Represión contra activistas que se oponen al Proyecto Integral Morelos y el Libramiento Norte
A los medios de comunicación nacionales e internacionales; a los organismos defensores de los derechos humanos; a las organizaciones democráticas, populares e independientes; al pueblo de México; a Rafael Moreno Valle Rosas, gobernador del Estado de Puebla; Víctor Antonio Carrancá Bourget, procurador general de Justicia del estado de Puebla; maestro Adolfo López Badillo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Puebla; José Alfonso Esparza Ortiz, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla:
La Red de Defensa de los Derechos Humanos solicita su acción urgente ante la intimidación por parte de paramilitares en contra de familiares del doctor en sociología Ricardo Pérez Avilés.
De acuerdo con información enviada vía medios electrónicos, el pasado viernes 11 de abril de 2014, un grupo de personas que se hicieron pasar como campesinos llegó al domicilio del doctor en sociología Ricardo Pérez Avilés. Con armas de fuego, maltrato físico y amenazas sometieron a los familiares que en ese momento se encontraban en su domicilio en Atlixco, Puebla. Dichas amenazas iban en el sentido de que el doctor en sociología Ricardo Pérez Avilés dejara de apoyar a las comunidades que se oponen a la imposición de un gasoducto que atravesará los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos y que es parte del Proyecto Integral Morelos.
Es importante destacar que se presume la existencia de una orden de aprehensión en contra del doctor en sociología Ricardo Pérez Avilés; sin embargo, las personas que llegaron a su domicilio no mostraron dicha orden, además de que se ostentaron como campesinos, es decir, como particulares y no como agentes de la Procuraduría General de Justicia (PGJ). Esto nos lleva a plantear que en el supuesto de que existiera una orden de aprehensión en contra del doctor en sociología Ricardo Pérez Avilés, con el actuar de los supuestos campesinos fueron violentados todos los protocolos para tal efecto y, por tanto, al ser parte del personal oficial de la PGJ del estado de Puebla, deben ser sujetos a investigación por el exceso de la fuerza y violentar su propio marco normativo. De no existir dicha orden de aprehensión, los supuestos campesinos son en esencia un grupo paramilitar cuyo objetivo pudo haber sido la desaparición forzada del doctor en sociología Ricardo Pérez Avilés.
Ricardo Pérez Avilés estudió la maestría en ciencias, especialidad en sociología rural, en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco. Se graduó como doctor en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es coordinador del Departamento Universitario de Desarrollo Sustentable del Instituto de Ciencias de la Universidad Autónoma de Puebla.
También tenemos conocimiento de que Ricardo Pérez Avilés es parte de la sección de Opinión del programa de radio Radio M12E, que se transmite todos los días sábados a las 10 horas por Radio BUAP 96.9 de frecuencia modulada. Sin embargo, este 12 de abril no fue transmitido dicho programa. Tememos que esta suspensión del programa tenga que ver con los hechos sucedidos en su domicilio 1 día antes.
Lo anterior se suma a una serie de agresiones y detenciones relacionadas con las organizaciones que se oponen a la imposición del Proyecto Integral Morelos y del Libramiento Poniente para la ciudad de Puebla:
El sábado 5 de abril de 2014 irrumpió un grupo de personas vestidas de civil en el domicilio del señor Avelino Velázquez Tapia, quien es presidente del Comisariado de Bienes Comunales en San Juan Amecac, municipio de Atzitzihuacán.
El domingo 6 de abril fue detenida en la localidad de San José Teruel, municipio de Tepeojuma, la señora Enedina Rosas Vélez, quien es presidenta del Comisariado Ejidal de San Felipe Xonacayucan.
El 8 de abril fue detenido, al salir de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla, Juan Carlos Flores Solís, vocero del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
El 8 de abril fue detenido en carretera Abraham Cordero Calderón, cuando transitaba por la autopista México-Puebla. Es integrante de la organización Los de Abajo y del Frente Campesino del Valle de Texmelucan y Sierra Nevada, organización que ejerce su derecho a organizarse en contra de las imposiciones y actos expropiatorios relacionados con la construcción del Libramiento Poniente.
