Desde Zaragoza, España, solidaridad con Temacapulín, Jalisco

Queridos amigos y amigas:

Desde la distancia que impone el océano, me dirijo una vez más a ustedes para manifestarles mi aliento y mi solidaridad para con su lucha frente a la sinrazón y la injusticia que supone la presa El Zapotillo y el trasvase del Río Verde a León, Guanajuato.

En una verdadera democracia, ser minoría no puede ser un delito… Inundar un pueblo, como Temacapulín, Temaca, supone un atropello a derechos básicos e incluso a derechos humanos de los afectados que no se puede justificar alegando el interés de pretendidas mayorías allá, en Guanajuato. Y menos cuando ese pretendido interés general acaba siendo, en lo esencial, el interés de los más ricos y poderosos.

Pero más allá de la injusticia y de la inmoralidad que supone la presa El Zapotillo, es un error que Jalisco en su conjunto, y muy particularmente los Altos de Jalisco, lamentarán, pues la presa no es sino la pieza base del trasvase del Río Verde a León, Guanajuato. Considerar que los Altos de Jalisco son un territorio excedentario en agua es una barbaridad tan inaceptable, como incomprensible resulta la mansedumbre de sus habitantes frente a esta agresión.

Los cálculos de disponibilidad de caudales a almacenar en El Zapotillo para, en lo fundamental, alimentar los negocios de hacendados e industriales en León han sido sobreestimados, especialmente si se tienen en cuenta las perspectivas del cambio climático en curso.

Pero lo que debería ser analizado con más atención es la vulnerabilidad en que queda ese extenso y rico tejido de producción ganadera que vertebra la vida de los Altos: un tejido de producción alimentaria esencial para Jalisco que se sustenta sobre un acuífero que también alimenta ese Río Verde que se pretende trasvasar. En años de sequía, que serán en el futuro más frecuentes y duros que en el pasado, la prioridad legal de los “usos urbanos” en León sobre los derechos ganaderos en los Altos llevará a favorecer que los caudales bajen hasta El Zapotillo, la “caja de caudales” del trasvase. Y para ello se castigará la construcción de bordos y se restringirá la captación de aguas subterráneas, bajo el argumento de evitar la “sobreexplotación” y preservar la “sostenibilidad” del acuífero…

Si aún hay alma social, solidaria y ética en Jalisco, además de coraje y dignidad, espero que la ciudadanía alce su voz frente a la presa El Zapotillo y el trasvase a León, antes de que sea demasiado tarde.

Un fraternal saludo desde España.

Atentamente:

Pedro Arrojo Agudo, profesor emérito del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza

Denuncian que GDF viola los derechos humanos de las poblaciones callejeras

El pasado 22 de abril de 2014, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), haciendo uso de la fuerza, desalojaron de forma violenta al Grupo Juárez, que habitaba en la calle Artículo 123, destruyendo sus objetos personales y rompiendo sus pertenencias.

La cuarta visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ofreció fe pública de las agresiones que recibieron varones y mujeres por parte de los policías. Los testimonios refieren detenciones arbitrarias, golpes, tratos crueles, daños en su escaso patrimonio y amenazas.

A raíz de estos actos de violación a los derechos humanos de las poblaciones callejeras, resultaron 30 personas golpeadas y 17 aprehendidos: seis de ellos fueron llevados ante un juez cívico por faltas administrativas; los 11 restantes fueron consignados al Ministerio Público bajo los cargos de robo y posesión de drogas (solvente y pasta base). Cabe mencionar que los detenidos desconocían los cargos que se les imputaban. Al siguiente día, sin elementos probatorios de lo que se les acusaba, fueron trasladados al Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Se tiene conocimiento de que hace unos días cinco de ellos alcanzaron libertad bajo fianza; sin embargo, los testimonios que rindieron integrantes del Grupo Juárez fueron descalificados por autoridades del Reclusorio Norte, pues decían que “la palabra que puedan dar no es un testimonio”. Se sabe también que una de las compañeras del grupo, que también acudió a atestiguar, fue discriminada en razón de las secuelas que deja el solvente, además de su condición de formar parte de la población callejera.

