La Sedena rechaza observaciones de la Auditoría Superior de la Federación

Señor Miguel Badillo Cruz, director general de la revista Contralínea, presente:

La Secretaría de la Defensa Nacional [Sedena] rechaza enérgicamente el reportaje titulado “Sedena: ineficiente constructora del Poder Judicial”, de la autoría de Mauricio Romero, publicado en el ejemplar 441 de la revista Contralínea de fecha 15 de junio del presente año, por sesgado, falso y difamatorio.

El autor del referido trabajo periodístico, de manera indebida, presenta como verdades incuestionables lo que son OBSERVACIONES formuladas por la Auditoría Superior de la Federación y que, como lo consigna el propio periodista, han merecido rechazo del Consejo de la Judicatura Federal. Más aún, por lo que se refiere a la construcción del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, se están realizando auditorías por parte de los órganos fiscalizadores, tanto de la Secretaría de la Defensa como del propio Consejo, de manera separada pero coordinados.

La Secretaría de la Defensa Nacional celebró un convenio de colaboración interinstitucional con el Consejo de la Judicatura Federal, con el fin de coordinar acciones y recursos para materializar las obras y adquisiciones que el citado Consejo solicite a esta Dependencia del Ejecutivo Federal, por lo que a la fecha se han realizado 34 obras, de las cuales 30 han sido concluidas y cuatro se encuentran en ejecución. Inicialmente el convenio de colaboración fue para terminar obras inconclusas, derivándose posteriormente a obras nuevas.

Las obras terminadas fueron entregadas en tiempo y forma, a plena satisfacción del referido Consejo.

Cabe señalar, que las citadas construcciones son materializadas bajo la administración directa del Consejo de la Judicatura Federal, con la colaboración de esta Secretaría, mediante la dirección técnica de la obra y contratación de mano de obra local, habiendo generado hasta la fecha aproximadamente 12 mil empleos temporales, lo que coadyuva al desarrollo económico regional.

La colaboración de esta institución con más de 30 organismos gubernamentales se encuentra prevista en los párrafos tercero y cuarto del artículo 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, sin que se generen recursos adicionales para esta Secretaría o alguno de sus integrantes.

El reportaje en comento contiene apreciaciones falsas que constituyen una agresión al honor, a la honestidad y a la lealtad que caracterizan a las mujeres y hombres que integramos el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Asimismo, insto a su revista y a su colaborador para que denuncien formalmente ante las autoridades competentes cualquier conducta que consideren ilícita del personal militar.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 21 y 27 de la Ley sobre Delitos de Imprenta, la Secretaría de la Defensa Nacional le solicita publicar en su revista, con el mismo formato, tamaño y ubicación la presente aclaración.

Sin otro particular, expreso a usted mi consideración y respeto.

Sufragio efectivo. No reelección.

Director general de Comunicación Social, general brigadier Diplomado de Estado Mayor Martín Terrones Calvario

Lomas de Sotelo, Distrito Federal, 19 de junio de 2015

 

 

 

No maten al mensajero

Señor director:

Con relación a la carta enviada por el general brigadier Diplomado de Estado Mayor Martín Terrones Calvario en la que califica como “falso y difamatorio” el trabajo firmado por este reportero, le solicito dejarme recordar ante nuestros lectores que el texto en mención se sustenta en las “observaciones” de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de las que se derivaron dos recomendaciones e incluso una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria. “Observaciones” por las cuales se solicitó la intervención de los órganos internos de control y por ello se presumen irregularidades. Por lo que en el texto periodístico no se expresan “apreciaciones” o juicios personales, como lo afirma la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En su comunicación, el general brigadier subraya que las “construcciones son materializadas bajo la administración directa del Consejo de la Judicatura Federal” (CJF). Precisamente por ese motivo la ASF solicitó a la Contraloría del CJF, sujeto de la fiscalización, llevar a cabo una investigación para determinar responsabilidades y, en su caso, iniciar “el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión autorizaron, en las estimaciones para comprobación de los recursos otorgados, volúmenes de obra mayores que los ejecutados” por la Sedena.

