Somos una institución seria: UACM
Estimados compañeros de Contralínea:
Hago referencia a la publicación del artículo “Federico Anaya: el entrometido factótum de la UACM”, en su número 413, firmado por la ciudadana Adriana Terán Enríquez, profesora-investigadora de tiempo completo en nuestra Universidad, la Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
Debo manifestar la preocupación de la UACM porque textos como el de la profesora Terán, más que aportar a los lectores de Contralínea elementos para hacer un juicio crítico del funcionamiento de nuestra institución, así como del comportamiento de sus funcionarios y órganos de gobierno, caen abiertamente en: 1) la denigración de las personas –en un tono que raya en la discriminación, con estándares propios de un pensamiento conservador; y 2) en la denigración de las instituciones de educativas del país.
La profesora Terán no sólo demuestra una intencionalidad limitada a sus intereses, muy personales y familiares, sino que tergiversa procesos que, siendo complejos, han sido debida y oportunamente difundidos con total transparencia en los medios oficiales de la UACM. Sólo mencionaremos dos ejemplos que la evidencian: 1. En la elección del Coordinador del Colegio de Ciencia y Tecnología, la Oficina del Abogado General se involucró por mandato de la Comisión de Asuntos Legislativos del Consejo Universitario y ha actuado permanentemente en coordinación con el máximo órgano de gobierno y la Rectoría, que son las instancias que deben tomar –y han tomado– las decisiones en el caso. Al respecto, la profesora Terán omite mencionar las razones que tuvo el Consejo Universitario para invalidar el proceso electoral: 1.1. La convocatoria emanada del propio colegio violaba diversos derechos de participación democrática de las y los profesores de éste; y 1.2. La manera en que se condujo el proceso electoral denegó de modo sistemático el derecho de audiencia a quienes manifestaron, en tiempo y forma, sus inconformidades. 2. Con relación al caso del doctor González Ruiz, reiteramos la posición de la Universidad, que ustedes publicaron el pasado 22 de junio de 2014 bajo el título “Réplica de la UACM a José Enrique González Ruiz: fundada, decisión de despido”.
En síntesis, en todos los casos en que se duele la profesora Terán, falsea la información. Por lo anterior, consideramos importante que Contralínea, un medio que se ha distinguido por la seriedad de sus investigaciones, se acerque a la Universidad para corroborar, en los detalles, los datos que la profesora comenta, en tanto no se corresponden con la realidad. Si así lo decidiere su revista, ofrecemos todas las facilidades.
La UACM se ha caracterizado por ser una institución que ha defendido, de manera consistente y responsable, a todos los integrantes de su comunidad que han sufrido violación de sus derechos de manera real; esta política institucional ha sido promovida y ejercida fundamentalmente por la Oficina del Abogado General, con el apoyo de la Rectoría y el Consejo Universitario. Política institucional que nos hace sentir orgullosos.
Maestro Gabriel Medina Carrasco, encargado de Despacho de la Coordinación de Comunicación
Nada humano me es ajeno, Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Premio Carlos Montemayor
Al director de la revista Contralínea:
Por medio de la presente le solicitamos atentamente la publicación de la siguiente invitación:
El Comité Organizador del Premio Nacional Carlos Montemayor hace una cordial invitación al evento de premiación que se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre de 2014 a las 17:00 horas, en el Auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas, ubicado en Insurgentes Centro, 98, en la Ciudad de México. Participarán en la parte musical el grupo Son de Maíz y Cruz Mejía.
Los ganadores del Premio en su edición 2014 son:
• Doctor José Manuel Mireles Valverde y autodefensas de Michoacán, actualmente presos en diversas cárceles del país
• Cantautor León Chávez Texeiro
• Obispo Raúl Vera
• Escritor Paco Ignacio Taibo II
• Radio Educación
El Premio Nacional Carlos Montemayor se instituyó en 2010 y es un reconocimiento desde la sociedad civil a quienes hacen esfuerzos relevantes por dar voz a los sectores de la población que históricamente han sido mantenidos en el silencio o que luchan por justicia y dignidad en nuestro país, aún en condiciones de riesgo. Al llamar la atención de la sociedad hacia las personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos y sociales, la libertad de expresión y el desarrollo de una cultura comprometida con el cambio social, pretendemos contribuir a protegerlas y valorarlas.
