Zapata en el corazón: OCSS
Señor director:
Desde la sierra de Guerrero nos dirigimos a usted solicitando nos dé un espacio para poder decir nuestra palabra. Por su atención le damos las gracias.
10 de abril: un aniversario más de la muerte de nuestro general Emiliano Zapata Salazar, uno de los héroes más puros de la historia de nuestro México. Ellos, los de arriba, los herederos y continuadores del proyecto político de los que lo asesinaron, celebran. Dicen discursos donde “lamentan” su muerte, lo recuerdan y hasta en su honor anuncian nuevas políticas para “beneficiar” al campesino, al indígena, al peón. Mentiras, más políticas para terminar de entregar el campo a los grandes capitales “nacionales” y extranjeros.
Nosotros los de abajo, los oprimidos, los explotados, los jodidos, lo recordamos, donde quiera que estemos, desde nuestras posibilidades y fuerzas, pero con el corazón, haciendo nuestro esfuerzo por continuar su lucha por la justicia social, tratando de construir desde abajo, nuestro poder, el que él buscaba.
Ahora en este tiempo de contrarreformas, de intentar hacer funcionar hacia atrás el reloj de la historia, de neoliberalismos agresivos, de cinismo político evidente, de muertes y más muertes, nos hablan de una nueva reforma al campo. Como las otras o las anteriores en este sector, para “beneficio” nuestro.
Con las últimas puñaladas, las de las modificaciones al Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), no lograron acabar con nosotros, todavía respiramos, estamos organizados y luchamos.
El paraíso prometido se volvió un infierno, creó una dependencia alimentaria tremenda; no han podido terminar de expulsarnos de nuestras tierras y los ejidatarios y comuneros resisten el esfuerzo de acabar con sus propiedades. El 60 por ciento de la tierra sigue siendo de uso común y 28 millones de personas vivimos en el campo.
La reforma del campo es una necesidad de los grandes capitales trasnacionales, para sus proyectos petroleros, gaseros, mineros y sus grandes negocios agropecuarios. Quieren expulsarnos del campo, que seamos peones superexplotados en nuestras tierras o arrebatárnoslas, tener nuestros bosques, nuestros acuíferos. Seguiremos resistiendo.
La violencia está en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, buscando romper nuestras relaciones de solidaridad. Es la violencia de los caciques tradicionales a la que se agregan la de las mafias del crimen organizado, la de las mineras, la de aquellos que quieren nuestros bosques, nuestras tierras, nuestra agua y nuestras playas.
Nuestros reclamos de justicia son añejos, y mientras estemos vivos los seguiremos enarbolando. No morirán con nosotros. A ellos agregamos los de los compañeros maestros, los estudiantes, los damnificados, la policía comunitaria, la libertad de los presos políticos, la presentación de los desaparecidos.
Por eso este 10 de abril seguimos reclamando juicio para Rubén Figueroa Alcocer y la presentación de nuestros desaparecidos Gilberto Romero y Benito Bahena Maldonado. Esclarecimiento de los asesinatos de los luchadores sociales. Indemnización efectiva a los damnificados del huracán Manuel. No a las contrarreformas educativa, laboral y energética. No a los impuestos que afecten al pueblo. No al proyecto de La Parota. Respeto a las autoridades de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). Libertad a Néstora Salgado. Libertad a los policías comunitarios detenidos. Presentación con vida de los desaparecidos políticos.
Atentamente:
Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Benigno Guzmán Martínez.
Guerrero, México; 9 de abril de 2014
La verdadera historia de los sindicatos: Mumia Abu-Jamal
Queridos hermanos y hermanas; queridos integrantes del DC-37, Local 372 (Consejo del Distrito 37, Local 372 de los Empleados del Consejo de Educación en la Ciudad de Nueva York); queridos compañeros trabajadores:
Mientras consideraba lo que les iba a decir, miles de pensamientos inundaron mi cabeza.
Me pregunté sobre sus hijos e hijas; y, en algunos casos, sus nietas, sus nietos. ¿Qué saben ellos del trabajo de mamá o del sindicato del abuelo? ¿Saben algo, aunque sea a grandes rasgos, de la historia de lo que la clase trabajadora sufrió y de su lucha por una semana laboral de 40 horas? ¿Por un salario digno? ¿Por los contratos colectivos de trabajo? ¿Por la atención a la salud? ¿Por las pensiones?
Lamento decirlo, pero sé que la mayoría de los que han sido educados en las escuelas públicas saben poco o nada de estas cosas.
¿Cómo lo van a saber si están abrumados por tantas evaluaciones punitivas y sin sentido? ¿Cómo podrían saberlo? No les da tiempo estudiar esta historia.
