Defensor de derechos humanos, criminalizado por ser migrante
Ángel Amílcar Colón Quevedo fue detenido el 9 de marzo de 2009 en la ciudad de Tijuana, en la frontera Norte de México. Había salido de Honduras 2 meses antes para llegar a Estados Unidos y encontrar un trabajo con el cual poder pagar el tratamiento médico de su hijo, gravemente enfermo. Unos agentes de la policía mexicana hicieron una redada en la casa en la que un coyote (persona que se dedica a hacer cruzar ilegalmente a personas la frontera) local había obligado a Ángel Colón a quedarse antes de llevarlo al otro lado de la frontera.
En el momento de su detención, Ángel Colón fue golpeado por agentes de la Policía Estatal Preventiva de Baja California, que lo obligaron a caminar sobre las rodillas. Más tarde dijo a su abogado y al juez que, durante las 16 horas siguientes, había sido sometido a tortura y otros malos tratos por agentes de la policía estatal y federal y por miembros del Ejército. Durante ese tiempo lo amenazaron, lo semiasfixiaron y lo humillaron, entre otras cosas llamándole una y otra vez “pinche negro”.
“Me pusieron a limpiar los zapatos de otros detenidos con mi saliva, dar mi vestimenta a otros, realizar posturas militares que no sabía cómo hacerlas, me insultaban; la cosa es que me convirtieron en el payaso que divierte a su público.”
A Ángel Colón lo obligaron a firmar una declaración ante el ministerio público federal y esa declaración se utilizó para acusarlo de delitos de delincuencia común organizada, pese a que, cuando compareció ante un juez, se retractó de esa declaración y denunció la tortura y otros malos tratos sufridos. Su declaración inicial se ha utilizado como prueba para procesarlo y para recluirlo en espera de juicio en una prisión federal en Tepic, Nayarit.
La Procuraduría General de la República (PGR) no ha investigado su denuncia de tortura. A principios de 2014, Ángel Colón fue examinado por expertos internacionales independientes en medicina forense que concluyeron que los indicios médicos de tortura coincidían con su denuncia. Esta prueba se ha presentado a los tribunales, pero la PGR se ha negado a retirar los cargos. En las próximas semanas, la PGR tendrá otra oportunidad de revisar el caso. Amnistía Internacional considera a Ángel Colón preso de conciencia, ya que fue sometido a tortura y otros malos tratos a causa de su origen afrodescendiente garífuna.
La tortura es una práctica generalizada en México. Policías y militares suelen utilizarla en el contexto de operaciones de seguridad pública para obtener “confesiones” o “información” de presuntos delincuentes o de personas que simplemente se encontraban en el lugar equivocado en el momento equivocado. En una encuesta encargada recientemente por Amnistía Internacional, el 64 por ciento de las personas encuestadas declararon tener miedo de sufrir tortura en caso de ser puestas bajo custodia. Las cifras presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos indican que los casos se han multiplicado por seis en el último decenio, con una leve disminución en los últimos meses.
Otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, altos cargos, miembros del ministerio público, jueces y algunas comisiones de derechos humanos suelen justificar o tolerar la tortura y los malos tratos o hacer caso omiso de ellos. El resultado es una impunidad casi total para quienes cometen abusos y un riesgo constante para todos los demás. Se sabe que los miembros del ministerio público y los jueces utilizan pruebas obtenidas mediante tortura para procesar y condenar a personas que han sido torturadas.
Cualquiera puede ser víctima de tortura, pero quienes más riesgo corren son los hombres, mujeres y jóvenes que pertenecen a sectores marginados de la sociedad, como por ejemplo quienes viven en barrios pobres o quienes migran desde América Central, sin visado y atravesando las zonas más peligrosas, de camino a Estados Unidos. Apenas se tiene noticia de que se realicen exámenes médico forenses a las presuntas víctimas de tortura, de acuerdo con lo establecido en las normas internacionales. En 2013, la PGR llevó a cabo 181 exámenes. Amnistía Internacional pudo revisar algunos de ellos y concluyó que la gran mayoría incumplían las directrices clave de la ONU.