Asimismo, se tacha el trabajo de “sesgado”. Como principio ético fundamental, tengo la obligación de buscar a la parte señalada. Así, el 2 de junio del presente reafirmé por escrito la solicitud de entrevista que días antes había realizado de manera telefónica con el general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, firmante primario por parte de la Sedena del convenio de colaboración signado con el CJF. El 5 de junio, por correo electrónico, el general brigadier Diplomado de Estado Mayor Andrés Fernando Aguirre confirmó la recepción de la petición. No obstante la insistencia, hasta el cierre de edición no se recibió respuesta positiva de la Sedena.

Con respecto de la información que la Secretaría supone constituye “una agresión al honor, a la honestidad y a la lealtad” de los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se invita a los lectores a revisar completa la auditoría de inversiones físicas GB-011 correspondiente a 2013 realizada por la ASF (http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013_0042_a.pdf) en la que se señala que en el proyecto de edificación de la sede del Poder Judicial en Oaxaca se incumplió el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos –el cual establece que los recursos económicos de que disponga la Federación “se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”–, además de faltar a “otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal”. Tan es así, que el propio general brigadier admite en su carta de réplica que continúan en proceso las fiscalizaciones por parte de los órganos internos del CJF y de la Sedena.

 “Para nadie es un secreto que, en la presente coyuntura, uno de los elementos más representativos del sentir general es la crisis de confianza por la que atraviesan las instituciones de la República”, dijo el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, en su mensaje de entrega del Informe del resultado de la fiscalización de la cuenta pública 2013. Por ese motivo la ASF hace públicos sus trabajos: para que la sociedad –en este caso por medio de un trabajo periodístico hecho a partir de los datos y hechos descubiertos– dé cuenta de las formas con las que actúan las instituciones sostenidas con recursos públicos.

El mensajero no es el responsable de las anormalidades detectadas por la Auditoría, sino los funcionarios del CJF y los integrantes de las Fuerzas Armadas inmiscuidos en el proyecto señalado.

Por último, y por este mismo medio que la propia Secretaría ha elegido como canal de comunicación, reafirmo mi solicitud de entrevistar al general secretario Cienfuegos, así como al o los responsables directos por parte de la Sedena de la ejecución de las obras para conocer quiénes han sido subcontratados y qué destino tuvieron los millonarios recursos ingresados por los 30 proyectos concluidos y los cuatro aún pendientes de entrega.

Atentamente:

Mauricio Romero

 

 

 

Solidaridad con Cencos ante allanamiento de oficinas

Las organizaciones y redes firmantes nos manifestamos en contra del allanamiento y robo a las instalaciones del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos). Repudiamos toda acción de violencia que trate de inhibir la defensa y promoción de los derechos humanos.

Exigimos a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), así como a las autoridades competentes que:

-Realicen un seguimiento apegado a derecho a la averiguación previa levantada por Cencos CI-FCH/CUH-5/UI-3 S/D/02950/06-2015.

-Tomen en cuenta como línea de investigación la labor de defensa y promoción de los derechos humanos a través de la comunicación.

-Brinden de manera urgente medidas de protección a las y los integrantes de Cencos.

De acuerdo con una alerta emitida en el portal de internet de Cencos, el 22 de junio, después de las 21 horas, las cámaras de seguridad captaron el ingreso por la puerta principal de dos sujetos en diferentes momentos quienes forzaron las puertas de varias oficinas. Revisaron y abrieron archiveros y escritorios, sustrajeron material de trabajo como cámaras, lentes fotográficos y dos computadoras portátiles con información de la organización. Después de 30 minutos ambos sujetos salieron y con pegamento sellaron la entrada para impedir el ingreso.