Cabe señalar que no es la primera vez que el Gobierno del Distrito Federal, a través de la SSPDF, ejecuta políticas de limpieza social y desplaza a grupos de población callejera con la justificación de “recuperar espacios públicos”, que muchas veces sirven para ser espacios concesionados. Son niños, niñas, mujeres y hombres jóvenes, personas con discapacidad las que ven violados sus derechos humanos, como el derecho a la libertad, a la seguridad personal, a no ser sometidos a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, a la igualdad ante la ley, a no ser detenidos arbitrariamente, a la presunción de inocencia, a la honra, a la no discriminación, al debido proceso; los derechos de la niñez, los derechos de las mujeres y los derechos de las personas con discapacidad; derechos que son protegidos y garantizados en tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano.

Ante esta situación, las organizaciones firmantes:

•Expresamos nuestra preocupación por las políticas de criminalización de las poblaciones callejeras y de limpieza social.

•Asimismo hacemos un llamado a las autoridades del Distrito Federal a garantizar medidas de reparación, de acuerdo con las valoraciones del Grupo Juárez, de los daños causados por la violación a sus derechos humanos.

•Que el Gobierno del Distrito Federal dé a conocer información sobre los hechos con base en una investigación clara. Manifestamos especial preocupación por la posible fabricación de cargos, la sistemática persecución a este grupo en particular y la ausencia de una política pública especializada con esta población.

•De igual manera, solicitamos medidas precautorias a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para las personas que integran el Grupo Juárez.

•Hacemos un llamado al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México a darle seguimiento a este caso.

•Recordamos que en noviembre de 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) citó al Estado mexicano para responder sobre las violaciones a derechos humanos de las poblaciones callejeras y que continúa pendiente la visita del o la representante de la CIDH para conocer con detalle e informar sobre la situación actual que vive esta población en el Distrito Federal y en el resto de la República Mexicana.

Atentamente:

Alianza Mexicana de Poblaciones Callejeras; Asistencia Legal por los Derechos Humanos; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria, OP, AC; Red por los Derechos de la Infancia en México; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos

Amnistía Internacional emplaza a Peña Nieto

Estimado señor presidente:

Me dirijo a usted para agradecerle de nuevo la oportunidad que nos brindó de reunirnos con usted y con otros altos cargos de su gobierno durante mi visita de febrero de 2014 para hablar de la crítica situación de los derechos humanos en México.

Amnistía Internacional expresa su satisfacción por la disposición de su gobierno a entablar este importante diálogo a fin de potenciar una agenda integral de derechos humanos. Confío en que el Memorándum del que le hice entrega, que expone los motivos de preocupación de Amnistía Internacional y sus recomendaciones para abordar varias cuestiones prioritarias de derechos humanos, sirva de orientación para identificar y aplicar medidas destinadas a prevenir y castigar las violaciones de estos derechos.

Reconocemos que México desempeña a menudo un importante papel en iniciativas para promover los derechos humanos en los foros regionales e internacionales, así como a la hora de facilitar el acceso al país de organizaciones y expertos internacionales y regionales de derechos humanos. Sin embargo, este compromiso debe ir acompañado de medidas en el ámbito nacional para proteger y promover los derechos humanos y hacer que los responsables de violarlos rindan cuenta de sus actos.

Es vital que se adopten medidas efectivas y duraderas para abordar los actuales patrones de desapariciones, tortura y detenciones arbitrarias, así como los ataques habituales contra defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, migrantes y mujeres, con independencia de si los perpetradores son o no funcionarios del Estado. Poner fin al ciclo constante de la impunidad que fomenta estos abusos es vital para que haya avances reales.

Una medida crucial es la determinación de su gobierno de garantizar que las fuerzas de seguridad y otros funcionarios públicos implicados en violaciones graves de derechos humanos, como desapariciones forzadas y torturas, comparezcan sin demora ante la justicia y que las víctimas reciban una reparación. Como sabrá, estos resultados son la excepción y no la norma.