La mayor parte de las víctimas, como Ángel Colón, no son examinadas en ningún momento por expertos forenses. Las víctimas que pueden acceder a expertos forenses independientes no tienen certeza alguna de si los jueces y agentes del ministerio público tendrán en cuenta los resultados. En mayo de 2014, Amnistía Internacional lanzó la campaña Stop Tortura, una campaña global contra la tortura y los malos tratos. México es uno de los países en los que se centra (para más información, véase http://www.amnesty.org/es/stoptorture).
Decenas de miles de migrantes centroamericanos emprenden cada año el peligroso viaje a través de México para llegar a Estados Unidos. Huyen de la violencia y de la extremada penuria económica y social. Durante su viaje se enfrentan a secuestros, asesinatos, violación y palizas a manos de bandas criminales que, a menudo, actúan en connivencia con la policía. Muchos miles son detenidos por la policía y las autoridades de migración, y son deportados. La policía y el Ejército a menudo consideran a los migrantes irregulares como delincuentes en potencia, lo cual pone a éstos en peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos tales como detención arbitraria y tortura, como en el caso de Ángel Colón.
La comunidad afrodescendiente garífuna de Honduras es una de las más excluidas y marginadas socialmente del país. Sus miembros suelen sufrir discriminación múltiple y están especialmente expuestos a sufrir violaciones de derechos humanos cuando migran, tanto dentro como fuera de su país de origen.
Amnistía Internacional
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (conformada por 74 organizaciones en 22 estados de la República Mexicana)
Acoso e intimidación contra vendedores ambulantes en Tonalá, Chiapas
El Centro de Derechos Humanos ha documentado que funcionarios del Ayuntamiento municipal de Tonalá, Chiapas, en diversas ocasiones han amenazado y hostigado a vendedores ambulantes y a tricicleros ubicados en el Mercado Publico Manuel Larrainzar.
El 22 de julio pasado, alrededor de las 10:00 horas, se presentó el señor Juan Carlos Crocker Gutiérrez, coordinador de Transporte y Vialidad del Ayuntamiento, en los puestos de cada vendedor para decirles que iban a ser desalojados por órdenes del presidente municipal.
Posteriormente, el 23 de julio, alrededor de las 10:00 horas, promotores de derechos humanos integrantes del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, con la finalidad de documentar posibles violaciones a los derechos humanos, se presentaron en los diversos espacios que ocupan los vendedores ambulantes, así como también los tricicleros. Se percataron que se presentó el señor Juan Carlos para nuevamente reiterarles que tenían que desocupar los espacios al día siguiente; por lo cual las y los promotores de derechos humanos intervinieron para hacer del conocimiento de dicho funcionario que existen acuerdos firmados con sus superiores, además solicitaban el respeto para las personas que día con día salen a la calle a vender sus productos.
El coordinador de Transporte y Vialidad los canalizó con el Jurídico del Ayuntamiento, el licenciado Cristóbal Pérez Ramos, para que tuvieran una reunión. Entonces los vendedores, tricicleros y promotores de derechos humanos se presentaron en las oficinas de dicho funcionario. Al momento de recibir a la comisión, éste manifestó que no tenía conocimiento alguno de dicha desocupación en contra de los vendedores, y les pidió a los vendedores que se tomaran unas vacaciones y que se regresaran “a su pueblo”, manifestando a su vez que las diversas minutas firmadas con el Ayuntamiento Municipal no tienen validez y no les sirven para nada.
Alrededor de las 12:00 horas, nuevamente el señor Juan Carlos Crocker se presentó en los espacios que ocupan los tricicleros del grupo denominado ecológicos para notificarles que serían desalojados con la fuerza pública, ya que no habían acatado las órdenes de la presidencia municipal.
Por lo que este Centro de Derechos Humanos exige al gobierno municipal:
Se ponga fin a todo acto de amenazas y hostigamiento en contra de los vendedores ambulantes y tricicleros del Mercado Manuel Larrainzar por parte de funcionarios municipales.
• Se garantice en todo momento el ejercicio del derecho al trabajo digno de los vendedores ambulantes y tricicleros consagrado en el Artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Que prevalezca en todo momento la búsqueda de soluciones por medio del dialogo y la búsqueda de consensos por parte de las autoridades municipales.