Ésta no es la historia antigua, pero es algo como si se preguntara sobre la Guerra de Troya.
Por lo regular, sus hijos no saben de esta historia simplemente porque no se enseña en las escuelas. No se considera digna de aprender porque la clase trabajadora no tiene el poder social para insistir en esto.
Los amos del capital se aseguran que este importante mensaje no se transmita a la juventud, porque podría fortalecer su conciencia de clase.
Lo más angustiante es la transmisión de una falsa conciencia, inculcada por los medios corporativos, la cual centra la mente en cosas y no en la gente (a esto le pueden llamar “la conciencia bling).
Este punto de vista denigra a los sindicatos a pesar de sus enormes aportes sociales a la clase trabajadora.
Hace más de 1 siglo, un inmenso movimiento laboral se extendió por muchas ciudades estadunidenses, impulsado por los Trabajadores Industriales del Mundo (IWW, por su sigla en inglés, o los Wobblies). La IWW pretendía unir a todas y todos los trabajadores en un gran sindicato.
Los capitalistas, en contubernio con la prensa corporativa, desataron una guerra de desprestigio y difamación contra los Wobblies, preparando el terreno para una campaña de represión legalizada del Estado, la cual los corrió del escenario de la historia.
Actualmente, en gran medida, quedan en el olvido, de la misma manera que los esfuerzos de ustedes han sido olvidados por sus hijas e hijos, sus nietos y nietas.
Pero imagínense el mundo que ellos pudieron haber construido: uno en el que la gente estuviera unida a pesar de las líneas falsas de división social.
¡Imagínense el poder social que tendrían!
Los sindicatos no pueden hacerse a un lado como sacerdotes arrodillados mientras Roma arde. Es preciso que vivan y luchen en el mundo –este mundo– por la justicia social.
Es imprescindible que se opongan al Estado encarcelador, el cual devora el futuro de sus hijos.
Ésta es nuestra lucha. Espero que se nos unan. ¡Gracias!
Desde la nación encarcelada, soy Mumia Abu-Jamal.
19 de marzo de 2014
Texto enviado por Fatirah [email protected]; traducción amigos y amigas de Mumia, México
Iniciativas de ley para regular marchas no respetan los derechos humanos: Amnistía Internacional
Amnistía Internacional manifiesta su preocupación por las propuestas de ley de manifestaciones públicas presentadas en estados de la República Mexicana como Quintana Roo, San Luis Potosí y el Distrito Federal.
Tales iniciativas emplean terminología ambigua para definir manifestaciones; limitan las manifestaciones legítimas a las que tienen un objetivo conforme con “las buenas costumbres”; el “aviso” requerido en realidad constituye una autorización con criterios confusos y potencialmente arbitrarios; imponen lugares sin tomar en cuenta criterios de necesidad y proporcionalidad; y podrían resultar en el uso de la fuerza para disolver una manifestación pacífica que no haya recibido autorización o en casos en los cuales sólo una minoría de manifestantes cometan actos de violencia.
Por esto Amnistía Internacional considera que estas propuestas de ley, tal y como están actualmente redactadas, atentan contra el derecho de libertad de expresión y asociación, establecido por las normas y mecanismos internacionales de derechos humanos.
Amnistía Internacional recuerda a las autoridades mexicanas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que “el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más, sino, en todo caso, uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática: el socavamiento de la libertad de expresión afecta directamente al nervio principal del sistema democrático”.
En reiteradas ocasiones, la organización ha declarado que las recientes iniciativas de ley relativas a manifestaciones imponen un régimen legal que no garantiza el derecho a la manifestación pacífica sin discriminación, al privilegiar el uso de espacios públicos para los intereses comerciales y de tránsito por encima de los intereses legítimos de manifestaciones pacíficas. Asimismo, la CIDH ha señalado que esto es incompatible con las obligaciones de derechos humanos.
Amnistía Internacional considera especialmente preocupante el caso de la Ley de Cultura Cívica del estado de Quintana Roo, pues ésta fue ya aprobada el pasado 25 de marzo, y faltaría tan sólo su ratificación por el gobierno estatal para que entre en vigor.
La organización llama a las autoridades de Quintana Roo a no ratificar la Ley de Cultura Cívica mientras ésta no se haya armonizado con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Asimismo, Amnistía Internacional insta a las y los legisladores a que se aseguren que durante las discusiones en torno a estas iniciativas se escuchen las voces de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y se cumplan los más altos estándares internacionales de protección a los derechos humanos.
