Acosan al periodista Cepeda Neri
El domingo 27 y el lunes 28 de julio, entre las 03:00 y 04:00 horas, un automóvil primero y después una camioneta con torretas amarillas estuvieron fotografiando mi domicilio. Intentaron, en la segunda ocasión, introducirse sin lograrlo, al encenderse la luz del patio. Según la versión de unos vecinos, y de la que yo me percaté la segunda ocasión, fueron varias tomas fotográficas las que realizaron. Dándose de inmediato a la fuga sin que, obviamente, pudieran identificarse más características de los vehículos (¿oficiales, servicios privados de investigación, particulares…?). Al actuar en esas horas, me hace suponer, dadas las circunstancias del asalto a la revista Contralínea y su intento de penetrar en otros dos domicilios de periodistas de esta casa editorial, que los autores o son delincuentes o funcionarios-delincuentes que buscan algo más que amenazar y amedrentar. Respecto a lo sucedido en mi domicilio, infiero que es parte del acoso por la actividad periodística que desempeña este semanario. Del listado de los presuntos autores de estos intentos de asalto que haré público, deduzco que es por las columnas que publico en el sitio en internet de este semanario y donde ellos aparecen. Haré una relación de los que han sido objeto de mis críticas. Por lo pronto, hecha la denuncia ante las instancias competentes, dejo constancia de estos hechos.
Álvaro Cepeda Neri
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Policías municipales asesinaron a golpes a José Rolando Pérez, denuncian
A los medios de comunicación nacional e internacional, a la sociedad civil nacional e internacional, a organizaciones defensoras de derechos humanos honestas e independientes:
Compañeros y compañeras, nosotros los familiares de José Rolando Pérez de la Cruz expresamos lo siguiente:
El 1 de marzo de 2014, José Rolando murió por los golpes de los policías municipales de Acala, en la cabecera municipal. Esto ocurrió en complicidad con varias autoridades, quienes han intentado ocultar los hechos; también se muestra la ineficacia de los encargados de la procuración de justicia, quienes en su pleno conocimiento iniciaron una investigación por abuso de autoridad teniendo a un muerto, y hasta la fecha no hay investigación por homicidio y por tortura, a pesar de las lesiones y apaleamientos que presentaba.
Hoy, 29 de julio de 2014, nosotros los familiares y acompañantes decidimos retirar el plantón pacifico que venimos manteniendo desde hace 5 meses, desde el 1 de marzo de 2014, frente a la presidencia municipal en la cabecera de Acala en protesta y exigencia de justicia. A lo largo de este tiempo sufrimos de hambre por los escasos recursos económicos, y respecto a la parte de salud una menor de edad que estuvo con nosotros durante este tiempo se enfermó en varias ocasiones al igual que el resto del grupo.
Levantarnos no significa desistir. Queremos saber qué fue lo que paso con José Rolando dentro de la cárcel municipal. No nos desistiremos de la justicia por la muerte de José Rolando. Hoy, con mucho dolor y tristeza por el largo caminar de visitar y dialogar con diversas instancias y autoridades incluyendo al gobernador del estado, concluimos que en nuestro estado falta mucho por hacer para poder decir que es un estado de justicia y que exista coherencia entre las palabras y acciones.
Pero tenemos la fe de que en breve esta situación será resuelta como se debe, teniendo la confianza de que se evitarán en el futuro situaciones similares. Por ello también solicitamos a las autoridades correspondientes investigación, seguridad e integridad personal contra cualquier tipo de represalia para nosotros los familiares de José Rolando, así como para personas de otras familias que durante estos 5 meses nos estuvieron brindando orientación y apoyo moral, económico y de cualquier otra índole, ya que constantemente se han presentado abusos y tortura sicológica evidente en algunos de nosotros y estas personas que mencionamos.
Le damos las gracias al pueblo en general por el tiempo y dedicación a nuestra desgracia, y que más adelante daremos a conocer de las siguientes acciones en el marco de exigir justicia.
Atentamente,
Familiares de José Rolando: Candelaria de la Cruz de la Torres, Antonio Pérez Martínez, Lucía Pérez Hernández
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Comentario sobre el artículo “¿Noche triste? O ¡noche victoriosa!”
