Carta abierta al jefe de gobierno: criminalizar la protesta vulnera la democracia
Doctor Miguel Ángel Mancera Espinoza, ciudadano jefe de gobierno del Distrito Federal, presente
Nos dirigimos a usted para expresarle nuestra profunda preocupación e inconformidad en razón de que la actuación de la policía del Distrito Federal para la contención de las manifestaciones ha derivado en procesos que se encuadran como criminalización de la protesta. De manera particular nos preocupa que en próximas fechas en que se realicen movilizaciones masivas, se espera de su gobierno el respeto, garantía y protección, no sólo del derecho a protestar de las personas, sino también sus derechos a la libertad e integridad personales, a la reunión, a la libertad de expresión y a la manifestación.
Desde hace varios años se han señalado las principales fallas de la estrategia seguida por la policía del Distrito Federal, con frecuencia en colaboración con la Policía Federal, como ocurrió los pasados 20 de noviembre y 1 de diciembre. Es de nuestra especial preocupación:
La ausencia de protocolos claros de actuación policiaca frente a las protestas; la ausencia de un cuerpo especial de policías capacitados adecuadamente para contener a los manifestantes; la detención arbitraria e ilegal que se realiza en las manifestaciones de ciudadanos que protestan pacíficamente; la violación a los derechos a la libertad personal que se hacen evidentes en prácticas como “el encapsulamiento”; la violación a los derechos a la integridad personal que se realizan cuando, lejos de una acción estratégica de contención, los policías simplemente reciben la orden de golpear indiscriminadamente a los manifestantes; la mentira como acción cotidiana y concertada en los documentos públicos y declaraciones policíacas para sustentar las detenciones ilegales. Se ha documentado que los lugares, horas y condiciones de las detenciones que son registradas y declaradas por los policías son abiertamente falsos.
La compleja situación del país y el descontento social debido a motivos que todos compartimos, como es la desaparición de los 43 normalistas, las reformas estructurales antipopulares y las evidencias públicas sobre la corrupción gubernamental, sumados a las razones cotidianas que llevan a las comunidades a manifestarse en la búsqueda de mejorar su calidad de vida o de hacer cumplir la ley por parte de las autoridades, nos hace prever que serán muchos los encuentros entre ciudadanos y policías en tanto no se modifiquen las condiciones estructurales de violencia y de injusticia.
Hasta ahora, las evidencias no dejan lugar a dudas y contradicen lo dicho por mandos de su gobierno: la policía de la Ciudad de México más que actuar para restablecer el orden ha cometido detenciones arbitrarias, ha vulnerado la integridad de las personas y ha generado, de manera completamente innecesaria, un ambiente de terror en las inmediaciones del Zócalo.
Estaremos de acuerdo, señor jefe de gobierno, que esto no puede seguir pasando. No conviene a nadie.
La criminalización de la protesta no puede ser uno de los pilares de la política de seguridad de gobierno alguno, mucho menos de uno que se debe a luchas cívicas y populares que en su momento respondieron a un proyecto histórico de democratización y promoción de la justicia.
Esperamos de manera sincera que corrijan las formas de acción de las policías y de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, incluso en función del informe emitido por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal el pasado 26 de noviembre, y se garantice el ejercicio del derecho a la manifestación.
Nos mantendremos observantes y dispuestos a sostener con usted, y los funcionarios que considere pertinentes, un diálogo público para intercambiar puntos de vista sobre nuestros respectivos diagnósticos en torno al comportamiento de las policías de su gobierno durante las manifestaciones.