Atentamente,
Oficina en México de Amnistía Internacional
INAH: condiciones laborales indignas
Hola. El artículo “Los contratados en el INAH: condiciones laborales indignas en el 75 aniversario del instituto” me parece muy bueno y lamentablemente muy real. Yo soy restauradora egresada de una escuela italiana. Llego a México y me encuentro con este colosal monopolio llamado Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), donde organizan conferencias a las que asisten los mismos del INAH para aplaudirse a sí mismos… Como dicen en mi pueblo: “se la tocan y se la cantan”. ¡Y es gracias a este monopolio que no crecemos en cuestión práctica, demasiado bla bla bla pero pocos hechos! ¡Sigan adelante con esta línea de verdadero periodismo!
Saludos.
Julieta
Denuncian detenciones arbitrarias de defensores de derechos humanos en Puebla:
Ciudadano Enrique Peña Nieto, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación; Jesús Murillo Karam, procurador general de la República; Rafael Moreno Valle Rosas, gobernador constitucional del estado libre y soberano de Puebla; Facundo Rosas, secretario de Seguridad Pública de Puebla; Víctor Antonio Carrancá Bourget, procurador general de Justicia del Estado; José Luis Galeazzi Berra, presidente municipal constitucional de Atlixco:
Como Red Nacional de Resistencia Civil nos enteramos de la detención arbitraria de nuestra compañera Enedina Rosas y de nuestro compañero Juan Carlos Flores Solís, ambos pertenecientes al Frente de Pueblos en Defensa del Agua y Tierra región Morelos, Puebla y Tlaxcala, integrado a nuestra Red Nacional de Resistencia Civil. Nos inconformamos en contra de estos hechos y exigimos su liberación inmediata.
El 6 de abril de 2014 a las 12 horas fue detenida, por policías estatales de Puebla, la presidenta del Comisariado Ejidal de San Felipe Xonacayucan, Enedina Rosas Vélez, de 60 años de edad. La detención se realizó al salir de una reunión de comisariados ejidales en San José Teruel, municipio de Tepeojuma, Puebla. La detención se realizó de manera arbitraria, ya que los testigos señalan que los policías no mostraron orden de aprehensión alguna, no se identificaron e incluso amenazaron con armas de fuego a quienes se encontraban cerca para evitar que se opusieran a dicha detención.
Inmediatamente después de su detención, la defensora de derechos humanos fue trasladada al Centro de Readaptación Social de Atlixco, sometida al proceso 121/2014 bajo los cargos de robo agravado y obstrucción de obra pública.
Posteriormente, el 7 de abril de 2014, aproximadamente a las 12 horas, tras haber interpuesto en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla una queja por las violaciones a los derechos humanos cometidos en el caso de la detención arbitraria de Enedina Rosas Vélez, fue detenido el defensor de derechos humanos Juan Carlos Flores Solís, quien iba acompañado por una comisión de 15 personas, habitantes de los pueblos de San Felipe Xonacayucan y San Juan Amecac.
Dicha comisión fue interceptada por cuatro automóviles blancos (sin placas, ni logotipos de alguna institución), de los cuales bajaron 12 hombres vestidos de civil, y de manera directa y violenta sometieron al defensor y lo subieron a uno de los autos sin señalar los motivos de la detención.
A las 18 horas, uno de los compañeros del Frente recibió una llamada desde el número del celular de Juan Carlos. Un hombre no identificado habló y avisó que el defensor de derechos humanos estaba detenido en la Procuraduría General de Justicia de Puebla y que sería inmediatamente trasladado a un Centro de Readaptación Social. Posteriormente colgó sin dar más información.
Alrededor de las 19 horas, Juan Carlos fue ubicado en el Centro de Readaptación Social de Cholula, ubicado en Miguel Hidalgo, 701, Centro, Cholula de Rivadavia, San Pedro Cholula, Puebla.
A las 6 horas del 8 de abril de 2014, Juan Carlos fue puesto a disposición del juez penal de Cholula bajo el proceso 127/2012. Los delitos que se le imputan hasta el momento son: motín, despojo, extorsión y delitos contra la infraestructura hidráulica.
Ambas personas, defensoras de derechos humanos desde 2006, han luchado junto con las comunidades nahuas –quienes son las principales afectadas– contra el gasoducto Morelos, que es parte del Proyecto Integral Morelos (PIM), el cual comenzó a ser impugnado desde ese mismo año a través de diversas acciones cómo foros, plantones, cierres de carretera, movilizaciones, etcétera.