Para la Red de Defensa de los Derechos Humanos, la irrupción del grupo paramilitar al domicilio del Ricardo Pérez Avilés; la irrupción de personas vestidas de civil en el domicilio del señor Avelino Velázquez Tapia; la detención de la señora Enedina Rosas Vélez; la detención del señor Juan Carlos Flores Solís; y la detención del Sr. Abraham Cordero Calderón, integrante de la organización Los de Abajo y del Frente Campesino del Valle de Texmelucan y Sierra Nevada, son actos motivados por intereses económicos y políticos de las empresas que pretenden imponer el Proyecto Integral Morelos y el Libramiento Poniente, y acciones concertadas por los gobiernos del estado de Morelos, que encabeza Graco Luis Ramírez Garrido Abreu; de Puebla, cuyo titular es Rafael Moreno Valle; y del gobierno federal, representado por Enrique Peña Nieto.
Como Red de Defensa de los Derechos Humanos sostenemos que medidas unilaterales e impuestas por medio de elementos técnico-jurídicos, como los decretos o iniciativas que reformen artículos o iniciativas de leyes que no sean acompañadas de un amplio consenso de los sectores populares, dará como resultado protestas y manifestaciones cuando contravengan en la práctica derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Este tipo de imposiciones muestran falta de respeto al estado de derecho que mediáticamente promocionan las diferentes instancias de gobierno de la estructura del Estado mexicano. Por lo que resulta indignante que en estos momentos el doctor en sociología Ricardo Pérez Avilés se encuentre en calidad de perseguido político.
Por lo anteriormente expuesto solicitamos, sustentados en el Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
I. A Rafael Moreno Valle, gobernador del estado de Puebla, garantizar la integridad física, sicológica y moral del doctor en sociología Ricardo Pérez Avilés, así como la de su familia, amistades y organizaciones solidarias con su caso.
II. Al procurador general de Justicia del estado de Puebla, Víctor Antonio Carrancá Bourget, informe de manera oficial la existencia o no de alguna orden de aprehensión, a efecto de que se le garantice al doctor en sociología Ricardo Pérez Avilés el derecho al debido proceso. Asimismo, informar de manera oficial si los supuestos campesinos son agentes pertenecientes a la PGJ Puebla, para que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial por el uso excesivo de la fuerza, así como también por la violación a los protocolos de detención de personas, en contra de la familia del Ricardo Pérez Avilés, o de lo contrario, es decir que no sean agentes de la PGJ, iniciar las averiguaciones correspondientes a efecto de sancionar penalmente al grupo paramilitar que irrumpió en la vivienda del doctor Ricardo Pérez Avilés.
III. A la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que inicie una queja por el actuar de los supuestos campesinos, a efecto de conocer la verdad de los hechos y que de ser agentes de la PGJ sean sujetos a una recomendación junto con los mandos superiores que por omisión, comisión o aquiescencia procedieron con uso excesivo de la fuerza; así como por la violación de los protocolos para la detención de personas en contra de la familia del doctor Ricardo Pérez Avilés.
IV. Al rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, José Alfonso Esparza Ortiz, solicitamos se pronuncie ante estos hechos constitutivos de violaciones a derechos humanos. Del mismo modo, le solicitamos informe de manera pública el motivo por el cual no fue transmitido el programa en el que participa el Ricardo Pérez Avilés: Radio M12E en Radio BUAP, el sábado 12 de abril de 2014.
A los organismos defensores de derechos humanos les hacemos un llamado solidario para que en el ámbito de sus atribuciones se pronuncien en contra del uso excesivo de la fuerza y la violación de los protocolos de detención en contra de la familia del doctor Ricardo Pérez Avilés. Al mismo tiempo les solicitamos hacer llamamientos al gobierno del estado de Puebla, Morelos y al gobierno federal de respetar la decisión de los afectados de no vender sus tierras por la imposición del Proyecto Integral Morelos y el Libramiento Norte. Asimismo a no criminalizar la defensa de sus derechos, la protesta popular y a quienes se solidaricen con esta causa.