Atentamente:
Cauce Ciudadano, AC; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Centro Nacional de Comunicación Social, AC; Fundación para la Democracia Alternativa y Debate, AC; El Grito más Fuerte; Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social; Incide Social, AC; Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Dialogo, AC; Vía Centro Nacional de Comunicación Social, AC
Exigen justicia por caso de represión contra activista estudiantil
Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno del Distrito Federal; Jesús Rodríguez Almeida, secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal; Rodolfo Fernando Ríos Garza, procurador general de Justicia del Distrito Federal; José Carlos Villarreal Rosillo, fiscal para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos; doctora Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; Javier Esteban Hernández Valencia, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos:
Ángel Rivera Arista es alumno y dirigente estudiantil del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal (IEMS); también es integrante de la Cooperativa Dulce Rebeldía que se encuentra en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y es representante de Fuerza Estudiantil IEMS.
Ha participado en las mesas de diálogo por el fortalecimiento del IEMS y en repudio a las reformas educativas para el Instituto; en las mesas de diálogo con la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; en actos y movilizaciones en defensa al modelo educativo original de los IEMS; en actos y movilizaciones por la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, así como de los más de 30 mil desaparecidos que hay en México desde 2006 a la fecha; en actos y movilizaciones por la liberación de los presos políticos detenidos el día 20 de noviembre del 2014, así como de todos los injustamente presos.
El pasado 1 de octubre de sufrió acoso por parte del cuerpo de seguridad y vigilancia del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, plantel Tlalpan, 1, General Francisco J Mújica.
Según declaración de los agredidos, el pasado 29 de noviembre el alumno y dirigente estudiantil Ángel Rivera Arista se encontraba en las instalaciones del Estadio Azteca junto con su novia Mara González presenciando el encuentro futbolístico que se disputaba entre los equipos de los Pumas contra el Club América. Dentro del Estadio se ubicaron en la tribuna que está debajo del Preferente Sur; cabe mencionar que además habían decidido manifestarse por la exigencia de la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. Al minuto 43 de cada tiempo alzaban una manta que decía: “En México gobierna la injusticia. ¡Ayotzinapa vive! ¡Presos políticos libertad!”
En la segunda ocasión que se manifestaron, un cerco de granaderos se acercó y se colocó junto a ellos; en un momento se entabló una discusión con otros aficionados (que portaban jersey de futbol americano, parecidos a los integrantes de los grupos de golpeadores conocidos como “porros”) ante el reclamo de que bajaran la manta. En ese momento Ángel Rivera Arista sintió que un granadero lo jalaba hacia atrás, y entre cuatro granaderos lo sacaron de la tribuna de manera violenta. Al llegar al túnel que comunica la tribuna con los baños y las rampas de salida del Estadio, lo golpearon entre los cuatro policías hasta que perdió el conocimiento, por lo cual no pudo brindar más detalles; a su novia Mara González la encapsularon por unos minutos en las gradas para que no fuera en su ayuda (cabe resaltar que cuando ella pidió información a los cuerpos de seguridad, estos se la negaron, y otros le afirmaron que Ángel Rivera Arista estaba en el Ministerio Publico Móvil, a donde se dirigió y le informaron que su novio no estaba en ese lugar). Le dijeron que podía estar en el Ministerio Publico de la Puerta 5 del Estadio, a donde se trasladó recibiendo también la negativa de la presencia de Ángel en ese lugar. Luego de que Mara hizo estas averiguaciones, decidió dirigirse a su casa para ver si Ángel se encontraba ahí. Al constatar su ausencia, decidió comunicarse con la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), y desde ese momento se levantó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal bajo el registro 7694, a cargo de la licenciada Blanca Elvia Jiménez.
Mientras tanto, Ángel se encontraba inconsciente; cuando recobró el conocimiento se dio cuenta que se encontraba dentro de un microbús de aficionados al Club Pumas, y le comunican que lo recogieron de una rampa del Estadio, donde se encontraba inconsciente y con el rostro ensangrentado. Luego regresó al Estadio a buscar a su novia porque le preocupaba su seguridad. También detalla que durante el agravio perdió el dinero y no tenía los medios para regresar a su casa. Según cuenta Ángel: “Cuando regreso a las instalaciones algunos policías no me permiten el acceso, y llorando les digo que sus compañeros me golpearon, que perdí el conocimiento y a mi novia, pido entrar a buscarla a lo que terminan accediendo. Ya en las gradas no la encuentro por ningún lado, después salgo del inmueble y la sigo buscando hasta que decido retirarme. Llegando a un lugar donde puedo tener acceso a internet contacto a algunas personas que quiero y que me estaban buscando, más tarde llego a casa de una persona donde encuentro a mi novia y nos dirigimos al hospital, a que me atiendan por la golpiza.”