Este premio ha sido denominado así porque consideramos que Carlos Montemayor, además de ser un gran intelectual, fue una persona que favoreció el dar voz a los pueblos indígenas, aportó elementos para una mejor comprensión de la realidad nacional y abordó de manera respetuosa el caso de la guerrilla rural de las décadas de 1960 y 1970 en México y sus participantes.
Este año, además de las personas o instituciones que reciben el Premio, se hará mención de otras que, igualmente, se han distinguido en diferentes campos en la defensa de los derechos humanos, sociales, culturales y el ejercicio de la libertad de expresión.
• María Angélica Ortiz de Zarate Guerra, activista sindical y defensora de la cultura y tradición indígena
• Sergio Canales, Cruz Mejía, José Luis Guzmán y María Eugenia Pulido, comunicadores de Radio Educación
• Nestora Salgado, prisionera política y coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero
• Talía Vázquez Alatorre, abogada de la Autodefensa de Michoacán
• Periodista Gloria Muñoz Ramírez, de Desinformémonos
• Periodista Blanche Petrich, de La Jornada
• SubVersiones, Agencia Autónoma de Comunicación
• Pueblo nativo de San Francisco Xochicuautla, Estado de México
Comité Organizador:
Susana de la Garza, Victoria Montemayor, Adolfo Palma, América del Valle Ramírez, Ana María Bernal Rosas (QEPD), Beatriz Reyes García, Celia Flores Ramos, David Cilia Olmos, Enrique Aguilar, Enrique Cortés Reyna , Enrique Torres Díaz, Fausto Trejo (QEPD), Fernando Fernández Jaramillo, Genaro Olivares Aguirre, Ismael Cortés Nicolás, José Enrique González Ruiz, José Jaques Medina, María de los Dolores López Mariscal, María Elena Trejo, Mario Álvaro Cartagena, Priscila Rodríguez Bribiesca, Rafael Tufiño Castillo, Reyna García González, Salvador Gaytan V (QEPD) y Teresa Rivera Ávila
Para más información:
Teléfono: 044-55-5456-0842
Correo electrónico: [email protected]
Blog: premionacionalcarlosmontemayor.wordpress.com
Por el Comité Organizador del Premio Nacional Carlos Montemayor, Reyna García González
Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM exige liberación de estudiantes presos
Al Poder Judicial de la Federación; a la Procuraduría General de la República; a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Amnistía Internacional; a la opinión pública:
Al finalizar la manifestación del 20 de noviembre de 2014 que tuvo lugar en el Zócalo de la Ciudad de México, fueron detenidos en sus inmediaciones Tania Ivonne Damían Rojas, Hugo Bautista Hernández y Hillary Analí González Olguín, alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
De acuerdo con la información de los boletines de prensa emitidos por la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia, AC; el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; el Colectivo por la Ciudadanía Autonomía y Libertad de las Mujeres, AC, y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y Cauce Ciudadano, AC, los días 23 y 25 de noviembre, las detenciones fueron arbitrarias y con uso excesivo de la fuerza; los detenidos fueron incomunicados y se les negó la posibilidad de designar libremente a su defensa durante las primeras y vitales horas del proceso. Además, presentan lesiones físicas, por lo cual la defensa ha solicitado la aplicación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del protocolo de Estambul, a fin de establecer presuntos actos de tortura.
Exigimos que los abusos de autoridad, violación al debido proceso y violación a los derechos humanos referidos por los abogados de las asociaciones mencionadas, sean investigados y sancionados por las instancias competentes.
Debido a las irregularidades señaladas, exigimos a las autoridades correspondientes la liberación inmediata de los miembros de nuestra comunidad.
Asimismo, solicitamos a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos el seguimiento puntual que el caso amerita, a fin de garantizar el respeto a sus derechos humanos y el derecho al debido proceso con estricto apego a la ley.
H Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; Universidad Nacional Autónoma de México
Trabajadores de América se solidarizan con estudiantes mexicanos
Nosotros, activistas, trabajadores, trabajadoras, académicas y académicos de México, Estados Unidos, Canadá y otros países, queremos expresar nuestro dolor, digna rabia y condena contra la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que tuvo lugar el 26 de septiembre en Iguala, en Guerrero, por parte de las policías municipales de Iguala y de Coculca y de un todavía indefinido “grupo de civiles” que podrían ser miembros del cártel de narcotraficantes Guerreros Unidos y/o del Ejército Mexicano. También condenamos la masacre por parte del Ejército Mexicano de 22 jóvenes en Tlaltlaya, Estado de México, en junio de 2014; además, el asesinato de seis civiles, uno de los cuales, un joven estudiante, fue también bárbaramente torturado y mutilado, también en Iguala el 26 de septiembre. Expresamos nuestra solidaridad con la lucha de las familias de los estudiantes desaparecidos y de las personas asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado mexicano para que regresen vivos a los 43 estudiantes desaparecidos, que se llegue a la verdad sobre lo ocurrido y que se castigue a los responsables de cada nivel de gobierno por estos atroces crímenes de Estado; incluso, si resulta necesario, al jefe de las Fuerzas Armadas de México, el presidente Enrique Peña Nieto.