El 11 de agosto de 2013, en Asamblea Ejidal, la comunidad de San Felipe Xonacayucan, rechazó en un Acta de Asamblea el paso del gasoducto por su comunidad. El 7 de marzo de 2014, aún con el documento oficial del ejido, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa italiana y las españolas constructoras del gasoducto, Bonatti, Elecnor y Enagás, respectivamente, llegaron a territorio de San Felipe con sus trabajadores y maquinaria para emprender la obra, hecho que indignó al pueblo y que llevó a expulsar tanto a la maquinaria como a los trabajadores. Cabe mencionar que la construcción del gasoducto no había sido autorizada en dicha fecha por el municipio de Atlixco, por lo que las obras se estaban realizando de manera ilegal.
El viernes 28 de marzo de 2014, el gobierno municipal de Atlixco, encabezado por José Luis Galeazzi, a pesar del rechazo de las comunidades, aprobó la licencia de uso de suelo para permitir el paso del gasoducto, aun cuando una comisión de las comunidades entregó el documento al Ayuntamiento con los documentos oficiales del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred); el Estudio de riesgo, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y otros documentos oficiales donde se demuestra la inviabilidad del trazo en la zona de riesgo del Volcán Popocatépetl.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 2, 6, 7, 9, 8, 14, 15, 19 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y demás legislaciones nacionales e internacionales aplicables, exigimos al gobierno federal, al estatal de Puebla y demás autoridades competentes, se asegure la integridad física y sicológica de las personas defensoras de derechos humanos detenidas y de sus familias, así como su inmediata liberación.
¡Nuestros compañeros y compañeras no son delincuentes, son defensores de los derechos de sus pueblos!
Red Nacional de Resistencia Civil
La ejecución del mexicano Ramiro Hernández, un acto cruel, atroz e ilegal
El 9 de abril pasado, a las 18:30 horas (hora local de Texas) en Livingston, Texas, Estados Unidos, fue ejecutado mediante inyección letal Ramiro Hernández Llanas. Amnistía Internacional había denunciado irregularidades en el proceso que culminó con su ejecución.
La ejecución fue un cruel asesinato que se llevó a cabo en un claro incumplimiento del derecho internacional. No hay nada más absurdo que una atrocidad cometida en nombre de la justicia. Lo que sucedió no fue más que un asesinato, un asesinato fundado en prejuicios raciales. En la mayoría del mundo lo que sucedió sería un crimen, pero las autoridades Texas han tenido el descaro de llamarle justicia.
En las horas previas a la ejecución de la sentencia, la organización había solicitado a Richard Perry, gobernador de Texas, una moratoria a la sentencia para dar tiempo a que la Corte Suprema de Estados Unidos se pronunciara sobre la legalidad de las ejecuciones en casos de personas con discapacidad mental, como era el caso de Ramiro.
La organización había también denunciado que su sentencia se basaba en gran medida en los testimonios de “expertos” de cuestionable credibilidad, incluyendo el testimonio de un desacreditado especialista en salud mental que fue expulsado de la Asociación Estadunidense de Siquiatría. Asimismo, durante su proceso legal, testigos “expertos” citaron argumentos claramente racistas.
La pena de muerte es en sí misma contraría a la justicia y es una violación a los derechos humanos; cuando ésta es el resultado de un proceso injusto y discriminatorio se convierte en un atroz crimen cometido por las mismas autoridades que tienen como obligación proteger la vida.
Amnistía Internacional reitera su llamado al Congreso estadunidense para que discuta y apruebe sin dilación una iniciativa de ley que obligue a todos los estados que conforman Estados Unidos a obedecer la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), y a revisar los casos de todos los ciudadanos mexicanos condenados a muerte en ese país sin haber recibido asistencia consular, tal y como establece el derecho internacional y la sentencia de la CIJ.
Atentamente,
Oficina en México de Amnistía Internacional
Ejidatarios convocan a mesa de diálogo a minera que explota sus tierras
Carrizalillo, Eduardo Neri, Guerrero, 10 de abril de 2014
Horacio Bruna Orchard, vicepresidente senior de Operaciones de Goldcorp región México, presente:
La presente es respuesta al comunicado que usted nos envío el 9 de abril de 2014 en relación con, suponíamos nosotros, la continuidad de nuestro proceso de negociación, al cual lo invitamos para que asumiera de forma directa y sin la intermediación de sus directores locales (porque fueron ellos quienes señalaron sus límites para poder continuar con una mejor propuesta por parte de la empresa que destrabara este proceso, el cual se desencadenó desde el 1 de abril de 2014 y no desde 2013, como usted señala en su carta).
En verdad lamentamos muchísimo el desafortunado contenido de su misiva que permite hagamos una interpretación poco positiva sobre la continuidad de este proceso, porque suponíamos que en usted tendríamos un interlocutor, como en su momento lo fue el señor Salvador García, sensible, atento y sobre todo con el interés y atención para escucharnos.