Excelente historia, señor Pablo Moctezuma Barragán. No la conocía y es pieza importante de lo que nos identifica a nosotros como mexicanos, ya que toda esa bola de arpías en el poder nos la han robado y es nuestro derecho traer de nuevo esas historias, porque como dice Paco Ignacio Taibo II: “Tenemos que conocer nuestra historia para saber de dón-de venimos [y] hacia dónde vamos”. Gracias por su aporte, señor Pablo.
Christian Alberto Gutiérrez Sandoval
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Repudia el allanamiento a las instalaciones de Contralínea
Es repudiable el pretender acallar el ejercicio periodístico. Felicito el valor de todos sus reporteros, y los invito a seguir en esta línea. Habemos muchos mexicanos que estamos hasta la madre de todo esto y de los cotos de poder. El reto es cómo permearle a la sociedad que se politice más y que deje de lado toda esa basura mediática de la televisión que la idiotiza.
José López
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Riesgo a la integridad y seguridad de familias de desaparecidos en Querétaro
28 de julio de 2014
El pasado sábado 26 de julio, varias familias de desaparecidos en Querétaro se concentraron afuera de las oficinas del gobierno del estado, con el fin de solicitar una audiencia con el gobernador, el procurador, el Consejo de Seguridad, el delegado del Procuraduría General de la República y el comisionado de la Policía Federal, para poder acordar acciones de búsqueda y localización de personas que han desaparecido recientemente en este estado. La respuesta, vía un trabajador de gobierno, fue que el próximo miércoles (30 de julio) las recibirían. Las familias solicitaron se les notificara de formas escrita y oficial para confiar que el gobernador cumpliría su palabra de atenderlas, este sencillo trámite de repuesta al derecho de audiencia les fue negado.
El domingo 27 de julio amanecieron ponchadas las llantas de la camioneta de trabajo de nuestra compañera Brenda Rangel. Las familias entienden esto como una amenaza para intimidarlas y que no sigan exigiendo se busque a sus seres queridos. Ante estos actos de hostigamiento, las familias decidieron volverse a movilizar para exigir ser atendidas por el gobernador, haciendo un plantón en uno de los carriles de la carretera 57, dejando varios más libres para facilitar el tránsito. Su demanda es ser atendidas por las máximas autoridades de Querétaro, encabezadas por el gobernador, así como por dependencia federales, con el objetivo de acordar un mecanismo de búsqueda urgente de sus desaparecidos. En el transcurso de este día no ha sido atendida de manera oficial su demanda, sin embargo, el gobierno del estado ha enviado una gran cantidad de efectivos de seguridad a intimidar a las familias; a uno de los manifestantes lo agredieron dos policías encapuchados cuando estaba estacionando su vehículo para sumarse al plantón. Con varios de los familiares se han acercado hombres civiles para decirles “les vamos a partir la madre” y otras expresiones amenazantes.
Red Todos los Derechos para Todas y Todos
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Posicionamiento de la Misión Civil de Observación de la Consulta a la Tribu Yaqui
31 de julio de 2014
El pasado 5 de julio del presente año, en una reunión llevada a cabo en la Guardia Tradicional de la Tribu Yaqui en Vícam, Sonora, la Misión Civil de Observación de la Consulta a la Tribu Yaqui fue testigo del momento en el que la tribu anunció la suspensión del proceso de consulta, hecho ocurrido en medio de un contexto difícil y violatorio de sus derechos colectivos como pueblo indígena.
En mayo pasado hicimos público un informe preliminar como Misión Civil de Observación. En él manifestamos nuestra preocupación por la cantidad de violaciones al derecho a la consulta que hemos documentado en estos 8 meses de trabajo constante. De acuerdo con los estándares internacionales, la consulta debe ser previa, informada y libre, principios fundamentales que han sido incumplidos de manera sistemática por parte de las autoridades mexicanas:
-La consulta no ha sido previa, no solamente porque el Acueducto Independencia se encontraba en operación al tiempo que el Estado mexicano firmó el acuerdo con cinco pueblos de la tribu yaqui para establecer el mecanismo de la misma, sino porque el Acueducto ha seguido operando de manera ininterrumpida durante el transcurso del proceso.