Ingresó al Hospital General Xoco al área de Urgencias, como consta en el acta de Admisión 00041611, con fecha 30 de noviembre de 2014, a la 01:40 horas. En dicho nosocomio le diagnosticaron múltiples traumatismos en diferentes partes del cuerpo. A su ingreso, presentó escoriación rojiza de 2 centímetros en región frontal derecha, otra en región ocular derecha de 1 centímetro, rojiza, aumentando el volumen en párpado superior derecho con equimosis violácea y un hematoma en región occipital de 2 centímetros a la derecha de la línea media; refiere cefalea, dolor de cadera derecha e izquierda y cuello, presentando también escoriaciones en cara.
El 2 de diciembre pasado recurrió a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Agencias de Atención Especializadas, en Atención a la Comunidad Universitaria, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, donde el agente del Ministerio Público, la licenciada María Luisa Ruiz Loo, actuó con animadversión, exceso de burocracia, desgano y desinterés, diciéndoles que no le competía ese asunto y recomendando que se dirigiera a la Agencia del Ministerio Publico de Coyoacán, Coordinación Territorial 1 (COY-1) argumentando que era la Agencia que atendía la zona del Estadio Azteca. Cuando llegaron a la Agencia del Ministerio Publico Coyoacán COY-1 les comunicaron que la Agencia que atiende esa zona es Coyoacán COY-4, y ahí les recomendaron que se dirigieran a la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos (FIDCSP) a donde se dirigieron a realizar la denuncia, que fue recabada bajo el número de Averiguación Previa FSP/B/T1/03895/14-12.
Con base en los hechos que describen Ángel y su novia, Mara González, estos hacen temer por la integridad física y sicológica del joven activista Ángel Rivera Arista, en virtud de que en últimas fechas diferentes instituciones han llevado a cabo una política de acoso, desprestigio y expulsiones de los jóvenes que tienen una posición política contraria a la de las autoridades. En el peor de los casos, se llega a criminalizar la actividad de estos estudiantes, abriendo de esta manera el paso para que estos sufran atentados en contra de su persona.
Tras el estudio de la declaración que brinda Ángel Rivera Arista, deducimos que los derechos que se le han vulnerado son: el derecho a la integridad física y moral, establecidos en los artículos 3, 5 y 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el derecho a la libertad de pensamiento y expresión (este derecho, en nuestra apreciación, es el más importante para este caso, ya que los anteriores derechos nombrados, son violados tratando de evitar que el alumno ejerza este último). El cual está garantizado por los artículos 6 y 7 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por el artículo 13 de la Convención Americana Derechos Humanos y por el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Por estas razones, las organizaciones que conformamos la Red de Alerta Temprana expresamos nuestra preocupación ante estas graves violaciones a derechos humanos y demandamos de las autoridades responsables:
1. Se respete y garantice la vida, la integridad física, sicológica y la seguridad jurídica de Ángel Rivera Arista así como de cualquier persona que se manifieste libremente por los hechos ocurridos en contra de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, seis que perdieron la vida, así como la situación de los presos políticos y de conciencia de nuestro país.
2. Se ordene a las autoridades correspondientes que lleven cabo una investigación rápida, efectiva, exhaustiva, independiente e imparcial en torno a la tortura ejercida en contra de Ángel Rivera Arista.