Somos un pueblo que no se niega a negociar sus tierras, y para tal efecto ustedes nos solicitaron el pliego petitorio completo y aprobado por la Asamblea General, el cual el lunes pasado le fue entregado a un funcionario menor, porque los de mayor rango a nivel local ni se molestaron en recibirlo, omitiendo un paso básico de diplomacia, respeto y reconocimiento a nuestra envestidura como autoridades de nuestra comunidad.
En el pliego que le enviamos, también anexamos una carta en donde amablemente le solicitamos su presencia para que asuma, de manera directa, la responsabilidad de la negociación ante la ya nula capacidad para avanzar con los directivos locales. No obstante, usted en su carta responde, sin mencionarlo explícitamente, que no vendrá, además de textualmente mencionar “que nuestros directivos locales cuentan con todo mi respaldo y están plenamente empoderados y delegados para continuar con las pláticas”. Sepa usted que sus funcionarios locales “plenamente empoderados” evadieron esa responsabilidad y lo hicieron frente al presidente municipal de Eduardo Neri, el licenciado Ignacio Basilio García, quien solidariamente participó para destrabar este proceso, y al cual le agradecemos lo haya hecho, porque su presencia nos ayuda a que dejemos de lado las simulaciones y las mentiras.
Para nosotros la negociación no es un juego de vencidas, señor vicepresidente. Le hemos dado a su empresa nuestras tierras y hasta nuestras vidas; por lo tanto, merecemos un trato digno y respetuoso porque nosotros nunca les hemos faltado al respeto, tal como lo ha hecho su gerente del departamento ambiental, el señor Arnoldo García Pizarro, quien de manera despectiva, racista y discriminatoria nos ha insultado utilizando adjetivos que por decencia no escribimos en esta misiva, y que seguro él negará, pero que al decirlo a grito pelado al concluir una Asamblea, muchas personas logramos escucharlo.
Usted se niega a venir, pero también en su carta evita hablar sobre nuestro pliego petitorio, porque suponemos no le parece pertinente o porque supone que somos ignorantes y no nos daremos cuenta de ello; pero en verdad lamentamos no se haya tomado la molestia de hacer al menos un sólo comentario sobre nuestro pliego. Por el contrario, su carta la utiliza para nuevamente intentar posicionar una vieja propuesta para nosotros ya caducada y muerta, que sus operadores y ahora usted mismo, sin haber estado presente, insisten en que fue aprobada por la Mesa Ejidal, la cual, efectivamente, no fue aprobada, pero que, de acuerdo con su carta, textualmente menciona que “contaba ya con el apoyo de la mayoría de la asamblea para ser aprobada”, y por ello una y otra vez quieren ridiculizar a nuestras autoridades diciendo que los engañaron a ustedes. No está bien que sus operadores locales le mientan y lo engañen, porque es imposible que si la mesa estaba recibiendo una propuesta de ustedes y durante el transcurso de la misma la mesa ejidal abonó criterios para mejorarla, ello para nada significa que sea un acuerdo de la mesa para amarrar la negociación y menos aún que ésta, sin ser todavía presentada a la Asamblea, ya dispusiera de una aceptación mayoritaria. En todo caso es necesario que le diga a sus operadores que en la Ley Agraria se menciona claramente que la máxima autoridad es la Asamblea General, por lo tanto, nosotros como mesa ejidal estamos para representar y no para imponer ni propuestas, ni actividades, ni nada que tenga que ver con la toma de decisiones colectiva y colegiada, porque ello le corresponde únicamente a nuestra Asamblea General. Así que es imposible que una mayoría ya lo hubiera acordado cuando la Asamblea ni siquiera se había realizado, y no permitiremos que sigan con este juego de palabras en donde ahora resulta que ustedes se sienten engañados y continúan tachándonos de mentirosos.
También en su carta cita que su propuesta representa un incremento del 40 por ciento sobre la base de pago y un incremento del 11 por ciento con respecto al monto recibido en pesos durante 2013. Ya que insisten en manejar cifras a su propia conveniencia, entonces mostremos otros aspectos que su análisis no incluye.