Respaldamos la lucha de los jóvenes estudiantes del Instituto Politécnico Nacional en contra de la reforma del reglamento interno y de los nuevos planes de estudio que pretenden convertir a los profesionistas egresados de esta institución en meros obreros técnicos de las empresas trasnacionales.
Queremos expresar también nuestro apoyo y solidaridad con la lucha del movimiento social Ayotzinapa, conformado, sobre todo, por millones de estudiantes y jóvenes en México y en el mundo que comparten los mismos reclamos. Y demandamos la inmediata liberación de los estudiantes injustamente reprimidos y arrestados. ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Encuentro de la Región América del Norte, América Central y el Caribe La Economía de los Trabajadores, en la Universidad Obrera, en México Distrito Federal, en noviembre de 2014
Responsable: Doctor Patrick Gun Cuninghame (Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco)
Preocupación por defensoras de El Barzón Chihuahua
C César Duarte Jáquez, gobernador constitucional de Chihuahua:
Quienes integramos la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) nos ponemos en contacto con usted para manifestar nuestra preocupación por las defensoras integrantes de El Barzón Chihuahua, unión de productoras y productores agropecuarios que defienden particularmente los derechos medioambientales y el derecho a una vivienda digna en el estado de Chihuahua.
La RNDDHM ha tenido conocimiento de los diversos actos de intimidación y amenazas que El Barzón Chihuahua enfrenta por su oposición a la explotación ilegal del agua y de los sistemas de riego; la sobreexplotación de mantos acuíferos y pozos; el desarrollo de procesos de contaminación, destrucción de parcelas y cultivos y contra el daño ambiental provocado por la empresa minera Mag Silver y su filial El Cascabel, en la región de San Buenaventura, Chihuahua.
Recientemente se nos informó de las amenazas que integrantes de El Barzón Chihuahua recibieron luego de la realización de un acto público a 2 años del asesinato de la defensora Manuela Martha Solís Contreras y su esposo, el también defensor Ismael Solorio Urrutia, ambos integrantes de El Barzón Chihuahua y quienes fueron asesinados el 22 de octubre de 2012 mientras viajaban del Ejido Benito Juárez a la ciudad de Chihuahua.
Cabe recordar que el asesinato de ambos defensores ocurrió luego de haber sido objeto de diversas amenazas y una campaña de difamación y desprestigio en la que, haciendo uso de los medios de comunicación, se les acusaba de lucrar a través del movimiento y de ser opositores al desarrollo y progreso de la comunidad.
Ante la impunidad que prevalece en el caso, a partir del 22 de octubre de 2014 las y los integrantes de El Barzón Chihuahua realizaron diversos eventos públicos para exigir justicia por los asesinatos, y se colocó un monumento in memoriam de los defensores de derechos humanos en un acto público a las afueras de las oficinas del Comisariado Ejidal de Benito Juárez, municipio de Buenaventura, Chihuahua. Dos días después, el monumento in memoriam de los defensores de derechos humanos fue destruido.
Tras denunciar los hechos, el defensor Martín Solís Bustamante, dirigente de El Barzón Chihuahua, recibió una amenaza de muerte en su contra, lo que lo obligó a salir de manera inmediata del estado de Chihuahua el 25 de octubre de 2014 ya que no cuenta con las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar su vida, a pesar de que él y su familia son beneficiarios de las medidas cautelares (388/12) otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 6 de noviembre de 2012, y de que en diversas ocasiones ha presentado continuas solicitudes de protección al gobierno que usted encabeza, las cuales también le han sido negadas.
La falta de la ejecución de dichas medidas impide que el defensor Martín Solís Bustamante pueda regresar al estado de Chihuahua y continuar su labor en defensa de los derechos humanos.