Atentamente,
Israel Sampedro Morales, coordinador general de la Red de Defensa de los Derechos Humanos
Dignidad, Justicia, Libertad
Red de Defensa de los Derechos Humanos
Apología de odio y violencia en algunos medios de comunicación
La Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (Renddh) manifiesta públicamente su condena e indignación por el atentado del pasado miércoles 9 de abril contra 12 estudiantes normalistas y universitarios, entre ellos la defensora del derecho humano a la salud Rosa Hernández Reyes, también estudiante de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), y quien aún se encuentra en estado grave de salud, producto de lesiones por traumatismo craneal.
Es importante destacar que el rector de la UMSNH, Salvador Jara Guerrero, ha declarado públicamente que la defensora del derecho humano a la salud Rosa Hernández Reyes no era estudiante de dicha Institución. Declaración a todas luces deplorable, ya que Rosa Hernández cuenta con la matrícula 0937004F, con credencial de la Facultad de Biología y su Comprobante de reinscripción 2014. Este deslinde del rector solamente puede entenderse como un acto para legitimar y justificar una campaña de odio y violencia contra los estudiantes universitarios y normalistas que fueron víctimas del atentado.
Esta campaña de odio y violencia ha llegado a grado tal que, en redes sociales como Facebook, anónimos crearon una página llamada “Encierren a los normalistas, liberen al conductor”, en la cual exaltan como héroe a Martín Gerardo González Montaño, responsable del atentado. De este personaje, en los noticieros hacen referencia de que “los estudiantes lo agreden”. Sin embargo, en la imagen se ve que quien inicia la provocación es precisamente el chofer de la camioneta. Y otro elemento importante a señalar es que el reportero edita el video para evitar pasar en el momento en que el responsable del atentado se lleva la mano a la parte trasera de su pantalón-cinturón para sacar un arma que afortunadamente no pudo desenfundar. En lo que coinciden los noticieros es que el responsable del atentado se enfrentó a disparos con la policía antes de ser detenido.
De acuerdo con los medios de comunicación, el perpetrador del atentado ya fue consignado ante un juez por el delito de lesiones calificadas y homicidio en grado de tentativa, y cuyos antecedentes penales lo hacen el agente idóneo para cometer este tipo de atentados.
Este atentado no puede verse de manera aislada. El año pasado, maestros de la sección XVIII de Michoacán fueron arrollados por un tráiler, con el resultado de varios muertos y heridos. Esto durante la pasada jornada de lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, cuando volanteaban en una caseta en ese mismo estado, en protesta por la reforma educativa de Enrique Peña Nieto.
A partir de estos hechos, en algunos medios de comunicación se generaron comentarios que reforzaban el actuar del agente del atentado como resultado del “hartazgo social” por las manifestaciones de los estudiantes. Tal es el caso del noticiero CB Noticias, conducido por César Velázquez; Al Momento conducido por Víctor Villicaña del Grupo Marmor, y reporteros como Pepe Antonio Zamudio y Carlos Monge, de SM Noticias; Ignacio Martínez, de IM Noticias Radio, que abusando de la ventaja comunicacional de cobertura mediática, han estado justificando los delitos del atentado y llamando a las autoridades a actuar contundentemente en contra de los estudiantes; es decir, es un llamado a reprimir al movimiento estudiantil. Otro ejemplo lo encontramos en el artículo “Héroe o villano”, en la Editorial Normalistas, “El linchamiento”, con lo cual se generan las condiciones para suprimir otros derechos humanos, ahora por medio de acciones policiaco-militares. Tan es así, que Jesús Sierra Arias, secretario de Educación en Michoacán, solicitó apoyo para la intervención de la Policía Federal en el conflicto, además de amenazar con coartar el derecho a la educación superior, sentenciando cancelar la convocatoria de ingreso a escuelas normales.
A esto se suman las declaraciones de legisladores como Omar Noé Bernardino Vargas y Cristina Portillo Ayalaquien, quienes platean “regular manifestaciones y [que] no ocurran incidentes como el de los normalistas y un automovilista furioso que los atropelló”. Declaraciones que coinciden con los argumentos para justificar las leyes en el Distrito Federal y recientemente aprobadas en Quintana Roo para legislar las manifestaciones: solicitar autorización para manifestarse con anticipación, sin injurias y en lugares en los que no afecten instancias económicas, arquitectónicas, turísticas y de valor cultural. Es decir, los legisladores con este tipo de aseveraciones, de manera implícita y explícita, quieren técnicamente restringir el derecho humano a la protesta y manifestación, con lo cual contravienen la legislación nacional e internacional en materia de derechos humanos.