El 40 por ciento, al cual usted hace mención y que a la vista pareciera un incremento desmedido aunque justo, para el ejido, de acuerdo con la visión de futuro de ustedes, no menciona que se basa en un dato elaborado sobre una base de renta fija de 2.5 onzas, que a valor actual para el ejido, hoy implicaría una caída de aproximadamente el 22 por ciento. Recuperar su nivel actual en precio significaría incrementar solamente 0.7 onzas, para hacer un total de 3.21 onzas. Ustedes a este margen de “recuperación de precio” –que no de incremento–, le agregan sólo 0.29 onzas para alcanzar las 3.5 onzas que nos proponen y que, según sus datos, sería el tan “voluptuoso 40 por ciento” de su incremento. A nosotros nos sale que el incremento sería solamente de 8.3 por ciento. A ello ustedes le agregan el 4 por ciento de incremento anual y así este convenio se firmaría por un periodo de 10 años. Este incremento anual significa algo así como 2 mil 333 pesos anuales; a este valor nosotros le agregamos un componente que le denominamos tasa inflacionaria. Este año fue de 3.5 por ciento, lo que significa que ustedes están ofreciendo un incremento de solamente el 0.5 por ciento, porque el otro 3.5 es absorbido para recuperar su valor perdido. El incremento real del 0.5 por ciento anual en pesos significa 299 pesos por hectárea, es decir, un incremento de 80 centavos diarios por 10 años. Díganos usted si conoce a algún casero en el mundo que le va a rentar su casa al mismo precio que el año pasado, porque los precios cayeron y por ello sería económicamente prudente le siga pagando lo mismo o subirle una cifra inflada en porcentaje con valores no ponderados, para que a la vista sea atractiva. Si ese casero existe nosotros no somos uno de ellos.
A nosotros nos gustaría que hicieran sumas, restas y multiplicaciones con otros elementos de valor, por ejemplo: en 2009 sacaron 240 mil onzas, y a partir del siguiente año y hasta 2013, incrementaron su producción anual en aproximadamente 100 mil onzas más por año, es decir, sacan 330 mil onzas anuales, el cual según sus propios datos sostendrán a ese mismo nivel de extracción hasta 2030. Ello significa que en solamente 5 años hicieron un total de más de 1 millón y medio de onzas de oro, dando un acumulado de 135 por ciento de incremento, y sin embargo, durante ese mismo periodo, nuestro ejido recibió una renta fija de 2.5 onzas, pero no recibimos nada de ese descomunal incremento de extracción. Aprovechamos para decirle que no nos quejamos de ello, pues fue un acuerdo que pactamos, firmamos y cumplimos; ni tampoco estamos pidiendo retroactivo por ello, sin embargo, ahora nos damos cuenta que sigue prevaleciendo una gran asimetría en la forma de hacer “negocios” entre ustedes, nosotros y el mercado.
Es en ese sentido que maduramos nuestra propuesta hacia un nuevo nivel de incremento, y que ello permita también una relación más estable entre las partes. Le preguntamos si en verdad considera que es demasiado pedirles nos den 1.5 onzas más por hectárea por cada 100 mil onzas anuales que saquen. Se lo ponemos en porcentaje para ver si de esa manera nota esa asimetría de la que le hablamos. De sus 330 mil onzas anuales, como ejido le pedimos de incremento la “estratosférica” cantidad de 0.42 por ciento de su producción anual… Sí, la cifra es: cero punto cuarenta y dos por ciento de incremento, y si a ello le incrementamos 4 onzas más de renta fija por hectárea, ello significa, sumadas onzas y producción, un total de 1.26 por ciento (uno punto veintiséis por ciento). Ése es el gran esfuerzo económico que le estamos solicitando, aunado al resto de las cláusulas de nuestro pliego, mismas que al no mencionarlas, sentimos recibir de parte suya desprecio y arrogancia.
También es necesario mencionarle que, poco después de concluir la Asamblea Permanente, a la cual se les abrieron las puertas para que el licenciado Ballesteros presentara la propuesta de la empresa, llegó una llamada telefónica del ingeniero Arnoldo, con quien ya estábamos en la antesala de lograr una negociación por 3 años con 4 onzas y el 10 por ciento de incremento anual que solicitamos, al cual ustedes se acercaron al ofrecer 4 onzas y un 6 por ciento de incremento anual. No entendemos cómo fue que estando a punto de destrabar el conflicto desde el primer día, éste toma ya otras dimensiones. Nos parece que le llega información distorsionada y ello ha endurecido esta negociación, dejando de lado las pretensiones del pliego a cambio de posiciones y antagonismos personales.