Cencos se destaca por fortalecer, promover y difundir los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información, así como las normas y marcos legales necesarios para su ejercicio. Fortalecer las capacidades de comunicación estratégica de grupos y personas en situación de vulnerabilidad y facilitar su acceso a los medios de comunicación. Desarrollar y apoyar la investigación, difusión e incidencia de casos de violación de derechos humanos en México a nivel nacional e internacional.

Apelamos a las recomendaciones emitidas en el Informe anual (2013) de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que señala que los estados parte deberán:

 “Realizar investigaciones diligentes, imparciales y efectivas sobre los asesinatos, agresiones, amenazas y actos de intimidación cometidos contra periodistas y trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación. Esto supone la existencia de unidades y protocolos de investigación especiales, así como la identificación y el agotamiento de todas las hipótesis criminales posibles que vinculen la agresión con el ejercicio profesional de la víctima”.

Atentamente:

Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC); Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG); Red Nacional de Periodistas; Red Periodistas de a Pie; Propuesta Cívica; Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM)

 

 

 

Denuncian despidos, censura y acoso en Canal 22

A la opinión pública; al gremio periodístico; a la comunidad artística y científica; al Congreso de la Unión; al Instituto Federal de Telecomunicaciones; a la Secretaría de Educación Pública; al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; a la Secretaría de la Función Pública:

El Canal 22 cumplió el 23 de junio 22 años. Pero tiene muy poco que celebrar. Nunca en su fructífera historia, caracterizada por el pleno ejercicio del derecho a la información y la libre expresión, el pluralismo y la inclusión de las más diversas voces ciudadanas, artísticas y políticas, había presentado síntomas de decadencia.

Como miembros del equipo editorial de la Dirección de Noticias, así lo hemos vivido:

La censura, que se expresa en la inminente salida del aire de los programas semanales El Observador y Global 22. Específicamente, en el primer caso, se trata de la única producción institucional de periodismo de investigación, reflexión y análisis sobre los temas de primera importancia en la vida pública de México.

Esto no ocurre de manera aislada ni se debe a una política de renovación programática o a la supuesta falta de recursos económicos, sino que es el corolario del sistemático acoso editorial y laboral contra la Dirección de Noticias y quienes la conformamos, desde hace cuando menos 3 meses.

Lo anterior se detona específicamente después de que la Dirección de Noticias resuelve informar en Noticias 22, con veracidad y concisión, sobre la salida del aire de la Primera Emisión de Noticias MVS, de Carmen Aristegui, el 15 de marzo pasado, tema que por órdenes expresas de la Dirección General debía omitirse absolutamente.

Esto, a la vez, provocó una práctica censora sistemática de revisión, mutilación y no emisión de programas, enfáticamente referidos a la violencia criminal, social y de Estado, seguridad y violación de derechos humanos.

En particular, la Dirección General solicitó a la Dirección de Noticias un programa especial en vivo sobre la jornada electoral del 7 de junio pasado. Cuando dicho programa estaba ya en proceso de producción, de manera sorpresiva fue cancelado, esa misma semana.

En el centro de esta problemática está, particularmente, el acoso contra Juan Jacinto Silva Ibarra, director de Noticias, y quien durante 3 lustros ha dotado al canal de una política editorial consistente, que se distingue por su pluralismo, diversidad, rigor y vocación de servicio a favor del derecho a la información de la ciudadanía.

Ahora, el mayor riesgo potencial es lo que podría suceder con Noticias 22 y las producciones de periodismo de investigación en proceso de realización. En cuanto a Noticias, la prestigiada barra informativa nocturna del canal, ha ido adquiriendo tintes oficialistas por presiones directas de la Dirección General.

Y ya en el ámbito laboral, todo lo anterior se ha expresado en nuevas dinámicas de acoso, cancelación de programas ya planeados y los severos retrasos en el pago de honorarios que, en ocasiones, acumulan hasta 3 meses.