3. Se castigue a los responsables materiales e intelectuales de los hechos.
4. A los organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos, con base en el marco de sus atribuciones, expresen su preocupación ante la gravedad de los hechos e insten a las autoridades a que atiendan las peticiones planteadas.
5. Rechazamos profundamente la criminalización de la protesta social y nos manifestamos enérgicamente contra la violación a los derechos fundamentales de los luchadores sociales y de los defensores de derechos humanos en nuestro país.
6. De manera general conformar sus acciones a lo dispuesto por las declaraciones, los pactos y convenciones internacionales en materia de derechos humanos ratificados por México.
Por las organizaciones integrantes de la Red de Alerta Temprana, atentamente:
Doctor Adrián Ramírez López, presidente de la Limeddh
Red de Alerta Temprana: Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, AC; Fundación Diego Lucero, AC; Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México; Asociación Nacional de Abogados Democráticos; Observatorio Nacional de Prisiones México, Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos; Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo, AC; Asociación de Derechos Humanos del Estado de México
Denuncian agresiones contra integrantes de radio comunitaria
Desde hace 2 años la Ciudad de México es testigo de cómo han escalado las agresiones por parte de las policías, particularmente el cuerpo de granaderos (dependiente del Gobierno del Distrito Federal) y la Policía Federal, contra quien ejerce su derecho legítimo a manifestarse y contra quien realiza una labor vital de documentación e información, incluida la prensa, tanto comercial como la alternativa.
El 1 de diciembre la fórmula nuevamente se repitió. Ante una manifestación multitudinaria que exigía la aparición con vida de los 43 normalistas se desató un operativo por parte del cuerpo de granaderos. El argumento nuevamente fue que era necesario contener a un pequeño grupo que estaba realizando destrozos en los comercios aledaños.
Sin embargo, el cuerpo de granaderos agredió directamente a los contingentes y ciudadanos que participaban en la manifestación pacífica. La prensa nuevamente fue un objetivo, como lo es el caso de quienes integran La Voladora Radio –emisora comunitaria integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC-Mx)–: Verónica Galicia, Erick García y Eduardo Celestino.
Quienes integran La Voladora Radio fueron golpeados y su equipo robado. Llama la atención que fue justo en el momento en que reportaban cómo elementos policíacos vestidos de civil daban órdenes y avanzaban para detener y en su caso golpear manifestantes, según relatan:
Al finalizar el mitin en el Ángel de la Independencia se suscitaron disturbios. Minutos después de lo sucedido, sobre el Paseo de la Reforma, empezaron a cercar granaderos y a arremeter contra las personas que se encontraban aún en el lugar; eran bastantes las personas que estaban retirándose y gritaban: “¡No violencia!”
Nosotros empezamos a documentar los hechos y el avance de los granaderos. En cuestión de segundos nos encontrábamos totalmente cercados por ellos. Logramos documentar la presencia de policías vestidos de civil que portaban un guante negro y avanzaban con los granaderos tratando de detener y golpear a las personas.
Los policías se nos echaron encima y empezaron a arrinconarnos, uno de los uniformados arrancó de las manos la cámara que llevaba Verónica Galicia y con la cual estaba documentando las agresiones y a los policías vestidos de civil, además de aventarla con el escudo.
Había como 30 personas encapsuladas, incluidos nuestros tres compañeros. Durante el encapsulamiento hubo golpes con toletes y escudos, además de rociarnos con el gas de los extintores.
Las personas que se encontraban en el encapsulamiento les decían a los policías que se tranquilizaran, a lo cual los uniformados respondían con golpes. Cuando uno de los jóvenes les dijo que se calmaran, un granadero le respondió: “Cabrón, ¿quieres ver cómo sí te llevo? ¿Quieres ver?” Y le propinó golpes.
A otro joven le dieron un macanazo y empezó a sangrar del rostro.
Finalmente, el grupo que se encontraba encapsulado empujó para romper el cerco y lograron salir. Sin embargo, muchas personas quedaron en el lugar siendo golpeadas y rodeadas por los cuerpos policiacos.