• Que se respeten los diversos acuerdos firmados en minutas de trabajo en la que han intervenido las autoridades municipales y estatales.
Mario López Gómez, Agustín Jiménez, Reynaldo Gómez, Manuel López, Gerónimo López, Domingo Hernández, Fernando Vázquez… son vendedores ambulantes integrantes del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y han reivindicado ante las autoridades municipales la exigencia del respeto a su espacio para vender y ejercer su derecho al trabajo.
La mayoría de los vendedores son indígenas tzotziles, originarios del municipio de San Juan Chamula y tienen alrededor de 12 años desempeñándose como vendedores ambulantes en la ciudad de Tonalá.
La Unión de Sindicatos de Tricicleros de carga denominados ecológicos son integrantes del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, conformada por 25 socios, quienes ocupan un espacio a las afueras del mercado Manuel Larrainzar, ubicado en la calle Independencia y Avenida Juárez, que realizan la labor de cargar y descargar los productos de las personas que venden en los diversos locales del mercado.
Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, AC
Desde Chiapas, por la paz y la autonomía
A las organizaciones y pueblos en resistencia de México; a las y los adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona; a las y los defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales; a los medios de comunicación alternativos; a la prensa nacional e internacional; a la sociedad civil nacional e internacional; hermanas y hermanos:
Se ha cumplido un ciclo más del mes. Ha llegado una vez más el día de dar nuestra palabra; porque nunca nos vamos a callar, nunca nos van poder callar; porque es nuestro encargo de decir la verdad y condenar la mentira, la violencia y la guerra.
Compañeros y compañeras, si los paramilitares del mal gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León no hubieran masacrado a 45 hermanas y hermanos nuestros; y si estos paramilitares no hubieran sacado del vientre de sus mamás y asesinado a cuatro bebés que aún no nacían, no estaríamos aquí hoy en este lugar. Sin embargo, la historia es totalmente diferente. Porque el mal gobierno de México en coordinación con los grandes capitalistas neoliberales ha creado planes para saquear las riquezas de nuestra madre tierra, y esos planes criminalizan a los movimientos sociales, encarcela a las mujeres y hombres que critican el sistema podrido en México.
Cuando un pueblo se organiza y rechaza la imposición de un megaproyecto en su territorio, por ejemplo, la construcción de autopistas, aeropuertos, mineras, represas, etcétera, entonces el mal gobierno nos manda reprimir, ya sea a través de sus policías o a través de sus paramilitares como lo hizo en Acteal. O manda a emboscar a luchadores sociales como lo hizo con Juan Vázquez Guzmán y con Juan Carlos Gómez Silvano, ambos del ejido San Sebastián Bachajón y adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona; o como lo hizo con Galeano, de la Realidad. Y la lista de asesinadas y asesinados o desaparecidas y desaparecidos por el mal gobierno mexicano es tan larga… Pero nuestra memoria es tan grande…
Vemos cómo el mal gobierno de México sigue con los abusos, despojo de tierras, destrucción de territorios de pueblos originarios y organizados en muchas partes de México, por ejemplo, en San Salvador Atenco, el mal gobierno divide a los ejidatarios con el objetivo de convertir en mercancía la tierra; o el proyecto carretero Toluca-Naucalpan, que destruiría tierras y bosques del pueblo de San Francisco Xochicuautla. Y en Chiapas ¿cuántos megaproyectos no tiene planeado imponer el mal gobierno de Manuel Velasco, como las mineras, autopistas, represas, etcétera?
A pesar de todo, el camino que nos queda es la lucha, el rechazo de estos megaproyectos. No sólo lo hemos dicho la Organización Las Abejas de Acteal, sino que muchas organizaciones hermanas y compañeras en México han afirmado defender la madre tierra, el territorio a costa de todo.
Es que no hay marcha atrás. Cuando se inicia algún trabajo es porque hay que terminarlo, sea como sea. Porque así nos educaron nuestros abuelos, así es la sabiduría y la palabra de las mujeres y hombres verdaderos.
Es por eso que lo que hacemos.