Cabe señalar que en el lugar de los hechos se encontraban al menos dos delegados de la Secretaría de Gobernación, así como destacamento de policías que, por omisión, son responsables de que se haya cometido el atentado. Situación grave, ya que podemos presumir de una acción concertada entre autoridades y el agente responsable del atentado.
Para la Renddh, esta campaña de odio y violencia contra los estudiantes en algunos medios de comunicación y redes sociales se convierte en apología del odio y la violencia, que está lejos de generar las alternativas para la solución de conflictos como en este caso. Lo que genera en el imaginario colectivo es una confrontación entre “particulares”, para de esta manera, el gobierno en turno, deslindarse, y pretenda eximirse de su responsabilidad tanto en la solución de conflictos como al mismo tiempo justificar su actuar policiaco-militar violando derechos fundamentales.
Como Renddh sostenemos que el derecho humano a la protesta es consecuencia de las decisiones unilaterales, impositivas y antidemocráticas que en las diferentes instancias de gobierno se realizan y aplican, resultando con ello la sistemática y persistente violación a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Además, debemos recalcar que los derechos humanos han sido producto de las luchas de los pueblos, con lo cual su reconocimiento positivo es una conquista y no una concesión de Estado.
Por lo anterior, la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos exige:
I. Al rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero, que se retracte de sus declaraciones y que reconozca a la defensora del derecho humano a la salud Rosa Hernández Reyes como estudiante de la Facultad de Biología, con base en la documentación presentada en los párrafos anteriores, a efecto de que se le garanticen sus derechos académicos y se terminen las calumnias de que no era estudiante de dicha institución.
II. Sustentados en el Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al gobernador, Fausto Vallejo y Figueroa, que de acuerdo con el diagnóstico clínico de la defensora del derecho humano a la salud Rosa Hernández Reyes, instruya para que se den todas las facilidades para trasladarla a un hospital de especialidades, ya sea dentro de Michoacán, al interior de la República Mexicana o en el extranjero.
III. Sustentados en el Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al gobernador Fausto Vallejo y Figueroa, que informe, los llame a juicio y sancione administrativa y/o penalmente a los delegados que se encontraban en el lugar de los hechos, cuando Martín Gerardo González Montaño cometió el atentado en contra de estudiantes, y cuyos delegados omitieron actuar para evitarlo. Así como también se hagan públicos los informes de la investigación.
IV. A los medios de comunicación y periodistas que han emitido información subjetiva y tendenciosa para justificar el atentado de Martín Gerardo González Montaño respecto a los hechos sucedidos el pasado 9 de abril, y a condenar como sujetos violentos a los estudiantes normalistas y universitarios, el derecho de réplica a familiares de las víctimas, así como también a las organizaciones estudiantiles y populares en las que militan.
V. A la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, solicitamos –con base en el Artículo 8 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos– inicie una queja por omisión por parte de los delegados del Gobierno del Estado de Michoacán que se encontraban en el lugar de los hechos, cuando Martín Gerardo González Montaño cometió el atentado en contra de estudiantes y cuyos delegados omitieron actuar para evitarlo, así como también se hagan públicos los informes de la investigación.
A los organismos defensores de derechos humanos les solicitamos de manera solidaria que, en el ámbito de sus atribuciones, externen su preocupación respecto a la apología del odio y violencia que se promueve desde algunos medios de comunicación, columnistas y redes sociales contra estudiantes que ejercían su derecho a la protesta.
Atentamente,
¡Unidos por la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales!
¡Presentación con Vida de Todos los Detenidos-Desaparecidos por Motivos Políticos y Sociales!
¡No a la Criminalización de la Pobreza, Protesta y Lucha Popular!
Unidos y Organizados a Ejercer y Defender los Derechos Humanos
Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos
Pedro Flores Hernández, presidente de la Renddh
Créditos deben llegar a las pequeñas empresas, dice
Felicito por el reportaje “Recursos Pyme por 2 mil 500 MDP, a fondo perdido”. En México hay miles de empresas que necesitan esos créditos para proporcionar empleo y poder despegar en el mercado. Qué lástima que los créditos lleguen a los recomendados o a las empresas que menos lo necesitan.
