derechos sobre la minería a aquellas compañías que desempeñen trabajos relacionados con la exploración o explotación de sustancias o minerales sujetos a la aplicación de la Ley Minera.

 

El artículo 263 indica que los titulares de concesiones y asignaciones mineras pagarán cada semestre por cada hectárea o fracción concesionada o asignada el derecho sobre minería, de 5 a 111 pesos de forma progresiva. Las cuotas durante el primer y segundo año de vigencia son de 5.08 pesos; el tercero y cuarto año, 7.60 pesos; el quinto y sexto, 15.72 pesos; séptimo y octavo, 31.62 pesos; el noveno y onceavo, 63.22; y a partir del décimo, 111.27 pesos.

 

Cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indican que la actividad minera recaudó 575 millones 828 mil 700 pesos, de enero a septiembre de 2011, de acuerdo con el documento Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, al tercer trimestre de 2011.

 

Claudia Edith Anaya Mota, secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados, indica que esta ley “está regalando un recurso no renovable como es el minero. El cobrar por hectárea y no por el valor de la extracción, como se hace en los demás países del mundo, habla de un entreguismo del Estado mexicano”.

 

Luis Enrique Mercado Sánchez, integrante de la Comisión de Economía por el Partido Acción Nacional, comenta que es necesario realizar reformas a la Ley Minera para hacer más eficientes a las empresas y establecer mecanismos de protección al medio ambiente, así como actualizar los trámites y las tarifas que cada concesión debe cubrir ante el Estado mexicano.

 

 

Datos de la Dirección General de Minas –dependiente de la Secretaría de Economía– indican que de 2000 a 2009 se han concesionado 51 millones 994 mil 312.7 hectáreas para la exploración y explotación de minas mexicanas. Con estas cifras se puede calcular que los pagos por este concepto podrían ir de 264 millones 131 mil 108.51 pesos a 5 mil 785 millones 407 mil 174.12 pesos por semestre.

 

Los datos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público muestran que el cobro por las concesiones fue de 575 millones 828 mil 700 pesos, de enero a septiembre de 2011. Así lo indica el listado de Recaudación del Gobierno Federal por sector económico, publicado en el documento Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, al tercer trimestre de 2011.

 

Anaya Mota, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, urge a que sean aprobadas las iniciativas presentadas ante la Comisión de Hacienda, para que el cobro del derecho sea proporcional al valor de la extracción. Éste, explica, puede ir del 3 al 7 por ciento, según el metal que se extraiga. La época de La Colonia, agrega, “fue más generosa con México; en esos tiempos se construyeron haciendas, templos; ahora sólo queda devastación”.

 

Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, señala: “Los pagos son bajos, sí. Hay que modificarlos, así como los derechos. Olvidémonos de que sean extranjeras o mexicanas; tratemos de que cumplan la ley”.

 

Mario Di Costanzo Armenta, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, considera que “el atractivo que han tenido las trasnacionales es el marco jurídico laxo que hay en nuestro país: pagan muy poco en derechos, las normas ambientales no son respetadas y las condiciones laborales para los mineros son mínimas, esto hace que sin lugar a dudas haya mucho interés por invertir”. El legislador, integrante de la fracción del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, agrega que “desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari la minería dejó de ser un sector reservado a la nación; ahora, está abierto a la inversión mixta y privada y es un potencial que se está desperdiciando”.

 

 

 

El 19 de mayo de 2010, los perredistas Agustín Guerrero Castillo y Claudia Edith Anaya Mota presentaron ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público la iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de las leyes Federal de Derechos, y de Coordinación Fiscal.

 

En ésta se propone “la creación de un derecho adicional sobre la minería, que se fijaría en una tasa de 3 por ciento sobre el valor nominal anual de la producción minera total. La base de cálculo sería el último dato anual disponible que haya calculado la Secretaría de Economía a través de la Dirección General de Minas. Este valor ascendió, en 2006, a 100 mil 633 millones de pesos, lo que significa que se podrían recaudar por este nuevo derecho unos 3 mil millones de pesos”.

 

Además, promueve la creación del Fondo de Participaciones en el Derecho Adicional a la Minería, para distribuir los recursos de esta actividad a todas las entidades federativas, con énfasis en las que lleva a cabo “predominantemente la actividad minera nacional”.

 

Jaime Cárdenas Gracia, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, también presentó una iniciativa el 6 de septiembre de 2011, en la que solicita se hagan las modificaciones de Ley de Minería para “garantizar los derechos colectivos que se reconocen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los convenios internacionales, ratificados por el Senado, a los pueblos y comunidades indígenas, así como de los núcleos agrarios, ejidales y comunales y, para restringir la minería a cielo abierto y el uso de técnicas basadas en el cianuro”.

 

El panista Luis Enrique Mercado adelanta que será en este periodo de sesiones en que su partido presentará una iniciativa para realizar reformas a la Ley Minera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la Secretaría de Economía, las compañías con mayor presencia en México son la australiana Azure Minerals, Ltd; y las canadienses Almaden Minerals, Ltd; Dia Bras Exploration, Inc; Pediment Gold Corp; Goldcorp Inc, entre otras.

 

Almaden Minerals se estableció en el país en 1992, después de haber trabajado en México en la década de 1970. Entre los proyectos de esta empresa, se encuentra la adquisición de la mina de oro en La Trinidad, Sinaloa. Actualmente realiza perforaciones en la llamada zona Ixta, en Puebla, para la extracción de oro y plata, indica el portal de internet de la compañía.

 

Dia Bras Exploration es otra de las empresas canadienses interesadas en la búsqueda de plata, cobre y oro, así como de metales básicos como el zinc y el plomo. El atractivo que encuentra es que en la actualidad México es el primer productor de plata en el nivel mundial, con un registro histórico de producción de más de 10 millones de onzas de plata y de cierre actual producción anual de sobre 100 millones de onzas. “La mayoría de los depósitos son de alta calidad y susceptibles de bajo costo”.

 

De acuerdo con su página de internet, políticamente, el país es uno de los más estables de América Latina, “con estructuras fiscales favorables y un firme compromiso del gobierno para el desarrollo de los recursos naturales”.

 

Pediment Gold Corp es otra de las trasnacionales interesadas en extraer metales preciosos de las minas nacionales. Entre sus proyectos se encuentran la mina de El Castillo, en Durango; el proyecto de San Antonio, en Baja California Sur, y La Colorada y La Fortuna, en Sonora. Esta empresa se constituyó en 1983, y tiene su sede en Vancouver, Canadá.

 

Goldcorp indica en su información corporativa que mantiene cuatro proyectos importantes en el país: El Sauzal, productor de oro, en Chihuahua; la mina Peñasquito, que espera se produzca un promedio anual de 500 mil onzas de oro, 28 millones de onzas de plata, 450 millones de libras de zinc y 200 millones de libras de plomo; El Camino Rojo, productora de oro y plata, y Los Filos, actualmente la mayor mina de oro en México.

 

La Revista Mexicana de Estudios Canadienses estima que “casi todo el territorio mexicano se encuentra mineralizado, y se calcula que el 85 por ciento de las reservas minerales aún no han sido explotadas”.

 

México, indica la publicación, “continúa siendo un país líder en la economía internacional en la producción de plata, estroncio, celestita, bismuto y sulfato de sodio […] La industria minera es, además, proveedora de insumos para un gran número de ramas productivas de la economía, y un factor importante en la promoción del desarrollo regional”.