Pero para el sistema capitalista neoliberal nuestra autonomía es su enemiga. Porque nuestra autonomía cuida y defiende a la madre tierra y el territorio, cuida y defiende la vida, la paz y la justicia. Pero el sistema capitalista neoliberal lo destruye todo, porque es un monstruo, es una máquina genocida que no tiene alma. Pero, como sea, nuestra lucha va a seguir y siempre nuestro método será la no violencia activa.
Muchas y muchos somos las que luchamos para vivir y construir nuestra autonomía, pero nos da tristeza que todavía hay hermanas y hermanos nuestros que le hacen el trabajo sucio al mal gobierno, nos ven como enemigas y enemigos, nos dicen que somos provocadores, se burlan de nosotras y nosotros. Y todo ese pensamiento que tienen es a cambio de migajas, a través de Procampo, Oportunidades y otros programas asistencialistas.
Y ha sucedido también que a los dizque líderes de una comunidad o de una organización, el mal gobierno con tal de crear división en una comunidad u organización en resistencia, les ofrece un dinerito o un puesto público en un municipio oficial, a cambio de pasar información de lo que hacemos las organizaciones, en este caso, Las Abejas de Acteal. Es decir que esas personas trabajan como chalanes y funcionan como orejas o mensajeros del mal gobierno.
Esas personas de las que estamos hablando saben que lo que decimos es cierto, pero no se quieren dar cuenta. Estas personas son pobres como nosotras y nosotros, también sufren de las políticas del mal gobierno, pero no quieren entender y aceptar la realidad. ¿Por qué decimos esto?
Bueno, vamos a tomar de ejemplo el conflicto actual entre los pueblos hermanos de Ch’enalvo’ y Chalchihuitán sobre la disputa de tierras desde hace 40 años. Nuestras hermanas y hermanos de Chalchihuitán saben que dichas tierras que se están peleando entre ambos pueblos le pertenece al pueblo de Ch’enalvo’. Porque antes, lo que se discutía en las asambleas y los respectivos acuerdos que se tomaban se tenían que respetar, aunque no se respaldaban con papeles escritos o documentos. Pero después viene el mal gobierno, a través de la desaparecida Reforma Agraria (RA), a chingar esos modos de asambleas y acuerdos, es decir, la autonomía. Entonces, los ingenieros de la desaparecida RA hacen una nueva medición de la mojonera entre Ch’enalvo’ y Chalchihuitán, pero lo hacen mal, sin tomar en cuenta los límites y acuerdos ancestrales. Pero como esa RA era del gobierno, elaboró un plano y así legalizó esa nueva medición a favor de nuestro pueblo hermano de Chalchihuitan. A grandes rasgos, así fue como la RA pisoteó los acuerdos y la palabra digna de nuestros hermanos y hermanas mayores. Y las consecuencias que se viven ahora entre ambos pueblos son muy tristes.
Al respecto del conflicto agrario, queremos volver a dar a conocer nuestra postura:
1) Como organización pacifista, rechazamos en lo absoluto el camino de la violencia que han tomado ambas partes para pretender resolver dicho conflicto.
2) Nosotras y nosotros creemos en el diálogo, pero, no en el diálogo institucional, es decir, el diálogo con delegados o gente del mal gobierno, porque ese tipo de diálogo es una simulación, es un control, son mentiras y traiciones. Hermanos y hermanas, ¿a poco ya se les olvidó quiénes traicionaron los acuerdos de San Andrés? En otro comunicado dijimos que nuestros problemas entre hermanos y hermanas solamente se pueden resolver sin la intromisión de los malos gobiernos y de cualquier gente de un partido político.
3) Varias familias miembros de nuestra organización también tienen tierras dentro de esas aproximadamente 800 hectáreas en pelea, pero, por el modo de cómo se está tratando de resolver, no están participando, porque la violencia no es nuestro método de lucha.
Ante tal situación, queremos invitar tanto al pueblo de Ch’enalvo’ como a nuestro hermano pueblo de Chalchihuitán a no tomar el camino de las armas. La violencia nos ciega, cierra nuestro corazón, y cuando eso sucede, creemos que ya no hay salida armoniosa, pero cuando usamos nuestra cabeza y corazón, la solución se acerca y nos dice entonces qué hay que hacer y cómo encontrar el camino de la solución.