Responsabilizamos de lo descrito al director general de Canal 22, Raúl Cremoux López, quien desde que asumió tal cargo, al iniciar la administración del presidente Enrique Peña Nieto, y con una actitud abiertamente patrimonialista del poder público, ha utilizado nuestro canal público como plataforma de proyección política personal.

Nuestra intención específica es visibilizar lo que ocurre en Canal 22, pero no como un fenómeno aislado ni coyuntural, sino como parte de una atmósfera generaliza en México de limitación de derechos civiles, incluida la libertad de expresión.

El asunto nos parece particularmente grave tratándose de un medio público, cuyo mandato, objetivos, visión y metas lo comprometen con el derecho a la información de la sociedad mexicana.

Cremoux López ha pretendido encubrir su política de afectación de la libertad expresión con una imagen y un discurso públicos favorables a este derecho.

Exigimos a las instituciones del Estado implicadas su intervención de cara a un escenario que podría significar el desmantelamiento del Canal Cultural de México.

Exhortamos a la opinión pública a involucrarse activamente en la defensa de este importante medio público, que ha sido referente de pluralismo y calidad; y existe y se había preservado como un recurso social para la materialización del derecho a la información de los mexicanos.

Llamamos a la comunidad artística y científica a expresarse sobre el derrotero que está tomando Canal 22, el cual ha sido su espacio de expresión libre y creativa más persistente en la historia México.

Expresamos nuestro reconocimiento y la mayor solidaridad a Juan Jacinto Silva Ibarra, director de Noticias.

En octubre pasado, al inaugurar el V Foro Internacional de Medios Públicos en América Latina, el presidente Peña Nieto afirmó que “el gobierno de la República trabaja con determinación para que los medios públicos y privados ejerzan plenamente su libertad y aprovechen al máximo el avance tecnológico”. La lamentable situación actual de Canal 22 desmiente tal aseveración.

Atentamente:

Ariadna Ambriz, Ollín Buendía Salazar, Ilia Casarín, Alejandra Flores, María Idalia Gómez, Marco Lara Klahr, Alizbeth Mercado Becerril, Magaly Quintero, Yazmín Quiroz, Graciela Pérez Núñez, Fernando Troncoso, Perla E Velázquez

 

 

 

Reforma a la educación debería iniciar por los contenidos pedagógicos

 

Felicito por el reportaje “Reforma educativa, autoría de Mexicanos Primero”. Una verdadera reforma educativa empezaría por proponer y conformar contenidos pedagógicos, instalaciones adecuadas, mobiliario adecuado y suficiente, mejores prestaciones y capacitación al magisterio.

Gil Arévalo T

 

 

 

Contra las verdades a medias

Excelente información la del reportaje “Reforma educativa, autoría de Mexicanos Primero”. Los demás medios sólo presentan verdades a medias. Esta información es necesaria para entender el interés de ciertos grupos que desean enriquecerse sin importar las consecuencias que esto genere.

Excelente y gracias por compartir.

Elvis Santiago Hernández

 

 

 

Convoca a resistir el embate contra el magisterio

Es claro que la reforma educativa no es otra cosa que un plan sistemático y bien estructurado por parte del Estado mexicano para extinguir cualquier situación de compromiso, responsabilidad y otorgamiento de prestaciones y derechos legítimos de los trabajadores de la educación. Se apoya en una supuesta evaluación de forma intimidatoria y punitiva. Se trata de un mecanismo que no favorece la labor del docente y que no garantiza la mejora de la educación en México. No toma en cuenta todo el espectro de situaciones en el contexto educativo y del sistema mexicano que determina la mejora en la educación.

Ante esta situación de despido inminente de maestros sin ningún respeto a las garantías laborales, esperamos los profesores la construcción de acciones donde podamos manifestar nuestras inconformidades y llevar acabo estrategias de resistencia ante el embate de la extinción magisterial.

Pedro Villarreal González

 

 

 

¿Y quién evalúa a los políticos, grandes empresarios y sus voceros?