-La consulta debe ser informada. Sin embargo, a la fecha, el Estado mexicano no ha entregado la totalidad de la información solicitada, hecho que ha retrasado el proceso, mismo y que constituye un detrimento a su obligación de dar la información necesaria a la tribu para que ésta pueda tomar su decisión. El día que se suspendió la consulta fuimos testigos del coraje de los hombres y mujeres de la tribu, quienes con impotencia veían cómo la información entregada por las autoridades responsables no correspondía a las necesidades expresadas meses atrás.
-Finalmente, la consulta no ha sido libre, ya que existen órdenes de aprehensión contra Tomás Rojo y Mario Luna, los únicos dos voceros y representantes de la tribu encargados de establecer los enlaces con el Estado mexicano, hecho que constituye un acto de coacción por parte de las autoridades. Esta condición les impide realizar su trabajo con libertad, pues corren el riesgo permanente de ser aprehendidos. Además, el pasado viernes 11 de julio se realizó un operativo por parte de la Policía Estatal con más de 20 patrullas que allanaron casas sin orden judicial que los autorizara, preguntando por la ubicación de ambos voceros.
Aún hay tiempo para que el Estado mexicano cumpla con su responsabilidad a cabalidad, aún es momento de que se respeten los derechos de la tribu y que el proceso de consulta esté a la altura de la dimensión histórica que le corresponde. En los próximos días se celebrará una reunión entre las partes en la que esperamos el gobierno federal dé muestras suficientes de su buena fe, y con ello se pueda reanudar la consulta. Lo que ocurra en estos días será un antecedente para los pueblos indígenas en México y en América Latina que hoy están observando.
Misión Civil de Observación a la Consulta a la Tribu Yaqui
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Ejido Lacanjá Tseltal exige respeto a sus derechos humanos como pueblo indígena
Lacanjá Tseltal, municipio de Ocosingo, Chiapas, a 18 de julio de 2014.
Por este medio nos dirigimos a ustedes para denunciar a la licenciada Rita Guadalupe Medina Sapien, visitadora agraria, y al licenciado René Rodríguez, de la Oficina de la Procuraduría Agraria con sede en Ocosingo, Chiapas.
En el mes de octubre de 2013, ambos se presentaron en nuestro ejido y sin previa provocatoria, ni realizada asamblea de ejidatarios, llegaron a proponer que era necesario y urgente entrar al programa de Fondo de Apoyo a Núcleos Agrarios Sin Regularizar (FANAR), intimidando a los ejidatarios que, de no aceptar la regularización, no podrán acceder a ningún programa que el gobierno otorga, especialmente el Procampo y el proyecto para apoyo de ganado. Con su estrategia, trataron de convencer a la mayoría de los ejidatarios, diciendo que obtendrán todos los beneficios y apoyos del gobierno, y que los anteriores documentos del ejido ya no tendrán validez jurídica.
El 8 de octubre, nuevamente se presentaron en nuestro ejido la licenciada Rita Guadalupe Medina Sapien y el licenciado Juan René Rodríguez, donde nuevamente citaron a los que estaban en el listado para entrar al nuevo régimen agrario, sin tomar en cuenta la voz de la mayoría de los ejidatarios. Tres días después, se presentaron seis ingenieros para realizar las mediciones sin haber tenido ningún acuerdo de asamblea. Estos hechos los denunciamos rotundamente y que estas personas y programas sólo llegaron a dividir a la comunidad.
La licenciada Rita Guadalupe Medina Sapien y el licenciado Juan René Rodríguez violan la Ley Agraria al imponer el programa FANAR sin reunir los requisitos que marca la Ley Agraria, por lo tanto denunciamos directamente que:
1) Violaron la Ley Agraria y el reglamento de la Ley Agraria al imponer el programa FANAR sin cumplir con lo señalado en dicha ley, que es la Asamblea General de Ejidatarios quienes deben de aprobar el programa, previa convocatoria, requisito que no se cumplió, y sin importarles realizaron mediciones en nuestro ejido, provocando la división en una comunidad que vivía en armonía.
