A 4 años del asesinato de dos estudiantes, la impunidad prevalece

Este 19 de marzo se cumplieron 4 años de los asesinatos de Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado Alonso, dos alumnos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ambos estudiantes perdieron la vida después de que integrantes del Ejército abrieran fuego contra unos supuestos miembros de un grupo criminal.

Es escandaloso que a 4 años de estos asesinatos, y pese a la presión de las familias, de la sociedad civil y de integrantes de la comunidad académica, las autoridades continúan fallando en su obligación de hacer rendir cuentas a los responsables y de llevar la verdad a las familias de las víctimas.

Las conclusiones de la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso revelaron que los militares habían colocado armas a los estudiantes para inculparlos y habían destruido pruebas del lugar del crimen para acusar falsamente a las víctimas de pertenecer a una banda de delincuentes.

Asimismo, la CNDH documentó que las municiones que se utilizaron para cometer estos asesinatos son de uso exclusivo del Ejército.

Hasta el momento las familias de las víctimas no han sido informadas sobre avances sustantivos en la investigación y ninguna persona ha sido sentenciada por estos crímenes.

Este caso es paradigmático de las violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de las Fuerzas Armadas. Las familias exigen verdad y justicia y lo que obtienen de las autoridades es silencio e impunidad.

Amnistía Internacional hace un enérgico llamado a la Procuraduría General de la República para que se investiguen de forma pronta e imparcial los asesinatos de Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado Alonso, que se hagan públicos los resultados de esta investigación y que los responsables de estos asesinatos rindan cuentas ante la justicia.

Amnistía Internacional

 

 

Abogados defensores de derechos humanos, en peligro

Amnistía Internacional se encuentra profundamente preocupada por la seguridad de dos destacados abogados de derechos humanos en México quienes han sido objeto de acosos y amenazas como consecuencia de su labor.

El pasado 10 de marzo, la oficina del abogado de derechos humanos Leonel Rivero Rodríguez, que es también su casa en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue asaltada. Semanas antes, el 4 de marzo, tres hombres trataron de entrar en un hotel donde se reunía Leonel Rivero Rodríguez con integrantes de una comunidad del estado de Michoacán, con relación en un caso delicado que él y su colega Augusto César Sandino Rivero Espinosa, de Defensa Estratégica en Derechos Humanos, AC, representan.

Leonel Rivero ha representado otros casos delicados y de alto perfil, incluyendo el caso del profesor indígena Alberto Patihstán.

El 17 de enero pasado, Leonel Rivero Rodríguez recibió una llamada telefónica amenazante. El desconocido dijo por teléfono:

“Mira, no me estés chingando la madre porque te estoy hablando bien, ¿verdad? Porque yo soy… Yo soy… No te voy a decir quién soy, ¿verdad? Pero soy algo…”

Estos incidentes se suman a otros más sufridos en el pasado. En varias ocasiones, durante el mes de marzo de 2013, fueron dejados mensajes en su buzón de voz con grabaciones de conversaciones personales que había tenido durante el día en reuniones con clientes, sugiriendo que estaba siendo vigilado y que, quienes le monitoreaban, tenían acceso a su hogar y oficina.

Amnistía Internacional tuvo conocimiento de que, pese a que fueron presentadas denuncias ante la a la Procuraduría General de la República, no ha habido una investigación de fondo para identificar a las personas responsable estos actos y que la misma Procuraduría informó a Leonel Rivera de su intención de archivar el caso.

La organización llama a las autoridades mexicanas a que tomen medidas inmediatas y efectivas para garantizar la seguridad de Leonel Rivero Rodríguez y Augusto César Sandino Rivero Espinosa. Estas medidas deberán acordarse en conjunto con Rivero Rodríguez y con Rivero Espinosa.

Asimismo, Amnistía Internacional pide al gobierno mexicano que lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre las amenazas y la irrupción en el domicilio de Leonel Rivero.

Finalmente, la organización recordó a las autoridades su obligación de asegurar que las personas defensoras de derechos humanos puedan llevar a cabo su legítima labor sin temor a ser víctimas de represalias.