Quienes han sido vulnerables al lavado masivo de cerebro de las televisoras y demás medios mercenarios, ojalá tuvieran tiempo y capacidad para leer el objetivo y bien fundamentado artículo “Reforma educativa, autoría de Mexicanos Primero”. Así no andaría preguntando que en dónde está lo de la privatización educativa y el ataque a la educación pública y para ver, si sus fobias les permiten, las profundas razones de las protestas magisteriales. Quienes están creyendo en las bondades de las reformas estructurales y que piensan que un gobierno que pone en remate los recursos del país y quiere tratar hasta el agua como una simple mercancía tiene una preocupación real por mejorar la educación, están muy, pero muy equivocados. Son ellos quienes se unen a los gritos histéricos de los López-Dóriga linchadores mediáticos de toda lucha. Son ellos quienes toleran sumisos y callados la corrupción de los altos gobernantes y la voracidad de Mexicanos Primero, y que nunca han hecho una crítica del papel enajenante y castrador de las televisoras, secuestradoras de las mentes de los niños y de un gran sector de la sociedad, para quienes sus héroes son el Piojo Herrera o los protagonistas de las estupidizantes telenovelas. Una correcta evaluación general, incluyendo a quienes el pueblo les paga millones de pesos anuales, y a todos, nos haría mucha falta; pero correríamos el riesgo de quedarnos sin clase política…Un riesgo que sería bendición para este saqueado y degradado país.

José Zenil

 

 

 

Juicios mediáticos injustos contra maestros

El Partido Revolucionario Institucional regresó a la Presidencia con urgencia de saquear a México como nunca antes. Chile es un país muy unido y organizado y les quieren aplicar algo muy similar: una reforma laboral contra maestros ¿Cómo es posible que en Corea del Sur a los maestros les paguen en sueldo por 13 alumnos lo que en México por 50 alumnos? Es muy triste que este pueblo mexicano siga en tanta ignorancia sentado viendo Tv Azteca y Televisa. Despertemos México.

Marlene de Chiron

 

 

 

POS-MAS: después de las elecciones, la única alternativa es la organización

Las elecciones del 7 de junio pasado no trajeron buenas noticias para los trabajadores, a pesar de que en los comicios se expresó la crisis política del gobierno, su descrédito, el repudio contra el conjunto de los partidos, inclusive contra el proceso electoral mismo y, por supuesto, contra su “árbitro”, el Instituto Nacional Electoral. Los comicios evidenciaron el mayor problema que enfrentan los trabajadores: la falta de una organización política que realmente los represente, que se proponga transformar de fondo la terrible situación que padecemos, no única ni primordialmente a través de las elecciones, sino por medio de la organización y la movilización.

Inclusive las candidaturas independientes que se presentaron, hasta la del joven Pedro Kumamoto, que meritoriamente postuló un programa “ciudadano” muy avanzado, omitieron posicionarse claramente en favor de las reivindicaciones de los trabajadores, que somos quienes generamos la riqueza en el país. Ni que decir de los empresarios Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, quien ganó el gobierno de Nuevo León, o Manuel Clouthier, quien ganó la única diputación federal para un “independiente”, apoyados por sectores patronales y renegados de los partidos tradicionales.

Los partidos que firmaron el Pacto por México, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), pagaron el costo político de hacer aprobar un paquete de reformas completamente antipopulares, lesivas contra el pueblo trabajador y vieron reducida su votación. Contra los pequeños partidos, que más bien son negocios familiares o personales, también se expresó el descontento. Es el caso del Partido del Trabajo que después de más de 20 años de ser parte de este régimen de partidos, perderá su registro; también el Partido Humanista, que estrenó su registro en esta elección, sin lograr el 3 por ciento de los votos.