Las abajo firmantes condenamos la escalada de violencia –en este caso directamente de la policía dependiente del gobierno de Miguel Ángel Mancera– contra quienes ejercen su legítimo derecho a la libre expresión, incluido el derecho a la protesta. Es inaceptable un gobierno que agrede, secuestra y destruye los medios de información que documentan violaciones graves a los derechos humanos.
Les recordamos a las autoridades de todos los niveles, particularmente al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y al Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, que es su deber garantizar los derechos humanos de quienes se manifiestan. Tratar de infundir miedo a quien protesta violenta los altos estándares en materia de libertad de expresión.
Asimismo, exigimos enérgicamente que se investigue y sancione a los funcionarios que han incurrido en las agresiones, que se exprese una disculpa pública y se repare correctamente el daño a las personas agredidas, incluyendo la restitución del equipo robado.
Atentamente:
Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (Red integrada por periodistas mujeres y varones de 35 países del mundo); Red Nacional de Periodistas (integrada por periodistas hombres y mujeres de todas las entidades federativas de México); Comunicación e Información de la Mujer, AC (organización civil sin fines de lucro); Agencia de Noticias con Perspectiva de Género
Tres años buscando justicia: familias desplazadas de Banavil
A los medios de comunicación nacional e internacional; a los defensores de los derechos humanos; a los adherentes a la Sexta nacional e internacional; al Congreso Nacional Indígena y el EZLN; a la opinión pública; a la sociedad civil; a los medios alternativos:
A 3 años de estar desplazados y desplazadas, a 3 años de la desaparición de nuestro padre Alonso López Luna, a 3 años buscando justicia ante un gobierno con poca voluntad, 3 años…
Hermanos y hermanas que están desde sus lugares de origen, a través de este medio, recordamos juntos y juntas con ustedes este día 4 de diciembre de 2011, el día en que fuimos agredidos con armas de fuego por parte de los priístas del paraje Banavil, respaldados por el ayuntamiento municipal de Tenejapa y de funcionarios estatales.
Estos 3 años, en que nos encontramos en la desgracia y el sufrimiento, nos han enseñado nuevos aprendizajes, nuevas caras, nuevas lugares. En el camino nos encontramos con el pueblo de Simojovel, con los adherentes a la Sexta de las Brisas, con las víctimas de Viejo Velasco, con los presos injustamente; en el Congreso Nacional Indígena (CNI), en el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), con los estudiantes compañeros de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, con las mujeres, con el movimiento por la vida en defensa de la tierra por la autopista San Cristóbal-Palenque y otros más. A través de ellos compartimos lo que sentimos:
A 3 años de estar fuera de nuestras casas nos fuimos enterando de que el gobierno tiene planes de pasar por ahí la autopista San Cristóbal-Palenque. Las autoridades priístas del paraje Banvil ya firmaron autorizando que sean destruidas las tierras para que pase la carretera. Allí vemos que en vez de actuar bien el gobierno, más nos quiere ver pisoteados, destruyendo nuestras pocas tierras que tenemos los indígenas.
No quiere decir que si somos humildes los indígenas no conozcamos nuestros derechos, que no sepamos hablar o que no podamos proponer. Todo eso, sólo sirve para discriminar y no reconocernos, para el gobierno está muy bien que no conozcamos nuestros derechos para que así no nos podamos defender.
En estos 3 años, la lucha por la justicia nos ha llevado al encarcelamiento de Alonso Guzmán López, del Partido Revolucionario Institucional, uno de los responsables en la desaparición de Alonso López Luna. Sólo estuvo preso unos meses y fue puesto en libertad por el Juzgado Primero de San Cristóbal de Las Casas, según por falta de pruebas. Con esto nos queda claro que con este gobierno no se puede encontrar justicia. Nuestro padre Alonso López Luna sigue desaparecido, sin una búsqueda de su cuerpo, aunque el gobierno lo dio por muerto en el expediente penal y nosotros preguntamos dónde está el cuerpo de nuestro padre Alonso López Luna. La palabra del gobierno es la misma que en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero: darlos por muertos para no buscarlos y nunca encontrarlos. Nos preguntamos qué oculta el mal gobierno.