Amnistía Internacional ha documentado en reiteradas ocasiones que en México la impunidad está arraigada debido a la ausencia de respuesta del gobierno a las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Existe el persistente patrón de ignorar las quejas de las víctimas o rechazarlas por carecer de fundamento, en lugar de asegurar investigaciones exhaustivas e imparciales para prevenir y castigar los abusos. Si su gobierno se compromete en serio con los derechos humanos, deberá cambiar radicalmente su respuesta a las denuncias de presuntas víctimas de abusos y violaciones. Las autoridades deben dar cuenta públicamente de todas las medidas adoptadas para investigar estos abusos en relación con los estándares establecidos en las normas y mecanismos internacionales y nacionales de derechos humanos.

Respuesta de México al Examen Periódico Universal

La comparecencia de México el 20 de marzo de 2014 ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para responder a las 176 recomendaciones formuladas por los miembros del Consejo como parte del Examen Periódico Universal, ofreció una expresión relativamente alentadora del compromiso del gobierno con la adopción de medidas para abordar la grave situación de los derechos humanos.

La aceptación de todas las recomendaciones –salvo ocho– es positiva, aunque recordamos que en 2009, como resultado del anterior examen de México a cargo del Consejo de Derechos Humanos, el gobierno anterior también accedió a ejecutar la mayoría de las medidas. Sin embargo, lo que sucedió después fue un pronunciado deterioro de la situación de los derechos humanos porque el gobierno no asumió seriamente su responsabilidad y no llevó a cabo las medidas de forma efectiva. Por esta razón, es vital que su gobierno ponga en marcha sin dilación el programa concreto e integral de medidas que realizará para cumplir las 168 recomendaciones que ha aceptado.

La respuesta del gobierno mexicano al Consejo de Derechos Humanos contenía también algunas señales preocupantes. Esto incluye su persistente negativa a eliminar el arraigo en todos los niveles. Conocemos la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de limitar su aplicación a los delitos relacionados con la delincuencia organizada en la jurisdicción federal, y la reducción, según informes, del número de personas sometidas a órdenes de arraigo el año pasado. Sin embargo, como han observado sistemáticamente los mecanismos internacionales de derechos humanos, el arraigo viola el derecho a la libertad, a la presunción de inocencia y a un juicio justo, y hace que el detenido sea vulnerable a la tortura y otros malos tratos. Es hora de que su gobierno reconozca que el arraigo no sólo es causa de violaciones graves a los derechos humanos, sino también un obstáculo para el desarrollo de investigaciones penales que no dependan de estas violaciones. Le instamos a que reconsidere la negativa a cumplir la recomendación del Consejo de Derechos Humanos y de los mecanismos internacionales de derechos humanos que han pedido su eliminación.

Amnistía Internacional expresa su satisfacción por la largamente esperada reforma del Código de Justicia Militar, la cual fue aprobada por el Congreso de la Unión el 24 de abril de 2014, para garantizar que las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas sean investigadas, encausadas y juzgadas por el sistema de justicia ordinaria. Sin embargo, la reforma no cumple todos los requisitos de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues el personal militar que sea a su vez víctima de violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas seguirá estando bajo la jurisdicción de la justicia militar y, por tanto, se le seguirá negando un recurso legal efectivo y la igualdad en la protección de la ley. No obstante, Amnistía Internacional cree que la reforma es un avance importante para las víctimas civiles de violaciones de derechos humanos, aunque las reformas subsiguientes del Código de Justicia Militar deberán corregir los defectos actuales.

Mientras tanto, es vital que su gobierno adopte medidas decisivas para asegurar que el sistema de justicia ordinaria investiga de forma exhaustiva, sin dilación e imparcialmente todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas, a fin de que los responsables comparezcan ante la justicia y las víctimas reciban una reparación con arreglo a las normas internacionales. Éste es, quizá, uno de los mayores desafíos que afronta su gobierno, y sólo se superará si pone usted su credibilidad personal tras las investigaciones sobre presuntos abusos. La reforma en sí no basta para acabar con la impunidad y vencer la reticencia a hacer que el personal militar rinda cuentas por violaciones de derechos humanos.