José D Escalante Medina
Sin opciones para quienes buscan estudiar una licenciatura
Para ingresar a la Universidad Abierta y a Distancia de México (Unadm) realizan demasiados exámenes de diagnostico. Y se demoran mucho en dar resultados. Es desmotivante inciar un proceso en la Undam. La Universiad Nacional Autónoma de México tiene un excelente nivel académico, pero deberían dar facilidades a las personas que desean estudiar a distancia, ofertar más lugares y no pedir tantos requisitos. Somos miles de alumnos rechazados lo que queremos ingresar a la licenciatura, pues sólo es aceptado menos del 10 por ciento de alumnos que se postulan para ingresar.
Éricka N
Promocionan los derechos humanos
Señor director:
Recientemente se llevó a cabo la visita de la presidenta de Jóvenes por los Derechos Humanos Internacional (YHRI, por su sigla en inglés) a la Ciudad de México. Esta vez con el lema: “Viaje mundial de educación para la paz”.
Jóvenes por los Derechos Humanos Internacional es una corporación no lucrativa fundada en Los Ángeles, California, Estados Unidos, en 2001, por la doctora Mary Shuttleworth. El propósito de YHRI es enseñar a los jóvenes los derechos humanos, particularmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, e inspirarlos a convertirse en defensores de la tolerancia y la paz.
Durante su viaje visitó a personalidades de cada nación invitándolos a ser parte de esta actividad de concientización a nivel mundial, ilustrándolos con los materiales que se han desarrollado de fácil comprensión.
En la Ciudad de México se reunió con personalidades de diferentes entidades que trabajan para incrementar el conocimiento y respeto de los derechos humanos, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el museo de Memoria y Tolerancia, la Asociación Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas y Comerciales entre otros.
Considerando que la mitad de la población mundial es menor de 25 años, los retos que enfrentan son exorbitantes. Ellos son fuertemente golpeados por las desigualdades e injusticias. Muchos viven en pobreza, incapaces de alcanzar su potencial completo. Muy pocos están ganando las destrezas, el conocimiento y la seguridad que necesitan para encontrar empleo en los mercados de trabajo cambiantes, donde la capacidad para aprender y adaptarse es esencial.
Se dieron conferencias a jóvenes presentando el video de la Historia de los derechos humanos, y se presentaron anuncios públicos. Se entregaron paquetes informativos de los derechos humanos. A fin de proporcionarles conocimiento sobre cuales son sus derechos y hacerlos responsables de que se cumplan.
El filosofo y humanista L Ron Hubbard escribió: “Los derechos humanos deben ser un hecho, no un sueño idealista”. Consideramos que si lo jóvenes desde temprana edad conocen sus derechos humanos y contribuyen a que se respeten, podremos esperar una juventud que promueva los derechos humanos y contribuya a crear una comprensión sin precedentes del valor y la importancia de nuestros derechos básicos.
La gira mundial 2014 visitará después Mongolia, Nigeria, Sierra Leona, Sri Lanka, Taiwán, Reino Unido y Estados Unidos, en honor al Día Internacional de la Paz.
Francis Saucedo Zavala
Despachadores de gasolina, precariedad en el empleo
Muy buen artículo el titulado “Los propineros, entre el abuso y la indefensión”. Ojalá hubiera la manera de ampararse contra estos patrones abusivos. Yo trabajo en una estación de servicio, sin percibir sueldo ni prestaciones y bajo constante acoso laboral por parte del encargado de la gasolinera.
Juan N
Contra la “privatización” de la educación
Comentario sobre el artículo Me ha parecido muy interesante lo que se señala en el reportaje “En puerta, la verdadera reforma educativa”. La tal reforma busca implantar una educación para los ricos, mas no para el pueblo, y mucho menos para los hablantes de las lenguas indígenas de México. Es una educación fracasada para los mexicanos que viene a empeorar la educación. Es una privatización de la educación.