Ante este contexto de impunidad y riesgo para las y los defensores de derechos humanos en Chihuahua, desde la RNDDHM manifestamos nuestra preocupación por la seguridad de las defensoras comunitarias y urbanas, integrantes de El Barzón Chihuahua, a quienes reconocemos el enorme aporte en la defensa del medio ambiente, del derecho a una vivienda digna y su contribución a la visibilización de la violencia contra las mujeres y el feminicidio en el estado de Chihuahua.
Vemos con suma preocupación el incremento del riesgo en el que se encuentran por su labor en defensa de los derechos humanos. Es por ello que las 172 defensoras de derechos humanos de 97 diversas organizaciones de la sociedad civil, ubicadas en 21 estados de la República y el Distrito Federal, exigimos al gobierno del estado de Chihuahua:
Llevar a cabo de manera inmediata las acciones necesarias para garantizar la seguridad y la continuidad del ejercicio de la defensa de los derechos humanos de las y los integrantes de El Barzón Chihuahua.
Que cese a la impunidad prevaleciente en el asesinato de los defensores Manuela Martha Solís Contreras e Ismael Solorio Urrutia, impune desde octubre de 2012.
En coordinación con el gobierno federal, ejecutar de manera eficaz e inmediata las medidas cautelares y provisionales otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos a defensoras del estado de Chihuahua, muchas de las cuales pertenecen a la RNDDHM.
Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México nos unimos al llamado de la organización internacional Front Line Defenders para que desde su gobierno se tomen las acciones necesarias que aseguren que todos los defensores y defensoras de derechos humanos en México “desarrollen sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos y puedan operar libremente sin miedo a restricciones ni represalias, incluido hostigamiento judicial”.
Sin más por el momento, quedamos atentas de cualquier información.
Atentamente:
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, conformada por 172 defensoras de derechos humanos de 97 diversas organizaciones, ubicadas en 21 estados de la República y el Distrito Federal
El desestabilizador de millones de familias es el gobierno
Como es del dominio público, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa provocó una ola de indignación en amplios sectores de la población mexicana, quienes no hemos cesado de expresarnos públicamente a través de marchas, mítines, plantones, declaraciones y demás procedimientos inscritos en el contexto del ejercicio pleno de los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna, para reclamarle al gobierno federal la aparición con vida de los estudiantes, en solidaridad indeclinable con sus familiares, y para que se finquen responsabilidades penales contra los verdaderos autores intelectuales y materiales de los hechos acaecidos el 26 y 27 de septiembre del año en curso.
A 2 meses de lo sucedido, México ya no es el mismo, porque en las últimas 8 semanas han ocurrido muchas cosas, que en un apretado resumen pueden describirse como sigue:
1. El despertar de la conciencia de millones de compatriotas que incrementan y ahondan su solidaridad con los familiares de los normalistas, por razones estrictamente humanitarias y porque no se ha reparado la injusticia primera, que no es otra que la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa.
2. La inoperancia absoluta del gobierno federal, que primero se muestra ausente, luego esquivo y después torpemente incriminatorio, pero siempre ineficaz, pues al presente no son creíbles los resultados de las pesquisas y las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), las que han sido totalmente descalificadas por los familiares y sus asesores, avivando la demanda central.
3. Al suceso nefando de Ayotzinapa se han sumado los agravios sociales de muchos años, dando lugar a la centralidad de la exigencia popular de la renuncia inmediata de [Enrique] Peña Nieto.
4. El titular del Ejecutivo federal ha comenzado a pasar de las palabras a los hechos sobre las amenazas de represión de las protestas civiles, con un discurso justificatorio basado en las “razones de Estado”, a la usanza de cómo se concebían en los tiempos de la rebelión de 1968, lo que obviamente no augura nada bueno.
Nos queda claro que el factor principal de la desestabilización social que tanto le preocupa a Peña Nieto, y por el cual al parecer se está decantando por el restablecimiento de las condiciones de inmovilidad de la población vía la fuerza pública, como sustrato indispensable de su proyecto político y económico, no está representado por las masas movilizadas, ni siquiera por los grupos sospechosamente beligerantes, sino por él mismo. Por omisión, comisión e ineficacia en el caso concreto de Ayotzinapa, y por el exacerbamiento de los males sociales en prácticamente todos los órdenes de la vida nacional. Hoy por hoy el presidente encarna el factor o agente central de desestabilización.
Ante las horas crecientemente aciagas que estamos viviendo, porque por la precipitación de los acontecimientos y los signos de los mismos se trata de horas, ya ni siquiera de días, demandamos:
1. La aparición con vida de los normalistas de Ayotzinapa y la consignación de los verdaderos autores intelectuales y materiales de los delitos cometidos.