Mecanismos para la protección de los defensores de derechos humanos y periodistas

Como subrayé durante nuestra reunión de febrero de 2014, Amnistía Internacional sigue preocupada por los continuos ataques, amenazas, actos de intimidación, secuestros y homicidios que sufren los defensores y defensoras de derechos humanos y los periodistas como represalia por su labor, legítima y vital. Nos satisface el establecimiento del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en junio de 2012; sin embargo, hasta la fecha, muchos defensores y periodistas en situación de riesgo que han pedido protección no han recibido una respuesta puntual o efectiva, lo que crea frustración, inseguridad y desencanto. En febrero de 2014, la Secretaría de Gobernación reconoció que había recibido 152 peticiones de protección, de las que 22 no fueron aceptadas. No obstante, sólo 41 de los 130 casos aceptados recibieron protección, mientras que los 89 casos restantes estaban en espera de una respuesta. Pese a que el gobierno afirma que el Mecanismo funciona con eficacia, hay incidentes recientes que indican la existencia de graves problemas subyacentes. Entre ellos figura la dimisión del director de la Unidad de Derechos Humanos y la repentina salida de al menos otros cuatro miembros clave del personal, que han dejado al organismo sin personal con formación para cubrir las necesidades de seguridad de los defensores de derechos humanos y periodistas amenazados. A Amnistía Internacional le preocupa que la nueva dirección del Mecanismo carezca de la experiencia y del compromiso político necesarios para garantizar su efectivo y estratégico funcionamiento.

Hemos tenido conocimiento de las preocupaciones expresadas públicamente por los miembros de la sociedad civil de la Junta de Gobierno del Mecanismo, que ponen de manifiesto la profunda crisis de credibilidad del organismo y la ausencia de una labor de gestión adecuada, planes de trabajo y apoyo político que permitan que el Mecanismo cumpla su misión. Amnistía Internacional comprende la decisión de los representantes de la sociedad civil de retirarse temporalmente de la Junta de Gobierno. Instamos a su gobierno a que dé respuesta a sus demandas y garantice una dirección efectiva del Mecanismo, a fin de elaborar con rapidez un plan de acción destinado a abordar los numerosos problemas que tiene este organismo. Es vital que el secretario de Gobernación aproveche esta oportunidad para restaurar la credibilidad del Mecanismo ante los defensores de derechos humanos y periodistas e implantar medidas para prevenir los ataques y hacer que los responsables rindan cuentas de sus actos.

La crisis del Mecanismo de protección pone de manifiesto la vacuidad de algunas de las respuestas que dio al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el gobierno mexicano, que sugirió que las medidas legislativas y administrativas en marcha ya equivalían a cumplir muchas de las recomendaciones. Este enfoque ignora a las víctimas de las violaciones de derechos humanos, como los defensores y defensoras de derechos humanos amenazados o los familiares de desaparecidos y las víctimas de la tortura, cuyas experiencias cotidianas confirman la ineficacia de muchas de las medidas presentadas ante el Consejo de Derechos Humanos.

Para que su gobierno logre cambios reales y duraderos en la situación de los derechos humanos, y rompa por fin el ciclo de la impunidad, debe garantizar que las medidas que adopta demuestren determinación y se evalúen en función de su impacto en las víctimas y los titulares de derechos. Por este motivo es vital que el gobierno mexicano trabaje con la sociedad civil para identificar, adoptar y evaluar las medidas destinadas a abordar la crítica situación de los derechos humanos.

Tal como se expresa en el Memorándum que le entregué durante nuestra reunión, Amnistía Internacional insta a su gobierno a que muestre avances reales adoptando medidas concretas e inmediatas en varias cuestiones clave:

-Emitir una declaración presidencial en el sentido de que cualquier funcionario federal que no reporte o no investigue información relativa a presuntas desapariciones forzadas, homicidios extrajudiciales, torturas u otros malos tratos y otras violaciones a los derechos humanos será enjuiciado con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos.

-Garantizar la ejecución total del Código de Justicia Militar reformado a fin de asegurar que todo el personal militar implicado en violaciones de derechos humanos contra civiles, cometidas en el pasado o actuales, sea investigado, encausado y juzgado por el sistema de justicia ordinaria.