2) Violaron nuestros derechos como pueblos indígenas a poseer, utilizar y controlar nuestras tierras, territorios y recursos naturales, establecidos en el artículo 25, 26 y 27 de la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
3) Violaron nuestros derechos a decidir nuestras propias prioridades y de controlar nuestro propio desarrollo económico, social y cultural, establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
4) Violaron nuestro Derecho a la consulta y el consentimiento previo e informado establecido en el Convenio 169 de la OIT.
Los ejidatarios de la Xinich, inconformes con la violación de nuestros derechos y la aplicación del FANAR en nuestro ejido, exigimos que nos respeten nuestros derechos contemplados en el Certificado de Derecho Agrario, la carpeta básica, la resolución presidencial y la sentencia del Tribunal Agrario publicado en el Diario Oficial de la Federación y que los programas que otorga el gobierno federal no nos condicione para cambiar nuestro régimen ejidal.
Por lo que exigimos se investigue a la licenciada Rita Guadalupe Medina Sapien y al licenciado Juan René Rodríguez, visitadora y abogado de la Procuraduría Agraria en Ocosingo, respectivamente, por las múltiples violaciones que realizaron en nuestro ejido Lacanjá Tseltal, al imponer el programa FANAR sin haber respetado la ley.
El respeto al derecho ajeno es la paz.
Representante del grupo Xi’nich, Víctor Manuel Hernández Méndez
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Piden audiencia pública con niñas, adolescentes y mujeres que sobreviven en las calles
29 de julio de 2014
Las niñas, adolescentes y mujeres que sobreviven en las calles son las ciudadanas más pobres e invisibles de la Ciudad de México. Aún cuando viven en el espacio público, ninguna autoridad de alto nivel se ha reunido con ellas para escuchar sus problemáticas y encontrar propuestas de cambio.
Para ellas, el modo de vida callejero resulta más difícil. A esta exclusión histórica se le suma la exclusión por género, pues su condición de mujer las coloca en mayor desventaja ante las situaciones de violencia, inferioridad y menosprecio colocado por la cultura machista. Ellas, además de sus condiciones de pobreza, son madres, y muchas de ellas son indígenas, lo que las enfrenta a un complejo sistema de creencias negativas que las discrimina, y las coloca en mayor desventaja frente a los hombres callejeros y, obviamente, frente a otras mujeres que no viven en las calles.
No hay que olvidar que ellas están sobreviviendo en las calles como resultado de la exclusión social y violencia de género que padecen en sus espacios familiares y comunitarios. Pero al llegar a las calles se le suman estigmas asociados al modo de vida callejero (consumo de sustancias, prácticas sexuales de riesgo, etcétera), y son vistas como “malas”, “pecadoras”, “criminales” o “una carga para el Estado”, por lo que son permanentemente violentadas, discriminadas e invisibilizadas por autoridades y sociedad en general. La ausencia de políticas públicas localizadas y acciones afirmativas impiden que encuentren alternativas fuera de las calles.
Así, ellas no sólo no tienen un techo, sino que el sistema que las excluye les impide a acceder a derechos como a la identidad, la educación y la salud.
Por eso, para romper con esta invisibilidad histórica, pedimos a Mi-guel Ángel Mancera que sea el primer jefe de gobierno que se reúna en audiencia pública con ellas y un grupo de mujeres que buscamos acciones concretas que permitan cambiar sus difíciles condiciones de vida. Nos gustaría que, junto con ellas, el gobierno del Distrito Federal genere políticas públicas que favorezcan su inclusión social sin discriminación.
Esa audiencia pública será el foro para generar ese compromiso, y el hito que cambiará la vida de las niñas, adolescentes y mujeres que sobreviven en las calles. Así que esperamos una respuesta positiva de Miguel Ángel Mancera a favor de los derechos humanos y la equidad de género de estas mujeres. Recordemos que cuando nuestra ciudad avanza, avanzamos todas.