2. El fin de la criminalización y represión de la protesta civil, además de las garantías plenas de los derechos de expresión política de los ciudadanos.
3. Que las fuerzas castrenses y las policiacas desoigan las voces que las llamen a instrumentar la represión contra el pueblo, porque a fin de cuentas éste es el detentador originario de la soberanía nacional, y en esa calidad, a él se deben antes que a nadie, y por supuesto antes que al presidente, quien sólo es el mandatario del pueblo, no el mandante.
4. Que el movimiento de resistencia civil se siga dando por los cauces pacíficos, al margen de los grupos violentos, provengan de donde provengan.
5. Que se refuerce la solidaridad de los pueblos del mundo y la atención de los organismos internacionales de defensoría de los derechos humanos como elemento disuasivo de la represión gubernamental.
Los mexicanos queremos, exigimos, la aparición con vida de los 43 normalistas, pero ya, sin más dilaciones; y demandamos cambios de fondo, no los cosméticos anunciados en la línea del gatopardismo, es decir, que todo cambie para que todo siga igual.
Atentamente:
Grupo Promotor del Cambio; Comisión Diocesana de Pastoral Social de la Diócesis de Saltillo; Alianza Cívica Coahuila; Asociación de Usurarios del Agua de Saltillo, AC; CEP-Parras, AC; Red Norte de Educación y Comunicación Popular
Más errores del Servicio Secreto estadunidense
Acerca del reportaje “Pifias y escándalos en el Servicio Secreto de Estados Unidos”, deseo comentar que les faltó mencionar el atentado contra Ronald Reagan el 30 de marzo de 1981, a la salida del hotel Hilton, en Washington. El presidente y otras tres personas fueron heridas por los seis disparos realizados por John Hinckley Junior: La primera bala alcanzó en la cabeza al secretario de Prensa de la Casa Blanca, James Brady; la segunda le dio en la espalda al oficial de policía del Distrito de Columbia, Thomas Delahanty; la tercera sobrepasó al presidente y golpeó la ventana del edificio de enfrente; la cuarta bala le dio en el abdomen al agente del Servicio Secreto Timothy McCarthy; la quinta golpeó el cristal resistente a las balas de la ventana de la puerta abierta de la limusina del presidente; la sexta y última bala rebotó en la limusina e impactó al presidente en la axila izquierda, golpeando una costilla y alojándose en el pulmón, deteniéndose a unos 2.5 centímetros del corazón.
Marco Bernal
ISSSTE, negligencias médicas, muerte y malos tratos
Ha sido muy oportuno el artículo titulado: “Ni al IMSS ni al ISSSTE, ahí sólo los pobres y los jodidos”. Opino en particular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) porque me duele. Soy víctima y testifico a favor de miles de adultos mayores que a su vez han sido y siguen sujetos a las vejaciones que el sistema de enfermedad, no de salud, violenta a los derechohabientes de todas las edades:
1. Mi esposo fue internado en el Hospital Regional Primero de Octubre por fractura de codo. Fue dado de alta, pero se contagió de neumonía nosocomial sin avisarnos. Nos enteramos cuando no pudo levantarse al día siguiente.
2. Con la necesidad de una ambulancia, llegó primero un dispositivo de seguridad ruidoso, bueno para nada. En 5 horas llegó la ambulancia.
3. El traslado… ¿a dónde? Llamaron y recibieron órdenes de que a Tacuba, no a donde lo atendieron. Nos detuvimos en La Raza porque sufrió un paro respiratorio. Lo sondearon los paramédicos hasta llegar al hospital de Tacuba.
4. Se perdió el cuerpo de mi esposo. No fue sino hasta que amenazamos con llamar a la prensa que lo buscaron, y lo encontraron en medicina interna. Para esto ya habían pasado 48 horas, lo que le ocasionó encefalopatía metabólica.
5. En 1 mes internado lo destrozaron con traqueotomía, gastrostomía; además la exigencia de una enfermera privada que nos “sugieren” de ahí mismo para que lo cuide, con un costo de 380 pesos por turno, aunado al apoyo de lo que necesite el enfermo (como un colchón de agua).
6. Falleció ahí mismo, en el bendito ISSSTE a las 12 horas. No entregaron el cuerpo por la mala interpretación de no sé quién: que no tiene los apellidos, el Acta de nacimiento no está actualizada… No omití decirles que fue nacido en Sonora, y gracias a la tecnología hablamos con familiares de Mexicali, Puerto Peñasco, Benjamin Hill y Hermosillo, para que nos enviaran un Acta, misma que llegó hasta el anochecer.