Amnistía Internacional

 

 

Denuncian agresiones contra opositores a hidroeléctricas

Javier Duarte de Ochoa, gobernador constitucional del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En días recientes, la organización indígena náhuatl Timocepanotoke Nochi Altepeme Macehualme (Unión de Todos los Pueblos Pobres) y la Unión de Ejidatarios y Comuneros del Valle de Tuxpango, ambas organizaciones indígena-campesinas integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, han denunciado públicamente la liberación de una orden de aprehensión en contra de Ignacio Romero Carrera, defensor de la propiedad social –régimen Ejidal y Bienes Comunales– y del medio ambiente, siendo uno de los principales opositores a la imposición de la hidroeléctrica El Naranjal, en la región de los valles de Zongolica, que abarca los municipios Ixtaczoquitlan, Fortín, Naranjal, Amatlán, la Patrona, Cuetzala, Omealca, Xuchiles.

Ignacio Romero Carrera es uno de los representantes de la Unión de Ejidatarios y Comuneros del Valle de Tuxpango.

Ante esta situación han solicitado a las autoridades municipales y ministeriales de Ixtaczoquitlán información al respecto, a lo cual el ministerio público les entregó por escrito que no existe ningún proceso en contra de Ignacio Romero Carrera, caso contrario fue con el funcionario municipal –el secretario particular José Alejandro Rosado Sosa– que de forma prepotente se negó a recibir por escrito la petición de indagatoria sobre la supuesta orden de aprehensión que las organizaciones antes mencionadas solicitaban. El mismo secretario Alejandro Rosado aventó al escritorio el documento entregado, dejando a los representantes de las organizaciones campesinas ahí parados y ya no volvió.

Paralelamente a esta situación de amenaza, el secretario particular, José Alejandro Rosado Sosa, de forma amenazante dijo que “Ignacio Romero Carrera tiene orden de aprehensión al igual que un líder nacional del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo”. Destacamos que las tres órdenes institucionales del sector agrario a nivel estatal le han están negando a Ignacio Romero ejercer su legítimo derecho constitucional y agrario a ocupar el lugar de sucesor de su finada madre, al anteponer un absurdo e inexplicable trámite burocrático a partir de un error que cometieron las mismas autoridades ejidales y las instituciones del sector agrario de esos tiempos: omitir el apellido materno de la señora Magdalena Carrera Espinoza. Además hay una comparecencia por escrito ante la residencia de Córdoba, de la Procuraduría Agraria, atendido por el licenciado Fausto Corona Ortiz, que funge como abogado y visitador agrario, donde se asientan todos los trámites a nivel local y estatal que ha realizado Romero Carrera, así como su condición socioeconómica.

Para la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos existe una preocupación latente y fundada de que se pueda dar una detención arbitraria, por mencionar lo menos grave, ya sea en contra de Ignacio Romero o de cualquier otro integrante de las organizaciones del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en el estado de Veracruz.

Es pertinente puntualizar que a nivel de la entidad veracruzana se pretende construir 112 hidroeléctricas. Tenemos conocimiento de que en ninguno de los megaproyectos fueron consultados ni informados los núcleos ejidales, bienes comunales y pequeños propietarios afectados a nivel de sus tierras y recursos naturales.

De manera específica en la región de Zongolica y su valles, las comunidades indígenas campesinas han llevado una larga lucha en contra de la deforestación por parte de talamontes, hoy convertidos en grandes empresarios del transporte y el comercio, así como la imposición de megaproyectos que atenten contra sus cultivos, el medio, formas de trabajar y organizarse, como los proyectos hidroeléctricos. Proyectos que en diferentes estudios realizados por especialistas de instituciones educativas como la Universidad Veracruzana, ecologistas nacionales e internacionales como Greenpeace, Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental han dado como resultado el grave daño que podrían provocar, tanto al medio ambiente –ecocidio–, como a la población, obligándola a desplazarse de manera forzada.

No obstante, los representantes de las empresas siguen en operación en complicidad con los tres niveles de gobierno, tratando de engañar y dividir a las comunidades para que vendan su único patrimonio familiar-comunitario, la tierra y sus recursos naturales. A esto tenemos que añadir el asesinato de Noé Vázquez Ortiz, en Amatlán de los Reyes en noviembre del año pasado, justo cuando se realizaba el encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos.