En estos 3 años, en varias ocasiones el gobierno del estado nos ha citado según para atender el caso, en algunas ocasiones nos deja plantados y otras veces sólo nos llevan a calentar la silla, porque no tiene voluntad política para resolver nuestro caso, no le interesa este problema al joven Manuel Velasco y tampoco le interesa a su gente, que sólo “trabajan para ganar”, como dijo un expresidente municipal de Tenejapa en la oficina de la Fiscalía Indígena.
A través de este medio agradecemos la invitación de la Mesa Directiva de la Sociedad Civil Las Abejas para asistir a su 17 aniversario en busca de justicia por la masacre de los 45 indígenas tzotziles y cuatro no nacidos. Allí estaremos para compartir nuestra palabra como desplazados.
Como desplazados nos encontramos en otra etapa de lucha y de exigir justicia. A partir de enero participaremos en la campaña de los desplazados de Banavil Las Caras del Despojo. Unos días antes de iniciar, daremos a conocer las acciones que tenemos pensadas para que se unan a las mismas, desde donde se encuentren y como puedan. Las y los desplazados les agradeceremos de todo corazón su valioso apoyo.
Como desplazados y desplazadas no tenemos ninguna atención como dice la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno del estado de Chiapas. Esa ley sólo existe para no respetarse.
A los gobiernos estatal y federal nuevamente exigimos que cumplan su trabajo:
Exigimos la aparición con vida de Alonso López Luna y de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero.
Exigimos el cumplimiento de los siete puntos que pusimos sobre la mesa con el gobierno.
Exigimos al gobierno estatal y federal que atiendan nuestro caso, ya que es su responsabilidad proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Atentamente:
Los desplazados de Banavil, Tenejapa, Chiapas, simpatizantes del EZLN, Lorenzo López Girón, Miguel López Girón, Petrona López Girón, Anita López Girón
Estado revictimiza a quienes han sido violentados
En días recientes, Ángel Benhumea Salazar, padre de Alexis Benhumea, asesinado en los hechos de San Salvador Atenco, Estado de México, en 2006, recibió una llamada de extorsión diciendo que tenían secuestrada a su hija. La llamada la recibió días después que la familia Benhumea marchó por los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. El señor Benhumea recibió asesoría del Colectivo Contra la Tortura e Impunidad (CCTI), quien también acompañó el proceso de su hijo, y pudo evitar la extorsión. Estas llamadas de extorsión han sido comunes entre el equipo del CCTI y en periodos de tiempos cortos, por lo que se cree que existe una intensión para intimidar al equipo y a la familia Benhumea.
Otro caso de alarma dentro del CCTI es que el nombre de Víctor Herrera Govea, quien fue detenido en la marcha del 2 de octubre de 2009 y torturado en ese entonces, aparece en la lista de presentación reciente de la Procuraduría General de la República, lista a la que también pertenece Sandino Bucio, quien fue detenido arbitrariamente y con violencia el pasado 28 de noviembre. Este hecho es de suma preocupación, ya que Víctor no está involucrado en ningún acto violento y no tiene cargos penales por los cuales responder, por lo que se cree que existe represión selectiva.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) manifestamos nuestra preocupación por la Familia Benhumea, Víctor Herrera Govea y el CCTI, que forma parte de la Red TDT, y exigimos se garantice la seguridad física y sicológica ante estos hechos, ya que anteriormente fueron víctimas del Estado.
Atentamente:
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (conformada por 74 organizaciones en 20 estados de la República mexicana)
Contralínea 415 / del 07 al 13 de Diciembre 2014