7. Nos entregaron el cuerpo ya entrada la noche, con una perforación en la cabeza sin decirnos el motivo. Fue a la hora en la que los encargados del velatorio lo pretendieron manipular, cuando se dieron cuenta de que no lo podrían vestir, y sólo atinaron a cerrar los orificios de la cabeza, ya que escurría. Cortaron el traje para colocarlo sólo por encima del cuerpo, que ya comenzaba a descomponerse.
8. Con la cotización de 38 años de servicio, es lo que un derechohabiente mexicano obtiene del ISSSTE.
9. Durante el tiempo que permanecí cuidando a mi esposo, me pude dar cuenta de infinidad de cosas que duelen.
Josefina Rodríguez Lucero
Represión para los que luchan por justicia e impunidad para la delincuencia organizada
El 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana, en el marco de la marcha por la exigencia de la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, fueron detenidos 15 estudiantes de varias universidades, de los cuales 11 fueron consignados y trasladados a los penales de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, y Veracruz.
La normal Rural Raúl Isidro Burgos y los padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa condenamos en todas sus formas la criminalización y las detenciones arbitrarias, la construcción de expedientes y la utilización indebida de los penales de máxima seguridad en contra de los estudiantes.
Denunciamos la persistencia y reedición de los esquemas represivos que tuvieron lugar en la Guerra Sucia en nuestro país. Cumpliendo su amenaza, Enrique Peña Nieto utiliza la mano represiva de su gobierno autoritario y reaparecer en escena, con el mismo patrón de antaño en el que se mata y desaparece a estudiantes, y lejos de castigar a los gobiernos responsables del descontento popular, se persigue y encarcela a las propias víctimas.
Es inconcebible que los cuerpos policiacos, ministerios públicos, jueces y todo el aparato estatal sean incapaces de presentar con vida a nuestros 43 compañeros normalistas y de solucionar el flagelo de la delincuencia, pero muestren eficacia para procesar y trasladar a penales de máxima seguridad a estudiantes y campesinos y demás luchadores sociales. Hoy en día la delincuencia organizada de la mano de la policía se pasea por las calles, cobrando cuotas a los pequeños puestos de tacos y misceláneas, matando y almacenando cuerpos en los parques públicos, matando y desapareciendo a estudiantes, mientras tanto los luchadores sociales y estudiantes que defienden la educación pública y luchan por la libertad y la justicia son criminalizados, detenidos y enviados a los penales de máxima seguridad.
Nos queda claro que el encarcelamiento injusto de los estudiantes es un mensaje de intimidación y de la represión que se cierne sobre las organizaciones sociales, colectivos y personas que a lo largo y ancho del país han decidido alzar su voz para denunciar y exigir la presentación con vida de nuestros 43 hijos y compañeros.
Pese a lo anterior, expresamos nuestra firme convicción de luchar por la presentación con vida de nuestros 43 estudiantes desaparecidos y enfatizamos nuestro anhelo de justicia por los asesinatos de que fueron víctimas nuestros compañeros. Ni la cárcel ni la muerte nos amedrentarán ni frenará nuestra lucha.
Hacemos un llamado a mantener viva la llama del movimiento por la presentación con vida de nuestros 43 desaparecidos, ahora es cuando más debemos alzar la voz de la dignidad e indignación, rompamos el muro de la injusticia y la impunidad, salgamos a las calles a exigir un alto al autoritarismo y a la represión de un gobierno que se confabula con la delincuencia organizada y encarcela a los que luchan por una mundo más justo.
Por todo lo anterior exigimos:
1. Libertad inmediata de los estudiantes detenidos y trasladados a penales de máxima seguridad
2. Presentación con vida de nuestros 43 compañeros e hijos, respectivamente
3. El castigo a los responsables de la desaparición y asesinato de nuestros compañeros estudiantes
4. Investigación y sanción a las autoridades coludidas con el narcotráfico
Atentamente:
¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos! ¡Por la liberación de la juventud de la clase explotada, venceremos! ¡Libertad a los presos políticos!
Comité estudiantil de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, Pedro David García López, Juan Flores Terrero, Andrés Clemente Ramos; padre de familia Melitón Ortega Carlos; Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México
Contralínea 414 / del 30 de Noviembre al 06 de Diciembre del 2014