El Caracol, AC
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Persiste impunidad por la tortura y la privación arbitraria de la vida bajo custodia del joven Rolando Pérez:?Frayba
29 de julio de 2014
El sábado 1 de marzo de 2014, en el municipio de Acala, el joven José Rolando Pérez de la Cruz, fue detenido, torturado y privado arbitrariamente de la vida por elementos de la Policía Municipal. Los hechos se encuentran aún impunes y las autoridades municipales sostienen que el joven se suicidó por ahorcamiento, cuando hay testigos de que el cuerpo presentaba signos de golpes y heridas.
A 150 días de la tortura y la privación arbitraria de la vida, los familiares, abogada y redes solidarias continúan la exigencia de justicia y denuncian que han sido hostigados y amenazados, por lo cual demandan justicia, seguridad e integridad personal. Anuncian que levantan el plantón pacífico que mantenían enfrente de la presidencia, en la cabecera municipal de Acala, pero más adelante darán conocer las siguientes acciones: “Levantarnos no significa desistir, queremos saber qué fue lo que paso”.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba)
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Gobernador de Chihuahua promulga leyes violatorias de derechos humanos, señala Centro de Derechos Humanos de las Mujeres
28 de julio de 2014
El gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte, promulga leyes violatorias de derechos humanos, adoptadas sin consulta adecuada. Ese actuar es violatorio al Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a diversos tratados internacionales de derechos humanos.
El 27 de julio pasado, César Duarte promulgó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua los nuevos códigos de procedimientos civiles y familiares, en medio de una serie de críticas por el contenido de ambas normas y el proceso por el cual fueron aprobadas. Aunque se hubiese esperado algo distinto, ese actuar no podía ser de otra manera, ya que es sabido que la presión de la aprobación por parte del Congreso local provino de Palacio de Gobierno.
Como es sabido, el pasado 26 de junio, 23 de los 33 diputados del Congreso del estado de Chihuahua votaron a favor, con siete honrosas excepciones que votaron en contra: Ana Gómez, Rogelio Loya y Humberto Pérez, del Partido Acción Nacional; Hortensia Aragón y Javier Mendoza, del Partido de la Revolución Democrática; América Aguilar, del Partido del Trabajo; y Fernando Reyes, del Movimiento Ciudadano.
Esa aprobación –realizada a toda prisa, a puerta cerrada y sin previa lectura de las dos normas adjetivas a ser adoptadas– desobedeció a las expresiones de preocupación sobre distintas disposiciones que carecen de perspectiva y violan varios derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y en varios tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Las personas que deberían ser representantes populares también cerraron el Congreso y lo rodearon de la fuerza pública para impedir que ese mismo 26 de junio varias personas ingresaran al a escuchar el debate previo a la aprobación de los códigos.
El actuar del Congreso estatal denostó las diversas propuestas que se hicieron para perfeccionar los códigos, en temas como el derecho a la vivienda; la agilización de trámites civiles y familiares en casos de personas desaparecidas; los divorcios; el reconocimiento de niñas y niños; etcétera.
Pero la aprobación de los ello no terminó en el actuar arbitrario de los y las diputados. La falta de conocimiento sobre el tema y la arbitrariedad en el actuar de ese cuerpo colegiado se vieron reflejadas en las irresponsables y preocupantes declaraciones del coordinador de la mayoría partidaria en el Congreso estatal, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Rodrigo de la Rosa Ramírez, quien señaló lo siguiente: “Veo intereses no muy claros de estas organizaciones civiles que se manifiestan. Los códigos tienen 10 foros, llevan 1 año en ese proceso, hay permanente consulta, y casualmente 2 o 3 días previos a subirse al pleno se manifiestan”.
Ese funcionario –al que le paga el erario y quien tiene una responsabilidad ética y política que cumplir– también dijo que: “En materia familiar […] no debe caerse en excesos” y explicó que en eso caen los grupos derechohumanistas feministas. “Hay que establecer qué se considera violencia intrafamiliar”; y terminó sentenciando que “todos los que estamos casados, en vida de pareja, hemos tenido altercados, desacuerdos, y podemos llegar al grito, al jaloneo, pero eso no quiere decir que a la violencia, propiamente dicha.”