En otro de los párrafos de su carta, textualmente menciona que “llama mucho mi atención que mientras en su escrito me manifiestan no ser su intención sacar o bloquear los trabajos de extracción de la empresa”, con otros núcleos agrarios, hace mención de que estamos impidiendo el libre tránsito. Señor Bruna, urge venga a ver la realidad, venga y platique con su cuadrilla de emergencia que está trabajando coordinadamente con nosotros en el área de lixiviados, para evitar una desgracia por los tóxicos que ahí se ubican; venga y platique con las diversas corporaciones policiacas a quienes les hemos solicitado amablemente nos acompañen en cada recorrido de inspección que realizamos, justo para que vean que no estamos realizando acciones indebidas o incorrectas. No nos quiera vandalizar y mejor venga y platique con la gente, porque está claro que sus operadores le distorsionan la realidad. Efectivamente no estamos permitiendo que se trabaje en las áreas que nos corresponden como ejido y ése es un derecho que nos compete plena y totalmente conforme con las leyes nacionales, mismas que seguiremos respetando cabalmente, pero decir que estamos evitando que los compañeros del núcleo agrario de Mezcala no trabajen, es una difamación mayúscula, ya que ellos de manera solidaria han asumido apoyar nuestro paro de labores, pero de ninguna manera hemos bloqueado, puesto barricadas o tenido alguna confrontación o roce con ellos. De hecho también agradecemos profundamente el apoyo que por primera vez el pueblo de Mezcala ha tenido para con nosotros (de verdad, gracias; y sin temor alguno saben ellos están en total libertad de continuar, si así ya lo desean, sus actividades para que ejerzan su pleno derecho al disfrute y uso que de su territorio tienen). Reiteramos que únicamente estarán cerrados los pasos, accesos y sitios que nos corresponden territorialmente, así como se mantendrán sin funcionar las maquinarias y equipos que se ubiquen dentro de nuestras tierras.
Señor Bruna, también le queremos comentar que en la última reunión que sostuvimos con sus directivos locales, el licenciado Ballesteros nos señaló como violadores de derechos de trabajadores y concesionarios, al evitar que sacaran de nuestras tierras el equipo que dejaron. Nos hizo una solicitud para que permitiéramos la salida de concesionarios, la cual obviamente negamos otorgársela, porque no pensamos que sea una casualidad que ustedes sí lograron mover toda su maquinaria a un resguardo fuera de nuestras tierras, pero no tuvieron la sensibilidad para, sabiendo que estaba en puerta el inminente cierre de las operaciones, avisarles a quienes ustedes contratan para que hicieran lo propio, quedando atrapada maquinaria y equipo. También es una “casualidad” que sea el mismo director que no les aviso, quien ese día estuviera preocupadísimo por los derechos de los concesionarios atrapados por “nuestras negras intenciones”. Para su conocimiento, cada concesionario que se ha acercado a nosotros –como Mesa Ejidal– solicitándonos les permitamos el retiro de sus unidades; a todos ellos se les ha permitido se lleven libremente y sin contratiempos sus equipos, camiones y cargas. Si hay algunos que todavía no liberan sus unidades, esperemos nos busquen y haremos lo propio.
Igual ha sucedido con trabajadores, a quienes también agradecemos infinitamente sus gratas, sinceras, plenas y amables muestras de solidaridad, de tal manera que cada día llegan despensas, risas, abrazos y alientos de toda la región, que son un signo de que nuestra lucha es digna, justa y que no permitiremos que violenten nuestros derechos. Señor Bruna, no estamos seguros de la siguiente aseveración, pero pareciera que ustedes le apuestan o desean que se vaya gestando una confrontación con terceros; pero ni somos tontos, ni estamos locos para pelearnos con nuestros vecinos y amigos, menos aún con los trabajadores y los políticos y gobernantes de nuestro estado, quienes, dicho sea de paso, también han llegado a nuestro campamento a investigar lo que sucede y salen con la certeza de que nuestra lucha no está vulnerando derechos de terceros. Así se lo hemos hecho saber al señor gobernador de nuestro estado, a través de uno de sus voceros, el señor Tulio Ismael Estrada, delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de Guerrero, quien a su vez nos trajo un mensaje del señor Aguirre.