También es importante destacar el surgimiento de las llamadas “autodefensas” en la región de Zongolica en febrero de este año, dirigidas por Román Vázquez González, quien en su momento ha declarado públicamente estar en contra de las personas o grupos que se oponen a la hidroeléctrica y que deben ser expulsadas “ya que frenan el desarrollo de la región”. En últimas fechas los medios informativos dan cuenta de que este personaje Román respalda la construcción de hidroeléctricas en comunidades de Zongolica, San Juan Texhuacán y Mixtla de Altamirano, por medio de “consultas a las comunidades” para legitimar la entrada y construcción de las hidroeléctricas.

Por cierto, iniciando este 2014, la hidroeléctrica ubicada en Mixtla de Altamirano –uno de los municipio más pobres del país– ha demostrado los daños que puede causar solamente en la fase de pruebas, al ocasionar un derrumbe a causa del desbordamiento de agua de la presa que opera la empresa Electricidad del Golfo, esto sin contar en el desabasto de agua que ya se da en las comunidades, la explotación laboral y la modificación de la vida de las comunidades indígenas.

A lo anterior se suma el hecho de que en Veracruz se viene desarrollando una persistente y sistemática violación a los derechos humanos en contra de los diferentes sectores de la población, tal es el ejemplo de periodistas comprometidos con su labor profesional de informar la verdad, como el caso de la corresponsal de Proceso Regina Martínez y el reciente asesinato de Gregorio Jiménez, comunicadores que se unen a una indignante lista de 15 reporteros asesinados desde 2000, 10 de ellos en la actual administración de la cual usted es responsable como gobernador.

Actos violatorios de derechos humanos también los vimos en las movilizaciones llevadas a cabo por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes en diferentes ocasiones fueron agredidos violentamente por parte de las corporaciones policiacas de la entidad. Lo que motivó las manifestaciones fue la protesta por la imposición de la reforma neoliberal educativa que se aprobaría sin haber tomado en cuenta los foros nacionales del magisterio y representaciones de los diferentes sectores sociales, al mismo tiempo que denunciaban el carácter punitivo de dicha reforma, ahora convertida en Ley.

Otro hecho grave son los casos de tortura por parte de efectivos militares en el Norte de esta entidad, como lo reconoció el propio comandante René Carlos Aguilar Páez, de la Sexta Región Militar con base en Boca del Río, Veracruz; a lo que se suman, de acuerdo con diferentes organizaciones de derechos humanos, casos de desaparición de personas –ya sea por motivos políticos o sociales– acumulados de 2011 a 2013: más de 8 centenas. Tan sólo en Xalapa son más de 500 casos, entre los que se encuentran, incluso, contra sus propios policías, como fue el caso de Jacqueline Espejo Moctezuma; pero que para las instituciones del gobierno del estado, emulando a las entidades federales eufemísticamente, los llaman “levantados”, “ausentes”, “extraviados” u otros. Técnicamente: privación ilegal de la libertad; y al no saber de su paradero, su condición es de detenido-desaparecido.

Cabe resaltar que la mayoría de los detenidos-desaparecidos por motivos políticos o sociales y ultimados son jóvenes y de origen popular en las ciudades o zonas rurales, y que los captores tienen aspecto policiaco-militar así como su comportamiento, armas y vehículos como se puede probar en las actas de denuncia ministerial. Es un patrón de modus operandi, como consta en las denuncias en los órganos de procuración y administración de la justicia.

Hasta aquí algunos ejemplos de la situación preocupante de violaciones a derechos humanos ya sean por omisión, comisión o aquiescencia de las propias autoridades. Por ello, nuestra exigencia de garantizar la integridad física, sicológica y moral de los integrantes de las organizaciones o colectivos que exigen se cancele la imposición de proyectos hidroeléctricos; asimismo exigimos el alto a la persecución de luchadores sociales y defensores de los derechos ambientales como Ignacio Romero Carrera, quien por su práctica política consecuente en los marcos constitucionales y de derechos humanos, al lado de las comunidades indígenas y campesinas, hoy se le pretende encarcelar. Igualmente exigimos que cesen las amenazas, intimidaciones, agresiones o cualquier acto que menoscabe la dignidad humana en contra de luchadores sociales y defensores de derechos humanos en la entidad y en particular de los integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.