Dado que, salvo contadas excepciones, fue imposible dialogar con los actores políticos en Chihuahua, diversas organizaciones han remitido información a diferentes personas expertas del Sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano. También remitimos dos misivas al secretario de Gobernación, en su calidad de presidente del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Cualquier Congreso tiene la obligación de legislar conforme a los derechos humanos. Debe estar contenido, entre otros, en el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), el artículo 2.2 del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 3 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); los artículos 6.a) y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención de Belém do Pará), el artículo 2 del Protocolo Facultativo a la CADH en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), y el artículo I.d) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
En algunas oportunidades, se ha demostrado que en Chihuahua se puede avanzar en leyes respetuosas de derechos humanos. Ejemplo de ello fue el proceso incluyente y serio que derivó en la ejecución del sistema penal acusatorio en la entidad. De igual manera, recordamos el veto de las reformas a la Ley de Transparencia para que se pudieran modificar y garantizaran los más altos estándares en materia de derechos humanos.
No obstante, en esta ocasión, el proceso mencionado nos recuerda porqué Chihuahua cuenta con más de 1 mil 400 recomendaciones y resoluciones de instancias nacionales e internacionales por incumplimiento a las obligaciones en materia de derechos humanos. El día de hoy se demuestra de nueva cuenta la arbitrariedad, el autoritarismo y la falta de escucha, que cada vez son más frecuentes en esta entidad.
Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, AC; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, AC; Círculo de Estudios de Género; Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, AC; Consultoría Técnica Comunitaria, AC; El Barzón Chihuahua; Justicia para Nuestras Hijas; Fatima, IBP; Grupo Feminista 8 de Marzo; Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas; Kakum Colectiva; Mujeres Barzonistas; Mujeres por México; Observa Ciudadan@; Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos, AC; Red por la Participación Ciudadana; Víctor Quintana Silveyra
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Sobre “La traición, advertida hace más de 50 años”
Muchos pueblos del mundo se han independizado en derecho, pero no de hecho. Esto es lo que está pasando con nuestro país; porque esto le conviene a algunos de los gobernantes como es el caso que estamos viviendo. A través de la historia, México ha tenido gobernantes auténticos, no maquillados, sino con principios de servir y establecer bases para un desarrollo tecnológico, lo que no continuaron los que siguieron en el poder. Estos bastardos han aprendido a “gobernar” sembrando la desigualdad, la pobreza y la marginación, y vivir de este negocio llevado a cabo por la corrupción, porque así lo han hecho por más de 5 décadas. El mayor capital político de éstos es la ignorancia.
Alejandro Bautista
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Comentario sobre el artículo “La Bestia que?‘devora’ niños”, de Roberto Galindo
Me atrevo, con respeto, a expresar por qué sólo estoy en parte de acuerdo con el autor. Como señala el señor Galindo, sí es la indolencia de la sociedad y la ineptitud y mezquindad de gran parte de la clase política la que nos hunde, pero éstas no son causas del problema, sino consecuencias.
No soy el primero ni seré el ultimo en decir que el rumbo de México se perdió a finales de 1982, cuando entramos en la “era globalizadora”, y ello nos condujo irremediablemente a la progresiva desaparición del Estado como rector de la vida nacional. La sustitución de este Estado, por entes financieros y políticos globales, como la banca global, monopolios, ejércitos de organizaciones no gubernamentales (financiadas por esos mismos grupos) impiden cumplir con el Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de proveer al estado de bienestar general.
“Regresemos a los principios”, decían los sabios griegos. El problema no es lo que el gobierno y la sociedad hacen, sino lo que no hacen. Cabe la pregunta: ¿acaso alguien dentro de México define el rumbo económico de México? Regresemos a un Estado nacional forjado en los principios de la república; los ciudadanos estamos obligados a restaurar lo que se trastocó. Así lo hizo el mejor mexicano que ha existido y que llevó al oligarca al Cerro de las Campanas.