Para concluir la respuesta a su carta, en otro de sus párrafos asevera que nosotros seremos corresponsables de, llegadas las lluvias, puedan existir derrames de sus piletas con cianuro, lo cual generaría una gran contaminación tanto de nuestras tierras como de las tierras y aguas de vecinos que viven río abajo, por donde pasaría ese posible derrame. Ese párrafo es indignante, amenazante e irresponsable de su parte. Resulta ahora que ustedes traen y echan el cianuro sin haber realizado las obras de prevención (que dicho sea de paso significa previamente), para depositar o confinar el uso de las sustancias tóxicas que ocupan, y por la falta de prevención de ustedes seamos ahora nosotros corresponsables del derrame debido a su incapacidad para terminar sus piletas o por su prisa de sacar oro sin haber concluido las obras que evitarían riesgos no sólo por lluvias, sino también por derrumbes, temblores, ciclones y demás causales, en donde la naturaleza nos enseña lo pequeños que somos. Nos preguntamos ¿qué pasaría si en vez de lluvias fuera un temblor? ¿No se supone que deben hacer las obras con proyecciones y bajo normativas antes y no durante, justo para evitar desastres? Debería venir personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y revisar a detalle si lo escrito en su Manifiesto de Impacto Ambiental se cumple cabalmente, y si ello además responde a los lineamientos que la normatividad en la materia define para ello, porque por más que la leemos, no vemos la forma en la cual la ley nos haga corresponsables de sus acciones. A estas alturas no dudamos que para usted es posible nos vea también como culpables o corresponsables de que en el pueblo usemos agua contaminada para el aseo y la limpieza, y que la obra para tener agua limpia, que ustedes firmaron y prometieron hace 9 o 10 meses, no se haya concluido, importándoles poco la salud de nuestra población. Ahora les preocupan las lluvias para no contaminar con posibles derrames excesivos, pero paradójicamente son totalmente insensibles de la contaminación que ocasionan para con nosotros y esa obra de agua limpia que tanto necesitamos para ustedes no urge. La ley ambiental es muy clara en ese sentido y pensar que la desconocemos o que no podemos revisarla para entenderla es querernos ver como incapaces de ello. No, señor Bruna, ni nos amenace ni se equivoque con las responsabilidades que le tocan a cada uno.
Le ratificamos nuestra total negativa para que ustedes realicen operaciones de cualquier tipo dentro de nuestro territorio, hasta que decidan si continuará negociando o cerrarán su negocio. Asuman los costos sociales, políticos, ambientales y financieros, pero hagan bien sus multiplicaciones, revise el desgaste político y mediático que tendremos ustedes y nosotros por una lucha absurda, prolongada y sin sentido debido al gran margen de ganancias que obtienen de nuestra tierra y al ridículo margen que pretendemos de ello. Ya ustedes en Canadá deben estar recibiendo cientos de correos, acciones urgentes, notas de prensa, entrevistas, videos, además de estar enterados de que este conflicto está poniendo en tela de juicio y riesgo la adquisición de un proyecto por parte de ustedes mismos ahí en Canadá. Es decir, nosotros como ejido todavía no hemos arrancado nuestra estrategia de medios, política y jurídica, pero aun sin ello, vemos el gran respaldo que nos han ofrecido grupos de México, Mesoamérica, Sudamérica, Estados Unidos, Canadá, Suiza, España, Alemania, y muchos otros países, incluyendo grupos que, paradójicamente, se oponen totalmente a la minería, además de otras organizaciones de corte internacional que sabemos también tienen su influencia cuando atraen este tipo de procesos. A cada uno de ellos, muchísimas gracias y sabemos que nos seguirán apoyando. Le reiteramos que no habíamos realizado ninguna acción vinculada al uso de medios masivos, pero le queremos decir que no estamos solos, ni estamos aislados, ni tampoco estamos urgidos de aceptar dádivas. La poca visión de sus operadores locales hizo que apostaran a que la gente no tenía condiciones para aguantar un cierre de operaciones, pero una vez más estamos demostrándoles que, además de erróneo, el paro actual ha movilizado a todo el pueblo y recibimos muestras de apoyo regional, cosa que ni siquiera sucedió durante los 83 días del cierre en 2007.
El desdén que ha hecho a nuestra invitación para que de manera directa intervenga en este conflicto, a la vez de no hacer una sola mención sobre nuestro pliego petitorio el cual tan amablemente le enviamos, ha generado que perdamos esa cordialidad que nos caracteriza y ahora pasemos al tono de las exigencias y los costos que ello implica.
Tenemos una última oportunidad de trascender este conflicto y continuar con la operación minera, reiterándole que estamos dispuestos a negociar sin sometimientos y sin amenazas. Si ello no sucede es porque ustedes son omisos a nuestras pretensiones. Sus operadores locales se han descartado por ellos mismos para continuar con este proceso, y nosotros tampoco ya queremos una interlocución con ellos, porque en sus comentarios vemos que le están mintiendo y engañando. Así que la continuidad está en sus manos y usted ya tiene nuestro pliego petitorio para, sobre el mismo, poder iniciar nuevamente el diálogo y establecer una negociación que para ambos sea beneficiosa.
Representantes de la Mesa Ejidal de Carrizalillo: Roberto Guzmán Montiel, presidente del Comisariado; José Luis Rodríguez Saldaña, secretario; Julio Peña Celso, presidente del Consejo de Vigilancia; Lucas Valdez Peña, primer secretario del Consejo de Vigilancia; Armando Peña Martínez, segundo secretario del Consejo de Vigilancia