Y mientras tanto, el mal gobierno mexicano propicia agresiones y diseña estrategias para romper tejidos sociales en los pueblos; nuestras hermanas y hermanos de Palestina son masacrados por el gobierno de Israel. Quizá los hombres y mujeres, niñas y niños, ancianas y ancianos no conozcan Acteal, no sepan de nuestra lucha, pero nos duele desde lo más profundo de nuestro corazón su sufrimiento, su dolor cuando los papás ven a sus hijas e hijos mutilados por las balas y bombas israelíes o las niñas y niños cuyos padres mueren y se quedan huérfanos. No entendemos, ¿cómo un ser humano, un gobierno, tenga tanta maldad que no respeta la vida? ¿A caso no hay leyes internacionales que condenen a este tipo de guerra que asesina inocentes? Sabemos que no basta rezar, pero desde Acteal oramos por la vida y la protección de las niñas y niños, hombres y mujeres, ancianas y ancianos del pueblo palestino. Y le pedimos a mamá y papá Dios que detenga la masacre en Palestina y toque corazones de hombres y mujeres de todo el mundo, para que juntos exijamos al gobierno israelí que ya no siga matando gente inocente.
Atentamente:
La Voz de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas
Por la Mesa Directiva: Antonio Gutiérrez Pérez, Martín Pérez Pérez, Simón Pedro Pérez López
Se ha puesto al Estado mexicano al servicio de los negocios privados
Aprobaron una Ley de Telecomunicaciones que es un reconocimiento de que el Estado mexicano está al servicio de los negocios privados de la comunicación. Televisa y otros monopolios serán más beneficiados con la manipulación de los derechos de los gobernados (incluyendo el de la libre expresión y publicación de las ideas). Por vez primera en nuestra historia, la primera dama del país se exhibe como colaboradora del monopolio de la televisión.
El ataque a Contralínea se inscribe en la misma tendencia: acabar con los medios libres y doblegar a quienes acepten ser parte del sistema hegemónico. Pobre México con esto gobernantes. Pero tenemos esperanza mientras sobrevivan revistas, diarios y emisoras de radio y televisión (aunque pocos) que actúen con libertad como Contralínea.
Enrique González Ruiz
Felicita por colaboración de Samuel Lara Villa
Felicitaciones por el artículo “Cuando los mexicanos se enfrentaron (y derrotaron) al invasor estadunidense”. Ya era hora de que reconocieran a estos héroes. Ojalá se haga público el año entrante, cuando se cumplan 100 años del hecho, y que se celebre la ocasión como lo que es: un gran hecho para los mexicanos.
Javier Gutiérrez
Policía Federal: negocio primero, seguridad después
Felicito por el reportaje “Policía Federal voló flota de Boeing bajo riesgo de explosión”. Esos aviones se los vendió al gobierno federal la difunta Mexicana de Aviación cuando empezó a renovar su flota por aviones más modernos. Así que los aviones de la Policía Federal son viejos, obsoletos y habrá que suponer que, en el mejor de los casos, Mexicana eligió los de mayor cantidad de ciclos (ciclo=aterrizaje + despegue) para clavárselos, quizá a precio de aviones nuevos, al gobierno. Los mejores ejemplares, sin duda, los habrá colocado en el mercado internacional. En todo, hasta en la integridad de funcionarios y pilotos, el negocio va primero, la seguridad después.
Juan N
Impunidad en caso de aeronaves inseguras en la PF
Interesante el reportaje “Policía Federal voló flota de Boeing bajo riesgo de explosión”. Es absurdo cómo el poder deforma la mente de la elite del gobierno que ni su propia seguridad cuida. Obvio es que la violación de la ley y de todo lo que implica el no cumplimentar las disposiciones de aeronáutica civil y la propia normatividad de las empresas constructoras les vale gorro. Ya que según reza el lema de estos empoderados: “Las leyes se hicieron para violarlas”. Aquí hay incumplimiento e irresponsabilidad que hay que castigar, “caiga quien caiga” y “hasta las últimas consecuencias”… ¿Tú crees? Yo tampoco.