Gerardo Castilleja
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Comentario sobre el artículo “La represión como política de seguridad pública”: Coordinadora
1 de Diciembre
Desde el 1 de diciembre de 2012 hemos denunciado la política de criminalización y represión a la protesta social, por ello participamos en la interpelación hacia Mancera en informe de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Exigimos #LibertadPresosPolíticos y reparación integral de daños a expresos de conciencia y por motivos políticos @ManceraMiguelMX en la CDHDF: nos cansamos de cinismo. Basta de reprimir http://wp.me/p3RE84-1Q2
Comentario sobre el artículo “¿De parte de quién el asalto y robo a Contralínea?”
Es gratificante encontrar aún, con toda esta represión, valentía en sus reporteros. Si de algo sirve, admiro su valor y les comento que muchos mexicanos estamos hasta la madre del periodismo amarillista como el esgrimido por las cadenas televisivas, entre otros.
Ernesto López
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Comentario sobre la nota “La traición, advertida hace más de 50 años”:
La dictadura del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante 85 años ha condenado al país a la miseria, obligando a millones de personas a emigrar hacia Estados Unidos debido a la opresión económica, la violencia y corrupción sin freno que se impone a la población.
En México no existe oposición política, todos los partidos son expresiones distintas de la misma dictadura, unos siendo durante décadas su fiel oposición y otros creados a conveniencia para sabotear y nunca unificar el movimiento socialista nacional.
El país se condenó a profundizar su condición de Estado fallido cuando se aprobaron las reformas laboral y educativa; esas reformas marcan el camino del subdesarrollo con mano de obra aún más barata, sin ninguna garantía jurídica para los derechos constitucionales de la población y condenando a la juventud y niñez a una ignorancia funcional a intereses económicos.
Respecto a la reforma energética, los hechos demuestran que Petróleos Mexicanos ha sido privatizada desde hace décadas, sus dueños son los líderes sindicales que se han enriquecido y toda la clase política gobernante que la ha administrado. Prácticamente todos los servicios (desde limpieza, gestión y administrativos) los controlan empresas outsourcing, sin contar la cantidad de equipo y tecnología que es el gran negocio de trasnacionales. No hay nada más que privatizar, más que la inteligencia y el sentido común de las personas.
Concesionar aún más algo tan importante de manera tan mal gestionada como hasta ahora, sólo abre la puerta a la rapiña, al capital especulativo, a la irresponsabilidad medioambiental y a condenarnos a una dependencia mayor del extranjero en términos muy desiguales.
La dictadura lucra con un modelo de desarrollo basado en el turismo, la manufactura barata y la exportación de materias primas obligando a México a ser completamente dependiente de la inversión extranjera para su modernización, negando cualquier tipo de mejora en la calidad de vida y segregando económicamente a todos los mexicanos.
Si hoy la dictadura impone sus reformas es debido a su propia ineptitud y corrupción por no tener ni la inteligencia ni la visión para invertir en ciencia y tecnología, para fomentar la eficiencia administrativa en el servicio público y por los robos millonarios que los priístas a nivel estatal, federal y municipal han cometido dejando millonarias deudas públicas.
Tenemos a un dictador impuesto con el 38 por ciento de la votación que, bajo cualquier estándar internacional, no puede considerarse democráticamente electo, y mientras la camarilla priísta viola, asesina mujeres, arrebata derechos constitucionales, defrauda, endeuda, se enriquece con el tránsito de droga y no ha respondido ni pagado por los crímenes contra la población mexicana desde 1959.
Yo propongo que se empiece por requisar todas las instalaciones, oficinas y la sede nacional del PRI en el país. Que se tomen las oficinas de la Confederación de Trabajadores de México y se derriben las estatuas de criminales como Fidel Velázquez, Miguel de la Madrid o López Portillo. Que se retire la estatua de Colosio de Avenida Reforma, que se renombren las calles, avenidas, escuelas, deportivos y plazas del país para que ninguna lleve el nombre de algún colaboracionista de la dictadura del PRI.
Todo lo que representa el PRI y todas las personas asociadas a ellos son el verdadero enemigo de México.
Daniel Mendoza
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