Carmelo Merino
Caso Rosa Hernández Reyes: violaciones múltiples a los derechos humanos
Licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de la República; Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación; doctor Fausto Vallejo Figueroa, gobernador de Michoacán; Marco Vinicio Aguilera Garibay, secretario de Gobierno; doctor Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; José María Cázares Solórzano, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán; Javier Esteban Hernández Valencia, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas; Navanethem Pillay, alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas; doctor Emilio Álvarez Icaza, secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
El Comité Cerezo México solicita su intervención urgente ante las violaciones al derecho humano a la salud en el caso de la defensora de los derechos humanos y estudiante universitaria Rosa Hernández Reyes, quien actualmente se encuentra en coma resultado de un intento de homicidio durante una protesta social en Morelia, Michoacán.
La violación por omisión al derecho a la vida fue realizado por funcionarios de la Secretaría de Gobierno de Michoacán; entre ellos se señala a un funcionario de nombre José Reséndiz, quien verbalmente le dijo al representante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo cuando éste señalaba la complicidad del gobierno de Michoacán después de los hechos: “Deja de estar diciendo pendejadas; para qué andan de revoltosos. ¿A poco nosotros los trajimos a manifestarse?”.
Se trata de violaciones al derecho humano a la justicia, debido a que el Ministerio Público se negaba a levantar una averiguación previa contra el responsable de estos hechos. Después de insistir, levantaron la averiguación previa APT105/2014-6-1, la cual –a pesar de las imágenes y videos que demuestran la alevosía y ventaja en el intento de homicidio– quedó asentada por el delito de lesiones y lo que resulte.
Son violaciones reiteradas al derecho a la salud, pues a pesar de haber solicitado el resumen clínico de la víctima Rosa Hernández Reyes, las autoridades del Hospital de la Mujer se han negado a informar conforme a derecho el estado de salud de la víctima a sus familiares. Aducen que no está ni la directora ni el subdirector de la institución y que, por tanto, no hay responsables que informen de manera documental el estado de salud.
Después de insistir por 3 días, el 12 de abril se les entregó a los familiares una hoja en la que no se especifica la fecha de elaboración, tampoco cuenta con sello ni firma del responsable oficial, que no explica el estado de salud de la víctima y el cual es un documento sin validez oficial, que no permite saber el estado actual de la víctima.
Representantes del Comité Cerezo México tuvieron que viajar a Morelia para entrevistarse el día 14 con la directora del hospital, la doctora Liliana Olivera Romero, quien –en apego a la legalidad– debería entregar un resumen clínico a los familiares el 15 de abril a más tardar a las 11:00 horas.
[El día de los hechos denunciados,] la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán y el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) realizaban una actividad de difusión y solicitando una audiencia al gobernador Fausto Vallejo, para resolver las demandas de dichas organizaciones.
Según la información de la AU-01-Morelia-09abril2014-FNLS, emitida el 9 de abril por el Comité Cerezo México, ese día, exactamente a las 12:53 horas, entre el libramiento y la Avenida Morelos, hacia la salida a Salamanca, de la Ciudad de Morelia, Michoacán, un vehículo color rojo no identificado atropelló a 12 estudiantes, sin que las autoridades del estado presentes tomaran medidas para proteger el derecho humano a la protesta.
Debido a este ataque, 12 alumnos resultaron heridos, entre ellos Rosa Hernández Reyes, estudiante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo e integrante del FNLS. Hasta ahora se le reporta con fractura craneoencefálica y en estado grave, por lo cual permanece internada en el Hospital de la Mujer.
Por lo anterior, la organización firmante solicita al gobierno mexicano:
• Tomar de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la atención médica adecuada para Rosa Hernández Reyes.
• Realizar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el hecho del atropellamiento y que los resultados de la investigación se hagan públicos y que el o los responsables de esos hechos comparezcan ante la justicia.
• Realizar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas antes, durante y posterior a este hecho; que los resultados de la investigación se hagan públicos y que los funcionarios públicos responsables de esos hechos comparezcan ante la justicia.
• De manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por los pactos y convenciones internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por México.
A los organismos nacionales internacionales de protección de los derechos humanos se les solicita que:
• En la medida de sus atribuciones externen al gobierno mexicano su preocupación ante la gravedad de estos hechos e insten al gobierno mexicano a que atienda las peticiones planteadas.
Atentamente,
Francisco Cerezo Contreras
Coordinador del Comité Cerezo México