-Revisar los procedimientos para responder a las quejas y denuncias de torturas y otros malos tratos e investigarlas de plena conformidad con el Protocolo de Estambul, lo que incluye la reforma de los procedimientos especiales aplicados por la Procuraduría General de la República, así como los protocolos médicos para el examen inicial de todos los detenidos, y garantizar que las presuntas víctimas tengan acceso inmediato a expertos médicos independientes.

-Adquirir un compromiso político y económico claro con la plena realización de las recomendaciones preliminares del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura y establecer un mecanismo de vigilancia independiente con la sociedad civil para evaluar su cumplimiento.

-Abolir el arraigo y crear una base de datos nacional accesible donde se registren todas las detenciones.

-Hacer pública la base de datos revisada de 26 mil personas no localizadas o desaparecidas, y establecer mecanismos nacionales de búsqueda rápida, el acceso rápido a las llamadas de teléfonos móviles y otros datos personales de las personas en paradero desconocido; crear unidades de investigación especializadas, protocolos para la exhumación de presuntos restos humanos y una base de datos nacional creíble de personas en paradero desconocido.

-Garantizar una investigación exhaustiva y proactiva de todas las personas cuya desaparición se haya denunciado, y asegurar que se exploren todas las pistas, incluso las que sugieran los familiares y las que pudieran implicar a funcionarios públicos, a fin de conocer la verdad y conseguir justicia y reparación. Garantizar unos protocolos vinculantes para facilitar a las familias información detallada y actualizada sobre las investigaciones. Reformar la legislación nacional sobre desapariciones forzadas con arreglo a las normas internacionales.

-Responder a las demandas de los representantes de la sociedad civil en la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y concretamente garantizar que este organismo cuente con suficiente personal adiestrado, que los planes de trabajo y recursos sean suficientes para cubrir las necesidades de protección, y que la dirección del Mecanismo goce de la confianza de defensores y periodistas. Garantizar que otras agencias federales, así como los gobiernos estatales y municipales cumplan todas las medidas de protección, y que los funcionarios que no lo hagan respondan de sus actos. Establecer unidades dedicadas de policías y fiscales que trabajen con arreglo a protocolos concretos acordados para investigar ataques y amenazas contra defensores de derechos humanos y periodistas.

-Demostrar que se producen avances sustanciales en la prevención y el castigo de todos los abusos cometidos contra migrantes en situación irregular en tránsito, con independencia de si los autores son funcionarios públicos o bandas delictivas.

Vimos con interés la publicación, sin anuncio, del Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) como parte del Plan Nacional de Desarrollo en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 30 de abril de 2014. El PNDH provee un diagnóstico valioso de la crítica situación de derechos humanos, pero parece limitarse a ser sólo una guía para la administración pública federal en lugar de un plan de acción dinámico sobre derechos humanos con el objetivo de atender a detalle muchos de los asuntos clave identificados. El PNDH debe traducirse en un plan de acción coherente y amplio, y esto sólo podrá lograrse con el involucramiento de la sociedad civil, un apoyo político de alto nivel, el compromiso y acuerdo de todos los poderes del Estado en sus tres niveles y los necesarios recursos financieros para su efectiva realización.

Es vital que las recomendaciones hechas por el Consejo de Derechos Humanos sean incorporadas en el PNDH y puestas en práctica. Esperamos también que las acciones específicas propuestas en esta carta sean ejecutadas a la brevedad posible como parte de este Programa y su respectivo plan de acción. Amnistía Internacional seguirá de cerca el progreso que logre su gobierno en cuanto a la ejecución de éstas y otras medidas identificadas en nuestro Memorándum con el objetivo de evaluar los avances en la protección de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad.

Amnistía Internacional agradece la oportunidad de continuar el diálogo con su gobierno. Desde nuestra reunión en febrero, hemos notado que su gobierno ha sido reacio a asumir claros compromisos públicos sobre derechos humanos. Esperamos que con el desarrollo del PNDH usted adopte una posición enérgica en apoyo a una agenda integral de derechos humanos.

Quedamos a la espera de su respuesta a esta carta, que haremos pública en un espíritu de transparencia y apertura de diálogo.

Agradeciendo su atención, saludo a usted.

Atentamente, desde Londres, Inglaterra, 9 de mayo de 2014,

Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional