Denuncian amenazas contra defensores de personas migrantes en Puebla
El pasado 11 de julio, el defensor de derechos de personas migrantes Venancio León Cruz, integrante del albergue La Asunción, ubicado en Puebla, fue amenazado por tres hombres a dos calles del albergue. Un hombre lo empujó y dos más lo aventaron a la pared y le dijeron: “No somos rateros, sólo queremos tus papeles”; lo jalonearon y abrieron la mochila de donde le sacaron su libreta con apuntes del módulo sobre seguridad y un fólder con papelería de la Universidad Iberoamericana de Puebla (Universidad donde estudia el diplomado en migración irregular, seguridad y estrategias de comunicación) y le dijeron: “Llévale un mensaje al padrecito, que ya no queremos más alborotos. Y tú ya no le hagas a la mamada yendo a la escuelita, ya no queremos que vayas. Ándale a chingar a tu madre y súbete a tu camión”. Venancio presenta lesiones en el cuello y teme por su integridad física.
Éste no es el primer incidente de seguridad que sufren los integrantes del albergue en lo que va del año. Venancio y el sacerdote Gustavo Rodríguez Zárate, coordinador del albergue, han recibido cinco amenazas por supuestos migrantes. En 2013 también fueron amenazados de ser golpeados, un seudomigrante destrozó un área del albergue y sufrieron un robo de computadoras y cámaras de seguridad.
El albergue La Asunción y sus integrantes reciben a las y los migrantes centroamericanos que pasan por México para llegar a Estados Unidos, les brindan techo, alimento y asistencia. Esta labor resulta imprescindible en el actual contexto de violencia. Y las amenazas ponen en riesgo la seguridad de las personas migrantes.
Ante estos acontecimientos exigimos que se investiguen las agresiones a Venancio León Cruz, al padre Gustavo Rodríguez Zárate y los demás integrantes del albergue; que se castigue a los responsables y se les brinde protección para garantizar la seguridad del equipo del sacerdote Gustavo.
Atentamente:
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (conformada por 74 organizaciones en 22 estados de la República Mexicana)
Se solidarizan con defensores de migrantes
A los medios de comunicación, a los medios alternativos de comunicación, a los organismos defensores de derechos humanos, a las personalidades democráticas y progresistas, al pueblo de México:
La Red de Defensa de los Derechos Humanos (Reddh), organización integrante de la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (Renddh), condena la agresión cometida en contra del defensor de derechos de migrantes Venancio León Cruz, integrante del albergue La Asunción que dirige el sacerdote Gustavo Rodríguez Zárate.
Vía medios electrónicos nos hemos enterado de que el pasado 11 de julio del presente año, el defensor de derechos de migrantes, Venancio León Cruz, integrante del albergue La Asunción, de esta localidad de Puebla, fue amenazado por tres hombres. Le dijeron:
“Llévale un mensaje al padrecito [Gustavo Rodríguez Zárate], que ya no queremos más alborotos. Y tú ya no le hagas a la mamada yendo a la escuelita, ya no queremos que vayas. Ándale a chingar a tu madre y súbete a tu camión.”
La “escuelita” es en alusión a sus actividades de formación académica, ya que Venancio León Cruz se encuentra actualmente estudiando el diplomado en migración irregular, seguridad y estrategias de comunicación, en la Universidad Iberoamericana de Puebla.
Para la Reddh este tipo de actos intimidatorios reiteran la sistemática vigilancia y, por lo tanto, el grado de vulnerabilidad en la que se encuentran luchadores sociales, defensores de derechos humanos y movimientos populares en el estado de Puebla. Además de que las agresiones de las cuales fue objeto el defensor de los derechos de los migrantes, Venancio León Cruz, son características de agentes gubernamentales que, vestidos de civil, pretenden eximir al Estado mexicano de su responsabilidad.
Las recientes declaraciones del secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en referencia a las disposiciones restrictivas a las personas migrantes en la frontera Sur, son medidas que distan de resolver el problema migratorio. Toda iniciativa gubernamental alejada de una alternativa mesoamericana que en la práctica no cumpla con garantizar los derechos humanos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos está condenada a perpetrar la migración forzada, ya sea por motivos económicos o de violencia.
Es importante destacar que la migración forzada es un condicionante económico que beneficia a la delincuencia organizada nacional o trasnacional, y a funcionarios corruptos aliados con ella, situación que persiste por omisión, comisión o aquiescencia de los propios gobiernos de los diferentes países, incluido México.
Por lo anteriormente expuesto, la Red de Defensa de los Derechos Humanos hace responsable al gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, al secretario de gobernación, Luis Maldonado Venegas, y al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, de la integridad física y sicológica del defensor de derechos de migrantes Venancio León Cruz; del sacerdote Gustavo Rodríguez Zárate; de quienes integran el albergue La Asunción, así como de las personas y organizaciones solidarias con dicho albergue.
Exigimos que se le otorguen medidas cautelares al defensor de derechos de migrantes, Venancio León Cruz, al sacerdote Gustavo Rodríguez Zárate e integrantes del albergue la asunción.
Asimismo solicitamos llevar a cabo una investigación con respecto de los hechos mencionados a efecto de que sean investigados y sancionados los actores materiales e intelectuales de la agresión, así como también se informe públicamente de los avances del proceso.
Atentamente:
Dignidad, Justicia, Libertad
Red de Defensa de los Derechos Humanos
Gobiernos federal y estatal no cumplen con medidas cautelares otorgadas por la CIDH
A 4 años de la desaparición forzada de 10 personas de la Sociedad Cooperativa Ecoturística de Zapotengo, Pochutla, Oaxaca, y 3 años con 8 meses de contar con medidas cautelares (MC-262-11) otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no hay avances en la localización de Nemorio Vizarreta Vinalay, Fidel Espino Ruiz, Gregorio Hernández Rodríguez, Andrés Vizarreta Salinas, Luis Vizarreta Salinas, Juan Carlos Vizarreta Salinas, Benito Salinas Robles, Juan Antonio Feria Hernández, Isauro Rojas Rojas y Adelino Espino Carmona.
A pesar de contar con medida cautelar, el gobierno mexicano muestra desinterés, falta de capacidad y negligencia en a atención y respuesta a un organismo internacional de derechos humanos. No existe coordinación entre las procuradurías de los estados de Tamaulipas, Morelos y Oaxaca para dar con el paradero de los 10 desaparecidos.
Los familiares son los que han realizado con sus propios recursos las investigaciones, y han aportado datos relevantes para su búsqueda y localización, pero sin tener resultados a la fecha.
La situación actual de los familiares es de desesperanza, desgaste y una crítica situación económica, pues las esposas, madres y hermanas han tenido que asumir la responsabilidad como jefas de familia en los 10 hogares. El gobierno del estado de Oaxaca ofreció al grupo de mujeres un apoyo a través del Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo (ICAPET) para iniciar un negocio, pero sin brindar la asesoría, información clara y trasparente, pues no les explicaron que sin iniciar operaciones las dieron de alta en el Servicio de Administración Tributaria y ahora tienen que pagar multas que van desde los 5 mil pesos, haciendo su situación más agobiante y provocando que hijos e hijas de los desaparecidos, por la falta de recursos, tengan que abandonar sus estudios de primaria, secundaria y preparatoria. Por ello han pedido al gobierno del estado la cancelación total del “apoyo” otorgado a través del ICAPET.
Exigimos a las procuradurías de Justicia de los estados de Tamaulipas, Morelos y Oaxaca, a la Procuraduría General de la República y ahora a la Unidad de Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, no abandonar la búsqueda de las 10 personas de Zapotengo; que se continúe con la investigación exhaustiva, responsable y profesional en todas las procuradurías de los estados de la República Mexicana y que ayuden a encontrar a los 10 desaparecidos.
Pedimos que a las víctimas de desaparición forzada no sean criminalizadas por parte de las autoridades y acusadas de pertenecer a la delincuencia organizada, ya que con ello sólo pretenden justifican la falta de investigaciones y que la impunidad se fortalezca, porque según información oficial, las cifras de desaparecidos van en aumento, pues informan que desde 2006 han desaparecido más de 27 mil personas en México.
Existe una responsabilidad del Estado mexicano con organismos internacionales como la CIDH, y con base en la reforma al Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Estado debe cumplir con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que en su artículo 2 dice: “Se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.
Ante esta situación hacemos un llamado a las autoridades federales y estatales a responder de manera eficaz y efectiva con la medida cautelar otorgada por la CIDH.
Atentamente:
Familiares de los 10 desaparecidos de Zapotengo; Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco, AC; Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, AC.
Alejandro Bautista, preso de conciencia, consideran
Son ya más de 9 meses del injusto e ilegal encarcelamiento de José Alejandro Bautista Peña, detenido arbitrariamente el 2 de octubre de 2013 en la Ciudad de México y sometido a un proceso jurídico lleno de irregularidades, contradicciones y omisiones.
Durante la manifestación del 45 aniversario de la masacre en Tlatelolco de 1968, primero fue obligado a borrar su material fotográfico; segundo, fue víctima de una detención arbitraria e ilegal; y tercero, fue también víctima de golpes y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de la policía del Distrito Federal.
Actualmente se encuentra injustamente preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, acusado de delitos que no cometió (ataques a la paz pública en pandilla y ultrajes a la autoridad), tal y como lo prueban las fotografías, videos y testimonios presentados por su defensa y que son de dominio público.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Distrito Federal es quien, en estos momentos, puede resolver a favor el amparo interpuesto por la defensa jurídica de Alejandro Bautista en contra de la sentencia de 5 años y 9 meses y decretar su absoluta e incondicional libertad.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Distrito Federal tiene, en el amparo interpuesto por la defensa de Alejandro Bautista, todos los elementos jurídicos y de derechos humanos para revertir la injusticia y sentar otro precedente en cuanto al respeto a los derechos humanos de los manifestantes, como lo fue el amparo que otorgó la absoluta libertad de Ilia Adad Infante Trejo, detenido también arbitrariamente el 2 de octubre de 2013.
El injusto encarcelamiento de José Alejandro Bautista Peña y la sentencia de 5 años 9 meses que se le impuso, y que actualmente está obligado a cumplir dentro de la prisión, es un lamentable ejemplo del proceso de criminalización del derecho humano a la protesta y es resultado de la limitación al ejercicio de los derechos humanos de libertad de expresión, reunión, asociación y manifestación por parte del gobierno de la Ciudad de México.
José Alejandro Bautista Peña tiene 42 años, es promotor cultural, miembro de la Asociación Civil Xicalote, activista comunitario en el Sur de la Ciudad de México, comediante, actor y defensor de la lucha del pueblo de San Andrés Totoltepec. Se encuentra preso por ejercer su derecho a la libertad de manifestación y expresión, por ello es un preso de conciencia.
Por último, hacemos un atento llamado a las organizaciones de derechos humanos, sociales y personas solidarias a pronunciarse por la libertad de José Alejandro Bautista Peña y a sumarse a las actividades que se estarán realizando por su libertad.
Atentamente:
Comité Cerezo México
Pobladores de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, exigen agua potable
Este Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa recibió el pasado 14 de julio por la noche información y documentación de pobladores de Pueblo Nuevo Solistahuacán y de la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) filial Jitotol, en donde informan que pobladores de comunidades y de la cabecera municipal de Pueblo Nuevo iniciaron un bloqueo indefinido en la carretera federal Escopetazo-Pichucalco a la altura del puente de la entrada de la cabecera de Pueblo Nuevo, que se mantiene hasta este momento, para exigir respeto al Comité Gestor del Agua del Proyecto de Arroyo, que se agilice el proyecto de agua potable y para denunciar que, por la omisión gubernamental, Pueblo Nuevo Solistahuacán se encuentra sin agua potable.
Pobladores de Pueblo Nuevo señalan que dicho Comité ha realizado desde hace más de 1 año la gestión de la obra de agua potable Arroyo Blanco de Pueblo Nuevo ante instancias del gobierno del estado de Chiapas, y manifiestan en un documento dirigido al gobernador del estado (el 1 de julio) que hasta ese momento no han recibido ninguna respuesta e información oficial al respecto; y denuncian que recientemente el presidente municipal de Pueblo Nuevo, Enoc Díaz Pérez, quiere promover la obra como si fuera una gestión suya, contando con la complicidad de Omar Molina Zenteno, subsecretario de gobierno de la Región VII de los Bosques, con sede en Bochil, y José Juan Maldonado Camacho, delegado de gobierno en Pueblo Nuevo. Esta situación es la que ha generado una gran inconformidad por parte de los pobladores y ha provocado que hasta este momento el gobierno estatal y municipal violen el derecho al agua de miles de personas en el municipio de Pueblo Nuevo.
Pobladores, defensores de derechos humanos y miembros del Comité Gestor del Agua de Pueblo Nuevo denuncian que han recibido agresiones y amenazas de muerte por parte del presidente municipal, Enoc Díaz Pérez, quien se ampara en la impunidad y protección que le brindan funcionarios del gobierno de Chiapas, por lo que lo hacen directamente responsable de su vida e integridad física y sicológica.