Manuel N
Decepcionada por privatización de playas en Baja California Sur
Sorprende lo denunciado en el reportaje “Marina Azul: para priístas el negocio turístico del sexenio”. Es una verdadera tragedia lo que nos pasa. Por todas partes estamos siendo atracados, ya no podremos tener acceso a un pedazo de playa para caminar un rato. En este estado de Baja California Sur lo único que hay para distracción sana y menos consumista es ir a la playa, lo demás es visitar plazas comerciales que salieron como hongos pero sin llover. Lo único que puedo desear es que nadie compre las casas, aunque el daño ecológico lo harán desde la construcción de los caminos. Más cemento, más calor, menos espacio para la población… A meterse a su jaula y rumiar las tristezas y las frustraciones… Lástima que no haya en los políticos ese compromiso social que pregonan. Pero ni saben lo que están diciendo.
Esperanza Vega Soto
Por el rescate del maíz chapalote
Soy ejidatario de un lugar donde hasta 1970 el 95 por ciento de las 100 hectáreas de temporal se dedicaban a la siembra de maíz nativo, de semilla de años anteriores a la que se le llamaba maíz chapalote.
Existía una cultura en torno al maíz en la cocina, alimento para animales domésticos y fauna silvestre, construcción, fuente familiar de empleo, convivencia en torno a un brasero. Hoy trabajamos en el rescate de esa cultura que nos da identidad. Cobachi es el nombre del pueblo y aunque no logramos descifrar su origen puede ser: “cabeza de maíz”.
Hace algunos años propuse iniciar un proyecto para la siembra de maíz nativo y abastecer a la región. Fue ante la Universidad de Chapingo y tal vez el conducto no era el indicado, por lo que los invito a retomar esta propuesta. A quien corresponda, pongo a disposición mi correo para iniciar contactos. En la actualidad contamos con 350 hectáreas de riego y 150 hectáreas de temporal aproximadamente. Saludos. Paremos a Monsanto.
Armando Escoboza Montaño
El nuevo marco jurídico pata legalizar despojo contra indígenas, campesinos y pescadores
En el marco del seminario Agua y Energía realizado en la Ciudad de Oaxaca de Juárez el 14 de julio de 2014, nos reunimos organizaciones civiles y comunidades pertenecientes a los pueblos mixteco, chatino, zapoteco y mixe del estado de Oaxaca, con representación de organizaciones de Chiapas y el Distrito Federal para analizar y denunciar las actuales reformas que se están llevando a cabo en nuestro país, mismas que carecen de una perspectiva de respeto a los derechos humanos. Con todas estas nuevas leyes y estrategias para despojarnos de nuestros bienes naturales, creemos que el debate sobre la distribución y generación de la energía se vuelve fundamental, donde el agua constituye el eje principal de la vida en su conjunto, y el que más se encuentra amenazado.
Desde 1917 no se habían realizado modificaciones constitucionales tan profundas como las que se están ejecutando a partir de la gestión de Enrique Peña Nieto, las cuales favorecen intereses de empresas nacionales y extranjeras: Ley de Hidrocarburos, Ley de Aguas Nacionales, Ley Minera, Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, Ley de Energía Geotérmica, Ley Hacendaria, Ley de Inversión Extranjera, Ley de Amparo, Ley de Expropiación, Ley de Bienes Nacionales, Ley Laboral, Ley de Órganos Reguladores en Materia Energética, Ley de Asociaciones Público y Privadas, Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente, Ley General de Educación y, por último, la recién aprobada Ley de Telecomunicaciones. Éstas han sido presentadas y aprobadas sin la participación de las comunidades y la ciudadanía en general que habitan en nuestro país, representando un despojo territorial legalizado.
Un ejemplo de este despojo lo representan los proyectos en nuestro estado de Oaxaca, como la construcción de la Presa Acueducto Bicentenario, mejor conocida como Paso Ancho, que busca privatizar el abasto de agua en la capital del estado; el Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina, instrumentado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE); y la presa derivadora Flores Magón, que continuamente provoca inundaciones a poblaciones afromexicanas en la región de la costa de Oaxaca; la política de concesiones que afecta a campesinos y campesinas organizados en la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua en el Valle de Ocotlán; y los proyectos mineros San José, impuesto por la compañía Fortuna Silver Mines; Natividad, por la compañía Minera Natividad y Anexas y Sundance; y el proyecto Plata Real, impulsado por la empresa del mismo nombre.