El Partido Nueva Alianza, que nació como negocio de la corrupta lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, apenas logró conservar el registro, obteniendo 3.7 por ciento de la votación. El Partido Encuentro Social, controlado por los familiares del secretario de Gobernación, también pasó de panzazo, con un 3.3 por ciento. La votación del Partido Verde Ecologista de México apenas creció en 8 décimas y la del Movimiento Ciudadano en 2 puntos porcentuales.

El resultado que se presenta como el más exitoso es el del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido de Andrés Manuel López Obrador, que en su primera elección con registro propio obtuvo poco más del 8 por ciento de la votación. Sin embargo, no debemos olvidar que esta corriente política liderada por el tabasqueño en su absoluta mayoría era parte del PRD y en esta elección capitalizó la caída estrepitosa del sol azteca, principalmente en el Distrito Federal. La “izquierda electoral” perredista y experredista alcanzó, sumada, un poco más del 18 por ciento de los votos, apenas arriba de su resultado en 2012.

Siguió expresándose el repudio a los partidos y el sistema electoral por medio de la abstención, que sumó más de 53 por ciento; además del 4.9 por ciento que alcanzaron los votos nulos. También debemos considerar los votos emitidos para candidatos independientes, que igualmente es una forma de expresión contra los partidos tradicionales y su sistema de control, ellos fueron más de 200 mil.

El gobierno y, en conjunto, el régimen político llegaron a esta elección en medio de una de las peores crisis de credibilidad, repudiados por cientos de miles en movilizaciones que se desarrollaron en México y todo el mundo motivados por la desaparición forzosa de 43 estudiantes normalistas y el asesinato de tres de ellos en Iguala, Guerrero.

La alternancia de los partidos en el poder no ha traído mejoras para las mayorías, la pobreza ha seguido creciendo, se siguen imponiendo leyes nocivas contra los trabajadores, que acentúan la concentración de la riqueza en unas cuantas manos, que profundizan la antidemocracia, pues sigue estando la mayoría de la población ajena a la toma de las decisiones más importantes. La violencia y la inseguridad crecen de la mano de la corrupción practicada por políticos de todos los partidos registrados.

Especialmente, se han intensificado la represión, la persecución, desaparición forzada y el asesinato de luchadores sociales y defensores de derechos humanos. El trágico episodio contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa mostró al Estado en forma descarnada, como asesino y solapador de criminales, porque no sólo fue el munícipe perredista ejecutor de la masacre, también el Ejército y la Policía Federal omisa y las autoridades del más alto nivel, supuestamente encargadas de hacer justicia, que tomaron el papel de apagafuegos, y sumándose al coro de impunidad llamaron en voz del presidente Peña Nieto a superar Ayotzinapa, coro al que también se sumaron los panistas y partidos de cualquier color, olvidando este crimen de lesa humanidad y pretendiendo que hiciese lo mismo el pueblo, desarrollando sus campañas como si nada hubiera pasado.

Por eso, porque es muy grande la ira y la indignación, del mismo tamaño que la impotencia y el encono contra este sistema político criminal, los padres de familia de los 43 normalistas, sus compañeros estudiantes y miles de personas en las comunidades de Guerrero asediadas por la delincuencia y la impunidad, se propusieron impedir que las elecciones se llevaran a cabo, ahí donde la población lo decidiera.

La respuesta del gobierno y los partidos fue la militarización y la represión, que cobró la vida de un profesor en la comunidad de Tlapa, en Guerrero, así como la detención de cientos de maestros y activistas que se manifestaron en repudio a las elecciones el mismo día de su realización. A punta de fusil impusieron su “democracia”, allí donde sectores importantes de la población no se conformaron con ausentarse de las urnas o anular el voto.

A los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que se movilizaban también en contra de la falsa reforma educativa, el gobierno les tendió una trampa, anunciando la suspensión indefinida de la fraudulenta evaluación con la que se pretende justificar la eliminación de su estabilidad en el empleo, para ponerla en marcha apenas habían pasado las votaciones. Los aisló y los condenó para justificar la represión contra ellos.