Manifiestan en un documento de fecha 1 de julio dirigida al secretario de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, “…que hemos agotado por enésima vez los tiempos de espera, y de nuevo ante el incumplimiento por parte de las Instancias de Gobierno de solucionar el problema del Agua Potable a la cabecera municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán Chiapas, como se prueba a través de todos los documentos que hemos enviado y tiene en su poder el gobierno del estado, también es de recordarle, señor secretario de Gobierno, que ustedes tenían información de que el convenio de agua con la comunidad Laurel se terminaba el 20 de junio de 2014, cosa que ya sucedió. Pueblo Nuevo está sin agua. Ante tal motivo nos vemos en la necesidad de manifestar nuestra inconformidad haciendo uso de nuestro legítimo derecho, y hacemos responsable a la Secretaría General de Gobierno de todo lo que resultare por la toma de manera pacífica de la carretera en la vía federal y también de manera indefinida por los habitantes de la cabecera municipal” (sic).
Ante esta situación, este Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa expresa su preocupación por el aumento de la conflictividad social y de las violaciones de derechos humanos en Chiapas durante el actual gobierno que encabeza el señor Manuel Velasco Coello. Exhortamos al gobernador a que de manera inmediata atienda la problemática de Pueblo Nuevo Solistahuacán, privilegiando el diálogo y la negociación política. No es posible que por omisiones gubernamentales y por proteger cacicazgos locales se deje sin agua potable a todo un pueblo.
Por la defensa de los derechos humanos de nuestro Pueblo,
Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa
Indignado por siembra de transgénicos en México
Es muy interesante el reportaje “Cofepris aprueba el consumo humano de maíz tóxico”. Esto es lo que tenemos que agradecer a Felipe Calderón: exponer la salud de todos los mexicanos ante empresas que se encargan de envenenar a los pueblos del mundo. No entiendo por qué no pararon a este señor Calderón de hacer todo lo malo para los mexicanos. ¿Qué acaso los militares no tienen hijos, madres, hermanas que se alimentarán de esto que autorizó Calderón? Yo pienso que si no hay ningún grupo de mexicanos que pueda parar esas arbitrariedades, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República deberían hacerlo, porque esto es un crimen con premeditación y alevosía. ¡Es un crimen! Al poco tiempo, habrá muchas personas con cáncer, tumores, enfermedades hepáticas… Y todo por culpa de personas corruptas y sin escrúpulos, ya que su único fin es el de llenarse de dinero los bolsillos. Esto merece un juicio contra Felipe Calderón, contra la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), contra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y todas las dependencias inmiscuidas en este crimen contra el pueblo de México, por autorizar a compañías estadunidenses sin escrúpulos que nos venden semillas modificadas y carnes modificadas con hormonas de crecimiento. Corrupción sin límite y sin castigo.
Francisco Hernández Martínez
Maltrato animal, también en hogares
Felicidades por la investigación “La prisión de Chapultepec”. Espero que las autoridades hagan algo. No sólo debemos poner atención en los animales en cautiverio. También las mascotas sufren maltrato y eso lo tenemos en cualquier lugar. Aquí donde radico existen personas que no respetan a sus mascotas (perros, gatos), que los tienen en las azoteas, patios, bodegas, amarrados sin atención y que condicionan contaminación por ruido con sus aullidos, lamentos, ladridos a todas horas diariamente, provocando molestias a los vecinos sin que les importe, sino todo lo contrario, se molestan si se les pide por favor que atiendan a sus mascotas. Y las autoridades bien, gracias, lo saben y no hacen nada. Esto es una falta de respeto al silencio de los demás y a la privacidad y descanso de niños, adultos, adultos mayores, enfermos, y en general a la gente que tiene el derecho de vivir en paz y llegar a su domicilio después de 1 día de trabajo a descansar. Esto sucede en todos lados. En mi caso, lo vivo en la ciudad capital de Tlaxcala, y cuando voy a ver a mis padres en la ciudad de Puebla. Hasta donde sea posible realicen una investigación y que las autoridades se pongan a trabajar, que para eso fueron elegidas y aceptaron la responsabilidad. Gracias.
Ricardo Ruiz Andrade
Contralínea 395 / 20 de Julio al 26 de Julio