A pesar de que se ha intentado por las vías legales y pacíficas resistir y defender nuestros territorios, la respuesta de las autoridades, en el mejor de los casos, ha sido la omisión, así como mesas de diálogo inútiles e ineficaces. Desafortunadamente para la mayoría de los movimientos y comunidades que legítimamente se oponen a estas reformas, han encontrado por parte de los tres niveles de gobierno engaños, mentiras, amenazas, represión, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y hasta homicidios en contra de defensores y defensoras comunitarias.
Ante este escenario de amenaza, denunciamos:
Que la política hídrica del gobierno mexicano incumple las cuatro características previstas en la Observación General 15 adoptada por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas para el acceso al agua: cantidad, calidad, suficiencia y asequibilidad, ya que la mayor parte de las aguas superficiales y subterráneas se encuentran contaminadas.
Para el gobierno mexicano el derecho humano al agua se ha convertido en un pretexto para la privatización de este bien, tal es el caso del borrador de la Ley de Aguas presentado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en 2013, en el cual no contempla ninguna de las propuestas realizadas por la sociedad civil en el proyecto Agua para Todos, Agua para la Vida. Por el contrario, la agenda de dicha dependencia se traduce en enormes proyectos de infraestructura como presas, trasvases, tratadores, pozos profundos, etcétera, que tienen una afectación de alto impacto para las poblaciones donde se instrumentan.
Conagua, uno de los organismos más denunciados por parte de las comunidades en el país por brindar servicios a intereses privados, no está ejecutando las sentencias de tribunales, ni respetando las decisiones de comunidades y movimientos. Tal es el caso que enfrenta la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua en los valles centrales de Oaxaca. Aunado a esta situación, dichas comunidades están siendo presionadas mediante el cobro excesivo por el servicio de la luz eléctrica.
La CFE, diputados y senadores locales presionan y hostigan a las comunidades aglutinadas en el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde para la aceptación del proyecto Paso de la Reina, aun cuando existen Actas de Asamblea firmadas por 43 comunidades rechazando el proyecto. De igual forma se ha intentado coaccionar la decisión de estas comunidades a través de la limitación de recursos y entrega de proyectos dirigidos a los municipios que son generados con recursos públicos.
La Comisión Nacional Forestal, a través de la empresa Diaaproy, SA de CV, en su proyecto Recuperación de Muestra y Captura de la Información de Campo del Inventario Nacional Forestal, desacata la decisión de comunidades de la Sierra Sur y Costa de no permitir la realización de estudios en sus territorios. En el caso de la comunidad de San Miguel Chongos se denuncia que a pesar de la negativa de la comunidad, dicha empresa realizó estudios en árboles.
Nos hermanamos con la defensa del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, de Guerrero, y exigimos la liberación inmediata de Marco Antonio Suástegui, dirigente del mismo e integrante del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos. Asimismo exigimos la liberación de todos los activistas, defensoras y defensores del territorio detenidos injustamente.
Reconocemos que el respeto al derecho a la consulta es un logro importante de nuestros pueblos y movimientos, por lo que exigimos deje de ser utilizado por parte del Estado mexicano como herramienta para legitimar megaproyectos en el estado de Oaxaca y en todo el país. El desarrollo no puede entenderse a costa de los pueblos y comunidades campesinas, indígenas y pescadoras, por lo que en sesiones solemnes de cabildo hemos declarado nuestros territorios prohibidos para proyectos extractivos, sean minería, presas, eólicos o cualquier otro proyecto que afecte nuestros territorios. Tenemos el derecho a seguir defendiendo nuestros territorios y que se respete nuestra decisión sobre el desarrollo de los mismos.
En consecuencia seguiremos construyendo iniciativas de protección, cuidado y defensa de nuestros territorios a través del manejo participativo y comunitario del agua y nuestros bienes comunes, la recuperación de nuestras cuencas y la protección de nuestras fuentes de agua.
Sí a la vida, no a los proyectos de muerte.
Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 14 de julio de 2014
Contralínea 396 / 27 de Julio al 2 de Agosto