Así, con la sangre de los reprimidos, la represión policiaca y militar, los comicios del 7 de junio quedaron manchados, lo mismo que por las acostumbradas denuncias de fraude, compra de votos, gastos ilegales y todo tipo de maniobras violatorias del derecho al voto libre de la población.

Por supuesto, el resultado de estos comicios no favorece a los trabajadores, un saldo que estaba anunciado desde el arranque mismo de las campañas, porque entre los partidos y los candidatos que contendieron no existía ninguno que representara los intereses de la clase trabajadora. Seguirán teniendo el control del Congreso, así como de los gobiernos y legislaturas locales, representantes de los intereses oligárquicos que han sumido a nuestro país en esta situación de pobreza, inseguridad, violencia, descomposición social y pisoteo de los derechos. Ni siquiera será necesario que el PRI haga uso de sus pequeños aliados incondicionales, pues es previsible que, como pasó con el Pacto por México, los grandes partidos, el PAN y el PRD lo acompañen en votaciones fundamentales, como las que determinan la política económica criminal que se impone año tras año contra el pueblo.

El resultado electoral confirma lo que nuestra organización planteó desde el inicio del proceso electoral. Que los trabajadores únicamente debemos confiar en nuestras propias fuerzas, que no es a través de los llamados hechos por Andrés Manuel y su partido a confiar ciegamente en la vía electoral como se resolverán las grandes necesidades de las mayorías. Que los nuevos ataques que se anuncian contra nuestras conquistas y nuestros derechos sólo podrán ser enfrentados exitosamente por medio de la organización democrática, desde abajo, por medio de la movilización y la lucha permanente.

El ejemplo lo pusieron los obreros agrícolas de San Quintín, Baja California, quienes por medio de la huelga y las movilizaciones, y no comprometiendo su apoyo clientelar con algún partido, lograron un compromiso de sus patrones para incrementar su salario a hasta 185 pesos diarios, así como brindarles seguridad social y otras prestaciones.

El ejemplo lo ha puesto el magisterio democrático a nivel nacional, que por medio del paro y las marchas, plantones y otras acciones han enfrentado sin cuartel la falsa reforma educativa que pretende eliminar sus derechos laborales. El ejemplo lo dan las comunidades rurales y urbanas, que por medio de la movilización y la organización arrancan de los gobiernos servicios fundamentales y enfrentan abusos como las altas tarifas de la energía eléctrica o que empantanan iniciativas tan lesivas como la que pretende privatizar el agua.

El ejemplo lo ponen los obreros del neumático, que haciendo valer su derecho a la huelga han defendido su Contrato y las enormes conquistas que contiene, sin regatearlas, sin ceder al chantaje del incremento a la productividad como única vía para conservar empleos cada vez peor remunerados. El ejemplo lo ponen los obreros de Honda, que luchan por el derecho a la libertad sindical, a pesar del despido, o los trabajadores de la Caja de Ahorro de los Telefonistas, que inclusive se enfrentan a los líderes sindicales, que se presentan como democráticos, pero que en “su propia casa” hacen uso de los métodos más antidemocráticos y deleznables de los líderes corruptos.

El ejemplo lo ponen los electricistas, que correctamente decidieron mantener su independencia respecto a los partidos y seguir su lucha para conseguir el objetivo de recuperar su trabajo, arrebatado por los gobiernos patronales.

L@s trabajador@s no debemos esperar más y de inmediato tenemos que empeñar todo nuestro esfuerzo para construir una verdadera alternativa política, para disputar en todos los terrenos a los representantes patronales, con el objetivo de construir desde abajo y sólidamente el poder de la clase trabajadora, de las mujeres, de los jóvenes, de los indígenas para conducir con un rumbo radicalmente distinto al país.

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Obrero Socialista-Movimiento al Socialismo

 

 

 [NUESTROS LECTORES]

 

 

 

 

 

Contralínea 443 / del 29 de Junio al 05 de Julio 2015