¡Unidos por la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales!

¡Presentación con Vida de Todos los Detenidos-Desaparecidos por Motivos Políticos y Sociales!

¡No a la Criminalización de la Pobreza, Protesta y Lucha Popular!

Atentamente

Unidos y Organizados a Ejercer y Defender los Derechos Humanos; Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos; Pedro Flores Hernández, presidente de la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos

 

 

Por la liberación del anarquista Mario González

Desde hace más de 4 meses diversos sectores del movimiento social en México y otros países hemos venido denunciando la detención ilegal del activista estudiantil Jorge Mario González García y las arbitrariedades e irregularidades cometidas durante el proceso penal que se le sigue por el delito fabricado de “ataques a la paz pública”. Después de haber sido torturado, incomunicado y de que se le revocara la libertad bajo fianza, a la cual tenía derecho, Mario ha debido permanecer preso desde el 2 de octubre de 2013 hasta ahora, sin pruebas en su contra y sujeto a abusos de las autoridades penitenciarias.

Por si fuera poco, el 10 de enero pasado, Mario fue sentenciado a 5 años y 9 meses de prisión por la juez Marcela Ángeles Arrieta, quien claramente actúa bajo consigna y órdenes del gobierno del Distrito Federal, el cual ha desatado una feroz represión contra los movimientos sociales, siguiendo la política de Enrique Peña Nieto.

Esta condena es inaceptable. No podemos permitir que el Estado encarcele a una persona por el sólo hecho de protestar. Recordemos que la persecución hacia Mario comenzó cuando se opuso a la reforma educativa neoliberal que pretende imponer el rector José Narro Robles en el bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Este acto represivo contra Mario es un intento más del Estado mexicano por acallar toda voz de protesta y muestra el avance del fascismo en nuestro país. De imponerse esta sentencia contra Mario, se sentaría un grave precedente, pues todo individuo o grupo social que se oponga a las arbitrarias medidas de los gobiernos, nacional y estatales, podrá ser incriminado y encarcelado sin prueba alguna; bastará con que algún funcionario lo califique como de “alta peligrosidad social” para que sea sentenciado con total impunidad.

Llamamos a todos los ciudadanos libres a no permitir que se consume la infame condena contra Mario González y a colaborar para detener el avance del fascismo en nuestro país.

Llamamos a protestar en todas partes del mundo, a salir a las calles, a no dejarnos amordazar, a no permitir que el Estado nos atemorice con sus policías y leyes al servicio de la burguesía.

Exigimos al gobierno del Distrito Federal que libere de manera inmediata a Jorge Mario González García, pues su encarcelamiento es claramente producto de una persecución política en su contra, y se le condenó por medio de un proceso completamente amañado.

Alto a la persecución, criminalización y encarcelamiento de quienes luchan por un mundo mejor, libertad a las y los presos por luchar.

Amigos, familiares y compañeros de Mario González

 

 

Académicos, por la liberación de Mario González

Manifestamos nuestra profunda indignación por la persecución política del Estado mexicano hacia el activista estudiantil Jorge Mario González García.

Junto con otros ocho estudiantes, Mario fue detenido el 2 de octubre de 2013 cuando se trasladaba en un transporte público, antes del inicio de la marcha de protesta por la masacre de 1968. Sin haber cometido delito alguno se le acusó de “ataques a la paz pública” y se le negó su derecho a la libertad bajo fianza.

Dentro de un proceso lleno de irregularidades, el 10 de enero pasado Mario fue sentenciado a 5 años y 9 meses de prisión por la juez Marcela Ángeles Arrieta.

Luego de que su defensa apelara la sentencia, Mario espera ahora el fallo de la magistrada Celia Marín Sasaki.

Demandamos justicia para Mario González. Es inconcebible que, con total impunidad, se violen los derechos humanos de una persona, como en el caso de Mario. A casi 5 meses de su ilegal e injusta aprehensión, demandamos su libertad inmediata.

Demandamos también el esclarecimiento del asesinato por motivos políticos del tesista de la Facultad de Filosofía y Letras Carlos Sinuhé Cuevas Mejía y la colaboración de las autoridades de la UNAM para ese fin.

Atentamente,

Asamblea del Personal Académico de la UNAM